EL RADICAL JORGE GOMEZ PROCESADO POR COIMAS

El escribano en el banquillo

  El ex escribano general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Gómez, fue procesado ayer por el juez Héctor Yrimia por presunto pedido de coima. El magistrado no dictó la prisión preventiva pero sí dispuso un embargo de 20 mil pesos sobre los bienes del ex funcionario, a quien el empresario Emanuel Fumarola acusó de haberle exigido plata para habilitar una fábrica. Aquella denuncia fue el germen de un escándalo de corrupción cuyas repercusiones aún se sienten en las filas de la UCR por la trayectoria de Gómez dentro de ese partido, y del cual el precandidato radical a la presidencia Fernando de la Rúa no consigue reponerse: ante el procesamiento del ex escribano, la oposición y hasta el Frepaso volvieron a advertir en la Legislatura porteña sobre la existencia de una red dedicada al "tráfico de influencias" dentro de la administración comunal (ver aparte).

Yrimia no sólo dispuso el procesamiento de Gómez, sino también el de Rita López, una de las gestoras que realizaba trámites de automotores en la escribanía del ex funcionario, a quien también el magistrado le trabó embargo por 20 mil pesos. La denuncia contra el ex escribano general del gobierno porteño y la mujer la formuló Fumarola, quien acusó a ambos de haberle pedido una coima de 90.000 pesos para la instalación de una fábrica en Floresta. Según el relato del empresario, el hombre "determinó la forma de pago de la coima", mientras que la mujer "puso el precio".

"Al menos en este estado de proceso, sin perjuicio de profundizar la investigación, están configurados elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso que compromete a Gómez, como autor, y a López como partícipe necesario, ya que carece de la calidad de funcionario público exigida para la autoría", señaló el magistrado en su resolución. Yrimia agregó que "Gómez y López exigieron a Fumarola una suma de dinero, indebida y arbitraria, y lo hicieron luego de una entrevista mantenida en el despacho público del primero".

El delito cuya comisión se le imputa a Gómez es el de exacciones ilegales agravadas. Exacciones ilegales es la figura prevista en el Código Penal para aquel funcionario que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar por sí o por intermedio de otra persona una contribución o dádiva. Yrimia aplicó el agravante porque supone que también hubo una "intimidación" contra Fumarola. El juez destacó que "se le planteó a la víctima la posibilidad de ocurrencia de un mal futuro ('si no habilita ahora, no habilita nunca'), con lo cual fue amenazado con sufrir un mal determinado".

Yrimia señaló que dispuso el procesamiento de Gómez y López a raíz de las "contradicciones" en que incurrieron ambos durante las indagatorias y por el peso probatorio de la documentación secuestrada en las oficinas del ex funcionario. También tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales de funcionarios de la Dirección de Industria de la comuna y del defensor del Pueblo porteño, Antonio Cartañá. Al testificar en la causa, tanto los funcionarios, como el ombudsman, dijeron que por sus funciones tenían conocimiento del caso de Fumarola.

Si bien Yrimia fundamentó el procesamiento de Gómez en un auto de casi 40 fojas, fuentes vinculadas a la investigación confiaron a Página/12 que los argumentos "no son demasiado contundentes y no se terminaron de atar todos los cabos posibles". Los abogados del ex funcionario, Julio Virgolini y Adrián Maloneay, anticiparon que apelarán el procesamiento de su cliente e insistieron en atribuir a Yrimia una "enemistad manifiesta" contra Gómez. Por esa razón, los letrados habían recusado al juez, quien también ayer rechazó ese planteo que ahora deberá resolver la Cámara.

Fumarola realizó la denuncia contra Gómez a principios de julio, pero el caso adquirió ribetes de escándalo el 11 de agosto pasado cuando Yrimia detuvo al por entonces escribano general del gobierno porteño. En cuestión de horas, De la Rúa dispuso la separación de Gómez de su cargo. "Hice lo que debía, lo que en mi conciencia correspondía hacer", dijo entonces el precandidato radical a la presidencia, y aseguró que "la lucha contra la corrupción en distintos niveles municipales es intensa y viene desde el principio de mi gestión".

La detención de Gómez provocó un fuerte cimbronazo en el interior del radicalismo. Gómez no sólo le tomó juramento al propio De la Rúa al asumir la jefatura del Gobierno porteño, sino que puede exhibir una larga trayectoria partidaria: hijo del vicepresidente de Arturo Frondizi, tuvo a su cargo la presidencia del Comité Capital de la UCR en 1985 y desde el '83 al '87 se desempeñó como secretario de Gobierno de la comuna, durante la gestión del intendente radical Julio César Saguier.

El arresto de Gómez exacerbó los ánimos de muchos radicales, que aún critican por la forma en que manejó el tema al secretario de Gobierno porteño Enrique Mathov. Ante Mathov fue que se presentó Fumarola para denunciar el pedido de coima. El funcionario sostiene todavía hoy que, al ver que la denuncia era seria, llamó a su despacho a la policía para que tomara declaración al empresario y recién se enteró del nombre del involucrado cuando Yrimia ordenó la detención de Gómez.

Mathov fue objeto de una dura interpelación a raíz del episodio en la Legislatura porteña. En esa interpelación a raíz de una pregunta acerca de si Norberto Varela había estado en la ESMA, comenzó a salir a la luz el pasado del marino que la semana pasada debió renunciar al cargo de interventor de la Policía Municipal en el cual lo había designado De la Rúa por su desempeño durante la dictadura militar en el Servicio de Inteligencia Naval.

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