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CINCO EFECTIVOS PRESOS POR ENCUBRIR UN CRIMEN
La maldita policía rionegrina

Tres comisarios y dos suboficiales fueron detenidos ayer por la Justicia, acusados de haberse confabulado para destruir  pruebas del doble asesinato ocurrido en Río Colorado en 1989.

El comisario inspector retirado Héctor Almendra y el suboficial Viterbo Castro, esposados.
El martes, los legisladores pidieron juicio político a tres camaristas por el mismo caso.

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Por Carlos Rodríguez

t.gif (67 bytes) “Esto es una alegría especial. Hoy (por ayer) estaba eufórica, feliz, como viviendo en otro mundo. ¿Y sabe lo que hice? Mi nieto me invitó a jugar a las bolitas y me puse a jugar con él.” Irma Girolami es la madre de Sergio Sorbellini (19 años), quien fue asesinado el 12 de marzo de 1989 junto con su novia Raquel Lagunas (17), en la localidad rionegrina de Río Colorado, a 220 kilómetros de Viedma. El optimismo de Irma, respecto de la resolución del caso, obedece a la detención de cinco policías que, según declaró a Página/12, “deben saber y muy bien quiénes fueron los autores del crimen”. El juez Juan Torres, de General Roca, ordenó las detenciones y acusó a los policías de “asociación ilícita” porque presuntamente se confabularon para realizar el “ocultamiento o destrucción de pruebas” que hace que el hecho siga impune a más de nueve años de ocurrido.
Los cinco detenidos son los comisarios Juan Carlos Moyano y Rodolfo Bohlman, quienes siguen en actividad y cumplían funciones en Viedma y Cipolletti, respectivamente; el comisario inspector retirado Héctor Almendra; y los suboficiales Viterbo Castro y Raúl Reynaldo Pérez, quienes tenían destino en Río Colorado. En fuentes judiciales se señaló incluso como “probable” que alguno de los uniformados haya tenido participación directa en el doble homicidio, cuyos móviles son tan confusos como los del triple asesinato de Cipolletti.
La muerte de Sorbellini y Lagunas ocurrió un domingo, igual que la desaparición de las tres chicas de Cipolletti. Los dos jóvenes habían salido a pasear en bicicleta y recibieron de cuatro a seis balazos calibre 22 cada uno. La única hipótesis que aparece como válida es que ambos, en forma casual, presenciaron algún hecho ilícito y fueron silenciados por sus autores. “Eran dos chicos de barrio, comunes, no tenían ninguna cosa que esconder”, recuerda Irma Girolami al hablar con este diario.
La mujer considera “muy positiva” la labor de una comisión legislativa que en los últimos cinco meses hizo una revisión de la causa. El martes, los miembros de ese cuerpo, Eduardo Chironi (Frepaso), Alcides Pinazo (PJ) y Marta Mayo (UCR), elevaron al Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces de la Cámara III del Crimen de Roca, Aldo Rolando, Raúl Bosch y Rafael de la Rosa. Ellos juzgaron y condenaron, en 1990, a Mario González y Raúl García, declarados inocentes y dejados en libertad en 1992, por gruesas irregularidades en el proceso.
La Cámara III está cuestionada en la investigación del triple crimen de Cipolletti por haber revocado las prisiones preventivas del médico policial Gustavo Montelpare y del subcomisario Luis Seguel, acusados de encubrimiento. Por el doble crimen de Río Colorado fue destituido el juez de primera instancia Fernando Bajos, y la comisión pidió que se revoquen los sobreseimientos, dictados por la misma Cámara, de los policías Andrés Ferreras y Ricardo Fonseca. Ambos habrían mentido al firmar una autopsia de los dos cuerpos en la que nunca participaron. También está sospechado el perito balístico Julio César Arriola.
El diputado Chirone aseguró que en cinco meses “la comisión destrozó todas las pruebas y puso en evidencia la responsabilidad y el mal desempeño de los funcionarios públicos” que actuaron en el largo proceso. Pinazo había considerado “bochornosas” las declaraciones que hicieron ante la comisión, en setiembre del año pasado, los cinco policías ahora detenidos. Anoche, el juez Juan Torres les tomaba declaración indagatoria en General Roca. Los legisladores pidieron también la exhumación de los cuerpos de Sorbellini y Lagunas, para realizar una nueva autopsia.
Irma Girolami de Sorbellini cree que “finalmente ha llegado el momento de hacer justicia”, aunque aclara que ella “nunca” perdió las esperanzas. Desde hace cinco meses suspendieron las marchas de reclamo “porque por fin apareció gente dispuesta a investigar”. Se refiere tanto a los diputadoscomo al personal policial enviado desde Viedma, que se hizo cargo de la investigación. A la familia le queda “un dolor permanente”.
Irma refleja esa angustia en dos personas: su madre, Telba, de 76 años, y su nieto, Sergio Alberto, de 8, que lleva el primer nombre como homenaje a su tío asesinado. “Mi mamá nunca pudo superar lo que le pasó a su nieto y el nene vive la angustia que nosotros le transmitimos”. Pero el de ayer fue un día de fiesta para Irma, que decidió celebrarlo “como si fuera una niña, jugando a la bolita con mi nieto”.

 


 

ELIÇABE DECLARO POR LAS MOCHILERAS
“Tuve una relación sexual”

t.gif (862 bytes) Eduardo Eliçabe, el único imputado por el crimen de dos mochileras ocurrido en el partido de Bahía Blanca en febrero pasado, admitió ayer ante el juez del caso, Hugo de Rosa, que mantuvo relaciones sexuales con una de las jóvenes, aunque volvió a negar haberlas matado. En cambio, el perito a cargo de las autopsias aseguró que la chica fue violada mientras agonizaba.
Eliçabe fue indagado en el juzgado en lo criminal y correccional de Bahía Blanca donde “reconoció haber tenido relaciones sexuales con María Dolores Sánchez, pero insistió en que se trató de “una relación consentida ocurrida en Pigüé”, horas antes de que fueran asesinadas, informó el abogado del acusado, Daniel Castro.
Hasta ahora, Eliçabe había negado haber mantenido relaciones sexuales con alguna de las chicas asesinadas, ya que, según su abogado, esto “no lo había hablado nunca con su esposa”, quien en el momento del crimen se encontraba embarazada y a punto de dar a luz”.
“Después de que habló con ella y a partir del examen de ADN, que dio positivo, y de la pericia psiquiátrica, cuando conversó del tema con los médicos, ésta es la primera vez que viene a Tribunales y por eso reconoció ahora haber tenido relaciones sexuales” con la chica asesinada, explicó Castro. Por otra parte, el viernes pasado, el perito médico Miguel Angel Gambetta informó al juez que María Dolores Sánchez, una de las mochileras asesinadas, “podría haber sido violada antes de morir, mientras estaba en coma”. Los primeros informes habían descartado la violación debido a que no se hallaron signos de lucha en el cuerpo de la víctima.

 

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