La ley tributaria se votó con medio IVA al cable

Después de meses de negociaciones, los diputados oficialistas consensuaron un proyecto de reforma tributaria que les permitió anoche --al cierre de esta edición-- aprobarla en general. El texto que los hombres del PJ llevaron al recinto incluye la generalización del IVA a casi todos los rubros que pretendía Economía, pero con un esquema de tasas que favorece, básicamente, a los grandes medios de comunicación. La alícuota del 21 por ciento sólo será aplicable a la publicidad. A la medicina prepaga y al abono de la TV por cable se aplicará una tasa del 10,5 por ciento, y las revistas continuarán exentas. Si para Roque Fernández esta versión significa sólo un triunfo a medias, su malhumor podrá acrecentarse cuando conozca los planes de la Jefatura de Gabinete. Jorge Rodríguez ya está paladeando la idea de construir autopistas con recursos provenientes de la controvertida reforma.

Lo que no sorprenderá a ninguna instancia del gobierno es el contenido del texto que ayer se votó. Poco antes de que comenzara la sesión, los legisladores del PJ hicieron los últimos retoques bajo la mirada del secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura, Néstor Alcalá, y del subsecretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Guillermo Rodríguez Usé. Para ambos, la versión aprobada fue apenas "la posible".

En realidad, el mayor desafío de la bancada justicialista fue alinearse, ya que muchos de sus hombres se negaron hasta último momento a convalidar la generalización el IVA. Para disciplinarlos, mucho ayudó el guiño de Alberto Pierri --dueño de un canal de cable--, quien había liderado aquella oposición. Pero sus pares hallaron un modo de atenuar el impacto fiscal sobre la TV.

Podría decirse que el lobby de los medios (no sólo el de Pierri) probó su eficacia una vez más. La propuesta oficialista no sólo dispone que la TV por cable sea alcanzada por una alícuota menor, del 10,5 por ciento, sino que no prevé aumentarla.

En el caso de la medicina prepaga, sí se previó que esta alícuota preferencial alcanzará el nivel pleno del 21 por ciento en tres años. Esa suba, sin embargo, sólo será posible con la intervención del Congreso, es decir, con la sanción de una ley. Fue el recurso que los legisladores encontraron para aparentar ecuanimidad. ¿Cómo exceptuar al cable si se grava a las prepagas?, era su dilema cuando buscaban una manera de mantener exenta sólo a la TV paga.

Otra dificultad técnico política de los legisladores consistía en extender el IVA a cualquier revista que se vende en un kiosco, pero no a las que se incluyen en el interior de los diarios, cuyo precio de tapa no está gravado. La solución: no gravar ninguna.

Que se grave a la publicidad con el 21 por ciento no entraña un gran perjuicio para los grandes medios de comunicación, cuyos anunciantes no sólo están en mejores condiciones económicas de afrontar tarifas publicitarias más caras, sino que lo que paguen por IVA lo podrán utilizar para compensar sus deudas fiscales.

Por el contrario, la medida sí puede ahuyentar a los avisadores de los medios pequeños, a los que los legisladores trataron de amparar: la publicidad de los diarios de menor dimensión --que según la ley puedan definirse como pymes, es decir, que facturen menos de 4 millones de pesos por año-- será gravada con una alícuota del 10,5 por ciento, mientras que la que se emita por las radios de baja potencia estará directamente exenta.

A pesar de los discursos en contrario, la Alianza convalidó el proyecto facilitando el quórum para su tratamiento. Y en el mismo momento que sus diputados ocupaban las bancas, el bloque radical difundía un comunicado despotricando contra la reforma.

POLEMICA POR EL DESTINO DE LOS FONDOS EXTRA
Rebaja de aportes o autopistas

Los funcionarios del Palacio de Hacienda, como todo legislador oficialista u opositor, lo repitieron hasta el cansancio: el objetivo de la reforma tributaria es hacer una nueva rebaja de los aportes patronales y ninguna otra cosa. Sin embargo, los gobernadores de provincia, al igual que el jefe de Gabinete sueñan con darles otro destino a los fondos que provengan de un posible aumento en la recaudación.

Según Roque Fernández y su equipo, la reforma debería ser neutra. Esto significa que por cada peso que al Tesoro le ingrese de más, resignará otro de contribuciones patronales. Pero según especulan los gobernadores, el nuevo esquema impositivo permitiría obtener más recursos de los necesarios para reducir los impuestos al trabajo en la magnitud planeada. Ese supuesto excedente, imaginan, podría ser destinado a cubrir la obra pública.

La idea tuvo eco en Jefatura de Gabinete, donde se estudia un programa para construir una red de autopistas menos ambiciosa de la que presentó Guillermo Laura y con una fuente de financiamiento algo diferente (el ex funcionario de la dictadura previó obtener fondos de un impuesto específico sobre los combustibles). Pero el objetivo de la iniciativa de Rodríguez sería semejante: estimular la obra pública en todo el país, con el consiguiente rédito político para cada jurisdicción del interior y para el gobierno nacional.

El destino final de los fondos de la reforma dependerá de una ley independiente que debe ingresar por el Senado. Economía envió un proyecto que disponía que todo ese dinero (más de 2000 millones de pesos) vaya directamente a nutrir la caja del ANSeS, única manera de instrumentar la prometida rebaja de aportes patronales. Pero la tenaz oposición de los senadores le obligó a anunciar que lo retiraría.

La Cámara alta es sobre la cual los gobernadores tienen más injerencia. De allí que, si éstos aspiran a darle otro destino al dinero que el Gobierno consiga por vía de la reforma, difícilmente el Poder Ejecutivo consiga cumplir con su promesa de beneficiar a los empleadores, al menos que apele a la vía extrema de un decreto.

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