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Un fallo en contra del boletazo municipal

La Cámara de Apelaciones confirmó un fallo que frena un reclamo de la comuna a una empresa por el polémico avalúo inmobiliario.

Este año 135 mil propietarios porteños recibieron intimaciones de pago por diferencias en el avalúo.
El jefe del gobierno de la ciudad dijo que apelará el fallo conocido ayer.

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Por Horacio Cecchi

t.gif (67 bytes) El polémico avalúo inmobiliario, que desde principios de año mantiene en vilo a unos 135 mil porteños, sufrió otro revés en los estrados judiciales: la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el recurso de no innovar en un caso planteado por una empresa a la que se le reclamaban 23 mil pesos, y cuyos propietarios sostienen no haber producido modificaciones en su edificio. Después de la consulta de Página/12, en Hacienda decidieron analizar con detenimiento el expediente para verificar si se trata de un error, aunque Fernando de la Rúa sostuvo que apelará a la Corte Suprema. El fallo de los camaristas, si bien no es extensible a los 16 mil casos semejantes que se ventilan en los tribunales, puede provocar una catarata de pedidos de suspensión del cobro retroactivo del impuesto inmobiliario.

El fallo de los camaristas Luis López Aramburu, Gerónimo Sanso y Ricardo Burnichon confirmó la medida cautelar dispuesta por el juez Miguel Angel Prada Errecart, del juzgado Civil y Comercial 100, y apelada por el gobierno. El magistrado había dispuesto que no se efectivizara el cobro de los 23 mil pesos hasta tanto no dilucidara si correspondía o no el reclamo (ver recuadro).

A principios de agosto, De la Rúa amenazó con desatar una lluvia de juicios, y anunció que durante agosto se enviarían 20 mil intimaciones reclamando el polémico avalúo, con un plazo de 15 días para cancelar la deuda, antes de pasar a instancias judiciales. El fallo de los camaristas tuvo lugar el 17 de julio pasado, pero recién tomó estado público ayer, al mismo tiempo en que el secretario de Hacienda y Finanzas, Eduardo Delle Ville, aseguraba a este diario que ya "nadie va a recibir intimaciones o reclamos de avalúo inmobiliario porque todos los que tienen que estar enterados ya fueron notificados, sólo nos quedan unos pocos casos que no son relevantes".

Según Delle Ville, "una cosa es el avalúo y otra, el revalúo. El primero se da por cambios en la superficie del inmueble o en el destino que se le da. Esos cambios son registrados y luego se contrastan con la declaración realizada por el propietario. Si está pagando menos de lo que debe pagar, le enviamos una notificación para que el contribuyente verifique. Después enviamos la intimación del pago. El revalúo, en cambio, consiste en modificar el precio de la unidad de valuación. Por ejemplo, si el metro cuadrado vale 1000 pesos y el gobierno decide pasarlo a 1500 por revalorización de la zona, sin que el propietario haya aumentado la superficie. Pero en esos casos, la ley prohíbe que el cobro sea retroactivo, como sí lo permite para el avalúo."

El fallo de la Cámara es puntual, es decir, no trata sobre la generalidad de los casos sino sobre cada uno en particular, por lo que el revés judicial no implica la derogación del polémico avalúo. Pero el camarista Ricardo Burnichon confirmó a este diario que "el pago del impuesto, en su momento, implica que la deuda fue cancelada y ya no se puede reclamar. Nos llegó una gran cantidad de casos que podrían dividirse en tres grupos: cuando había un terreno baldío y se construyó a escondidas, corresponde el pago al momento de la construcción. Si el propietario pintó su casa, nadie le puede venir a cobrar nada. Si el Poder Ejecutivo decide aumentar el valor del inmueble, sin que haya habido modificaciones, tampoco."

--La empresa beneficiada por la medida cautelar sostiene no haber realizado modificaciones y haber pagado todos sus impuestos. ¿Por qué le exigen el cobro retroactivo? --preguntó Página/12 a un funcionario del gobierno, muy próximo a los núcleos de decisión.

--Puede ser un error --respondió la fuente, después de dudar unos instantes--. Lo tenemos que estudiar, de cualquier forma es un caso puntual que no modifica el resto.

Ayer, después de la consulta, en la Dirección de Rentas analizaban detenimadamente el caso. Y otros 16 mil podrían estar en la misma situación.

 

La propiedad de la disputa

En febrero pasado la firma Optimar apareció entre los 460.000 morosos por los polémicos avalúos inmobiliarios. Recibió una intimación de pago de 23.000 dólares y una propuesta para acogerse a un plan de facilidades de 60 cuotas. La Dirección General de Rentas basó el reclamo en el código 0-14 de los avalúos inmobiliarios, referido a una recategorización de la zona de acuerdo a las dimensiones que tiene el edificio, para reclamar los 23.000 pesos. "Nosotros no cuestionamos la recategorización --explicó Juan Domingo Subiza, el abogado patrocinante-- sino la retroactividad del cobro. La propiedad no fue modificada, están revaluándola".

La primera parte del litigio judicial favoreció a Optimar con una medida cautelar para que la comuna no pueda accionar hasta tanto el juez no resuelva si le corresponde o no pagar esa suma. El reclamo de la empresa damnificada se canalizó a través de dos vías: "Iniciamos una acción meramente declarativa y pedimos una medida de no innovar para que el gobierno de la ciudad no pueda actuar antes de que el juez tome una resolución definitiva", explicó a Página/12 Subiza.

En marzo pasado, el juez civil y comercial Miguel Angel Prada Errecart prohibió al gobierno porteño que ejecute judicialmente el avalúo del inmueble hasta que se conozca la sentencia definitiva. La medida fue apelada y el 17 de julio la Cámara Civil confirmó la resolución de primera instancia. La sentencia recién se conoció ayer. Se refiere específicamente a este caso y no puede trasladarse hacia el resto de los contribuyentes que están en conflicto judicial por los polémicos avalúos. Tampoco es definitiva porque no resuelve la cuestión de fondo. Sin embargo constituye un antecedente favorable que no podrá ser dejado de lado en la instancia definitiva.

El inmueble, ubicado en Tronador 936, está actualmente alquilado por sus propietarios. Allí funcionan varias oficinas y un depósito. Los empleados se sorprendieron ayer cuando fueron consultados por el fallo. Ni siquiera estaban enterados.

 

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