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JUAN GELMAN SE REUNE CON EL JUEZ BAGNASCO POR LA SUSTRACCION DE SU NIETO

"Es un legado que me dejó mi hijo"

El escritor y periodista se presentó como parte querellante en la causa por apropiación de menores en la dictadura. Busca así conocer el destino de su nieto o nieta, que en estos días debería cumplir 22 años.

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Juan Gelman viajó a Buenos Aires para hablar del caso Orletti con el juez Adolfo Bagnasco

Por L. B.

t.gif (67 bytes)  El nieto, o la nieta --como él se preocupa siempre en aclarar-- de Juan Gelman debería cumplir 22 años en estos días. La madre fue secuestrada cuando estaba embarazada de siete meses y los datos que se han podido reunir a lo largo de todos estos años demostrarían que "el" niño o "la" niña nació en cautiverio y habría sido apropiado, como sucedió en decenas de casos similares. El escritor se presentó como parte querellante ante el juez Adolfo Bagnasco, quien tiene a su cargo una causa que investiga la apropiación de menores durante la dictadura como un plan organizado, y por cuyo delito podrían ir a la cárcel el ex dictador Jorge Videla y la cadena de mandos implicada en estos hechos. "No pretendo arrancarlo o arrancarla de nada -–dice Gelman, quien se encuentra en Buenos Aires con su actual mujer, Mara Lamadrid, para realizar estos trámites legales-—, solamente quiero que conozca su historia, su origen; él o ella ya es grande y decidirá qué hará con esa historia. Yo también tengo derecho a mi historia. Es un legado que me dejó mi hijo, quizás el único legado."

El escritor, el poeta, no habla de literatura. Está sentado en una silla alrededor de la cual están esparcidas una gran cantidad de carpetas con documentos, testimonios, trámites legales que son exhibidos, subrayados, revueltos para encontrar nombres y fechas relacionados con la historia de Marcelo Gelman, su hijo desaparecido --cuyos restos fueron recuperados trece años después de su secuestro por el Equipo Argentino de Antropología Forense--, de su nuera María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y de su nieto o nieta apropiado por los represores. De ello hablará con el juez Adolfo Bagnasco en sus oficinas de Comodoro Py, durante el encuentro previsto para hoy a las 11.30.

--Me presenté como parte querellante ante el juez Bagnasco a través de mi apoderado, el doctor Gabor Ungaro, un hombre de reconocido prestigio, que fue catedrático de derecho penal y participó en la Conadep, porque quiero saber cuál fue el destino de mi nuera y el de mi nieto o nieta. Mi nuera y mi hijo fueron secuestrados el 24 de agosto de 1976, los restos de mi hijo aparecieron trece años después, pero del destino de mi nuera y su bebé nada sabemos. Cuando ingresó a (el campo de detención clandestina) Orletti estaba encinta ya de siete meses. Se llamaba María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y tenía 19 años, mi hijo tenía 20. Hay un sobreviviente de Orletti que la vio el 7 de octubre de 1976 encinta ya de más de ocho meses, es decir que el parto fue llevado a término, no había sido torturada, como si el niño o la niña estuviera ya destinado. Esta es la última noticia que hay de ella, pero se sabe que en Orletti había también una lista de espera de parejas estériles, de las Fuerzas Armadas o de amigos, de manera que la presunción de que el bebé fue sustraído a la madre es sólida. Por otra parte, la presunción de vida del bebé también es fuerte.

--Nunca se supo si el bebé era varón o mujer.

--No, y la presunción de vida del chico o de la chica viene del hecho de que, estando yo exiliado en Roma, la Secretaría de Estado del Vaticano me informó que por una comunicación del entonces secretario de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires se sabía que había nacido un bebé en cautiverio. Como el mensaje venía en inglés, decía "a child was born", nunca se supo si era un niño o una niña. Pero todos estos elementos hacen pensar que efectivamente hubo un parto a término, que nació un bebé y que el bebé fue sustraído.

--¿Esta búsqueda de tantos años empezó cuando ellos fueron secuestrados?

--Yo estaba en el exterior. Lo que traté de hacer fue promover pedidos a varios gobiernos europeos como el italiano, el español, incluso el francés y el portugués, que solicitaron informes sobre la situación de mi hijo y mi nuera y sé que el Vaticano le envió una comunicación a Albano Harguindeguy, por entonces ministro del Interior, que éste no respondió. Monseñor Casaroli, que era secretario de Estado, se enojó bastante y le envió otra comunicación tajante y entonces Harguindeguy respondió que estaban averiguando, que no tenían noticias, en fin, lo de siempre...

 

--Orletti tenía dependencia directa con Harguindeguy porque dependía de la SIDE...

--En Orletti operaba la banda de Aníbal Gordon, por un lado, los llamados inorgánicos. Como señalan algunos testimonios, éstos eran los contratados. Y por el otro estaba el llamado personal orgánico de la SIDE. El jefe del personal inorgánico era Gordon. Jerárquicamente, arriba estaban Harguindeguy, Otto Paladino, como secretario de Inteligencia del Estado, que fue el que creó Orletti, que ellos llamaban la OT 18. Operaciones Tácticas 18 comenzó con un local en la calle Bacacay 3524 y posteriormente se amplió con un local que funcionó en los automotores Orletti, en la calle Venancio Flores 2519. La base OT 18 dependía del Departamento de Operaciones Tácticas 1, de la SIDE, comandado por el vicecomodoro Mondegui. Este departamento a su vez dependía de la Dirección 3 de la SIDE, Operaciones, cuyo jefe era el coronel Carlos A. Mitchell. Y el grupo de Gordon era el ejecutor de los "blancos operacionales" que surgían del Departamento de Contrainteligencia de la SIDE, cuyo jefe era el teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno. En Orletti, el personal orgánico estaba encuadrado en una cadena de mandos. Los encargados de los orgánicos eran los agentes Eduardo Ruffo y Juan Rodríguez, que dependían de Mondegui. La lista es impresionante, tanto de la banda de Gordon, como de los orgánicos. Hay 40 o 50 represores identificados en testimonios. Y además había un grupo de militares uruguayos. También estaban Osvaldo "Paqui" Forese, Miguel Angel Furci, César Alejandro Enciso y Horacio Andrés Ríos, que era el yerno de Paladino. Y está la cuestión de que varios de ellos se apropiaron de niños.

--Varios de esos chicos han sido ubicados...

--Ruffo se apropió de Carla Rutila, que después recuperó la abuela Sacha, y de un niño que llamaban Alex, Alejandro Alfredo, que se sabe que es hijo de desaparecidos porque la esposa de Ruffo es estéril (fue operada en cierto momento, no podía tener hijos). No se sabe a qué familia pertenece, aunque se tiene la seguridad de que es hijo de desaparecidos. Furci se apropió de Mariana Zaffaroni Islas, hija de dos uruguayos. Está Simón, el hijo de Sara Méndez, que tenía 21 días cuando secuestraron a la madre. De Simón se apropiaron los militares uruguayos que funcionaban en Orletti al mando del mayor Nino Gavazzo. Están los entonces niños Anatol y Victoria, que eran hijos de Roger Julien y Victoria Grisona. Fueron vistos en Orletti cuando tenían 4 años y un año y medio. Luego se los vio en Montevideo, en el Servicio de Informaciones de Defensa, y después de una estadía de dos meses, cuando ya los padres habían desaparecido, fueron llevados y abandonados en una plaza de Valparaíso. Tres años después los encontró Clamor, la organización brasileña de derechos humanos. Los chicos quedaron con una familia adoptiva que es buena gente. A Simón Riquelo lo secuestran cuando se apoderan de la madre, y después lo trasladan al SID de Uruguay. Y luego está el caso de mi nuera, que por todos los indicios debe haber llevado el parto a término. El Vaticano certifica que nació un bebé en cautiverio y es evidente que ese bebé es sustraído. Por otra parte, todo el funcionamiento de Orletti demuestra cómo funcionaba el Plan Cóndor. La madre de Carla es traída con ella desde Bolivia y la llevan a Orletti; a los niños Julien los llevan de Orletti a Montevideo y de Montevideo a Valparaíso. Ahí funcionaba un grupo uruguayo a cuyo mando estaba el coronel Guillermo Ramírez, jefe de la División 3 del SID, que era el encargado de marcar los blancos, y después se traen a los operativos, sobre todo al mayor Nino Gavazzo, el mayor Juan Manuel Cordero, el capitán Jorge Silveyra, el mayor Enrique Martínez, el teniente primero Luis Maurente y sobre todo el comisario de inteligencia Héctor Campos Hermida. Todos estos son represores uruguayos vistos en Automotores Orletti y mencionados en distintos testimonios de sobrevivientes.

 

--La presunción suya es que entonces el chico puede haber sido llevado a Uruguay...

--Esa es una hipótesis, pero no hay elementos como para asegurarlo en forma terminante. Algunos de los niños apropiados en Orletti fueron llevados a Uruguay. También es posible que la hayan llevado a parir al Hospital Militar de Campo de Mayo, que estaba relacionado con ese grupo.

--¿Cómo fue que detectaron el paso de Marcelo y María Claudia por Automotores Orletti?

--En el exterior no se podía hacer mucho, acá familiares de la madre, mi consuegra, presentaron distintos hábeas corpus que fueron absolutamente negados. En el '84, por declaraciones de los sobrevivientes pudimos saber finalmente que María Claudia había pasado por Automotores Orletti. En Orletti también estuvo unos días mi hija, la dejaron en libertad, pero ella no sabía exactamente dónde había estado. Esta querella que presenté ante Bagnasco es para descubrir cuál fue el destino de este niño o niña. Está la presunción de vida, de que nació. Está la presunción de que fue sustraído y éste es el sentido de mi presentación. Lo que siempre esperé es que alguna vez él o ella, por alguna razón, tuviera la inquietud acerca de cuál ha sido su origen y tal vez también por ese camino se podría llegar a descubrir el destino de ese nieto o nieta.

 


"Una práctica sistemática"


t.gif (862 bytes) La causa que lleva adelante el juez federal Adolfo Bagnasco por la "apropiación de menores" por parte de militares que integraban los grupos de tareas durante la última dictadura militar, está en la etapa de recolección de pruebas y testimonios y a punto de iniciarse la toma de declaraciones indagatorias. En esta causa está pedido el procesamiento de los ex dictadores, Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, Reynaldo Bignone y el ex titular de la Marina, Emilio Eduardo Massera, entre otros 30 militares.

Con esta investigación se busca comprobar que, tal como sostienen los abogados de la acusación, "el secuestro de embarazadas consideradas subversivas era una práctica sistemática que se desarrolló en los centros clandestinos de detención, en donde ningún delito que allí se cometiera podía ser investigado, ningún nacimiento podía ser inscripto y ninguna secuestrada que diera a luz en cautiverio podía sobrevivir ya que ella era la prueba viva de la existencia e identidad de su hijo". Uno de los niños cuyo destino se desconoce es el hijo de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman. La acusación está basada en los testimonios existentes en torno de los nacimientos de hijos de mujeres secuestradas en el Hospital Militar de Campo de Mayo, en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el campo clandestino conocido como "Talleres Orletti".


OPINION

Por Luis Bruschtein


Un acto mostruoso


t.gif (862 bytes) Esta entrevista a Juan Gelman no es por su oficio de poeta, sino porque en la historia de su nieto o nieta está el testimonio de uno de los delitos más crueles cometidos por la dictadura militar. La apropiación de menores y la sustracción de sus identidades, un crimen que es disfrazado por los delincuentes como actitud humanitaria.

Se trata de un delito que transgrede reglas elementales de la condición humana y que juega engañosamente con figuras que la sociedad valora, como la adopción. Transforma la idea humanitaria de la adopción en un acto monstruoso.

Resulta evidente que un represor que tortura y asesina de la manera más degradante a los padres de un chico, no podría hacerse cargo por amor de ese chico porque en el mismo momento en que decide apropiarse del niño lo está condenando al sufrimiento. Si sus parejas eran estériles podían adoptar niños como hace la gente común. Hacerse cargo del hijo de sus víctimas, ocultarlos de sus familiares para provocar amor en esos niños inocentes hacia el verdugo de sus verdaderos padres es un acto de crueldad patológica. Esos niños tendrían que haber sido entregados a sus familias y hoy no estarían afrontando una revelación tan terrible.

Videla y prontamente Emilio Massera y otros represores comenzarán a ser juzgados por este delito que fue el único que no eximieron las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos. Esos delincuentes ya son ancianos y están cerca de la muerte. En cambio, los chicos apropiados por los represores todavía tienen delante suyo una larga vida atravesada por el sufrimiento.



Otra renuncia sobre el escritorio de De la Rúa

Siguiendo los pasos de los procesistas Varela y López Imizcoz, que renunciaron cuando Página/12 reveló su pasado, el coronel Braccamonte también eligió retirarse antes de perjudicar al jefe de Gobierno.

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El jefe de Gobierno Fernando de la Rúa prefirió cortar por lo sano

Por Miguel Bonasso

t.gif (862 bytes) El coronel retirado Arístides Braccamonte renunció silenciosamente el jueves último por supuestos "motivos de salud", aunque existen fundadas razones para suponer que se vio forzado a retirarse para no acentuar el desgaste político de su jefe y amigo Fernando de la Rúa, que ya debió despedir a otros dos representantes del Proceso cuando Página/12 reveló su pasado. (Los funcionarios cesanteados tras el escándalo fueron el capitán de navío (RE) Norberto Varela, ex miembro del SIN durante la dictadura y el informante de la Fuerza Aérea Fernando López Imizcoz.) El mismo jueves de la renuncia, este diario hizo consultas en la comuna acerca del puesto que ocupaba el coronel. Según los voceros oficiales sólo asesoraba en cuestiones protocolares sin importancia. En cambio, según algunas fuentes del radicalismo y del Frepaso, era asesor militar del precandidato de la Alianza. En cualquier caso, no es ocioso revelar que el coronel Braccamonte actuó durante la dictadura militar en posiciones clave, bajo el comando de algunos de los máximos responsables del terrorismo de Estado, como los generales Jorge Olivera Rovere y Carlos Guillermo Suárez Mason. También figura en un legajo de la Conadep aportando información sobre un detenido-desaparecido.

Braccamonte comenzó a convertirse en un problema político para De la Rúa el 24 de agosto pasado. Ese día, el diputado frepasista Alfredo Bravo dirigió una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, advirtiendo sobre el peligro de contratar agentes de la dictadura. "No es bueno --decía Bravo-- que los vecinos deban hoy preguntarse para qué necesita el doctor De la Rúa designar al coronel Arístides Braccamonte como asesor militar o cuáles son los motivos para que Norberto Varela, ex miembro de la inteligencia naval, se desempeñe como interventor en la policía municipal". En su respuesta a Bravo, el jefe de Gobierno defendió al coronel, con quien lo liga una añeja amistad que nació en los años cincuenta, cuando ambos eran cadetes del Liceo Militar General Paz de Córdoba. El jefe de la comuna también acusó al diputado del Frepaso de actuar de manera prejuiciosa hacia los militares por el sólo hecho de haber integrado las Fuerzas Armadas. Sin embargo, una investigación realizada por Página/12 muestra que el legislador estaba bien orientado en sus aprensiones.

El coronel Arístides José Rogelio Braccamonte, es un oficial de Estado Mayor que se retiró del Ejército el 30 de noviembre de 1989. El militar nació en la ciudad de Córdoba el 25 de septiembre de 1936. Allí cursó el Liceo Militar General Paz donde fue condiscípulo de Fernando de la Rúa y también de Enzo Vivian, actual auditor del Gobierno de la Ciudad.

Después Braccamonte ingresó al Colegio Militar donde se graduó como subteniente del arma de Comunicaciones con el número 89 de la promoción '87. Una camada a la que pertenecieron --entre muchos otros-- el capitán retirado Roberto José Locles, perito de parte de Zulema Yoma en el macabro tema del helicóptero; el mayor retirado Osvaldo Agustín Matorras, que alcanzó sus quince minutos de popularidad cuando le pegó un tiro a un joven vecino que festejaba ruidosamente la Navidad; el general de división (RE) Jorge Halperín, que comandaba el Quinto Cuerpo de Ejército cuando asesinaron al conscripto Omar Carrasco y el coronel Alí Mohamed Seineldín, que está preso por haber comandado el último motín carapintada.

El 20 de octubre de 1975, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón agonizaba en el caos y el desborde represivo y las Fuerzas Armadas ya habían reconquistado un protagonismo decisivo que prenunciaba el golpe de Estado, el entonces mayor Arístides José Rogelio Braccamonte fue designado jefe de la Compañía de Comunicaciones número 10, con asiento en los cuarteles de Palermo. Donde permanecería hasta octubre de 1977. Durante los dos años más intensos de la represión clandestina y en el lugar estratégico donde el jefe de la Zona Militar Número 1, Carlos Guillermo Suárez Mason, condujo la cacería más feroz de todo el Proceso.

En la subzona donde debió actuar, Braccamonte estuvo sucesivamente a las órdenes de otros dos connotados represores: los generales Jorge Olivera Rovere y José Montes. Solamente en lo que hace a la "sustracción de menores" (las únicas causas que pueden superar las leyes del olvido y los indultos), Suárez Mason debe responder por 123 secuestros de niños; Olivera Rovere por 20 y Montes por 33. En los registros a los que tuvo acceso este cronista hay una etapa de oscuridad, que abarca de 1977 a 1981, en donde se borran las pisadas del ex asesor de Fernando de la Rúa. Que reaparece en septiembre de 1981 en Córdoba, al comando del Batallón de Comunicaciones 141 del Tercer Cuerpo de Ejército, conducido para esas fechas por el general Eugenio Guañabens Perelló (el único general argentino que nació en España) y que es claramente citable por el juez ibérico Baltasar Garzón en relación con la apropiación de tres menores, hijos de padres desaparecidos.

¿Podía ignorar Braccamonte lo que ocurría a su alrededor? Según los ex militares José Luis D'Andrea Mohr y Juan Jaime Cesio, (al que el Ejército de la democracia sigue privando injustamente del uso del grado y el uniforme), un oficial de comunicaciones no sólo "sabe lo que está pasando" sino que "tiene la obligación de saberlo". Y así lo prueba una denuncia presentada el 27 de diciembre de 1983 ante la Conadep por los familiares directos del desaparecido Antonio Eduardo Czainik. Allí consta que su pariente fue detenido en la Capital Federal, el 25 de agosto de 1977, en el 900 de la calle Nazca frente a la escuela Capitán Enrique Parker Número 14 del distrito escolar número 12. En el legajo de la Comisión, en el apartado "Otros datos" dice textualmente: "(la esposa del detenido-desaparecido) Tuvo referencias en varias oportunidades por medio de diferentes personas, que se hallaba en el 1er. Cuerpo de Ejército `A'. El General o Coronel Bracamonte (sic) dio el dato de que estaba en el cuerpo Nº 1". Y luego hay un agregado a mano: "Expediente en ejército Nº 7.329". O sea que Braccamonte conocía, por lo menos, el paradero de un desaparecido en la misma unidad de batalla donde él revistaba. Un conocimiento no denunciado que lo convierte, por lo menos, en cómplice por encubrimiento.



El caso del desaparecido Antonio Czainik


Por M. B.

t.gif (862 bytes) Según información proporcionada a Página/12 por Christian Czainik, uno de los hijos del desaparecido Antonio Eduardo Czainik, la familia del secuestrado pudo llegar al entonces mayor Arístides Braccamonte a través doctor Jacobo Feitelevich, un prestigioso especialista en reumatología ya fallecido, que tenía "importantes contactos". Braccamonte le habría dicho al doctor Feitelevich que Czainik se hallaba en dependencias del Primer Cuerpo de Ejército. "Pero esta información --añade Christian-- no nos sirvió para nada. Porque rechazaron el recurso de hábeas corpus y la denuncia ante el Ministerio del Interior que presentó mi madre".

La madre de Christian, que actualmente reside en Italia, recordó a su hijo que en aquellos años recorrió algunos cuarteles en busca de su marido, como la guarnición de La Tablada. En San Justo, se entrevistó con el célebre agente de los servicios Raúl Guglielminetti, que actualmente tiene varias causas abiertas en la Justicia y alcanzó notoriedad en los ochenta al integrar el famoso Grupo Alem, un organismo paralelo de inteligencia que funcionó en los primeros años del gobierno radical. Guglielminetti, a quien se sindica como el hombre que habría llevado los archivos secretos de la dictadura a Suiza, fue procesado por secuestrar empresarios con fines extorsivos. No sería extraño que en aquella ocasión haya pedido alguna recompensda para brindar informes sobre el paradero de Czainik, a quien los efectivos del Primer Cuerpo de Ejército le desvalijaron la casa y robaron un colectivo de su propiedad. De todas formas, ni la gestión ante Braccamonte, ni la que se hizo con Guglielminetti sirvieron para nada: Antonio Eduardo Czainik, militante del grupo revolucionario Fuerzas Armadas de Liberación 22 de Agosto (FAL 22), secuestrado a los 30 años en 1977, sigue desaparecido en 1998. En el Gobierno de la Ciudad había (hasta el jueves) un funcionario que tal vez podría brindarle a la familia Czainik la información completa que le pidieron, a través de un médico amigo, hace 21 años.



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