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Por Nora Veiras  Mientras en la Cámara de Diputados se seguía demorando anoche
el tratamiento del proyecto de ley de incentivo salarial docente, la guerra de amenazas
políticas y judiciales entre el Gobierno y la Ctera impregnó todo el día. El juez
federal en lo criminal y correccional, Claudio Bonadío, libró oficios a los ministerios
de Interior y Trabajo, y a los organismos de Seguridad, para que "impidan la
consumación del delito" que supondría la instalación de otra Carpa Blanca en la
Plaza de Mayo. El gremio realizará hoy el sexto paro nacional del año en reclamo del
fondo de financiamiento salarial y anunció que apelará la resolución judicial. La
andanada legal podría lograr el objetivo de impedir la carpa gemela pero no el ayuno de
los dirigentes del gremio, dispuestos a encarar una huelga de hambre "por tiempo
indeterminado" hasta que se promulgue la ley. Mañana, Día del Maestro, las columnas
de docentes de todo el país se concentrarán frente a la Casa Rosada: "Sería un
milagro que podamos convertir la protesta en una fiesta", comentó un dirigente,
escéptico ante la idea de que el Congreso les dé una alegría a los maestros.
Menem se abstuvo de laudar ayer en la confrontación entre sus ministros. El jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, reiteró que el Poder Ejecutivo vetará la cláusula de garantía para que el Tesoro Nacional aporte los fondos para llegar al piso de 700 millones de pesos en caso de que la recaudación del impuesto sobre autos, aeronaves y embarcaciones no alcance ese monto. El ministro de Trabajo, Erman González, mucho más cómodo al opinar sobre este tema que sobre el tráfico de armas, consideró que "el efecto de la carpa docente es más publicitario que sobre las autoridades". Su par de Interior, Carlos Corach, se ocupó de resaltar "el delito" en que incurrirán los maestros si instalan otra carpa en la histórica Plaza de Mayo. Sólo la ministra de Educación, Susana Decibe, siguió defendiendo el proyecto, dijo que "hay que poner el esfuerzo en recaudar" y señaló que "los docentes se equivocan en el reclamo porque el Presidente es quien encabeza la solución con el proyecto de financiamiento educativo y la responsabilidad es del Congreso que tiene que votar la ley". Curiosamente, el respaldo le llegó de su par bonaerense, Graciela Giannettasio, quien calificó como "imprescindible" que la Nación garantice la recaudación. La posibilidad de tener un contingente de maestros ayunando en plena Plaza de Mayo era ayer una de las imágenes más repudiadas por los hombres de gobierno. "Si se instalan, no los sacamos más", pronosticaban basándose en los 17 meses de la carpa frente al Congreso. Más allá de la orden judicial, en Interior ya ordenaron a la Policía Federal vallar la plaza casi desde la Pirámide hasta la Casa Rosada. Los más duros no descartan que, si algún grupo intenta saltar la protección, se los reprima. Las hipótesis variaban entre los que no querían más escándalos y los que con tal de "tapar" el escándalo por el tráfico de armas encontraban en el acto un "caldo de cultivo" para otro escándalo que "entretenga" a los medios. La polémica por la segunda carpa se extendió también hacia el interior de la Alianza. Por la mañana, el jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, dijo que "el gobierno de la ciudad no puede autorizar la instalación de carpas porque está prohibido habilitar instalaciones permanentes o transitorias en las plazas" a pesar de su "simpatía" por el reclamo docente. Durante la campaña electoral del año pasado, De la Rúa se acercó a la Carpa Blanca, clavada en la Plaza de los Dos Congresos, para celebrar el 9 de Julio. Su competidora en la interna por la candidatura presidencial de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, salió, en cambio, a respaldar el clon de la "Carpa de la Dignidad" y se preguntó: "¿Por qué no va estar en la Plaza de Mayo, cuando siempre ha sido el lugar de la protesta en nuestro país". Después, De la Rúa relativizó sus dichos y sacó un escueto comunicado en el que explica que no es atribución suya otorgar autorizaciones y exhortó a los diputados a votar la ley. Desde la Carpa Blanca, el secretario adjunto de la Ctera, Hugo Yasky, explicó que, "si la ley de incentivo salarial se promulga, no habrá ni carpa en el Congreso, ni carpa en la Plaza de Mayo" y calificó como "una aberración que Corach le haya pedido a un juez federal en lo Criminal, como Bonadío, que intervenga para evitar que instalemos otra carpa: esto demuestra, una vez más, cómo manejan a la Justicia". Los dirigentes del gremio se encontraron ayer con funcionarios de la Presidencia en la biblioteca del Congreso que, al igual que ellos, estaban buscando las leyes 12.665 y 14.252 así como el decreto 122.096/42 que impedirían la ocupación de la Plaza de Mayo. Yasky señaló que "en ningún caso se menciona la imposibilidad de llevar adelante una protesta. Lo único que se prohíbe son las instalaciones comerciales". La polémica continuará hoy en el marco del paro y se acentuará si el Congreso sigue sin novedades.
QUE DICEN LOS CHICOS QUE OCUPARON SUS COLEGIOS
El colegio Carlos Pellegrini no ostentaba a las 7 de la tarde de ayer signos evidentes de ser escenario de un evento con la descripción algo violenta de "toma de colegios". La apariencia era en general la de la salida de un colegio en cualquier día normal, con solamente algunos carteles denotando su estado de ocupación. Adentro del recinto, pequeños grupos de jóvenes conversaban, y una charla sobre la ley se daba en la sala de conferencias. "Estamos todos adentro dando vueltas, hacemos actividades, pintamos carteles", fue cómo Tamara, de 17 años, definió en qué consistía la toma de su colegio. Otra estudiante aclaró que "la gente debe pensar que tomamos la escuela y nos quedamos boludeando para no tener clases pero hacemos charlas que viene a dar gente, y también hacemos debates entre nosotros sobre la Ley Federal de Educación, para intercambiar opiniones y para enterarnos de cosas que no sabíamos". En efecto, los estudiantes son particularmente sensibles sobre las versiones que menoscababan su grado de conocimiento de la ley, o de independencia de acción. "Salió que todo había sido manipulado por la Coordinadora o por el Partido Obrero. Y no tiene nada que ver con eso", explicó a Página/12 una alumna del Pellegrini. "Habían dicho que no sabíamos nada sobre la Ley Federal de Educación. Por esto se había enojado mucho el centro de estudiantes y nos dieron copias de la Ley Federal", comentó otra, explicando el papeleo que abultaba su bolso. Los estudiantes aclararon además que no se consideraban parte integral de la protesta de la Ctera, aunque se sumarían a la marcha del viernes. Según María Villordo, presidenta del centro de estudiantes del ILSE, "Ctera nos dio su apoyo, pero nosotros bajo ningún concepto estamos alineados con la interna de ellos". Además, los estudiantes seguirían con su lucha "no obstante un acuerdo del Gobierno con ellos". En el pallier del edificio del ILSE --no permiten entrar a la prensa
dentro del recinto--, un estudiante aclaró a Página/12 que, aunque las
autoridades escolares "nos pusieron todas las trabas", la gran mayoría de los
padres apoya a sus hijos "siempre y cuando sepan por qué luchamos". Sobre la
mentalidad de los estudiantes, el mismo joven (que no quiso revelar su nombre) hizo la
siguiente síntesis: "Es una de dos: o perdemos un día de clase, o perdemos la
educación efectivamente".
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