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 Miguel Kiguel,
jefe del Gabinete de Asesores de Roque Fernández, anticipó ayer que si este año no se
puede llevar adelante la licitación del sistema de telefonía celular PCS, proceso que se
encuentra trabado en la Justicia, se dispondrá un recorte adicional del gasto público de
300 millones de pesos, monto que se esperaba recaudar por esa operación. A fines de
junio, Carlos Menem había anunciado una disminución del gasto de 1000 millones debido a
que la recaudación impositiva aumentó menos de lo previsto. Ahora, podría haber otro
ajuste por 300 millones.El equipo económico necesita 2000 millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento de este año. Pero dentro de los gastos autorizados en el actual presupuesto, se previó que 300 millones serían aportados por PCS. Si esos fondos no ingresan a las arcas del Tesoro, porque la Justicia no resuelve el conflicto planteado en la licitación, Economía tendrá que reducir las erogaciones o conseguir una autorización del Congreso para ampliar las emisiones de deuda. "La primera opción es recortar el gasto, pero también pueden buscarse esos fondos con mayores colocaciones de títulos públicos", puntualizó Kiguel, quien también se desempeña como subsecretario de Financiamiento. Para acceder a la segunda alternativa, Roque Fernández debe solicitar un permiso especial a los legisladores, dado que en el presupuesto se fija un límite para el endeudamiento. El ministro de Economía tuvo que batallar bastante con el ala política del Gobierno para hacer cumplir la primera reducción del gasto por 1000 millones. En rigor, sólo lo consiguió cuando Menem se puso firme frente al gabinete. En caso de verse obligado a disponer un nuevo ajuste, Roque necesitaría de ese apoyo una vez más, puesto que sus pares en el Ejecutivo son reacios a ceder partidas. Kiguel, en tanto, concedió ayer una entrevista a la cadena televisiva CNN, otro medio para que el mensaje tranquilizador que transmite el equipo económico sobre el moderado impacto que tendrá la crisis en la Argentina, llegue a los inversores internacionales. "No tendremos problemas en conseguir los 2000 millones de dólares que necesitamos para completar las necesidades de financiamiento", subrayó el funcionario. En ese sentido, dijo que "recibimos innumerables señales de apoyo de bancos de inversión extranjeros", pero aclaró que no existen negociaciones para acceder a un crédito puente. Kiguel también aprovechó para criticar a la Unión Industrial por sus reclamos de medidas proteccionistas. "La UIA es un lobby de la industria. Esto no es exclusivo de la Argentina, sino que en todos los países las cámaras empresarias hacen lobby, y para eso están", señaló. "Pero nosotros creemos en el libre comercio --aclaró--, y si otro país puede ofrecer mercaderías a precios razonables para los consumidores argentinos, no vemos por qué tenemos que perjudicarlos" limitando el ingreso de esos productos. "La UIA, en vez de reaccionar pidiendo protección al Estado, debería trabajar para aumentar su competitividad", desafió Kiguel, continuando la polémica con el presidente de la central fabril, Claudio Sebastiani. La difusión de índices oficiales que reflejaron un freno en el crecimiento de la actividad industrial y de la construcción fue explicado por el asesor de Fernández. Sostuvo que en noviembre del '97 también se produjo un enfriamiento en la economía, tras el estallido de la crisis en el sudeste asiático, pero esa tendencia se revirtió en el primer cuatrimestre de este año. "Ahora puede ocurrir lo mismo. Es muy prematuro para sacar conclusiones", opinó. De acuerdo a su interpretación, las abruptas caídas en la Bolsa y en los títulos públicos de la semana pasada "tuvieron hasta el momento un impacto muy moderado en la economía real", algo que "sólo podría cambiar si persiste" el temporal financiero, admitió.
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