Por Laura Vales y Raúl Kollmann
 “Chalet en
zona residencial; edificación de dos plantas con amplio parque, pileta de natación y
cancha de tenis; pisos de madera tarugados, baños en suite con yacuzzi...” Las
descripciones, firmadas por martilleros designados por la Justicia, detallan las
viviendas. No se trata de propiedades de empresarios en ascenso sino de los llamados 33
Orientales: ex comisarios que vivieron su época de oro al calor de la gestión de Pedro
Klodczyk como jefe de la Bonaerense, y a quienes desde hace un año y medio se investiga
por su presunto enriquecimiento ilícito. La causa es la número 52.257. Algunos de los
oficiales disfrutan de pequeñas fortunas. Dueños de hasta siete propiedades, cuatro o
cinco vehículos y con abultados gastos, se justificaron ante la Justicia aduciendo una
intensa actividad comercial privada. Pero informes reservados de la Secretaría de
Seguridad .-que constan en la causa– los vinculan, en cambio, al narcotráfico, a la
venta de autos mellizos, a bandas de piratas del asfalto y a todo tipo de arreglos con
delincuentes.
La investigación, que hasta la semana pasada estuvo a cargo del juez de Lomas de Zamora
Marcelo Soukop, tuvo un espectacular impulso en los primeros meses de 1997 cuando el
secretario de Seguridad era Eduardo De Lázzari y se destinó todo un equipo de policías
para hacer la pesquisa. Después de que De Lázzari fue obligado a renunciar, en mayo de
1997, el equipo que investigaba se diluyó y lo poco que se hizo fue producto del esfuerzo
de los escasos empleados del juzgado. Parece que ahora nadie está interesado en
investigar a los comisarios enriquecidos, tal vez porque les deben algún favor.
En el expediente judicial .-al que tuvo acceso exclusivo Página/12–, hay una docena
de descripciones similares: son casas de ladrillo a la vista, con techo de tejas francesas
a dos aguas, sin gran ostentación en sus frentes pero con mucho dinero puesto puertas
adentro. “La mayoría se mudó a barrios exclusivos en los últimos años”,
señalaron a Página/12 varios funcionarios judiciales que participaron de la pesquisa. En
general, el enriquecimiento se evidenció en los años ‘90 y se ve también en la
ropa, los celulares y los autos último modelo. Para los investigadores ya es evidente que
–por lo menos a una docena de estos ex comisarios– les resultará más que
difícil explicar cómo pudo rendirles tanto el magro sueldo de un policía.
Los nombres
Al comisario Raúl Machuca lo investigan en numerosas causas, entre ellas una en la que
colaboró con el detenido ex comisario Juan José Ribelli para violar la incomunicación
dispuesta por el juez Juan José Galeano en la causa AMIA. Como no podía ser de otra
manera, Machuca también figura en ésta. Es dueño de dos casas, dos departamentos, un
local comercial –todo en la zona de Tigre–, un terreno y varios autos
registrados como propios. Otros investigados son Oscar Canales, secretario de Klodczyk;
Norberto Padilla, subjefe de la Bonaerense; Juan Borgnia, también secretario del jefe;
Carlos Piazza, actualmente detenido por falsificar horas extras y quedarse con el dinero;
Oscar Viglianco, relacionado con el caso Cabezas, y Raúl Vercecci y Carlos Propatto,
señalados por su relación con supuestos negocios turbios de la jefatura policial en
tiempos de Klodczyk. Tampoco falta en la lista Mario Rodríguez, poderosísimo ex
comisario, aunque en el expediente fue sacada temporalmente su carpeta con la
documentación más detallada.
La familia primero
La mayoría de los 33 Orientales fueron pasados a retiro en las sucesivas purgas de los
dos últimos años, y abrieron sus propias agencias de seguridad privadas o se
reconvirtieron –según sus propias palabras– en “gestores de
negocios”. Los informes de inteligencia, que integran el expediente, advierten que
han puesto a familiares o testaferros al frente de sus empresas, que habrían sido
fundadas para lavar el dinero recaudado ilícitamente mientras gozaron “de destinos
clave en el esquema de recaudación ilegal de la fuerza”.
Lo cierto es que a lo largo de la causa se puede encontrar de todo un poco: suegros con
estaciones de servicio, hijos con prósperos comercios de venta de motos, y no pocas
esposas titulares de empresas de custodia. También están las mujeres que súbitamente se
beneficiaron con herencias o donaciones familiares. “Hubo un comisario que llegó a
decirme que en realidad había amasado una fortuna en los años de la bicicleta
financiera” relató uno de los encuestadores judiciales, “aunque era evidente
que su bonanza económica había arrancado recién en los `90”. Pero la sospecha más
curiosa .-según consta en la causa– está depositada en la carpeta del comisario
Gerardo Solomita, de quien un informe de Asuntos Internos asegura que, cuando era
subcomisario, compró un billete de Navidad ya premiado para blanquear parte de su fortuna
(ver aparte).
Los bienes
Las primeras tareas de inteligencia se realizaron a comienzos del año pasado, y
estuvieron a cargo de un equipo de hombres de Asuntos Internos. El puntapié inicial fue
simplemente pedir los datos en el registro de la propiedad para ver cuántos inmuebles
tenían a su nombre los comisarios. Ese sencillo trámite ya produjo resultados
asombrosos: sin la más mínima preocupación, los comisarios eran propietarios de 5, 6 y
hasta nueve casas.
Después hubo una especie de trabajo de inteligencia, que también se registra en el
expediente. Bajo la inocente apariencia de promotores de Páginas Amarillas, los
investigadores corroboraron los domicilios de residencia real de los policías y quién
vivía en las demás propiedades. Los inmuebles y los vehículos de los investigados
fueron fotografiados y filmados con cámaras ocultas. Después, cada casa fue valuada por
dos tasadores y personal del juzgado realizó encuestas domiciliarias. Con sueldos muy
inferiores a 3000 pesos, la mayor parte de los comisarios vivían .-y aún viven– en
casas que van de los 200.000 a los 800.000 pesos. Todo ese trabajo se hizo en cuatro
meses.
A partir de ese momento, las cosas se empantanaron. Con el argumento de que “se hizo
la lista de investigados en función de la interna policial”, la fuerza
prácticamente se desentendió de la pesquisa. O sea que el argumento no era que estos
comisarios eran inocentes, sino que seguramente se enriquecieron, pero se los investigaba
porque querían perjudicarlos otros comisarios que, se supone, también se enriquecieron.
Efectivamente, algo de interna debía haber porque, como suele ocurrir, la denuncia que
originó la causa y propuso los nombres fue anónima. Lo insólito es que el entonces
secretario de Seguridad, Carlos Brown, no ordenó que se investigara a todos los
comisarios, sino que se quedó con la versión de que todo era una interna y ya no se puso
el mismo empeño que antes.
Desde que se demostró la vinculación de policías bonaerenses con la causa AMIA y
posteriormente la participación en el asesinato de José Luis Cabezas, fueron pasados a
retiro la mayoría de los 33 Orientales y, en realidad, casi todos los comisarios y
subcomisarios. Sin embargo, como dicen en el argot de la fuerza, “ahora nadie está
revisando los cajones”, es decir que prácticamente no se investiga el increíble
accionar delictivo de los últimos años. Soukop, uno de los magistrados de mayor
prestigio de Lomas de Zamora, envió a su pequeño grupo a verificar algunos datos y se
preparaba para ordenar un relevamiento de los gastos en tarjetas de crédito, cuentas
bancarias, viajes y celulares de todos los imputados. Ahora al magistrado lo ascendieron a
camarista y todo quedará en manos de su sucesora, Ana María Puig Dengolas, que recién
se va a hacer cargo del juzgado a mediados del mes próximo. Como se ve, nadie parece
demasiado apurado.
| La lotería que blanquea A
lo largo de sus 30 años de servicio, el comisario retirado Gerardo Solomita
–italiano de nacimiento– fue adquiriendo una larga lista de bienes. Según
consta en el expediente judicial, hoy tiene una estación de servicio, una flota de taxis,
una trafic, cinco propiedades repartidas en la provincia y la costa y tres locales
comerciales en Punta Mogotes que adjudica a una herencia de su mujer.
Un informe de Asuntos Internos asegura que, cuando era subcomisario, Solomita compró un
billete de Navidad ya premiado para blanquear parte de su fortuna. El hoy retirado
comisario tuvo destinos considerados clave en el esquema de la recaudación ilícita: fue
jefe de Servicio Externo de las Unidades Regionales de Tigre y Lanús II. “Buena
parte del Tigre es residencial y ahí los ingresos por juego, prostitución y otros
delitos son altos. Es una de las unidades regionales de mejor recaudación”, explicó
a este diario un viejo comisario.
La casa particular de Solomita –un chalet de dos plantas– está valuada por la
Justicia en 270 mil dólares. Ubicado en un barrio residencial de Monte Grande, Solomita
tiene todo lo necesario para un retiro descansado: un parque de 250 metros cuadrados,
pileta de natación, quincho con parrilla y leñera, galería cubierta, terraza y yacuzzi
en los baños.
Un chorizo con recursos
En la causa judicial dice que Mario Alberto “Chorizo” Rodríguez fue uno de
los policías de confianza de Eduardo Duhalde, que posteriormente lo designó como su jefe
de Seguridad en los meses más duros del ‘97, cuando el gobernador temía un atentado
contra su vida o la de sus familiares. Su hermano Oscar es el intendente de Presidente
Perón, y lo fue antes de San Vicente. El despegue económico de Rodríguez comenzó en
los 90, cuando –según consta en los expedientes judiciales– adquirió
propiedades en Adrogué, San Vicente y la Costa hasta sumar siete casas. Informes
reservados también le atribuyen más de 20 dúplex en zonas de veraneo. A su nombre
figura una combi, un Peugeot 405 y un jeep de colección, aunque los investigadores
señalaron que se moviliza “en un Corsa blanco del Poder Ejecutivo provincial”.
Su casa de Adrogué, con pileta de natación, parrilla y horno pizzero, fue tasada
judicialmente en 165 mil dólares. Es un chalet con techo de tejas francesas, garaje para
dos autos, cuatro dormitorios y baño en suite con hidromasaje. Ante los funcionarios
judiciales, Rodríguez adujo que se dedica a la compraventa de autos en Bernal Oeste,
Adrogué y Turdera, y que tuvo junto a una de sus hijas una remisería. Desde el ‘89,
en sociedad con su hijo mayor, explota en concesión el alquiler de máquinas de
videojuego. También es investigado por el juez federal Juan José Galeano, por posible
vincu-lación con el ex comisario Juan José Ribelli en la comisión de delitos comunes. |
| Tres acusados de
enriquecimiento |
| Palacete
en Monte Grande El comisario Luis Salvador
Abraham fue prescindido con apenas 41 años, y fue uno de los policías que dejó su gorra
frente a la jefatura en el primer acto de protesta contra la reestructuración de la
fuerza. Tiene, según la causa judicial, tres propiedades y cuatro autos. A los
investigadores llamó la atención su palacete en Monte Grande, calle Rodríguez 1560,
adonde se mudó dos años atrás. Edificado en un lote de 1200 metros cuadrados, en un
paraje residencial conocido como La Colorada, el edificio tiene parque al frente y un
fondo con una añosa arboleda. Los portones de entrada están automatizados, y la casa
tiene lo que los martilleros llaman detalles de categoría: pisos de madera tarugados,
baño en suite con yacuzzi, cocina con mesada de granito en U y techos de teja francesa.
El Turco, como le dicen a Abraham, tiene un Peugeot 306, un Renault Clio, un Fiat Uno y un
Renault 18. Como se ve, no le falta nada.
Chalet de 300 mil pesos
Los informes de inteligencia que constan en la causa vinculan al
Comisario inspector Luis Hubert con el narcotráfico, y señalan que tiene una fortuna
imposible de justificar lícitamente.
Está retirado; como comisario inspector ganaba 2700 pesos mensuales. Reconoció poseer
cuatro propiedades en San Miguel y dos autos, aunque los trabajos de inteligencia marcan
que su chalet, ubicado en Pringles 2202 del barrio residencial Tato, está valuado en 300
mil dólares. La propiedad tiene 25 metros de frente por 50 de fondo. Tiene otra propiedad
en Guido Spano, Bella Vista, tasada judicialmente en 76 mil pesos, dos terrenos y otra
casa. A su nombre tiene sólo un Ford Escort último modelo, un Renault 11 y un Renault
18.
Es asombroso que si un informe oficial de la Bonaerense menciona su relación con el
narcotráfico nadie haya iniciado una causa judicial por ese motivo.
Caballos, motos y ferretería
Según consta textualmente en la causa judicial, Carlos Aníbal
Piazza “tuvo su mejor momento durante la gobernación de Antonio Cafiero”, que
lo designó jefe de Seguridad del Ministerio de Salud bonaerense. Ya en 1995 comenzó a
ser investigado –en un juzgado de La Plata– por presunto enriquecimiento
ilícito.
El comisario es dueño de la agencia de motos “La Banda Boys”, en La Plata, con
una sucursal en San Bernardo. En el expediente judicial se señala que tiene además, la
casaquinta El Capricho, una ferretería y caballos pura sangre que figuran a nombre de su
esposa.
Actualmente Piazza está detenido por la causa conocida como POLAD, policías adicionales,
es decir guardias que supuestamente realizaban distintos efectivos y que se cobraban por
separado. La imputación es que los adicionales se inventaban y un grupo de oficiales se
quedaba con el dinero. En la misma causa hay otro comisario prófugo, el comisario Llanos. |
INFORMES INTERNOS SEÑALAN A CUATRO COMISARIOS
COMO SUS CAJEROS
Los operadores económicos de Klodczyk
Los
informes de inteligencia señalan a cuatro de los comisarios investigados como los
operadores económicos de Klodczyk durante su gestión al frente de la jefatura.
u Oscar Canales: Fue un protegido del jefe de Policía, y su secretario durante los seis
años que permaneció en el cargo. Canales tiene un largo listado de procesos judiciales y
escándalos por corrupción: en 1991 fue involucrado –junto a otros 15
policías– en una causa relacionada con la venta de autos mellizos. Entonces era
subcomisario, y la investigación amenazó con poner fin a su carrera, pero Klodczyk lo
ascendió. En 1994, se lo acusó de construir su casa con dinero de la institución y se
lo procesó por el manejo irregular de fondos de la jefatura. La causa, que no
prescribió, permanece estancada -.según dice el expediente– en un juzgado de La
Plata.
El informe preliminar de Asuntos Internos le adjudica la propiedad de cuatro importantes
casas y el uso de varios automóviles que no están registrados a su nombre.
La casa en la que vive -.según el informe-. en la calle 16 número 333 de La Plata está
valuada en 180 mil pesos. Además, tiene otra casa en la calle 12, número 177 y una
tercera en la calle 118 número 167. Además, siempre según el expediente, tiene una casa
de fin de semana en Magdalena y utiliza un Fiat Uno, un Peugot 504 y un Corsa que ya no
estaría en su poder. En el informe figuran datos de una causa en la que Canales habría
comprado una casa en la zona Norte valuada en 800 mil pesos.
u Juan Borgnia: A través de las escuchas en la investigación de la AMIA se relacionó a
Borgnia con el ingreso de vehículos de origen ilícito desde el exterior. Los
investigadores informaron que posee acciones en la empresa china que vendió la totalidad
de los uniformes a la repartición, y lo acusan –junto con Canales– de malversar
viáticos de la Bonaerense. En la investigación de Asuntos Internos que está en la
causa, se asegura que tiene tres departamentos con cochera, una casaquinta en Mar Chiquita
y otra casa en Azul, todas propiedades adquiridas en los últimos cinco años.
u Carlos Proppato: En las fojas enviadas por Asuntos Internos a la Justicia se señala que
hizo fortuna cuando ejerció el cargo de jefe del servicio externo de Berazategui. Con un
sueldo que en las mejores épocas llegó a los 2700 pesos, Propatto adquirió una
importante casa en Ranelagh, la exclusiva zona residencial de Berazategui. Es en la calle
305, número 1759. Tiene 30 metros de frente por 30 de fondo, obviamente con parque,
quincho y pileta.
u Raúl Vercecci: En la documentación de la causa se señala que Vercecci se enriqueció
en las Unidades Regionales de La Plata, Lanús y Tigre. Vercecci aparece como poseedor de
un considerable patrimonio, “blanqueado con los ingresos de una empresa de su suegro
en Berazategui, de la que está al frente”. Ambos –según reza en el
expediente– habrían integrado una red de policías separados de la fuerza que se
reunían secretamente para obstaculizar la reestructuración policial.
Según los datos de Asuntos Internos, Vercecci tiene una casa en Almirante Brown 575,
Quilmes, vivió en un departamento de su propiedad en Avenida Libertador y Scalabrini
Ortiz de la Capital Federal valuado en 100 mil dólares y fue el feliz propietario de una
casa construida en las Barrancas de Quilmes, con quincho, parque, pileta de natación,
cochera para dos autos. Está tasada en 200 mil dólares, pero él dice que la vendió
cuando se separó.
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