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Grassi denunció al novio de Susana en Diputados

El sacerdote insistió ante la Comisión de Comunicaciones que Hard le debe un millón.  Allanaron el ente que regula los 0-600.

Los diputados preguntaron al cura sobre presiones recibidas.
“Yo no me achiqué, pero prefiero dejar ahí el tema.”

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Por Carlos Rodríguez

t.gif (67 bytes) “Hay que reglamentar los concursos para modificar lo que hoy parece ser una regla: grandes negocios y pequeñas obras de caridad.” El presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Valcarcel (PJ), llegó a esa conclusión tras escuchar las quejas del padre Julio Grassi, de la Fundación Felices los Niños, quien ratificó ante los legisladores que la firma Hard Communication, organizadora del concurso telefónico del programa de Susana Giménez, le adeuda un millón de pesos del porcentaje que le correspondía por intervenir en el juego. En tanto, el juez federal Adolfo Bagnasco allanó la sede de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en la causa que investiga el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades del ente, al permitir el funcionamiento de las empresas de audiotexto que utilizan el servicio para organizar juegos de azar prohibidos.
El diputado de la Alianza Andrés Delich, en nombre de la oposición, pedirá mañana –en la reunión plenaria de la comisión– que se cite con urgencia al secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, para que explique “el porqué de la inacción de la CNC, organismo que depende de la secretaría y que debe controlar el funcionamiento de los servicios de audiotexto”. En principio se esperaba que Kammerath concurriera ayer, junto con Grassi, pero finalmente sólo se presentó el sacerdote.
Grassi pidió a los legisladores que se regule “cuanto antes” el funcionamiento de las líneas 0-939, destinadas a recaudar fondos con fines benéficos, para que “no haya acuerdos libres” como el que suscribió él con Hard, la empresa de Jorge Born y Jorge Rodríguez, el novio de Susana Giménez. Grassi lamentó lo ocurrido porque ahora “como sacerdote estoy en medio de un reclamo de dinero”.
Explicó que además del número que tenía en el programa de Susana –el uso fue suspendido tras el escándalo–, tiene otro también benéfico, el 0939-10000. Por el mismo recibe “el 94 por ciento del total del valor de las llamadas”, mientras que con Hard pactó “sólo el siete por ciento” y luego recibió menos. Cuando se le preguntó si recibió amenazas de parte de los voceros de la empresa, Grassi respondió en forma ambigua: “Si en una discusión uno se siente presionado es porque uno se debilita, pero yo no me achiqué”. Cuando se le pidió una precisión, prefirió “dejarlo así”.
Trascendió que en la reunión con los diputados, Grassi confirmó que Hard Communication comenzó a utilizar la línea benéfica el 26 de mayo del año pasado, cuando todavía no se había firmado el contrato, vigente desde setiembre de 1997. Voceros de la comisión precisaron que “ésa es una cuestión grave, que debe ser muy bien analizada”. Valcarcel, como titular del cuerpo legislativo, sostuvo que el sistema de audiotexto “no está regulado adecuadamente” y anticipó que “sin afectar la existencia de las líneas benéficas, hay que legislar para que se acaben los grandes negocios y las pequeñas obras de beneficencia”.
Grassi, cuando se retiraba, lamentó el descreimiento que puede generar en la sociedad la polémica sobre los 0-600. “Ahora comienza la colecta de Caritas y la gente va a empezar a dudar sobre cuánto es lo que va a la obra” benéfica. Dijo que no tenía “nada que decirle” a Jorge Born, salvo recordarle los versos del poeta –comunista, para más datos– Armando Tejada Gómez: “A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle”.

 

Más genocida que generoso

“Esto más que generoso es genocida”. El fiscal Martín López Perrando, quien presentó la denuncia contra la utilización de las líneas 0-600 para organizar juegos de azar, criticó con dureza a los que utilizan el nombre de entidades benéficas para “administrar un fondo” y luego se quedan “con el 93 por ciento del fondo”, citando de manera implícita el contrato firmado entre el padre Julio Grassi y la firma Hard Communication. El fiscal puntualizó que “más que un acto de administración es un acto compulsivo de retención del fondo en particular”.
López Perrando sostuvo que lo que pidió que se investigue es “por qué se usan estos 0-600 de esta manera y quién permite que se usen estos 0-600 de esta manera”. En lo que parece una coincidencia de objetivos, el juez federal Adolfo Bagnasco allanó, en forma consecutiva, la sede de Lotería Nacional –que tiene el poder de policía sobre los juegos de azar– y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), responsable de controlar el correcto funcionamiento del servicio de audiotexto.
El fiscal denunciante interpretó que las empresas tuvieron que “maquillar” el tema para “evitar los contralores”. Se alegró por la polémica que se ha generado porque se ha establecido, “primero, que éstos son juegos (de azar) y, segundo, que tienen que tributar” para evitar así que “se siga engañando a la gente”.
Diputados de la Comisión de Comunicaciones creen que debe ser investigado “a fondo” el número 0600-1-8888, que utilizaba Lotería Nacional para realizar el juego denominado “Segunda Vuelta”, que fue suspendido una vez que estalló el escándalo.

 

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