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Por Adriana Meyer  El juez Jorge Urso resolvió imputar al ministro de Trabajo,
Antonio Erman González, y citarlo para que preste declaración indagatoria en la causa
que investiga la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El magistrado consideró que
existe un "estado de sospecha sobre la presunta responsabilidad de González en torno
del delito de falsedad ideológica de instrumento público". El ministro anticipó
que "se pondrá inmediata y espontáneamente a disposición de la Justicia" (ver
aparte). Cuando fue ministro de Defensa, Erman González firmó tres decretos que
autorizaban la venta de armas a países que nunca las recibieron, pero además en el caso
referido a Panamá lo hizo como integrante de la Comisión de Exportaciones de Material
Bélico. La indagatoria había sido solicitada por el fiscal Carlos Stornelli, dado que el
funcionario estaba a punto de beneficiarse con la prescripción del delito que se le
imputa.
El juez federal Jorge Urso acusó al actual ministro de Trabajo, Antonio Erman González, por el delito de falsedad ideológica en los decretos 1697/91 y 2283/91 que firmó cuando era ministro de Defensa, los cuales autorizaron la venta de armas a Panamá --un país que no tiene fuerzas armadas--, cuando el material bélico era remitido a Croacia, y por la adulteración de los datos consignados en el decreto 1633/92, que aprobó la exportación de armamento a Bolivia en una operación que no se concretó. La resolución de Urso incluye la citación indagatoria del ex viceministro de Economía durante la gestión de Domingo Cavallo, Carlos Sánchez, del ex viceministro de Relaciones Exteriores y actual diputado, Juan Carlos Olima, del ex interventor de Fabricaciones Militares y actual secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Jorge Pereyra de Olazábal, y el ex director de Fabricaciones Militares, Nicolás Granillo Ocampo, hermano del ministro de Justicia, entre otros (ver aparte). El delito que habría cometido Erman González está a punto de prescribir, pero el denunciante de la causa, el abogado Ricardo Monner Sans, opinó que el llamado a declaración indagatoria interrumpe la prescripción. Sin embargo, el diputado Horacio Viqueira afirmó que hay dos doctrinas al respecto, y una de ellas coincide con lo que dice Monner Sans, pero depende de la calificación del delito. Con respecto a la inmunidad ante la Justicia que tiene González, por su condición de funcionario, el legislador pedirá el juicio político por mal desempeño como ministro de Defensa, lo cual lo invalidaría para seguir en el cargo que ocupa. Si el Congreso lo destituye estaría allanado el camino para que se presente ante el juez Urso. Pero el actual ministro de Trabajo de Carlos Menem anunció que se presentará en forma inmediata ante la Justicia (ver aparte). Erman González es el segundo ministro de este gobierno imputado en la causa. El ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, está procesado por omisión de denuncia. El Congreso le había iniciado juicio político, pero renunció antes para evitar ser destituido. Pero Camilión está procesado por la presunta venta de armas a Ecuador, mientras que sobre Erman González pesa la imputación en la investigación por el caso de Croacia, país que habría recibido armas argentinas desde 1991, a pesar del embargo internacional dispuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Monner Sans consideró ante Página/12 que esta imputación de Erman González es "un avance sustancial en base al desempeño del fiscal Carlos Stornelli, en este caso que se ha complicado tanto que supera lo que habíamos imaginado en el principio". El abogado consideró que la sala II de la Cámara Federal le devolvió en forma inmediata el expediente al juez Urso como una señal "para que se ponga a trabajar". El escándalo por la venta ilegal de armas se ha reactivado en las últimas semanas a partir de la liberación del coronel Diego Palleros en Sudáfrica, del presunto suicidio del capitán Horacio Estrada y de los allanamientos encabezados por el fiscal Stornelli de la casa de este militar y de la Dirección de Arsenales del Ejército. Tras la citación de Erman González se espera que el fiscal solicite la del jefe del Ejército, general Martín Balza, quien se ha pronunciado públicamente varias veces en los últimos días argumentando su inocencia en esta causa.
LISTA DE LOS CITADOS A DECLARAR COMO IMPUTADOS
* Juan Carlos Olima: diputado bordonista y ex vicecanciller. Integró la comisión interministerial que debía controlar la exportación de material bélico. * Carlos Sánchez: ex viceministro de Economía, durante la gestión de Domingo Cavallo. También integraba esa comisión. * Jorge Pereyra de Olazábal: ex interventor en Fabricaciones Militares, actual secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. Deberá declarar por la falsedad ideológica del decreto que aprobó la provisión de armas a Bolivia. * Nicolás Granillo Ocampo: fue director de Fabricaciones Militares entre abril y setiembre de 1990, cuando asumió como presidente del organismo, hasta el 4 de abril de 1991. Será indagado por los mismos hechos que se le imputan a Pereyra de Olazábal. Es el hermano del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo. * Manuel Cornejo Torino: coronel retirado, ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba. Imputado por los desvíos de armas a Croacia y la falsedad ideológica del decreto sobre Bolivia. * Haroldo Fusari: coronel retirado del Ejército. Será indagado por los mismos cargos que el ministro González. * Carlos Alberto Carballo: ex funcionario del Ministerio de Economía. Imputado por la incorporación de datos falsos en los decretos 1697/91 y 1633/92, es decir, por el caso de Bolivia y por uno de los decretos que aprobó la venta de armas que fueron a Croacia. * Juan Carlos Uranga, Pedro Osvaldo Caballero, Carlos Federico Rubio, Carlos Alberto Núñez, Ernesto Ramírez: coroneles retirados del Ejército, imputados en la causa por el decreto que autorizó la operación con Bolivia, y vinculados con Fabricaciones Militares.
informes por armas brasileñas
Voceros de la embajada brasileña confirmaron que el pedido de informes de la Cancillería argentina ya fue transmitido al Ministerio de Relaciones de Exteriores en Brasilia, donde se deberá confirmar el origen del cargamento y constatar el destino del embarque de armas. El cargamento proviene de Industria de Material Bélico, una empresa vinculada al ejército brasileño que es la encargada de exportar armas en Brasil, según fuentes castrenses brasileñas. En la embajada brasileña detallaron que en el Palacio de Itamaraty, "iniciarán un trámite, que no demorará más de dos días para verificar el contenido y destino del cargamento y luego se lo comunicarán a la Cancillería argentina". Con la intención de descartar cualquier tipo de sospecha, la embajada brasileña consignó que "toda exportación de material bélico sigue un registro muy exhaustivo". Fuentes judiciales señalaron que las sospechas de Santamarina giran en torno de la triangulación que tenía el embarque ya que había embarcado en San Pablo, hizo escala en Buenos Aires y debía seguir hacia Caracas. El juez pidió explicaciones de por qué el cargamento no viajó directamente de San Pablo hacia Caracas. La rapidez de la Cancillería argentina para darle curso al pedido del juez Santamarina se debe al clima susceptible que existe en el Gobierno luego de los escándalos originados por la venta de armas a Croacia y Ecuador y la detención, hace quince días, de un cargamento proveniente de Sudáfrica que tenía como destino el Perú.
Por Nora Veiras
El decreto 1697 del 27 de agosto de 1991 que está firmado por Menem y los ex ministros de Economía, Domingo Cavallo; de Defensa, Erman González y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, establece que la exportación con destino a la Fuerza Policial y de Seguridad de Panamá se realizará a través de las empresas Debrol Sociedad Anónima e Internacional Trade. Entre los elementos que detalla figuran, entre otros, 20 mil pistolas 9 milímetros, 8500 ametralladoras 9 mm FMK3, 15.100 fusiles FAL, 2,5 millones de cartuchos 9 mm y 15 millones de cartuchos 7,62 mm. El monto total de la operación fue de 15.878.500 pesos. El segundo negocio sospechado de ilegalidad se concretó a través del decreto 2283 del 31 de octubre de 1991. Las empresas intervinientes y el destino son los mismos que en la operación de apenas dos meses antes. Esta vez para pertrechar a la pequeña fuerza policial panameña se vendieron otras 23 mil ametralladoras y otros tantos fusiles FAL 7,62 mm y 22.310.000 cartuchos para esos fusiles. En este caso, la sofisticación y poder del armamento para una fuerza policial abre todavía más sospechas: la exportación incluye 188 morteros de distinto calibre y 5750 minas antipersonales y antitanques. Los precavidos policías panameños podrían contar también con 54.050 granadas de mano y, por las dudas, con 200 misiles AT Hiloguiados CIBEL 2K. En este caso, la venta se realizó por un monto de 28.892.716 pesos. El tipo de armas y la cantidad permite inferir que Panamá, el país que después de haber sido invadido por Estados Unidos en diciembre de 1989 tuvo que disolver sus Fuerzas Armadas, no puede haber sido el receptor de esa mercadería apenas dos años después. En medios castrenses señalan esa incongruencia como la mejor demostración de que el destino fue un pretexto para la triangulación que terminó en Croacia. Para alejar de sospecha al Ejército, los uniformados recuerdan que los decretos establecen en forma taxativa que el material a exportar es "nuevo (sin uso)". En otras palabras, sólo Fabricaciones Militares está en condiciones de garantizar esos requisitos que, además, son imprescindibles para cobrar el 15 por ciento de los reintegros por exportación. El intrincado recorrido de las armas complica, como ninguna otra denuncia, a la plana mayor del gabinete nacional. El ex ministro de Defensa, sucesor de González, Oscar Camilión, está procesado por la supuesta triangulación a Ecuador. Sin los decretos que habilitaron las exportaciones de Fabricaciones Militares a Panamá y Venezuela --éstas terminaron en Ecuador-- el material no podría haber salido del país. En Fabricaciones Militares funciona, además, un Comité de Comercialización, encargado de determinar el origen de la mercadería, es decir que antes de permitir los embarques tienen que comprobar que cumplan con los requisitos. Se supone que la Cancillería tiene atribuciones como para preguntarse sobre el país de destino de la venta. Según el anexo del decreto, un verificador de Aduana también tiene intervención para garantizar la calidad del material exportado. El enlace de todos estos eslabones es lo que preocupa en la Casa Rosada.
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