Página/12

"Alguna vez alguien va a querer probar un potro asado". El pálpito del director de Ganadería de la Nación, Marcelo Ponde, está justificado: un decreto del Poder Ejecutivo acaba de autorizar la faena de caballos de cualquier edad y para cualquier destino, incluido consumo humano. Si bien la matanza de ganado equino destinado a la alimentación estaba permitida desde el '95, existía una restricción: la faena de animales menores de 12 años, en el caso de los machos, y 15 para las hembras. La sanción actual encolerizó a instituciones protectoras de animales, que piden la derogación del decreto porque "estimula la matanza masiva del animal cuando no hay necesidad de faenar otra especie para el consumo". El negocio de la carne de caballo mueve ahora unos 80 millones de dólares anuales, principalmente en exportaciones, si bien en el sector afirman que esta carne suele usarse en hamburguesas y embutidos. El principal beneficiado con la nueva normativa parecer ser el empresario Ernesto "Tito" Lowenstein, quien controla en forma mayoritaria el comercio del sector. Fue dueño de Las Leñas y del frigorífico Paty y es hermano de Alfredo Lowenstein, presidente de la filial argentina del fast food Wendy's. Ponde dijo a Página/12 que Lowenstein ahora "podrá ofrecer mayores productos y de mejor calidad".

El país es el segundo exportador mundial de carne de caballo, detrás de Estados Unidos. Los destinos principales son Japón y, en la Unión Europea, Francia, Bélgica y Holanda. De los seis frigoríficos dedicados al ganado equino, actualmente existen cuatro, tres de los cuales pertenecerían a Tito Lowenstein. De sabor dulzón, la carne equina es considerada más redituable que la de vaca, por la musculatura que mejora el aprovechamiento del animal. No existen datos exactos sobre la cantidad de ganado equino que hay en el país. Las estimaciones oficiales cuentan unos 2.200.000 de los cuales sólo 200.000 tienen por destino el matadero.

La prohibición para faenar caballos se impuso por primera vez con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Después de una serie de regulaciones, con el retorno del peronismo y de la mano de José Ber Gelbard en el '74 quedó habilitado el faenado pero con restricciones: se prohibió en todo el país la matanza de animales machos menores de 12 años y hembras menores de 15, salvo que estuvieran lastimados. Raúl Alfonsín reimplantó la prohibición completa, vigente hasta 1995, cuando la ley 24.525 impulsó definitivamente el consumo, fomento y desarrollo del ganado equino y subproductos. Pero los promotores del negocio no quedaron satisfechos, los caballos más chicos continuaban preservándose. La victoria debía esperar la mano de Carlos Menem. Triunfo finalmente conquistado el 19 de agosto pasado con el decreto 974. A partir de ahora no hay límites de edad para la matanza de caballos.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Santiago Muzzupappa aseguró a este medio que existe en el país un circuito clandestino de comercialización de carne de caballo. Según Muzzupappa el bocadillo dulce del caballo es habitual como insumo en embutidos. "La gente debiera mirar menos los precios --ironizó-- y más la composición de las hamburguesas". Si bien la ausencia de un mercado demandante impide a nivel local la venta directa y visible del animal como alimento, suele usárselo como insumo en fiambres o embutidos. Miguel Brascó, director de Cuisine et Vins, sostiene que las viejas hamburguesas paty eran "mitad carne de vaca, mitad de caballo".

Dos serían los motivos que impulsan esta vía de salida para la carne. El primero, una cuestión de costos. Mientras el kilo de carne vacuna viva cotiza en alrededor de 1,20, la de caballo sale 0,50 centavos. Perdida entre los insumos de, por ejemplo, una hamburguesa se disimula entre el resto de los productos y se gana en beneficios. De este modo, se esquiva además el segundo problema: pautas culturales de los argentinos que, al igual que los norteamericanos y los colombianos, no adhieren gustosos a comerse una nalguita de percherón.

"No tiene sentido que importemos mortadela italiana que se hace con caballo y no la produzcamos nosotros", dijo a Página/12 el presidente de la Asociación de Fomento Equino, Saturnino Zenón Zemborain. Hace ocho años que Zemborain dice andar con la protesta a cuesta. El hombre afirma que con la reglamentación actual se permitiría a los criadores de caballos, reunirse en cooperativa y poner un frigorífico impulsando la exportación equina. Ponde indica que los productores aprovecharían nichos del mercado mundial para la venta. De todos modos, será el creador del legendario Paty quien recibirá los mejores réditos. "Tiene una estructura montada --agregó Ponde-- y los mercados abiertos, con los que actualmente comercializa".

Las trampas para la matanza existieron siempre, y según el funcionario el decreto intentaría liquidarlas. "Hasta ahora los frigoríficos usaban mucha mano de obra porque necesitaban hombres que recorrieran campos buscando los caballos más viejos. Se compraba 1 o 3 caballos por vez dado que no había producción constante". Así estructurado el negocio "no era rentable para nadie", dijo Ponde, porque los años que debían esperarse para el faenado desalentaban la producción.

Este es justamente uno de los puntos denunciados por la Asociación de Defensa de los Derechos del Animal (ADDA). Su titular, Marta Gutiérrez exige la derogación del decreto. Denuncia que la norma estimulará un consumo masivo del animal. "Yo quiero que la gente se acuerde de este momento cuando vea pasar camiones cargados con caballos para el matadero".

LA CARNE EQUINA SE CONSUME EN EUROPA Y ASIA
A los argentinos no les gusta nada

Lejos de estar dotada por signos de status social, la carne de caballo suele consumirse en Asia y Europa con normalidad, aunque 100 gramos de lomo de caballo en Tokio se vendan por 48 dólares. Francia y Japón son considerados los consumidores más importantes de carne de caballo. También en Estados Unidos existe un mercado importante que, sin embargo, en los últimos años se fue restringiendo. Miguel Brascó, experto en gastronomía y director de la revista Cuisine et Vins, adjudica la caída de la demanda a una cuestión de "sensiblería prejuiciosa", similar a la mirada argentina sobre la carne de caballo.

"El rechazo a la carne de caballo en la Argentina es producto de un preconcepto, marcadamente cultural". Al menos así lo entiende Miguel Brascó. Detrás de Argentina, Estados Unidos, Colombia y Australia son algunos de los países que rechazan tradicionalmente el faenado equino para consumo humano. "Son países con una vasta llanura, donde se ve al caballo con corte de galope y aliento fiel", ironiza Brascó quien responsabiliza a una corriente "sensiblera" por el desprestigio que rodea los alimentos cuya base es el caballo. En este sentido, Brascó también critica a quienes, desde asociaciones protectoras de animales, batallan contra el consumo del animal. "Nadie se comería un perro, aunque es tan animal como la vaca. Y ningún protector de animales sale a decir que no se deben matar cucarachas o moscas. ¿Por qué?".

La conjunción carne de caballo-mortadela aparece en nuestro país camuflada. Brascó explica que en la preparación suele mezclarse harina para agrandar el volumen. Los entendidos, sin embargo, prefieren la versión italiana, cuyos ingredientes aparecen sin contaminantes. Pero no sólo el caballo aparece disimulado en alimentos. Según Brascó los viejos Patys se hacían "mitad caballo, mitad vaca".

Un fallo judicial devuelve cuatro líneas al antiguo concesionario que saldrá hoy. Pero el nuevo también estará en la calle.

Los colectivos de la línea 86 estuvieron ausentes el lunes y ayer se hicieron esperar.
En cambio hoy habrá abundancia, lo mismo que sucederá con los de las líneas 56, 97 y 193.

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Por primera vez, los 110.000 usuarios que diariamente utilizan las líneas de colectivos 56, 86, 97 y 193 podrán elegir hoy entre dos empresas para viajar desde el Conurbano hacia la Capital, y viceversa, que tendrán idéntico recorrido, paradas, numeración y colores. A esta extraña situación se llega porque, tras el fallo judicial que permite a la empresa Fournier reanudar su servicio a partir de hoy, los nuevos concesionarios se niegan a interrumpir el suyo hasta tanto reciban una notificación de la Secretaría de Transportes de la Nación, que ayer resolvió acatar la medida judicial aunque impuso una serie de requisitos antes de devolverle la licencia que le había quitado hace 14 días.

Desde el domingo la situación fue la opuesta. Ese día los colectivos de las líneas 56, 86, 97 y 193 prestaron un servicio irregular con demoras de hasta 45 minutos en las paradas. El lunes, los usuarios que persistieron en su intento se encontraron directamente con una misión imposible. El servicio permaneció interrumpido todo el día. Recién ayer se reanudó, aunque sólo circularon 90 de los 320 vehículos del parque automotor.

De la escasez de colectivos se pasará hoy a la abundancia. Dos empresas, la Fournier y la UTE integrada por Dota, La Ideal de San Justo y Sargento Cabral, superpondrán sus vehículos en las calles. Si cada una de ellas saca los 320 vehículos de sus galpones, habrá 640 colectiveros al volante que coparán las paradas al mismo tiempo y pujarán por conseguir pasajeros. El conflicto comenzó el 19 de agosto cuando el titular de la Secretaría de Transporte, Armando Canosa, caducó la licencia de explotación del servicio a la empresa Fournier por distintos incumplimientos y se la otorgó por 60 días a una UTE, hasta que se llame a una licitación pública. Pero el viernes pasado el juez federal Jorge Ballestero hizo lugar a una medida de no innovar presentada por Edgardo Hermida, presidente de la Fournier, en la cual se le ordena al secretario de Transporte que "haga cesar en el plazo de 48 horas de notificado lo dispuesto mediante decreto 275/98 del 19 de agosto pasado y en consecuencia reestablezca la situación de hecho y derecho preexistente", tal como se detalla en la resolución.

Ayer por la tarde Canosa dio marcha atrás con su resolución anterior. Acató la orden judicial de devolver la concesión a sus antiguos dueños y suspender la entrega de la explotación de esas líneas a otras empresas pero antepuso condiciones: "Deberá acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas por los parámetros operativos" ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. "Mientras se lleva a cabo ese paso --dijo--, la UTE seguirá prestando el servicio de pasajeros".

Como toda situación confusa, cada una de las partes involucradas hizo su propia interpretación. Patricio Lacebrón, uno de los abogados de la Fournier, aseguró a Página/12 que "la empresa se ajusta a esos requisitos: cumplimos con la moratoria y el plan de pagos establecido por la deuda que tenemos y hemos asegurado la totalidad de los vehículos".

Pero ayer el secretario Canosa sostuvo, en conferencia de prensa, que "de cumplirse la resolución comenzarían a funcionar 286 colectivos sin seguro" y deslindó responsabilidades en la Justicia por los accidentes que pudieran ocurrir como consecuencia de la nueva autorización". Por su parte, Lacebrón explicó: "Como la aseguradora anterior no quería decirnos si nuestro seguro seguía o no vigente, ayer contratamos a una nueva empresa, La Economía Comercial, con la cual aseguramos la totalidad de los vehículos y esa información ya fue faxeada a la Secretaría de Transporte". Consultado por este diario, el presidente de la empresa La Ideal de San Justo, Roberto Ciccoli, consideró que "el de la Fournier sería un servicio clandestino si sale mañana (por hoy). Las directivas y actas que firmamos nos obligan a seguir prestando el servicio hasta que recibamos alguna notificación oficial".

Otro problema que resta resolver es la situación de los 1100 trabajadores que fueron absorbidos por los nuevos concesionarios. Ante la confusión reinante, algunos decidieron volver a su puesto anterior y ya empezaron a recibir telegramas que los intiman a presentarse a su trabajo en 24 horas si no desean verse despedidos.

"La semilla de algo que va a significar el acceso a la tecnología y a la información de muchas de nuestras pymes, que va a permitir su desarrollo y a través de este desarrollo la generación de puestos de trabajo y la solución de muchos problemas de los argentinos": con cierta grandilocuencia definió el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, el Polo Tecnológico Constituyentes (PTC), inaugurado ayer. El PTC unirá cuatro institutos dependientes del Estado y una universidad, que funcionarán como una sociedad anónima.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) son los integrantes del nuevo ente. EL PTC reúne a unos 2000 profesionales de distintas disciplinas y nuclea unos 50 laboratorios. Atenderá proyectos que vinculen a dos o más de sus cinco miembros y, como sociedad anónima, podrá hacer transacciones con el sector privado y presentarse a licitaciones.