Por Laura Vales y Raúl Kollmann
 Alguien espiaba a
Zulema Yoma. Una conexión clandestina fue descubierta por la ex esposa del Presidente
–se hizo un acta rubricada por escribano– y desató un durísimo cruce de
acusaciones. En principio, Yoma sospechó que las escuchas pasaban por el departamento del
creador de los menemtruchos, Armando Gostanian, que vive en el mismo edificio que Zulema.
Después, hubo una tumultuosa reunión con un hombre de la SIDE, el coronel (RE) Igounet,
pero fuentes de Inteligencia dicen que ellos no fueron los que hicieron esa pinchadura. Es
más, acusan al entorno de Zulema de autopincharse el teléfono para después acusar al
Gobierno. En la Policía Federal discrepan: “Está claro que ahí hubo una
escucha”, diagnosticaron.
Paralelamente, las custodias del equipo de la ex primera dama –algunos de la
Gendarmería y otros de la Federal– cruzaron acusaciones por supuestas visitas que
hicieron dos peritos de la Gendarmería al bunker de la señora. Ella niega
categóricamente que esos encuentros hayan existido, pero la Gendarmería amagó con un
arresto de 14 días a uno de los peritos. Por último, Zulema decidió desplazar a su
secretaria, Marilú Giovanelli, por sospechar que recibía dinero del secretario
presidencial Ramón Hernández, para pasar información sobre los movimientos de la
señora Yoma en relación con la causa Menem junior. “Acá hay un acoso terrible,
quieren acorralar a Zulema”, repite uno de los hombres que la acompaña.
La ex primera dama descubrió la pinchadura hace un mes cuando percibió ruidos extraños
en la central Siemens que tiene en su departamento y que administra no sólo las llamadas
desde afuera, sino también las comunicaciones entre los internos ubicados en cada
habitación. Zulema convocó a un técnico de Siemens quien constató que había
interferencias. Es más, el diagnóstico es que las escuchas abarcaban todos los
diálogos, los de afuera y los internos, e incluso en algún momento se sugirió que a
través de la pinchadura podía accederse a lo que se estaba diciendo dentro de cada uno
de los ambientes.
Fuentes cercanas a Zulema señalaron a este diario que el dictamen del técnico motivó el
inmediato llamado a un escribano, quien labró un acta consignando por escrito los modos y
las formas de la pinchadura. La ex primera dama guarda celosamente ese documento en el
que, según se dice, hay una expresa mención a su vecino Armando Gostanian.
“Desde el punto de vista técnico –señaló a Página/12 el especialista en
informática y comunicaciones Ariel Garbarz– es absolutamente posible hacer esa
violación teleinformática. Es más, la central telefónica de la Casa del Frepaso fue
controlada de esa manera y desde afuera se podían escuchar las llamadas y también los
diálogos realizados a través de los internos. Un segundo caso es el de la empresa
Inmobal, cuya central también fue tomada, aunque con el objetivo de robar las líneas. La
empresa Telefónica reconoció que es impotente ante estas maniobras y la realidad es que
las centrales de última generación son, en esencia, computadoras, y uno puede tomar
control de esas computadoras desde afuera. Sin dudas puede ser ése el método para
espiar.”
Los hombres de Zulema dicen que incluso la pinchadura permitía escuchar los diálogos
dentro de cada habitación, es decir lo que se hablaba aun sin teléfono de por medio.
Supuestamente se utilizaban los micrófonos de los aparatos para captar esas
conversaciones. En este punto, Garbarz sostiene que eso sólo es posible si dentro de cada
tubo se instaló un micrófono especial, algo que debió constatar el técnico de Siemens.
A raíz de la detección de las escuchas, Zulema empezó dirigiendo su ira contra
Gostanian, a quién creyó responsable del espionaje. En el entorno de la señora Yoma
todavía piensan que el amigo íntimo de Menem pudo tener vinculación con las escuchas,
pero en términos oficiales la primeraexigencia de explicaciones fue a la SIDE. La central
de espías concurrió al domicilio de la señora y verificó la forma en que se hizo la
conexión. “Esto es una truchada –dicen que dijo la SIDE– y no fue hecho
por ninguna organización. Es una cosa burda y no es cierto que se pudieran escuchar los
diálogos en cada habitación. La conexión se hizo desde la caja de teléfono y suena a
autopinchadura. Una maniobra del entorno de la señora para acusar a alguien del
Gobierno”. Con ese diagnóstico, el secretario de Interior de la SIDE, coronel
Igunet, habló con Zulema, pero obviamente no convenció a la señora.
También la Policía Federal está enterada del affaire, ya que participa de la custodia
de la ex primera dama. Los hombres azules sostienen que efectivamente hubo una pinchadura
y parecen no respaldar la hipótesis de la SIDE. “Según lo que sabemos –le dijo
una fuente de la Federal a este diario–, la conexión se hizo a partir de un par de
la caja. Es difícil decir quién lo hizo. Hoy en día hay quien hace ese trabajo tanto en
el sector público como en el privado”.
Sea como fuere, lo cierto que el escándalo está a punto de estallar. No está claro
todavía a quién va a acusar Zulema por las escuchas, pero el acta notarial será
presentada en un juzgado. Por de pronto, la señora ya no hace más reuniones en su
departamento: sólo se habla de la estrategia judicial en el caso Menem junior o
cualquiera de sus próximos movimientos en cónclaves realizados en casa de alguno de sus
allegados. Ahí –creen– pueden hablar sin ser escuchados.
| Traición de secretaria Hace
casi un mes, Zulema Yoma despidió a su secretaria Marilú Giovanelli. “Cuando sacaba
copias de distintas partes de la causa Menem Junior, siempre hacía dos juegos. Uno, para
la señora Zulema, el otro iba a parar a la Casa Rosada. Hay fuertes sospechas de que
recibía un sueldo de Ramón Hernández, y ella ya no resultaba confiable para la señora.
Todo indica que le pasaba información al Gobierno”, explicó a este diario una
persona muy allegada a Zulema, que presentó el caso como otro ejemplo de la forma en la
que se hostiga y espía a la ex primera dama.
Durante los últimos siete días este diario intentó hablar con Giovanelli, pero sus
familiares señalaron que “está en el campo y no quiere hablar con nadie”.
Zulemita
Zulema Yoma también mantiene ahora una tensa relación con su hija Zulemita. La joven
encaró duramente a Mario Rotundo, el hombre de confianza de su madre, y lo acusó de
inventar cosas, fraguar pruebas y llenarle la cabeza a Zulema con teorías conspirativas.
Según parece, también Marilú Giovanelli, la ex secretaria de Zulema, opinaba lo mismo y
estaba aliada a Zulemita en este punto.
Lo cierto es que el incidente entre Zulemita y Rotundo derivó en una denuncia de amenazas
presentada por este último y lo más llamativo es que la madre apoyó la presentación
contra su hija. Como se ve, el caso Menem Junior produce profundas heridas en todos los
niveles.
Reunión con gendarmes
La Gendarmería tiene en su poder un informe en el que se consigna que dos peritos de
esa fuerza fueron a ver a Zulema Yoma a su casa, supuestamente para conversar con ella
sobre los resultados de la pericia entregada la semana pasada al juez de la causa Carlos
Villafuerte Ruzo. En ese estudio, la Gendarmería ratifica que hay rastros de proyectil en
el helicóptero, es decir que tácitamente se respalda la hipótesis del atentado, pero la
presencia de los dos especialistas cayó muy mal en la conducción de la fuerza.
“¿De qué hablaron?”, se preguntan.
La propia Zulema Yoma niega categóricamente el encuentro y quienes la rodean dicen que se
trata de una maniobra contra la señora. Lo cierto es que dentro de la Gendarmería se
dispuso inicialmente el arresto por 15 días de uno de los dos peritos y una fuente de la
fuerza le relató a este diario que la sanción se cumplía en el sexto piso del edificio
Centinela, en el casino de oficiales. Ayer, en forma extraoficial, la Gendarmería le dijo
a Página/12 que la sanción no se concretó.
Sin dudas, uno de los grandes interrogantes es quién denunció la supuesta reunión.
Algunos sostienen que fueron los custodios de Zulema -los que forman parte de la
Federal– quienes acusaron a los gendarmes. Sin embargo, la versión más creíble
indica que el informe lo realizaron otros integrantes de la custodia, pero que pertenecen
a la Gendarmería. “La señora ya no puede confiar en nadie”, dicen
lacónicamente en el edificio donde vive la ex primera dama.
“Tenía miedo de morir”
“El hijo del Presidente nos dijo que tenía miedo de morir en un atentado cometido
por sectores del gobierno.” Palabras más, palabras menos esto es lo que dirán hoy
dos mujeres que se presentarán a declarar en la causa Menem junior. Yolanda Guzmán es
una militante histórica del peronismo de Lugano y dice que habló con Carlitos el día
anterior a su muerte. La mujer se presentará en el juzgado con tres años de retraso y
como toda explicación a la demora dirá que tenía miedo. La otra mujer citada es Alicia
Guarnieri, ex empleada de la Presidencia de la Nación y que actualmente trabaja en la
Administración de Ingresos Públicos. Guarnieri va a confirmar las palabras de Guzmán.
Zulema sostiene que los dos testimonios son valiosos y que Guzmán siempre quiso hablar
con ella, pero no la recibió por creer que estaba del lado del Gobierno. Como
contrapartida, en la causa ya han declarado numerosos amigos de Carlitos y todos
coincidieron en que el hijo del Presidente nunca les manifestó ningún temor. Otro
aspecto controvertido del caso. |
“Operativo blanqueo” para
jueces federales
Los aliancistas renunciaron a la
Comisión de Juicio Político denunciando que el PJ quiere garantizar impunidad a jueces
adictos.
El diputado radical Melchor Cruchaga
denunció maniobras para impedir que se juzgue a Liporaci, Riva Aramayo y Oyarbide. |
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Por José Natanson
La Alianza anunció ayer
que sus diputados dejarán de concurrir a la Comisión de Juicio Político de la Cámara
baja. La oposición atribuyó esta decisión a la puesta en marcha, por parte del
oficialismo, de un “operativo blanqueo”: rechazar in limine –sin
discusión– los pedidos de enjuiciamiento contra los magistrados amigos del Gobierno,
para que los expedientes sean “cosa juzgada” una vez que se inaugure el Consejo
de la Magistratura. Ayer, el PJ desestimó sin previo tratamiento los pedidos de juicio
político contra Jorge Urso y Luisa Riva Aramayo y anunció que la próxima semana hará
lo mismo con el de Carlos Liporaci. La Alianza también denunció que el oficialismo
pretende introducir fallas formales en el dictamen contra Norberto Oyarbide, para que, una
vez elevado, la mayoría justicialista en el Senado pueda rechazarlo. Y añadió que
reabrieron la investigación contra Mariano Bergés, quien había solicitado el juicio
político de Liporaci. Esto se suma al rechazo a los 16 pedidos contra los ministros de la
Corte Suprema de Justicia. Esta medida remite al planteo de “resistencia
pacífica” que el diputado del Frepaso Carlos “Chacho” Alvarez había
realizado ante la posibilidad de una re–reelección del presidente Carlos Menem (ver
recuadro).
La sesión de ayer de la Comisión de Juicio Político de Diputados se convirtió en un
escándalo cuando los diputados de la Alianza se levantaron enojados de sus bancas y
abandonaron la sala. “Lo que hicieron con la Comisión es una vergüenza. Han
convertido a este organismo en una máquina de dar certificados de buena conducta. Por eso
decidimos dejar de concurrir hasta que no se garanticen otras condiciones
reglamentarias”, dijo ayer a Página/12 el diputado radical Melchor Cruchaga.
“La estrategia del PJ es convertir todos los expedientes en ‘cosa juzgada’.
Temen que el Consejo de la Magistratura actúe de manera más independiente e impulse
alguno de los pedidos. Por eso están retrasando la nominación de los dos representantes
justicialistas ante ese órgano. Quieren blanquear todo para recién después ponerlo en
funcionamiento”, explicó la legisladora frepasista Nilda Garré.
Miguel Angel Pichetto, legislador del PJ y vicepresidente del bloque, sostuvo que “la
actitud de la Alianza muestra una grave irresponsabilidad institucional que perjudica el
funcionamiento del Parlamento”. El diputado César Arias, titular de la Comisión,
dijo que “la oposición pretende judicializar la política” y añadió que
“lo único que quieren es hacer un show mediático”.
Todos los diputados de la Alianza consultados por este diario coincidieron en afirmar que
la decisión de dejar de concurrir a las sesiones se adoptó de manera espontánea. Y que,
cuando ya estaba tomada, fue comunicada a Chacho Alvarez –jefe del bloque del
Frepaso– y a Federico Storani –titular de la bancada radical–, quienes
inmediatamente dieron el okey.
La denuncia de los diputados opositores sobre el “operativo blanqueo” se basa
en:
u El rechazo in limine (es decir, sin siquiera analizarlo) al pedido de enjuiciamiento
contra la camarista Luisa Riva Aramayo. En un fallo, la jueza había dejado abierta la
posibilidad de revisar la cláusula transitoria 9ª de la Constitución, que señala que
el actual mandato presidencial debe ser tenido en cuenta como el segundo a efectos de una
nueva reelección.
u El anuncio de Arias, quien adelantó que la semana que viene desestimarán, también in
limine, el expediente de Carlos Liporaci, denunciado ante la Comisión por haber ordenado
escuchas ilegales a los empleados de su juzgado.
u El rechazo, también sin tratamiento previo, del pedido contra Jorge Urso, acusado por
la Cámara Federal por su falta de voluntad en la investigación a su colega Carlos
Liporaci.
u La reapertura de la investigación contra el juez Mariano Bergés, el autor del juicio
político a su colega Liporaci.
u La decisión del justicialismo de emitir un dictamen sobre el juez federal Norberto
Oyarbide, acusado de mal desempeño de sus funciones. “Dijeron que la resolución
sobre este pedido de juicio político va a salir la semana que viene, con lo cual están
eliminando la posibilidad de que Oyarbide dé su versión, ya sea de manera oral o
escrita. Esto les va a permitir que, una vez que la acusación se eleve al Senado, la
Cámara alta pueda rechazarla alegando que el magistrado no pudo hacer su descargo”,
explicó Nilda Garré.
Los diputados añadieron que estas medidas adoptadas en la sesión de ayer se suman a
otras anteriores. “La situación fue in crescendo, lo de ayer fue la gota que colmó
el vaso”, explicó indignada Elisa Carrió. Estos son los principales antecedentes
denunciados por la Alianza:
u El rechazo in limine al pedido contra el juez de Jujuy Mariano Cardozo, quien falló a
favor de un plebiscito por la re–reelección de Carlos Menem.
u El uso de la misma metodología para desestimar los 16 pedidos de juicio político
contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
| Resistencia política La
medida adoptada ayer por los diputados de la Comisión de Juicio Político de la Alianza
tiene un antecedente. A principios de este año, cuando el menemismo avanzaba con el
operativo re-reelección, el líder del Frepaso, Carlos “Chacho” Alvarez, lanzó
una propuesta: llamar a la desobediencia civil y pacífica. Ante la posibilidad de que la
Corte Suprema de Justicia falle a favor de un nuevo mandato de Carlos Menem, el diputado
planteó la posibilidad de la renuncia a sus bancas de todos los legisladores de la
oposición, la realización de un cacerolazo de protesta y un acto de repudio en el
Paraninfo de Santa Fe, donde se escribió la nueva Constitución. En ese momento, el jefe
de la bancada de la UCR en la Cámara baja, Federico Storani, coincidió con el diputado
frepasista. “La propia Carta Magna establece formas de rebelarse ante el paso de un
estado de derecho a uno de ilegalidad”, justificó el radical en mayo pasado. La idea
fue descartada ante la oposición de Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Meijide y
Fernando de la Rúa. |
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