Por Horacio Cecchi
 La policía conoce
de sobra al fiscal de Cámara de la ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos López. Hace 15
días, desató una polémica feroz con la cúpula policial y el Ministerio del Interior al
denunciar públicamente la “falta de decisión por aplicar el Código de
Convivencia”. Esta vez, López apuntó su dedo contra la “Espiral Urbana”,
a la que denominó como “un operativo de imagen que busca instalar la psicosis entre
la población, para venderle las detenciones indiscriminadas”. También sostuvo que
“no hay voluntad política de aplicar el Código” y aseguró que “si en 15
días siguen sin levantar actas, vamos a presentar una denuncia penal por incumplimiento
de deberes de funcionario público contra los responsables de la política de
seguridad”. Se refería, como mínimo, al secretario de Seguridad nacional, Miguel
Angel Toma, tambor batiente de la reinstalación del merodeo junto a la cúpula de la
Policía Federal.
“Esto de sacar tantos patrulleros con las licuadoras prendidas –aseguró el
fiscal López– es lo que se llama operativo de imagen. La policía, y la autoridad
política que maneja la seguridad, largaron este operativo en el medio de una pelea
política.”
–¿Se refiere al traspaso de la Policía Federal y a la polémica sobre si el Código
de Convivencia previene o no los delitos?
–En efecto. Lo que hay que ver es cómo se dan los resultados en el tiempo. Me parece
bien que haya mucha policía en la calle, como método disuasivo. La calle siempre
requiere mucha policía, uniformada, en patrulleros, el viejo esquema del policía de
esquina. Para entrar a tu casa tranquilo a las 3 de la mañana, no necesitás una ley de
pena de muerte, sino un patrullero cerca y un policía en la esquina. Al instalar esta
psicosis de la seguridad y de la mano dura, lo que se genera es delincuentes más duros,
jóvenes drogados, zarpados, el delincuente que te mata por nada. Antes, no es que hubiera
muchos menos robos. Había muchas menos muertes, muchos menos tiros.
–¿Qué logran con el operativo de imagen?
–Dejan instalada una psicosis de que hay mucha inseguridad y le venden a la gente que
sólo con mano dura se soluciona. No es la primera vez que en situaciones de inseguridad
se planta este discurso. Cuando desde el punto de vista político la única respuesta es
ésta, dejando de lado la enseñanza de la criminología y la ciencia jurídica, uno
termina con la idea de que no se está manejando conforme a criterios científicos, sino
oportunistas.
–La policía sostiene que a semejante violencia sólo se le puede oponer un nivel de
tolerancia cero al delito.
–La mano dura tiene un ejemplo que dio la vuelta al mundo: la Ley Seca americana. No
sólo multiplicó el hábito de consumir de los americanos, sino que además generó
corruptelas en el crimen organizado que mantienen sus estructuras 70 años después. Los
problemas sociales, los vicios de una comunidad, no se arreglan por decreto, se arreglan
por vías más complejas. Nosotros tenemos historia de mano dura. El delincuente es
marginal, es más duro que vos. Si sabe que la primera respuesta va a ser un tiro, está
dispuesto a pegarlo primero. Y él tiene el arma.
–¿Cómo prevenir entonces?
–Que haya mucha policía en la calle es un buen dato. Su sola presencia disuade, como
mínimo a un sector del crimen. Pero por otro lado, este operativo, no en vano, aparece
detrás de declaraciones del responsable de la seguridad, donde dice se acabó la
tolerancia, empezó la mano dura.
–¿Se refiere a Miguel Angel Toma?
–Claro. Este fue su mensaje que recogen los diarios el fin de semana pasado, y al
día siguiente se arma un operativo, con criterios que todavíano conocemos, que hay que
ver con prudencia, y al margen del accionar habitual de las comisarías.
–La policía anuncia como resultados exitosos del operativo centenares de detenidos
por averiguación de antecedentes.
–Formalmente, se escudan en un marco legal que les da competencia: la Ley Lázara.
Pero ojo, la Ley Lázara es una ley que tenía por finalidad limitar la facultad policial
a los casos de necesidad, donde hubiera sospecha de delito. En la medida en que se han
hecho tantas detenciones por esta ley, habrá que ver el resultado que produjeron, y cuál
fue el criterio para determinar a ojímetro esa situación de sospecha. En unos 15 días,
un mes, habría que rastrear en los juzgados qué quedó de esto, a ver si esta
atribución de culpabilidad o individualización de delincuentes tiene un correlato
judicial.
–Al mismo tiempo, el jefe de policía, Pablo Baltazar García, anunció que en un
día apenas se habían realizado cuatro contravenciones. ¿El mensaje es que el Código de
Convivencia no sirve para nada?
–Lo único que me preocupa es el mensaje explícito que dio el secretario de
Seguridad. Dijo: “No vamos a aplicar el Código de Convivencia y se acabó la
tolerancia, ahora vamos a empezar con la mano dura, vamos a empezar a hacer lo que sabemos
hacer”. Es muy grave: lo que al principio consideramos como una falta de decisión
ahora se transforma en una decisión explícita de actuar fuera de la ley. Esta semana se
produjo una enorme actuación sólo en materia de seguridad, coincidente con el discurso
de mano dura y de no aplicar el Código porque no sirve. Habrá que observar
cuidadosamente cómo evoluciona todo en los próximos 15 días.
–¿Al final, el Código es preventivo o no?
–Por supuesto. A tal punto el librito autoritario tiene entrada en la mentalidad que
domina la seguridad, que se dice que no es preventivo porque no permite más detenciones.
En el abc del derecho penal moderno, la detención es el acto por excelencia de represión
del autor de un hecho delictivo, contravencional. La prevención es todo lo que se hace
para que la gente no cometa esos hechos y no tenga que ser detenida. Estar detenido es
estar sujeto a la potestad represiva del Estado, no preventiva. Represiva. Lo que hace
falta es vigilancia. Si tengo un patrullero que está observando lo que va a hacer, cuanto
más delincuente sea más se va a ir de ese lugar y se va a haber logrado la finalidad de
prevención. Es muy importante ver qué pasa con el operativo en 15 días.
–Supongamos que persiste la falta de aplicación de la ley. ¿Qué actitud va a
tomar?
–Existe una justicia que investiga los incumplimientos del funcionario público,
porque se trata de un delito penal. De verificar esto, no voy a tener ningún problema de
presentar una denuncia ante la justicia penal.
| La historia de López A
los 39 años, Juan Carlos López lleva un frondoso currículum jurídico, con un recorrido
especial en el análisis de la mano dura: fue secretario de la Cámara Federal que juzgó,
durante 1984, a las juntas militares. Pasó por la fiscalía federal de Morón, donde
literalmente deshizo a la ex Brigada de Toxicomanía de la Bonaerense, luego de detectar
una red de narcotraficantes, pasadores de quiniela y tratantes de prostitutas. Más tarde,
fue designado en la Procuración General como secretario letrado, cargo que ocupó hasta
su renuncia, en 1989, cuando el menemismo amplió la Corte a nueve miembros. Ahora, junto
a Walter Fernández, es uno de los dos fiscales de la Cámara de contravenciones porteña.
Lo que se castigó
Según datos estadísticos del Poder Judicial porteño, al 15 de agosto, después de
cinco meses de vigencia del Código de Convivencia, y con modificaciones incluidas, se
levantaron 1163 actas contravencionales. Se registraron 78 infracciones del polémico
artículo 71 sobre la oferta de sexo callejero, que fue incorporado a mediados de julio.
“El 90 por ciento se realizaron cuando íbamos nosotros en la recorrida”,
aseguró el fiscal López. También se labraron 152 actas por peleas y 121 por
patoterismo. La policía no encontró infracciones en los partidos de fútbol y sólo
observó una violación de barreras. La más abultada, 309 actas, fue por obstruir la vía
pública, aplicadas a vendedores ambulantes y a los manifestantes de la AMIA. |
Corach vuelve a la carga y pide cambios
al Código
El ministro pidió que corrijan el
“grueso error” cometido al sancionar el Código de Convivencia. Responden
los legisladores.
Corach insiste: “El Código
desguarnece a la policía de los medios necesarios para prevenir el delito”.
“La insistencia del Gobierno responde a una especulación política para
enfrentar a la Alianza”, responde Jozami. |
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El tema
de la seguridad volvió a convertirse en centro de la reunión de gabinete. Ese fue el
escenario que eligió el ministro del Interior, Carlos Corach, para insistirle a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que “corrija el grueso error que cometió al
sancionar el Código de Convivencia Urbana”, ya que “desguarnece a la policía
de los medios necesarios para prevenir el delito”. El secretario de Seguridad de la
Nación, Miguel Angel Toma, observó, en apoyo del ministro, que las detenciones en la
ciudad en el curso de siete meses cayeron de 60.000 a 600 con el nuevo Código.
Legisladores porteños toman las mismas cifras para sostener que “esas detenciones
masivas no prevenían el delito” pero también para denunciar que la policía
“tiene la intención política de relacionar el Código de Convivencia con la
situación de peligro que vive la ciudad”.
Corach también sostuvo la “inaplicabilidad” de esta normativa (no referida a
delitos sino a contravenciones), en cuanto establece “la intervención de un fiscal y
filmaciones para certificar las pruebas”. Toma, para indicar la ineficacia del
Código, precisó que “entre marzo y agosto de 1997 se detuvieron 62.996 personas,
mientras que en el mismo período de 1998, con vigencia del Código de Convivencia, la
cifra descendió a 675 personas”. El jefe de la Policía Federal, Baltazar García
fue más allá: “No ha habido un solo arresto desde que se puso en vigencia el nuevo
Código”.
La diputada porteña Liliana Chiernajovsky apunta que “perversamente quieren vincular
la inseguridad, que proviene de delitos de alta peligrosidad, con las contravenciones, que
son conductas socialmente disvaliosas pero no llegan a ser delitos. A los delitos les
corresponde el Código Penal, que no fue modificado por el de Convivencia”.
Para el diputado Eduardo Jozami, “la insistencia del Gobierno responde a una
especulación política para enfrentar a la Alianza, pero además a una concepción
equivocada de la seguridad: que en seis meses se detuvieran sesenta mil personas no prueba
que la ciudad estuviera más segura, más bien indica que las detenciones tenían muy poco
que ver con prevenir delitos”.
Jozami agrega que “es falso que la policía quede inerme, ya que conserva la facultad
de requerir a personas en actitud sospechosa, pedir documentos, registrarlas por si tienen
armas y detenerlas llegado el caso. Lo que no puede hacer son ‘detenciones
preventivas’ porque la Constitución de la Ciudad prohíbe toda norma que se base en
la supuesta ‘peligrosidad’ de una persona que no cometió ningún delito”.
Para el secretario de Gobierno de la Ciudad, Enrique Mathov, el problema es que “la
Policía Federal debe actuar, no sólo reprimiendo los delitos una vez que se producen,
sino previniéndolos mediante tareas de inteligencia, de información, para desactivar las
bandas”.
Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aporta cifras:
“en 1995 la Policía Federal detuvo a 224.000 personas: 150.000 por aplicación de
los edictos (derogados por el Código de Convivencia), 50.000 por averiguación de
identidad y sólo 23.000 por delitos. Esos 60.000 que, dice Toma, detuvieron el año
pasado, ¿todos estaban a punto de delinquir”. Además, razona Chillier, “aun
suponiendo que algunos de ellos efectivamente fuesen a delinquir, la detención en estas
condiciones no dura más de 10 o 15 días, y después vuelven a la calle. En cambio, una
policía profesionalizada para investigar y ofrecer pruebas permitiría procesar y
castigar efectivamente a esa persona, si ha cometido delitos”.
| Un ejemplo de detención Un
sábado de 1995, a la salida del teatro Babilonia, la policía le pidió documentos al
ciudadano C.W.H. Como él se resistió a presentarlos, lo detuvieron por “resistencia
a la autoridad”. Cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 interrogó al policía
que lo había detenido, éste contó que “como en otras oportunidades me bajé del
patrullero y agarré al que tenía más cerca”, y, según consta en el fallo,
explicó que “esa tarea se realizaba por órdenes superiores, para que la gente
observara que había seguridad. Agregó que lo mismo se hacía en otros lugares
bailables”. El tribunal sobreseyó a C.W.H. porque su resistencia había sido
“legítima” y ordenó investigar a los funcionarios policiales por
“privación ilegal de la libertad”. |
| Por qué no sirve Prostitución.
La prostitución callejera trae aparejados delitos vinculados con la violencia y el
narcotráfico.
Merodeo. Como el Código de Convivencia no acepta la figura del
merodeo, la policía está inhabilitada para detener a personas que estén a punto
de cometer un delito.
Arrestos. Desde que se instauró el Código de Convivencia hay cien veces
menos arrestos: la policía está desguarnecida para prevenir el delito.
Policía. El nuevo Código resulta inaplicable ya que la policía no
puede actuar sin intervención de un fiscal e incluso pide filmaciones para certificar las
pruebas. De muy mala fe se planteó que la policía bajó los brazos o no aplicó el
Código de Convivencia.
Opinión consultada: secretario de Seguridad de la Nación, Miguel Angel
Toma.
Por qué sí sirve
Prostitución. El delito efectivamente vinculado con la prostitución
es el proxenetismo, y el gobierno y su policía no hacen nada por sancionarlo.
Merodeo. El Código Penal y la legislación permiten pedir documentos a
personas en actitud sospechosas. Lo que no se puede es detener a alguien por considerarlo
peligroso en sí mismo.
Arrestos. Sólo una ínfima minoría de esos detenidos estaban vinculados
con hechos delictivos: esos arrestos eran una herramienta de control policial.
Policía. Las pruebas que pide el Código se refieren a contravenciones,
no a los delitos, cuya prueba se rige por el Código Penal. La Policía Federal no aplica
el Código de Convivencia, y tiene la intención política de relacionarlo con la
situación de peligro que vive la ciudad”.
Opinión consultada: Eduardo Jozami y Liliana Chiernajovsky, legisladores
de la Ciudad de Buenos Aires. |
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