Por Maximiliano Montenegro
 Antonio Erman
González dice que la reforma laboral es necesaria para dar estabilidad al empleo,
eliminando los llamados contratos basura, que no pagan cargas sociales, aportes
previsionales ni indemnizaciones por despido. Sin embargo, no hizo nada por cuidar la
estabilidad del empleo en la propia administración pública. Según los últimos datos
del INdEC, a los que accedió Página/12, el gobierno es el mayor empleador de Argentina
mediante contratos precarios: en mayo, casi uno de cada cuatro empleados públicos no
tenía descuentos jubilatorios, debía contratar una cobertura médica privada y sus
condiciones laborales eran superflexibles. Son 72 mil personas en Capital y Gran Buenos
Aires, cinco veces más que hace un año y medio. A través de diversas modalidades de
pasantías y contratos temporarios, la administración pública es uno de los lugares
donde más proliferó el empleo sin aportes a la seguridad social.
El INdEC le pregunta a la gente si trabajó en la última semana. Los que responden
afirmativamente pasan a integrar la categoría de ocupados. Luego se les pregunta si se
consideran asalariados o cuentapropistas. Si están en relación de dependencia, el
organismo los consulta si su empleador les realiza los descuentos jubilatorios, como una
forma de identificar a los que están dentro del régimen de la seguridad social. A los
que no lo están, sus empleadores tampoco les reconocen el derecho al cobro de aguinaldos,
plus por convenios, vacaciones ni indemnización por despido.
Del “ranking de negreo” surge que el 93 por ciento de las empleadas domésticas
no está registrado, así como tampoco lo está el 63 por ciento de los trabajadores de la
construcción y el 43,8 por ciento de los empleados en comercios, restaurantes y hoteles.
En promedio, el 37 por ciento de los trabajadores de Capital y Gran Buenos Aires están al
margen de la seguridad social, lo que, como anticipó hace dos semanas Página/12,
representa el record histórico de casi 1,3 millones de personas. En estos casos, la
modalidad de contratación depende de cada sector. Por ejemplo, casi todo el personal de
servicio doméstico está literalmente en negro, sin ningún contrato formal, y por lo
tanto los empleadores son evasores para la seguridad social. En el resto de los sectores,
la proporción de trabajadores sin aportes refleja en mayor medida evasión y en otra
buena parte los contratos temporales superflexibles que Erman quiere eliminar. A quienes
revistan en los planes oficiales de empleo (como el programa Trabajar), que ofrecen 200
pesos mensuales por un máximo de seis meses, el INdEC los identifica fundamentalmente en
la categoría de “servicios comunales, sociales y personales”, aunque también
pueden formar parte de otros sectores como construcción.
Pero, sin duda, lo más llamativo es que el 23,4 por ciento de los empleados en la
“Administración pública y Defensa” tampoco existen para la seguridad social.
En mayo último eran 71.983 personas, en octubre del año pasado 44.142, y en octubre del
‘96 apenas 13.326 individuos. Es decir que en un año y medio el número de empleados
públicos en estas condiciones se multiplicó por cinco. No hay ninguna empresa argentina,
y ni siquiera latinoamericana, que cuente con un plantel de más de 70 mil personas en las
que no debe gastar un solo peso en aportes a la seguridad social.
La creciente informalidad en el empleo público es una tendencia inaugurada por Domingo
Cavallo, pero que se puso de moda con el desembarco del equipo de Roque Fernández en el
Ministerio de Economía. Más aún, está haciendo realidad un proyecto que el ex
viceministro Carlos Rodríguez no pudo imponer para el sector privado.
Según pudo averiguar Página/12, la gran mayoría de los empleados públicos que no
cuentan con aportes jubilatorios cobra un sueldo fijo, a través de una caja de ahorro en
un banco oficial o privado. Es decir, como lo manifiestan ellos mismos al INdEC, cumplen
todas las características de un asalariado, pero a la hora de cobrar le facturan al
Estado como sifueran autónomos. En estos casos, antes no contaban con cobertura médica,
pero luego el Estado empezó a exigir que el propio empleado contratase de su bolsillo un
plan de medicina prepaga. Otros, sobre todo los más jóvenes, están bajo los regímenes
de pasantías que los diversos ministerios y organismos oficiales acuerdan con las
universidades, los que están eximidos de cargas sociales y previsionales.
Aunque Economía fue pionero con estas modalidades de contratación, hoy son habituales en
la mayoría de ministerios y reparticiones públicas. Un funcionario de la propia cartera
de Trabajo, que contrató a la mayoría del personal a su cargo bajo esta modalidad,
explicó de esta manera los motivos:
u “El sector público captó con este tipo de contrato fuentes de crédito
provenientes de organismos internacionales (Banco Mundial y BID), que no financian
trabajadores de planta sino asesoramiento técnico. Después, uno termina utilizando a la
mayoría de la gente para tareas rutinarias, pero ése es otro tema”.
u“Estos contratos permiten una flexibilidad en el sector público que en una etapa de
cambios es fundamental. El sueldo de esta gente es mayor y, a cambio, te conceden
flexibilidad permanente. No tienen estabilidad: cuando se termina el contrato puede o no
ser renovado. Pero esto permite ser mucho más riguroso para evaluar y premiar la
eficiencia del trabajador”.
u“No es gente en condición de precariedad, sólo que a cambio de una mayor paga
aceptan resignar algunos derechos sociales y márgenes de certidumbre”.
“No resuelve el desempleo”
“La flexibilidad,
como solución a la crisis del desempleo, terminó creando más desempleo”, disparó
el diputado justicialista Alfredo Atanasof, presidente de la Comisión de Legislación del
Trabajo de la Cámara baja. Previamente, en el transcurso de una mesa redonda realizada en
la Universidad Argentina de la Empresa, Antonio Erman González, ministro de Trabajo,
había mencionado como factor pendiente de resolución la desocupación del 13,2 por
ciento y la existencia de 3,3 millones de trabajadores en el sector informal o “en
negro”. Atanasof señaló que la experiencia mundial muestra que, a la par del
aumento de las políticas de flexibilización, también subieron los índices de
desempleo. Mencionó que incluso en Estados Unidos, “que exhibe en apariencia las
mejores performances en materia de empleo”, en las últimas décadas el tiempo de
trabajo promedio se incrementó en 163 horas anuales, “un mes más de trabajo al
año”. Erman González admitió, a su turno, que ninguna ley o decreto genera por sí
mismo nuevos empleos. Lo que se requiere, dijo, es encontrar entre empresas y trabajadores
“un nuevo punto de equilibrio que permita mantener relaciones laborales beneficiosas
para ambas partes”. Daniel Funes de Rioja, de la UIA, que también integró el panel,
dijo que la flexibilización laboral existe “de hecho”, a través de los
contratos promovidos e incluso relaciones informales ajenas a la ley. “No me cabe la
menor duda de que ni el Gobierno, ni los sindicatos ni el Parlamento están conformes con
ella”, remató, coincidiendo en la necesidad de un debate profundo en la materia. |
El gabinete ya sueña con el
peligro amarillo
Por Raúl Dellatorre
Pese a que Roque
Fernández asegura que no hay ninguna posibilidad de una invasión desleal de productos
importados de origen asiático, la Jefatura de Gabinete convocó a una reunión
extraordinaria para considerar la aplicación de medidas de protección para la industria
nacional. El encuentro tendrá lugar hoy, en Casa de Gobierno, y refleja la preocupación
del gabinete nacional ante la creciente tensión que existe en grandes y pequeñas
empresas por la ineficiencia de la Aduana en controlar el ingreso de mercaderías a
precios de remate.
El reclamo de la Unión Industrial Argentina, de empresas siderúrgicas, del juguete, la
indumentaria y de rodados (triciclos y bicicletas) no encontró eco en Economía. El
ministro sugirió que estas quejas escondían “oscuros intereses proteccionistas, que
siempre están presentes y que muchas veces se hacen llegar al sector político buscando
el interés sectorial”. Precisamente, fue del sector político del Gobierno,
encarnado en Jorge Rodríguez, de donde partió la convocatoria a los principales
funcionarios de Economía, la Cancillería y de la industria para analizar el tema.
Roque Fernández no participará del cónclave, ya que esta tarde estará viajando a
Washington, adonde fue convocado de urgencia por el titular del FMI, Michel Camdessus,
para tratar el impacto de la crisis asiática sobre los mercados financieros
latinoamericanos. Otro riesgo al que el ministro considera que el país está inmune.
En Gobierno, en tanto, estarán el viceministro, Pablo Guidotti, el titular de la AFIP,
Carlos Silvani, el responsable de Aduana, Osmar De Virgilio, el secretario de Industria y
Comercio, Alieto Guadagni, y su par de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge
Campbell. Frente a ellos, las cámaras empresarias exhibirán cifras difícilmente
refutables: las importaciones provenientes del sudeste asiático aumentaron en un 13 por
ciento en el primer cuatrimestre del año, y se supone que en los meses posteriores el
aluvión fue mayor.
“Los países que están en crisis de ninguna manera ganan en competitividad (con las
devaluaciones de sus monedas), sino que por el contrario tienen huida de capitales y no
tienen capacidad competitiva para invadir a ningún país”, pontificó el viernes
último Roque Fernández. Los datos del comercio exterior lo contradicen. También sostuvo
que “las normas preventivas que existen también permiten trabajar para impedir la
invasión del mercado, o el dumping o competencia desleal; están en funcionamiento y
están funcionando bien”.
La UIA reveló que tanto en indumentaria, como en bicicletas, se han hecho denuncias por
importaciones “a precios ridículos”, que luego de pasar por una serie de más
de 700 trámites, terminaron en la nada. “Mientras acá la Aduana funciona como si
fuera boba, en Brasil se están tomando medidas de todo tipo para prevenir que su mercado
sea invadido”, sostuvo diez días atrás Claudio Sebastiani, presidente de la UIA.
La industria solicita que el Gobierno establezca para los sectores productivos la misma
malla de protección que, en su momento –frente a la crisis del Tequila–, se
estableció para el sistema financiero. Temen que la crisis asiática golpee en el mercado
de productos argentino más fuerte que en otras plazas del mundo, por la desprotección a
que las somete la administración nacional. “O no entienden, o no está en su
filosofía defender la producción nacional”, sostuvo Sebastiani del equipo
económico.
El tema fue tratado en la reunión del gabinete nacional del jueves último, de donde
surgió la propuesta del encuentro que tendrá lugar hoy. La orden, aseguran, partió del
propio presidente de la Nación, Carlos Menem, quien sabe que no son momentos como para
quedar descolocado frente al establishment empresario.
| ¿De quién será el turno? Hong
Kong abrió la rueda de hoy lunes en la bolsa, con una baja del 6,2 por ciento. Hay
temores de que la crisis financiera de los mercados asiáticos se esté acercando
peligrosamente a América Latina, a Estados Unidos y sus socios en el NAFTA. Hay temor a
que la crisis económica de Rusia pueda provocar un colapso en toda Europa del Este,
debido al pánico que se ha apoderado de los inversores extranjeros que huyen en
desbandada de toda la zona. Hay temor de que el creciente déficit fiscal en Brasil y los
enormes vencimientos de su deuda externa en lo que resta del año puedan hacer del país
vecino la próxima víctima del crac mundial.
Analistas e inversores no hacen más que sumar malos presagios a medida que la crisis se
va perfilando como imparable. En tanto, en Estados Unidos se desató un debate sobre la
conveniencia de asignar más recursos al Fondo Monetario Internacional, mientras se duda
de su eficacia para prevenir e incluso apagar los incendios que estallan a lo ancho del
Planeta.
En Europa, se empieza a seguir con preocupación la evolución de la corona checa, el
zloty polaco y el forinto húngaro. Si el rublo ruso cae en picada, anticipan, la fuga de
capitales hará que se derrumben también en la misma rodada las monedas de toda la
región.
Por su parte, especialistas estadounidenses como Robert Pelosky, economista para mercados
emergentes del banco de inversiones Morgan Stanley, sostuvo que “después de haber
pasado sobre Asia y Rusia, el huracán que desvasta a los mercados emergentes se centra
ahora en América Latina”. Agregó que “crece la convicción (entre los
analistas) de que el contagio y la recesión económica pasaron a la región, incluso a
Canadá, que en conjunto representan el destino de las tres cuartas partes de las
exportaciones de Estados Unidos”. Todas las miradas estarán, en los próximos días,
sobre este lado del mapa. |
SUBRAYADO
¿Terminará en Siberia?
Por Julio Nudler
De
agrandados que están, a los hombres de la Fundación Mediterránea les queda chica la
ropa. Cuando el viernes al anochecer fueron enterándose de que Domingo Cavallo se iba de
Córdoba a Moscú a arreglarle los problemas a Rusia (dicen que de allí se irá a Tokio
para resolver la crisis japonesa, y unos días más tarde se ocupará del resto de Asia),
los más prácticos se tomaron la cabeza. “¡Por qué no habremos comprado acciones.
Ahora van a subir las bolsas de todo el mundo!”, se lamentaban. Otro opinaba que era
el momento ideal para lanzar una conscripción de socios. “¿Dónde, en San
Petersburgo?”, indagó uno de esos sarcásticos que nunca faltan.
También existen sin embargo los empresarios sentimentales. En el hotel de la Fuerza
Aérea en Ascochinga, donde la Mediterránea celebraba su XXI aniversario, se lo esperaba
al Mingo para la cena, a cuyos postres debía pronunciar su discurso-sermón. De pronto,
alguien llegó con la inesperada noticia: “Domingo se va al Kremlin”, comunicó.
“¿Entonces no viene a comer con nosotros?”, le preguntaron. “No. ¡Qué va
a venir!”, contestó el informante con cierto desdén. “¿Y al asado de mañana
tampoco?”, le insistieron. “¡No, al asado menos!”, se impacientó el
enterado.
Automáticamente, como en un acto reflejo, todos empezaron a burlarse de Carlos Menem:
“Ahora sí que ya se sabe quién es el padre de la criatura (la Convertibilidad).
Aunque le duela, el Turco tendrá que reconocerlo”, se oyó comentar. Otros
minguistas se sentían en cambio dominados por la desconfianza. No descartaban que todo
fuera una maniobra urdida por el taimado riojano para que Cavallo termine deportado a
Siberia.
Juan Carlos Kuznir, el economista-revistero-imitador, infaltable número vivo en los
fastos de la Mediterránea, tuvo que preparar de apuro, en la mañana del sábado,
caminando absorto de arriba abajo entre la gente, algunos chistes sobre el asunto, no
contemplado en su libreto original. Entre los datos que pudo reunir, Rosendo Fraga le
arrimó a último momento una encuesta preelectoral, según la cual Cavallo acapara un 92
por ciento de la intención de voto. La Alianza le sigue con un 6 por ciento. Bernardo
Neustadt terció entonces para conocer dónde se había efectuado ese impactante sondeo, a
lo cual Fraga respondió que en la puerta de la Bolsa el día que el MerVal cayó 10,6 por
ciento.
“Domingo es un kamikaze”, se preocupaban entretanto algunos economistas del
Ieral, recordando las heridas con que zafaron de la aventura ecuatoriana, por la que
–juran– sólo cobraron un total de 300 mil dólares. Ahora esperan que armarle
un plancito a la segunda superpotencia nuclear del planeta se pague algo mejor, siempre
que no sea en rublos.
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