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"¿Por qué les voy a pedir perdón? ¿Pero por qué voy a pedir perdón? ¿Les fueron a pedir perdón a las madres de los militares cuyos hijos murieron? ¿Les fueron a pedir perdón a las esposas cuyos maridos murieron? ¡No!" A su modo típicamente brutal, el general retirado y senador vitalicio Augusto Pinochet contestó ayer a los llamados a la reconciliación nacional previos al 25º aniversario del golpe militar, como el de la Misa por la Unidad de la Patria que realizó la Iglesia Católica en la noche del martes. Durante la ceremonia, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, pidió iniciativas para encontrar a los 1198 detenidos desaparecidos y atacó a quienes torturaron y mataron bajo la dictadura. Pinochet, en una entrevista publicada ayer en la revista Cosas (versión chilena de la revista Caras), dijo desconocer el paradero de los detenidos desaparecidos durante su régimen. Cuando se le preguntó sobre la famosa frase que pronunció en 1981 --"en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa"--, aclaró que "me refería a la administración del gobierno". El ex dictador reconoció que el ex presidente Salvador Allende, que murió en el palacio gubernamental de La Moneda el mismo día del golpe, hizo las cosas lo mejor que pudo, pero "trató de hacerlo basado en ideologías extranjeras que no dieron resultado en Chile". En el oficio religioso realizado en el Templo Votivo de Maipú (a 20 kilómetros de Santiago), el monseñor Errázuriz señaló a los represores y pidió "que el Señor les dé arrepentimiento y el perdón por sus acciones, que al menos en su corazón pidan perdón por sus hechos y que Dios les ayude a vivir con el inconmensurable dolor de no haber sentido ni respeto ni compasión por sus hermanos". Al acto asistieron el presidente chileno, Eduardo Frei, y el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta. Pero también hubo ausentes notorios: el mismo Pinochet, que no asistió porque no se le cursó una invitación especial --como se suele hacer con los ex mandatarios--, y Ricardo Lagos, candidato presidencial socialista y favorito en las encuestas, que se excusó de asistir "por motivos de salud". Mañana será el último 11 de setiembre que se decretará feriado nacional. El presidente del Senado, el demócrata cristiano Andrés Zaldívar, acordó con Pinochet, quien ahora es senador vitalicio de acuerdo a la Constitución sancionada bajo su gobierno en 1980, que a partir del año que viene se declarará "día de la unidad nacional" el primer lunes de setiembre, y que el 11 de ese mes se convertirá en día laboral común. El acuerdo es resistido por un sector de la Cámara de Diputados, que aprueba la eliminación del feriado pero no la instauración de otro. Tal como ocurriera en los últimos años, diversos partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos harán una marcha hacia la tumba de Allende, pero en esta oportunidad, pasarán por el palacio de La Moneda, algo que no fue autorizado por la intendencia de Santiago, lo cual podría derivar en incidentes entre los carabineros y los manifestantes. Las Fuerzas Armadas, que solían organizar actos y desfiles para conmemorar el golpe de Estado, no realizarán ninguna ceremonia pública. El jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, asistirá a una misa privada a la que no podrá asistir la prensa. Pinochet presenciará un acto en la fundación que lleva su nombre. Las conmemoraciones del 25º aniversario del golpe de Estado se vienen repitiendo desde el viernes pasado, cuando se realizó un acto en el Estadio Nacional de Santiago en homenaje a Allende y a las víctimas de la dictadura. Durante agosto y lo que va de setiembre, las librerías de Santiago se atestaron de libros sobre el golpe, sobre Allende y Pinochet: ya hay 26 títulos, entre los que aparecieron y los que se publicarán hasta fin de año.
IMPUGNAN EL FALLO A FAVOR DE OVIEDO EN
PARAGUAY Paraguay vive una nueva crisis de poderes. La Corte Suprema de Justicia pidió ayer el procesamiento por desacato del presidente del tribunal militar que exculpó al general Lino Oviedo del levantamiento militar de abril de 1996. Una resolución del pleno de la Corte ordenó el envío de los antecedentes, dos notas en las que el tribunal se excusaba de remitir el expediente del caso Oviedo, al juez Carlos Ortiz que deberá iniciar sumario contra el general Pablo Idoyaga. El martes, la Corte se enfrentó con el tribunal militar, luego de que éste cayera en desacato al negarse por segunda vez a entregar la sentencia que libró de toda pena al militar para su revisión. Mientras tanto, líderes de partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones sociales nucleados en el Frente Democrático Nacional anunciaron ayer una movilización ciudadana para apoyar las acciones del organismo. "Decidimos realizar un gran acto el viernes 18, considerando que no sólo de pronunciamientos se construye la democracia, para respaldar los gestos democráticos de la Corte Suprema de Justicia", dijo a periodistas Domingo Laíno, presidente del opositor Partido Liberal. El frente se sumó a un pronunciamiento del Congreso, que la noche del martes acusó al Poder Ejecutivo y al tribunal castrense de obstruir la Justicia, apoyó las acciones de la Corte y manifestó su preocupación ante un eventual quiebre del proceso democrático. "Los hechos mencionados demuestran sin lugar a dudas que el Poder Ejecutivo y el Tribunal Militar Extraordinario desarrollan una grave obstrucción al normal desenvolvimiento de la función jurisdiccional ejercida por la Excma. Corte Suprema de Justicia", indicó el pronunciamiento del Congreso. La Corte no informó aún si solicitará el expediente al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas, Raúl Cubas, o si ordenará el secuestro del mismo. Una vez en su poder, la Corte podría anular la sentencia dictada por el tribunal con lo cual Oviedo seguiría siendo culpable de intentar un golpe de Estado en abril de 1996. Oviedo fue liberado por un decreto del presidente Cubas, firmado tres días después de asumir el gobierno. Luego, el tribunal que lo condenó en marzo, integrado ahora por otros miembros, lo exculpó revisando una sentencia ratificada por la Corte en abril. El órgano judicial debe pronunciarse sobre un pedido de inconstitucionalidad presentado en agosto por el Congreso contra el decreto que conmutó la pena de Oviedo por una menor, que se consideró purgada. Si la Corte anula la sentencia que liberó de toda culpa a Oviedo y se pronuncia en favor del recurso presentado por el Congreso, el militar deberá volver a prisión. O por lo menos en teoría, ya que el carismático Oviedo es el verdadero poder detrás de Cubas.
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