En tres semanas, la Ciudad de Buenos Aires tendrá su primera Ley de Seguridad Privada. Ayer la Junta de Seguridad de la Legislatura porteña elevó un dictamen, dando el primer paso hacia la regulación de un ejército privado de 30 mil hombres armados y hasta ahora sin ningún tipo de control. El proyecto crea un gran banco de datos público en el que se registrarán las empresas, los nombres de sus dueños, el personal y las armas. Se exigirá una estricta capacitación psicofísica de los custodios, en un curso brindado por una institución pública. Aunque no porten armas, los patovicas de las discos, los serenos de edificios y los custodios pertenecientes a cualquier tipo de empresa también deberán seguir el curso y registrarse, porque desde que entre en vigencia la ley transformará a sus patrones en corresponsables de sus posibles desmanes.

"Hasta ahora, la habilitación corre por cuenta de la Policía Federal --dijo a Página/12 el frepasista Roque Bellomo, uno de los autores del proyecto--. Pero después nadie ejerce ningún control, ni nadie registra nada. Es un viva la pepa en un ámbito donde se comercia con el peligro. La seguridad es potestad indelegable del Estado, y por eso la ley va a obligar a ejercer un control muy fuerte sobre todo lo que sea capacitación física y psíquica de los vigiladores."

El lobby de las empresas de vigilancia se hizo sentir mientras se redactaba el proyecto: "La capacitación nos va a llevar los costos hasta el cielo", se quejaron los dueños. Actualmente, las mismas empresas aseguran que capacitan a su personal, aunque nadie verifica que así ocurra. "Muchos custodios --aseguran en la Junta-- nos dijeron que fueron por un aviso, les dieron un arma, los capacitaron durante una hora y fueron a cumplir su vigilancia. El único curso que existe lo da la Unión de Personal de Seguridad (UPSRA) y es de 12 horas en total, dentro de las cuales les enseñan derecho, primeros auxilios y defensa personal." Según los cálculos de los legisladores, de los 30 mil custodios que trabajan en la ciudad, sólo el 1 por ciento siguió el curso que "no sirve para nada".

Para reducir los costos, el proyecto propone dividir la actividad de seguridad privada en dos: por un lado las agencias que requieran el uso de armas, sobre las que se ejercerá un control más estricto, y que exige un curso especializado para su personal, y las de aquellas que trabajen con serenos de edificios, patovicas de discos, o cualquier otro guardia que no use armamento, a los que se requerirá menor capacitación. Todos deberán realizar cursos de reentrenamiento cada tres años. Las grandes empresas multinacionales, que contratan su propio personal de seguridad, también pasarán por el tamiz de la ley: deberán registrar a sus hombres y armas.

Las empresas de seguridad que operan en la ciudad tendrán dos años para capacitar paulatinamente a sus planteles actuales, pero las nuevas empresas o los empleados que se vayan incorporando deberán cumplir en todo con las condiciones que establece la ley.

El dictamen de la Junta --que tiene las potestades de una comisión-- fue firmado por 10 de sus 11 integrantes. En disidencia, el justicialista César Torres no firmó el despacho. "No nos pareció oportuno que se sacara entre gallos y medianoche --comentó Torres--. Si se quiere hacer una buena ley, no importa que lleve seis meses o un año, más teniendo en cuenta que está por salir la ley nacional a la que la ciudad podrá adherirse por convenio." La ley a la que se refiere Torres es el proyecto presentado en Diputados por el secretario de Seguridad Nacional, Miguel Angel Toma. Este diario ya reveló en ediciones anteriores que dicho proyecto contempla, entre otras cosas, habilitar a los custodios para el seguimiento de personas.

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