Por Sergio Moreno
 Fernando López
Imizcoz, ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) de la Fuerza Aérea durante la dictadura,
renunció anoche a su cargo de asesor del vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Enrique
Olivera, por pedido de Fernando De la Rúa. Anoche este diario pudo saber que también
estaría a disposición de Fernando de la Rúa la renuncia de Norberto Varela, ex miembro
del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) durante el Proceso (ver aparte). López Imizcoz
no duró en su sillón siquiera 24 horas después de que Página/12 revelara su pasado
como “vigilador”, pago por la Aeronáutica, de dirigentes políticos y de
organismos defensores de derechos humanos.
Si bien Olivera intentó hacer aclaraciones durante la mañana de ayer sobre la
contratación del ex espía, en ningún momento desmintió lo publicado por este diario.
Contrariamente, admitió que desconocía el rol que cumplió su asesor durante la
dictadura. Horas después, López Imizcoz renunció a su cargo.
En un comunicado difundido ayer, Olivera dijo que aceptó la renuncia de su ahora ex
asesor y sostuvo que “de la inmediata averiguación realizada con motivo de los
hechos que habrían ocurrido hace más de veinte años y que trascendieron
periodísticamente hoy (por ayer), no resultan denuncias ni causas penales por la
actuación pública del doctor López Imizcoz”.
Hace más de veinte años, la Fuerza Aérea –para quien trabajaba López Imizcoz
haciendo inteligencia– compartió el manejo del Estado con el Ejército y la Armada,
y creó y mantuvo el campo de concentración y exterminio conocido como Mansión Seré, en
Castelar, provincia de Buenos Aires. Orlando Rubén Agosti, ex comandante de esa fuerza,
fue condenado en 1985 por la Cámara Federal porteña por la comisión de ocho tormentos y
tres robos.
El vicejefe de gobierno hizo la salvedad que el ex agente “me ha presentado en el
día de hoy (por ayer), espontáneamente, su renuncia con el objeto de facilitar la
acción de gobierno. La voy a aceptar atento a la intención del renunciante, y valoro su
actitud”. Página/12 pudo saber que la decisión de eyectar a López Imizcoz del
Palacio Municipal fue tomada por el propio De la Rúa.
Antes de conocerse su renuncia, las revelaciones de este diario sobre el ex espía
aeronáutico generaron una serie de pedidos de informe a la cúpula de la administración
porteña (ver aparte).
Además de la información oficial de Olivera, el propio López Imizcoz distribuyó su
propia carta en la que se desvincula del vicejefe:
u “Motiva esta determinación personal y espontánea el deseo de facilitar la acción
de gobierno, dado que en el artículo de tapa del diario Página/12 se utiliza mi
desempeño entre 1973 y 1978, en la Jefatura II ‘Inteligencia’ del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea Argentina, como un instrumento para dañar su prestigio, el
del señor Jefe de Gobierno y en general a la gestión de la Ciudad y a nuestro partido,
la Unión Cívica Radical”.
u “Luego de veinte años, se me vincula por primera vez y falsamente a situaciones
que los tribunales han sentenciado como delitos, a pesar de que durante este tiempo, en el
que me desempeñé en la política y en el Estado, no merecí reproche alguno, ni
denuncia, ni causa, ni condena penal”.
u “Mi desempeño en el Estado siempre fue público, como lo reconoce el diario, y
comprometido con la legalidad y los valores republicanos y democráticos”.
u “De ninguna manera cumplí funciones de inteligencia en el Gobierno de la Ciudad;
nunca me presenté como ‘Jefe de Inteligencia’ de la vicejefatura, ni invoqué
otras funciones que no sean las de ‘asesor’, actividad por la que me relacioné
dentro y fuera del Gobierno de la Ciudad”.
u “Mi asistencia a la Comisión de Inteligencia del Comité Nacional de la UCR fue a
título personal, como consta en invitaciones escritas de su Presidente”.
En su edición de ayer este diario reveló el pasado del ahora ex asesor de Olivera
durante el Proceso de Reorganización Nacional. Como CPI de la Fuerza Aérea, López
Imizcoz era uno de los agentes encargados de tomar contacto con dirigentes políticos. Lo
hacía abiertamente, presentando credenciales de la Fuerza Aérea, y su misión era
mantener una relación fluida y “cordial” y preguntar por las declaraciones que
hacían sus vigilados. “¿Ustedes hicieron esa declaración sobre algún
desaparecido? ¿Hay desaparecidos en la Argentina?”, podía preguntar el vigilador
civil a sus vigilados, según relataron a este diario tres de ellos.
El renunciado asesor de Olivera también trabajó en la SIDE en el tramo final del
Proceso, en el área de comunicación social durante la gestión de Facundo Suárez, a
pedido del por entonces diputado de la UCD Luis Fernando Herrera. Herrera fue uno de los
dirigentes presentados como independientes que anteayer dieron su apoyo público a la
precandidatura presidencial de De la Rúa.
Pasando en limpio los puntos salientes de su texto de despedida de su cargo de asesor, la
conclusión es que López Imizcoz reconoce:
u Que se desempeñó en la jefatura II Inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1973 y 1978,
período que contiene a los años más duros de la represión ilegal desatada por las
Fuerzas Armadas, entre ellas la Aeronáutica.
u Que se lo vincula falsamente con hechos que han sido juzgados por los tribunales. Eso es
un error del ex asesor. Este diario sólo contó la verdad de sus actividades como
“vigilador” y contacto con dirigentes de organismo de derechos humanos y de
partidos políticos y simplemente informó que la Fuerza Aérea controlaba un campo de
concentración.
u Que no mereció reproche, ni denuncia, ni causa, ni condena alguna por su actuación
durante la dictadura. Eso es verdad. López Imizcoz sólo fue un agente de la inteligencia
militar cuando la inteligencia militar era la encargada de recabar los datos con los
cuales se montaban los operativos de secuestro y desaparición durante el Proceso.
u Que su desempeño en el Estado siempre estuvo comprometido con la legalidad y los
valores republicanos y democráticos. Pero en 1976, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el
poder, una de las armas fue la Fuerza Aérea, que ejecutó su parte en lo que la Cámara
Federal definió en 1985 como un plan criminal para matar, secuestrar, tortura y robar.
| Los espías no tienen rating Como
todos los funcionarios que renuncian por el descrédito público, el ex agente de
Inteligencia Fernando López Imizcoz confunde datos con acción psicológica. Dice que el
artículo de tapa publicado ayer por Página/12 es un instrumento para dañar el prestigio
de Enrique Olivera, el de Fernando de la Rúa y el de la Unión Cívica Radical. Nada
menos.
En su carta de renuncia ante Olivera, López Imizcoz sostiene que el diario
“utiliza” su “desempeño entre 1973 y 1978 en la Jefatura II
‘Inteligencia’ del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y lamenta que se lo vincule
“por primera vez y falsamente a situaciones que los tribunales han sentenciado como
delitos”.
El ex agente de inteligencia no lo dice, pero probablemente aluda a Mansión Seré, el
campo de concentración de la Fuerza Aérea en Castelar que valió la condena del primer
comandante en jefe de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, por ocho casos de tortura y
tres de robo.
Naturalmente, no todos los aviadores secuestraron, mataron y atormentaron. Ni siquiera
todos los agentes de inteligencia. Pero el plan criminal de secuestrar y matar pasó por
los servicios de cada fuerza. Es difícil pensar que López Imizcoz lo ignorase, cuando
además gozaba de tanta confianza en la Aeronáutica como para estar en contacto con los
dirigentes políticos. Para vigilarlos suavemente, si es que eso era posible durante la
dictadura. O para aceitar reuniones. Por ejemplo, la que articuló entre el brigadier
Basilio Arturo Lami Dozo y el fallecido Vicente Leonides Saadi.
Mansión Seré desprestigia. Por suerte: es lo menos que puede esperarse de un campo de
concentración.
También desprestigia tener un ex agente de inteligencia de la dictadura en un gobierno
democrático.
Desprestigia mantenerlo en el cargo cuando los detalles trascienden.
Prestigia echarlo.
La cuestión, en este caso, no es legal. Es de prudencia política. López Imizcoz no tuvo
ni tiene ninguna causa en la Justicia. Pero, ¿es bueno que un ex agente de inteligencia
del Proceso sea hombre de confianza de un gobernante democrático? Carlos Menem tardó
nueve años en decidir el retiro de Alfredo Astiz, un oficial que no había sido condenado
en la Argentina pero a quien no había ninguna obligación de mantener en actividad.
Ahora, Francia no está detrás de la investigación sobre López Imizcoz o el capitán de
navío Norberto Varela. Tampoco hace falta, porque el lunes último tres millones de
personas eligieron ver el programa sobre el juicio a las juntas.
El funcionario que no saque conclusiones de ese rating estuvo viendo otro canal. |
piden informes sobre militares del gobierno porteño
Otra prueba de fuego para la Alianza
La
presencia dentro del gobierno porteño de militares y civiles que estuvieron vinculados a
las Fuerzas Armadas durante la dictadura planteó un nuevo obstáculo en la difícil
relación de Fernando de la Rúa con sus socios del Frepaso: Darío Alessandro, en nombre
de la conducción de ese partido en la Capital Federal, solicitará formalmente hoy una
reunión al precandidato radical a la presidencia para manifestarle la
“preocupación” que generan esos hombres en su entorno, mientras que los
diputados frepasistas presentarán un pedido de informes sobre el tema en la Legislatura.
Nueva Dirigencia también reclamó ayer precisiones en la Legislatura y en el Congreso de
la Nación el diputado peronista Juan Carlos Veramendi pidió que se cite al vicejefe de
gobierno de la Ciudad, Enrique Olivera, a rendir cuentas por la designación entre sus
asesores del ex servicio de la Fuerza Aérea Fernando López Imizcoz.
El Frepaso decidió pasar a la ofensiva y De la Rúa será conminado por sus socios
electorales a dar explicaciones por el accionar de sus ex compañeros del Liceo Militar de
Córdoba: mientras Alessandro le reclamará en representación del Frepaso de la Capital
Federal una reunión para tratar el asunto, los diputados frepasistas presentarán un
pedido de informes en la Legislatura.
Tras la difusión pública de la existencia de militares o servicios ligados a la última
dictadura en el Gobierno de la Ciudad, el bloque de diputados porteños del Frepaso
delegó en los legisladores Raúl Fernández y Raúl Puy la búsqueda de datos sobre sus
antecedentes. Ambos diputados terminaron de recabarlos anoche y comenzaron a redactar el
cuestionario dirigido a De la Rúa. “Hará hincapié en (el interventor de la
Policía Municipal, el ex marino Norberto) Varela, aunque también habrá preguntas sobre
otros ocho hombres que pertenecieron a las Fuerzas Armadas”, adelantó un diputado de
ese bancada.
El pedido de informes del Frepaso se suma al que en primer término presentó la peronista
Alicia Pierini y al que ayer promovió Nueva Dirigencia, que reclamó a De la Rúa la
remisión del listado de todos sus funcionarios “que hayan cumplido funciones de
seguridad, inteligencia o similares durante la última dictadura militar” y precise
qué hacen dentro del Ejecutivo.
EL FUTURO DEL INTERVENTOR EN LA POLICIA MUNICIPAL
La difícil situación del capitán Varela
La
renuncia al cargo de interventor de la policía municipal del ca pitán de navío Norberto
Varela estaría, desde ayer a primera hora de la tarde, a disposición del jefe del
Gobierno porteño, Fernando De la Rúa. Además de su pasado como miembro del Servicio de
Inteligencia Naval (SIN) durante la dictadura, por el que no tiene ninguna causa en la
Justicia, Varela está acusado por presunta privación ilegítima de la libertad de un
empleado municipal. Como jefe de la policía municipal de la ciudad, el marino habría
retenido durante seis horas a un funcionario.
Varela fue introducido al plantel delarruísta por el cuñado del jefe porteño, el
vicealmirante retirado Basilio Pertiné.
El disparador que habría obligado a Varela a poner su cargo a disposición de De la Rúa
fue la revelación que hizo Página/12 sobre el pasado como espía civil de la
inteligencia de la Fuerza Aérea durante la dictadura de Fernando López Imizcoz, hasta
ayer asesor de la vicejefatura de Gobierno a cargo de Enrique Olivera. López Imizcoz fue
eyectado ayer de su despacho en el segundo piso de Avenida de Mayo 525 (ver página 3).
Norberto Varela está casado con una prima de Inés Pertiné, la mujer de De la Rúa.
Inés es hermana del vicealmirante (RE) Basilio Pertiné, aviador naval, quien estuvo muy
cerca de ser nombrado jefe del Estado Mayor General de la Armada. Finalmente, por
decisión de Carlos Menem, ese cargo recayó en el actual titular de la fuerza, almirante
Carlos Marrón, y Pertiné pasó forzosamente a situación de retiro. Otro de los marinos
que revista en el gobierno de la ciudad es el contraalmirante Horacio Arturo Fischer, ex
jefe de la inteligencia naval y de la flota de mar.
Antes de llegar a la administración porteña, el año pasado, Varela tenía estos
antecedentes profesionales:
uDurante el Proceso de Reorganización Nacional fue miembro del SIN. El servicio de
inteligencia de la Marina nutrió a los grupos de tareas en la dictadura de la
información necesaria para ubicar, secuestrar, torturar y desaparecer a miles de
argentinos.
u Fue agregado de inteligencia en la embajada argentina en Lima, Perú.
u Durante la recuperación democrática fue edecán naval del por entonces Presidente
Raúl Alfonsín.
Varela suele insistir en que dentro de la Marina jamás fue un seguidor de Emilio Eduardo
Massera, el jefe de la Armada condenado en 1985 por tres homicidios, 69 secuestros, 12
tormentos y siete robos. El sucesor, Armando Lambruschini, fue sentenciado a ocho años
por 35 secuestros y diez tormentos.
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