Como todos los funcionarios que renuncian por el descrédito público, el ex agente de Inteligencia Fernando López Imizcoz confunde datos con acción psicológica. Dice que el artículo de tapa publicado ayer por Página/12 es un instrumento para dañar el prestigio de Enrique Olivera, el de Fernando de la Rúa y el de la Unión Cívica Radical. Nada menos.

En su carta de renuncia ante Olivera, López Imizcoz sostiene que el diario "utiliza" su "desempeño entre 1973 y 1978 en la Jefatura II 'Inteligencia' del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y lamenta que se lo vincule "por primera vez y falsamente a situaciones que los tribunales han sentenciado como delitos".

El ex agente de inteligencia no lo dice, pero probablemente aluda a Mansión Seré, el campo de concentración de la Fuerza Aérea en Castelar que valió la condena del primer comandante en jefe de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, por ocho casos de tortura y tres de robo.

Naturalmente, no todos los aviadores secuestraron, mataron y atormentaron. Ni siquiera todos los agentes de inteligencia. Pero el plan criminal de secuestrar y matar pasó por los servicios de cada fuerza. Es difícil pensar que López Imizcoz lo ignorase, cuando además gozaba de tanta confianza en la Aeronáutica como para estar en contacto con los dirigentes políticos. Para vigilarlos suavemente, si es que eso era posible durante la dictadura. O para aceitar reuniones. Por ejemplo, la que articuló entre el brigadier Basilio Arturo Lami Dozo y el fallecido Vicente Leonides Saadi.

Mansión Seré desprestigia. Por suerte: es lo menos que puede esperarse de un campo de concentración.

También desprestigia tener un ex agente de inteligencia de la dictadura en un gobierno democrático.

Desprestigia mantenerlo en el cargo cuando los detalles trascienden.

Prestigia echarlo.

La cuestión, en este caso, no es legal. Es de prudencia política. López Imizcoz no tuvo ni tiene ninguna causa en la Justicia. Pero, ¿es bueno que un ex agente de inteligencia del Proceso sea hombre de confianza de un gobernante democrático? Carlos Menem tardó nueve años en decidir el retiro de Alfredo Astiz, un oficial que no había sido condenado en la Argentina pero a quien no había ninguna obligación de mantener en actividad.

Ahora, Francia no está detrás de la investigación sobre López Imizcoz o el capitán de navío Norberto Varela. Tampoco hace falta, porque el lunes último tres millones de personas eligieron ver el programa sobre el juicio a las juntas.

El funcionario que no saque conclusiones de ese rating estuvo viendo otro canal.