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LA FUERZA AEREA OBSERVO Y
HASTA FOTOGRAFIO LOS EMBARQUES DE FUSILES AL ECUADOR EN PLENA GUERRA CON PERU Por Horacio Verbitsky
El fax remitido por el mayor Eduardo Spadano a las 16.54 del 3 de marzo de 1995, se recibió en el teléfono 311-0756, que en aquel momento pertenecía a la Subjefatura del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Ese número ha sido substituido por el 317-6101. El 13 de febrero de 1995 la Cancillería había recibido un cable del embajador argentino en Lima, Arturo Ossorio Arana, informando que el día anterior los servicios de inteligencia peruanos habían puesto sobre alerta a los agregados militares del Ejército y la Fuerza Aérea argentinos en Lima acerca de la inminencia de los embarques. El fax del mayor Spadano dice que la orden de observar los movimientos del avión que "presuntamente estaría realizando traslados de material bélico a la República del Ecuador" le fue impartida el 16 de febrero. Esto desmiente la afirmación del entonces Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Juan Paulik, quien declaró que recién el 17 de febrero fue enterado de la posibilidad del embarque, por el agregado peruano en Buenos Aires. El juez federal Jorge Urso procesó a Paulik por no haber actuado para impedirlo. El manuscrito del mayor Spadano consigna que el primer vuelo del DC8 matrícula N57 FB de la empresa Fine Air, ocurrió el 17 de febrero. El avión, piloteado por el Comandante Wood Hull (probablemente un nombre de fantasía, ya que en inglés significa Casco de Madera) llegó al Aeropuerto de Ezeiza faltando 18 minutos para las 5 de la mañana de ese día, procedente de Maiquetía, Caracas, Venezuela. Durante las cuatro horas siguientes cargó bultos que pesaban 29.287 kilogramos, cuya empresa remitente era Fabricaciones Militares y su empresa destinataria Metales Restor de Caracas. Sin embargo, el informe del responsable de la Policía Aeronáutica en Ezeiza consigna que el destino del vuelo no era la capital venezolana, sino Guayaquil, Ecuador. La Argentina es uno de los cuatro garantes del Tratado de Paz entre Perú y Ecuador firmado en 1942. Con la misma precisión burocrática, el mayor Spadano anotó los detalles del segundo vuelo, realizado con la misma máquina. El DC8 llegó a Ezeiza a las 9.42 del 18 de febrero, cargó 22.215 kilos de materiales de Fabricaciones Militares y despegó rumbo a Guayaquil a las 12.07, esta vez piloteado por el capitán A. Morera, que le entregó su plan de vuelo, su manifiesto de carga y su declaración general de vuelo. El mismo piloto condujo a Guayaquil el tercer cargamento, de 28.534 kilos. La operación era cada día más ágil. El 19 de febrero el avión aterrizó en Buenos Aires a las 11 y despegó con las armas a las 13.04. El cuarto vuelo se realizó sin carga, el domingo 26 de febrero, porque el sábado 25 el diario "La República" de Venezuela reveló la triangulación de los embarques hacia Ecuador. El domingo "La Nación" publicó los cables de agencia que reproducían la información del diario venezolano y, al advertir que la maniobra había sido descubierta, el director de coordinación empresaria de Fabricaciones Militares, teniente coronel Edberto De la Vega ordenó parar el embarque. Las discusiones deben haber sido tensas, porque el avión, nuevamente al mando de Casco de Madera había llegado a Buenos Aires el jueves 23 y recién partió con sus bodegas vacías a las 17.59 del domingo 26. No obstante, el lunes 27 "La Nación" publicó un artículo de su más antiguo cronista de asuntos castrenses, Francisco Papini, quien citaba un presunto documento de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el que se negaba la versión del diario venezolano. El fax que el mayor Spadano remitió a la Subjefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea con el inequívoco título "Asunto: Traslado de Armas a Ecuador", transcribe los detalles tomados de sus apuntes manuscritos y concluye: "Se adjuntan al presente cinco (5) copias de Declaración General, tres (copias) de movimiento de aeronaves de este AP [aeropuerto] y fotografías de la aeronave y carga del día 19 Feb 95". Spadano fue una de las primeras personas citadas por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Urso, y en su declaración confirmó estos elementos, que fueron la base para el procesamiento de Paulik. Las gestiones del presidente Carlos Menem para que cese el juego de la mancha venenosa entre la Cancillería y las jefaturas de Estado Mayor, que podría llegar a rozarlo, choca con obstáculos objetivos. Di Tella sostiene que la Cancillería no adoptó ninguna medida porque los Estados Mayores negaron que se hubieran producido los embarques, pero el fax de Spadano y sus declaraciones ante el juez demuestran que la Fuerza Aérea supo desde el primer momento que la denuncia peruana era exacta. Lo que no se entiende es por qué, entonces, el gobierno peruano se abstuvo de presentar el reclamo formal que la embajada argentina esperaba, como se desprende del segundo cable del embajador Ossorio Arana. Ese es, en todo caso, problema de Alberto Fujimori. Menem tiene bastante con los propios.
Menem retó a los ministros
La bronca lo llevó al Presidente a ordenar a sus principales funcionarios que realicen un nuevo encuentro para coordinar una estrategia común y homogeneizar el discurso oficial. Todos recordaron en ese momento los pases de facturas de la Cancillería al Ejército o la recomendación que Palito Ortega le hizo a Guido Di Tella y Erman González para que pidan licencia en sus cargos hasta que se aclare la situación que en principio los compromete. La orden presidencial se cumplió al pie de la letra. Jorge Rodríguez, Guido Di Tella, Andrés Cisneros, Osvaldo Castruccio, Alberto Kohan, Raúl Granillo Ocampo, Erman González, Carlos Corach y Eduardo Bauzá volvieron a reunirse tras el encuentro de gabinete. En esa minicumbre de una hora y media, también celebrada en Olivos, acordaron unificar acciones políticas y jurídicas, pero no trascendieron detalles. De todos modos la línea argumental ya la había marcado Menem en la víspera. El Presidente dijo que los funcionarios se ajustaron a las normas y que "no es obra del gobierno". Por eso ayer, tras el reto inicial, volvió a manifestar que no habrá cambios en el gabinete. Di Tella fue el encargado de agradecer el gesto que Menem realizó por segunda vez en menos de una semana. El Presidente había dicho días atrás que Di Tella y Erman González son hombres de su confianza a los que debe preservar mientras no se compruebe ningún ilícito en el affaire de las armas. La desviación de armas a Ecuador en plena guerra del Cóndor entre ese país y Perú se convirtió en los últimos 25 días en una pesadilla para el gobierno, en cuyo seno ministros, funcionarios y jefe militares se acusaron mutuamente por el contrabando. Si hasta Erman González, quien suele mantener un encomiable bajo perfil, se fue de madre. El ex ministro de Defensa y actual jefe de la cartera laboral increpó a Ortega para decirle que sus consideraciones fueron "inoportunas e imprudentes". Por la mañana y antes de recibir el reto presidencial, Kohan se mostró en desacuerdo con la opinión de Ortega pero no quiso ahondar mucho más sobre esa diferencia. En tanto, el ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga primer y principal procesado por la Justicia en el affaire afirmó que no se metió sólo en el tema de las armas sino que "lo metieron" y, tras definir el caso de las armas como un "sálvese quien pueda", denunció en una nota a La Nación que hace tiempo viene recibiendo amenazas.
Estrada tenía una cuenta con plata de las armas Estaba a nombre de él y de su mujer en Uruguay. El juez Urso seguirá la ruta del dinero para obtener los nombres de sus socios. Por Mariano Gondar
"No es difícil imaginar que esa plata que tiene Estrada salió de una operación con armas", dijo ayer una fuente judicial a este diario. Y agregó que el "dato es importante porque nos puede dar una guía inicial para seguir la ruta de las coimas que se pagaron para triangular las armas que tenían como destino Venezuela pero que terminaron en Ecuador". Estrada, de 65 años, es una pieza clave en el escándalo de la ventas ilegal de armas a ese país: fue él quien supervisó los vuelos que partieron de Ezeiza con las armas hacia Guayaquil, en febrero de 1995. El propio ex marino reconoció en un escrito presentado al juez Urso y al fiscal Carlos Stornelli hace un mes que había realizado algunas gestiones de la operación Ecuador pero negó ser el responsable de esas maniobras. El ex capitán de navío también conocía al traficante de armas Diego Palleros, involucrado en el escándalo. Palleros fue liberado semanas atrás en Sudáfrica luego de ser detenido por Interpol por un pedido de captura que pesaba sobre sus espaldas de un juez argentino. Pero la extradición que pidieron los tres jueces que investigan la causa armas no prosperó y un tribunal sudafricano dejó en libertad a Palleros, otra pieza fundamental de la operación. Palleros es el mismo que hace un año reveló que un empresario muy vinculado con el poder político estaba involucrado en la venta de armas. Todos apuntaron al ex asesor y cuñado presidencial Emir Yoma, quien ante el juez negó su participación. Otro dato de la importancia del rol de Estrada en la operación es que fue el nexo entre Palleros y Jean Bernard Lasnaud, el traficante de armas franco-norteamericano que finalmente vendió las armas y municiones de Fabricaciones Militares al empresario ecuatoriano Roberto Saseen en 1995. Estrada murió el martes 25 de agosto pasado en su casa en Arenales 910, en Capital. Y todavía la Justicia no sabe si el ex marino se suicidó o lo asesinaron con un disparo en la sien porque sabía demasiado del affaire. Pero Estrada dejó algunas pistas. Y ayer los investigadores encontraron una importante. Los resúmenes de cuenta que aparecieron en su casa a su nombre y el de su señora, a pesar de que estaba separado, están depositados en un banco de Uruguay. Según pudo saber Página/12, el dinero de la cuenta fue depositado en dos operaciones. "Un primer adelanto fue de 130 mil pesos y otro por 1.800.000 pesos", reveló una fuente judicial. Con estos nuevos datos en la investigación, Urso quiere saber cómo llegó esa plata al banco uruguayo. Y para eso ya mandó informes para que el banco envíe los telex de instrucciones y de referencia que emiten para abrir una cuenta. Así, el juez quiere descubrir de qué banco nacional fue transferido, y quiénes fueron el ordenante y el beneficiario. "No creo que la plata esté en el banco uruguayo. Seguramente fue un lugar de paso para enviarla a otro país. Algo similar a la ruta de la coima que investiga el juez federal Adolfo Bagnasco con el caso IBM-Banco Nación", dijo una fuente judicial que sigue la investigación de las armas muy de cerca. Pero Urso sabe que tendrá un escollo importante para saber el recorrido de la plata de la cuenta bancaria de Estrada. "Uruguay tiene que levantar el secreto bancario y se sabe que en ese país es bastante difícil", agregó la fuente consultada por este diario. La nueva pista de la investigación surge en medio de las acusaciones cruzadas entre los ministros que oficializaron con sus firmas los decretos que autorizaron la venta de armas. También se produce en momentos en que el juez Urso debe decidir si cita a declarar en la causa al canciller Guido Di Tella y al jefe del Ejército Martín Balza. Es que en los últimos días se conoció un cable oficial sobre la advertencia oficial que había realizado el ex embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, sobre la posibilidad de la triangulación de las armas que llegaron a Ecuador.
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Los tres embarques clandestinos de fusiles ametralladores de
Fabricaciones Militares a Ecuador en plena guerra con el Perú fueron observados por la
Fuerza Aérea Argentina, que incluso tomó fotografías del último de ellos. Sin embargo,
tanto el gobierno nacional como las autoridades aeronáuticas decidieron negar que se
hubiera producido embarque alguno, ante la llamativa pasividad del gobierno peruano, que
no protestó con la energía que los argentinos preveían. La observación por parte de la
Policía Aeronáutica Nacional consta en un fax enviado por el jefe del Escuadrón Ezeiza
a la Subjefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y en las notas manuscritas que aquel
funcionario tomó con los detalles de cada vuelo. Esos documentos indican que el 16 de
febrero de 1995 la Policía Aeronáutica recibió la orden de observar lo que ocurría con
el avión de la compañía Fine Air, un día antes de que se produjera el primer embarque.
Esto contradice la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella de
que la Cancillería no tomó ninguna acción preventiva porque las jefaturas militares
negaron la existencia de los embarques y ratifica que las autoridades argentinas pudieron
impedirlos de habérselo propuesto.