Erman no tiene "ni susto ni miedo" por la citación

El ministro de Trabajo prefirió hablar de la reforma laboral que de la causa de las armas, pero dejó dicho que es inocente. Según Granillo Ocampo la acusación es un mero "hecho político".

El ministro de Trabajo se alegró por la sanción de la ley de reforma laboral, pero el festejo no pudo ser completo por el sabor amargo que le produce la citación a declarar en la causa por la venta ilegal de armas, en la cual está acusado de falsedad ideológica por los decretos que firmó cuando era ministro de Defensa. Antonio Erman González aseguró que "cuenta con el apoyo del presidente Carlos Menem, que sabe perfectamente que acá no hay ningún tipo de delito". González consideró que es acusado "injustamente" y que no tiene "ni susto ni miedo" por tener que declarar ante el juez Jorge Urso, porque su conciencia está "absolutamente tranquila". El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, salió en defensa de Erman y de su hermano --también imputado en la causa-- y calificó la acusación judicial como un "hecho político".

"Erman González no tiene nada que ver con este tema", fue la enfática opinión del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo. Su hermano Nicolás estuvo al frente de Fabricaciones Militares desde abril de 1990 hasta el mismo mes de 1991, y está acusado de presunta falsedad ideológica por la venta de armas a Bolivia, que nunca se concretó. Según el ministro, la imputación contra su hermano "forma parte de un intento para que la causa no prescriba, pero Nicolás quiere demostrar a través de la investigación que él no tiene nada que ver". Según Raúl Granillo Ocampo, "todos quienes están motorizando el caso pertenecen a una fuerza opositora", en alusión al diputado del Frepaso Horacio Viqueira quien "trata de tirar munición al aire para conseguir algo". En la interpretación del ministro de Justicia, "en este caso ha actuado alguna mafia desviando los armamentos hacia países no autorizados", pero esto "depende de la delincuencia y no de las intenciones políticas del gobierno".

El ex ministro de Defensa Oscar Camilión --procesado en la causa por omisión de denuncia-- dijo que se le pone la mente "en blanco" cuando le preguntan quién le impidió despedir a Luis Sarlenga de la jefatura de Fabricaciones Militares. En declaraciones a Radio Mitre, Camilión negó que esa persona hubiera sido el senador Eduardo Menem. El jefe del Ejército, general Martín Balza, evitó opinar sobre la citación de Erman González porque "sobre este tema ya he hablado muchísimo". Por su parte, el diputado radical Juan Pablo Baylac expresó que "los funcionarios nacionales deben asumir sus responsabilidades políticas y fraudulentas frente a hechos tan graves para el país como la venta ilegal de armas". El legislador afirmó que en estos casos se debe separar el papel de la Justicia del rol del Congreso, como control de los funcionarios sospechados.

Juicio político a Erman
Por Adriana Meyer

El fiscal Carlos Stornelli solicitó al juzgado federal Nº 8 el juicio político del ministro de Trabajo, Antonio Erman González, para que pueda ser indagado por el juez Jorge Urso, quien ya lo citó en la causa que investiga el escándalo por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El titular de ese juzgado, Jorge Urso, pidió licencia por 72 horas y es reemplazado por su par Juan José Galeano, quien no tomaría ninguna medida relacionada con esta causa. Según fuentes calificadas, la resolución de citarlo a una declaración indagatoria interrumpe la prescripción del delito por el cual está imputado González, cometido hace seis años, cuando era ministro de Defensa. Pero el juez Urso no fijó fecha para esa declaración, lo cual generó dudas sobre esta cuestión, que aumentaron por la licencia del magistrado.

El diputado Horacio Viqueira fue quien impulsó el pedido de juicio político contra González, solicitando a la Cámara de Diputados que lo acuse ante el Senado por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en razón de su responsabilidad en la venta ilegal de material bélico a Ecuador y Croacia". El pedido lleva además la firma de los diputados Melchor Cruchaga, Alfredo Bravo, Gustavo Gutiérrez, Mary Sánchez y Alicia Castro, entre otros.

El fiscal federal Carlos Stornelli también solicitó el enjuiciamiento del ministro para que el juez Jorge Urso no se vea impedido de tomarle declaración indagatoria, dado que --según algunos expertos constitucionalistas-- los ministros gozan de inmunidad por ocupar ese cargo. Sin embargo, uno de ellos, Jorge Vanossi, manifestó a Página/12 que "los ministros tenían privilegios bajo la Constitución de 1949, pero la de 1953 los eliminó y la de 1994 no los restituyó, por lo cual Erman González no sólo puede ser indagado por Urso, sino que debe hacerlo por la colaboración que se deben dos poderes del Estado".

Un alto funcionario del fuero federal expresó a este diario que "ante la falta de precisión del nuevo Código Procesal Penal, el magistrado y la fiscalía deben cubrirse apuntando a lo más y no a lo menos, para evitar la prescripción". El abogado denunciante de este caso, Ricardo Monner Sans, opinó que Urso debería "tramitar primero el desafuero de González, para no crear el precedente de personas que se sacan los fueros a sí mismos y luego se presentan a la Justicia, cuando eso es tarea del Congreso".

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