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Burlando al Senado Pese al rechazo del pliego del teniente coronel Carlos Villanueva, el Ejército presiona por el ascenso de otros tres oficiales, de activa participación en el golpe de 1976 y en la guerra sucia. Esta política es impulsada por el secretario general, Ernesto Bossi, quien en 1976 integró con uno de los propuestos el triunvirato que gobernó de facto la provincia de Río Negro. Bossi impone así un desgaste adicional a Balza, por si tuviera poco con las investigaciones sobre venta de armas y el asesinato del soldado Carrasco. |
| Por Horacio Verbitsky
Como si tuviera poco con las investigaciones sobre la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y por el asesinato del soldado Omar Carrasco, Balza enfrenta un desgaste adicional por los ascensos. En 1973, cuando el Senado rechazó el de tres coroneles, el jefe del Ejército, general Jorge Carcagno pidió el retiro. En el caso del teniente coronel Villanueva, alias Gato o Principito, el Ejército dijo que los elementos incriminatorios habían aparecido luego de la elevación del pliego. Eso no es cierto, como saben los lectores de este diario: parte de las pruebas están en el propio legajo del oficial remitido al Congreso. El trámite ante la Comisión de Acuerdos es manejado por el secretario general del Ejército, general Ernesto Juan Bossi. Promotor de nuevas formas de intervención militar en la seguridad interior, Bossi es al mismo tiempo el más firme defensor de los oficiales impugnados por los episodios de la guerra sucia. En el caso del auditor Burlando, tiene interés personal. Burlando y Bossi integraron junto con el interventor Néstor Rubén Castelli el triunvirato militar que gobernó de facto la provincia de Río Negro durante los 80 días que siguieron al golpe del 24 de marzo de 1976, aunque el cargo formal de Bossi haya sido el de Secretario de Turismo. El ex ministro de gobierno de Río Negro en el momento del golpe, Jorge Frías, señaló la responsabilidad de ambos en su detención y en la del gobernador Mario Franco.
¿Militar o carcelero? La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió en julio de 1984 el testimonio del ex conscripto César Massera, quien cumplió su Servicio Militar Obligatorio en 1976, en la Compañía de Policía Militar 141 de Córdoba "al mando del teniente Parsix" en la cárcel penitenciaria UP1. "La misión que se les encomienda es la vigilancia de quienes eran denominados delincuentes subversivos y que comprendía a todos los detenidos políticos". Luego de un interrogatorio con golpes y torturas un detenido fue llevado al patio, con el torso desnudo. "La noche era muy fría. Mientras el detenido estaba estaqueado era sometido a golpes con las culatas de las armas que llevaban los encargados de la tortura. Ahí permanece hasta las dos de la mañana". Según Massera, "el detenido se encontraba en ese momento agonizante. A pesar de ello, le ordenaron ponerle las esposas y dejarlo tirado en el piso. No se le brindó ninguna atención médica. De a ratos, un cabo primero le arrojaba agua fría en el cuerpo. Allí permaneció más o menos dos horas. Tenía una herida muy grande a la altura de la garganta y sangre coagulada. Luego llega un teniente y mueve el cuerpo con el pie, pudiendo observar el dicente que ya estaba inerme y sin vida". Aunque el testigo no lo sabía, se trataba del médico José René Moukarzel. El crimen ocurrió el 14 de julio de 1976, una noche de cinco grados bajo cero. El testigo participó en el traslado del cuerpo al Hospital Militar, "donde vio otros cinco o seis cadáveres y supo que allí eran incinerados". Entre los responsables de ese asesinato, identificó a los tenientes [Abelardo Sebastián] Ramos Monso y [Gustavo Adolfo] Alsina, el cabo Paredes y el sargento Coelo. Según Massera, poco después de este asesinato Ramos Monso fue substituido "por el teniente Parsix", quien "guarda un comportamiento más respetuoso con los detenidos. Sin embargo, casi todas las noches el cabo primero Paredes, con el sargento Pérez y el sargento Amaya se dedican a bailar a los presos y a someterlos a golpes y castigos. Durante el invierno uno de los castigos era el de llevarlos a las duchas y ponerlos debajo del agua fría durante horas". El testigo dijo que también participó a órdenes del "teniente Parsix" en allanamientos y detenciones de personas que eran entregadas en la cárcel penitenciaria o en el centro clandestino Campo de la Ribera, y en el traslado de detenidas embarazadas hasta una clínica frente a la plaza Colón. "Luego de dos o tres días, las detenidas eran conducidas de nuevo a la cárcel", dijo. En el testimonio no hay detalles sobre qué pasaba con los recién nacidos. En muchos de los procedimientos, añadió, los suboficiales participantes "aprovechaban la situación para robar cualquier objeto de valor que encontraran". Luego de un operativo en el Cerro de las Rosas "se llevaron una gran cantidad de alhajas y una colección de monedas de oro". En su descargo ante la Secretaría General del EjÉrcito, en octubre de 1997 ante una citación de Bossi, Parszyk admitió haber sido jefe de sección de la Compañía 141 de Policía Militar entre 1975 y 1977, con una comisión intermedia en el Comando del Cuerpo de EjÉrcito III. Consideró que la denuncia "contiene aspectos generales y conceptos vagos, al punto que el denunciante no conoce con precisión mi apellido". Agregó que ni otros soldados ni los detenidos la confirmaron y que nunca fue citado por la Justicia. El eje de su descargo fue que la cárcel estaba a cargo de un Prefecto, a cuyas órdenes sólo los miembros del Servicio Penitenciario se encargaban del "registro, control, inspección y movimientos de ingreso y salida" de los detenidos. El personal militar a su mando, agrega, "cumplía las siguientes tareas. En lo interno: actividades de orden interno (sic), descanso del personal y mantenimiento de los vehículos de patrullaje. Fuera de la Unidad Carcelaria: realizaba tareas de patrullaje y controles de rutas". Nunca "tuvo responsabilidad alguna en el traslado de personal alojado en la cárcel. La Unidad Carcelaria era la base desde donde se realizaban las citadas tareas de patrullaje y control de rutas". Los elementos aportados por la Conadep nunca fueron investigados judicialmente, tal vez porque los conscriptos sólo conocían por fonética y no habían visto escrito el apellido del oficial, y por falta de entusiasmo investigativo de la Cámara Federal de Córdoba. Sin embargo, en la causa "Menéndez, Luciano Benjamín, delitos cometidos en la represión de la subversión" sobran elementos que cuestionan la veracidad del descargo de Parszyk. Además del asesinato de Moukarzel ya descripto, quedó registrado el del preso Raúl Augusto Bauducco, a quien el 5 de julio de 1976 le dispararon a quemarropa a la frente en el patio de la cárcel cuando no pudo sostener más los brazos contra la pared. Ambos desmienten que el personal militar no desarrollara ninguna actividad en relación con los presos. El nombre de Parszyk también apareció inesperadamente en la respuesta de la Cámara cordobesa a un pedido de informes sobre su camarada Villanueva. Entre el personal superior y subalterno que revistó en el Destacamento 141 de Inteligencia desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1993 ese informe menciona al entonces Teniente primero Luciano Teodoro Parszyk, matrícula individual 8.604.964, quien revistó en ese organismo rector de la represión política en Córdoba, desde diciembre de 1979 hasta noviembre de 1982. Además de Villanueva y Parszyk en esa nómina figuran algunos de los más conocidos secuestradores y torturadores durante la guerra sucia en Córdoba, como Héctor Pedro Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro (a) Nabo. Ese documento tiene origen en el propio Ejército y ratifica que Parszyk no se limitó a cumplir tareas de patrullaje y control de rutas.
Treinta por ciento
El teniente coronel Ricardo Manuel Frecha fue mencionado por alguien que se presentó como "integrante de las Fuerzas Armadas" y no reveló su identidad, según dijo por temor a represalias. El testimonio, con el cual se confeccionó el legajo 3861 de la Conadep, narra un procedimiento dirigido por el teniente coronel Pedro Alberto Durán Sáenz, y en el que habrían participado el Capitán Díaz, alias La Víbora, el oficial de inteligencia del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, teniente Sánchez, el entonces teniente primero Frecha, el teniente Chaussi y varios suboficiales. La misión consistía en "chupar a unos subversivos en un negocio de almacén y un galpón de carnicería donde se nos dijo que encontraríamos una imprenta clandestina". Un matrimonio y otros dos jóvenes capturados allí fueron enviados al campo clandestino de concentración La Cacha y los bienes de la casa saqueados. El sargento ayudante Latorre se opuso y dijo que "no se iba a poner a la altura de un subversivo y robar". Uno de los oficiales le respondió: "No te hagas mala sangre, total estos no lo van a necesitar más porque se van para arriba". Explica el denunciante: "Los iban a matar". Añadió que "el sargento Brovarone se hizo la casa sin gastar un peso, con lo que robaban, o sino salía a pedir a los negocios una contribución para el Regimiento. De lo que sacaba, el 70 por ciento se lo llevaba él y el 30 por ciento restante se lo entregaba al teniente Frecha". A los secuestrados en ese procedimiento "de la Cacha los llevaron en un avión y los tiraron al río". El descargo de Frecha, quien admite haber revistado en el R.I. 7 desde diciembre de 1977, dice que el testimonio "no señala el lugar donde ocurrió, ni se aporta algún dato sobre la filiación de las supuestas víctimas". Con lógica jurídica concluye que "resulta en consecuencia inadmisible considerar seriamente esas expresiones como una denuncia". (Tanto Frecha como Parszyk realizaron en 1971, al egresar del Colegio Militar, el Curso de Contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, en Fort Gulick, Panamá. La comitiva estaba al mando de quien poco después sería jefe del Ejército y dictador militar, Roberto Eduardo Viola y también la integraban otros subtenientes que se destacaron en los años siguientes. Armando Arana, Luis Alberto López, Ramón Alberto Varela y Tomás Víctor Fernández participaron en el alzamiento de la Semana Santa de 1987; el mismo Varela fue detenido al año siguiente durante el asalto a una empresa de venta de alarmas para autos; Carlos Héctor Ezcurra Varela sublevó el regimiento de Las Lajas, por lo que fue condenado a un año y medio de prisión; José Arce fue investigado por un secuestro extorsivo, en el que no se probó su participación; Rubén Fernández se rebeló junto con el ex coronel Mohamed Alí Seineldín; Domingo Antonio Gordillo dirigió en 1994 la carga clandestina de ocho camiones con semirremolque con municiones y explosivos para la ex Yugoslavia desde la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga de Tucumán. Varios de ellos fueron indultados por el presidente Carlos Menem en octubre de 1989. La enumeración es oportuna ahora que las Fuerzas Armadas argentinas vuelven a participar con las estadounidenses en operaciones de entrenamiento contra el terrorismo).
Si él lo dice
En 1992 la Junta de Calificaciones del Ejército no recomendó el
ascenso de Burlando, por falta El Senado recibió de la Cámara los expedientes instruidos por Burlando a raíz de una serie de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. En el caso de Darío Rossi, que no reapareció con vida, la firma de Burlando figura dos veces. Como asesor jurídico del Cuerpo V, el 7 de febrero de 1977 respondió ante un recurso de hábeas corpus presentado por sus familiares que Rossi no estaba detenido. Como juez de instrucción, el 31 de enero de 1986 sobreseyó en la causa por "ausencia de pruebas directas o indicios sólidos que permitan responsabilizar al autor o autores del hecho". Diversos testimonios señalaron que Rossi había estado detenido en el Cuerpo de Ejército V, por lo que el asesor jurídico Burlando podría haber estado entre los autores que el juez de instrucción Burlando no pudo identificar. En casi todos esos expedientes, Burlando dijo que no se había probado la existencia del "lugar denominado La Escuelita, dentro de los terrenos del Comando del Quinto Cuerpo de Ejército", donde las víctimas denunciaban haber sido torturadas. Se remitió para sostener esa afirmación a dos sumarios instruidos por otro juez militar, el tenéziente coronel Emilio Ibarra, cuya labor "tendiente a verificar el real funcionamiento o no, de dicho reducto en lugar militar permitiría tenerlo por no probado o inexistente". En cambio, "resulta probado" el "funcionamiento orgánico de un lugar de detención de personas" para "recibir, clasificar y remitir" a los detenidos a la cárcel de Villa Floresta. Es decir, sólo lugares y actos legales. Más aún, en la causa por la privación ilegítima de la libertad y las torturas a Mario Crespo, además de sobreseerla, Burlando destacó la intervención del general Catuzzi, quien habría gestionado el regreso de Crespo del penal de Rawson y su posterior arresto domiciliario y puesta en libertad. Esto le impide "arrojar sospechas ciertas sobre el personal militar". En otras causas, Burlando declaró la "inexistencia de cadáveres NN vinculados con la subversión e inhumados en el cementerio local" e incluso la "inexistencia y, por ende, participación, del oficial del Ejército Mario Mancini". Según testimonios de todos los sobrevivientes, Mancini era el nombre de encubrimiento del suboficial Santiago Cruciani, alias El Tío. En ese y en otros expedientes, Burlando tomó declaración a dos de los principales testigos aportados por la Conadep, los suboficiales del Servicio Penitenciario Néstor Cendón y del Ejército Oreste Vaello. Ambos se declararon presionados o extorsionados por la Conadep "a fin de enlodar al personal militar" repitiendo un libreto con falsas denuncias. Burlando destacó la entrega de importante material probatorio por parte de Vaello y Cendón al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y al entonces juez federal Juan Fegoli, pero tales documentos nunca se incorporaron a los expedientes que instruía. En casi todas las causas, según Burlando los delitos estaban prescriptos. En algunas "la experiencia" denunciada por la víctima (por ejemplo, Carlos Alberto Gentile) pudo provenir "de haberse producido" a "las no descartables rivalidades de facciones políticas encontradas, el submundo de la droga, el contrabando, la delincuencia común, el secuestro extorsivo, etc", por no decir de los extraterrestres, que hubiera sido una grosería impropia de un intelectual. A semejante hipótesis no llegó sin una cuidadosa preparación previa. En el expediente por la privación ilegítima de la libertad y las torturas a Jorge Abel, por ejemplo, Burlando preguntó al acusado ex delegado de la Policía Federal, comisario Vicente Forchetti, "si existían en la época del hecho rivalidades entre grupos políticos que emplearan el secuestro y la extorsión entre ellos". En otras causas, los posibles responsables habían muerto, como el ex jefe del Area Militar Viedma, teniente coronel Miguel Padilla Tanco lo cual impedía avanzar en el esclarecimiento de la detención ilegal de Héctor Ayala, por supuesto "en el plano de las presunciones fácticas y sin descartar la intervención de terceros", porque Burlando es abogado y conoce todas las formalidades necesarias para vestir una resolución y hasta parecer ecuánime. En el caso de los gremialistas Daniel Orlando Avalos y Carlos Lima sus privaciones ilegítimas de la libertad "habrían obedecido a una unilateral decisión funcional del jefe fallecido, con omisión de informar de ello a sus superiores". Burlando tampoco investigó ninguna de las denuncias contra el ex rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu y contra el sindicalista Rodolfo Ponce acusados de señalar a quienes debían ser secuestrados. El 14 de agosto de 1976 el Comando del Cuerpo V informó de un presunto enfrentamiento en la calle San Lorenzo 740, de Bahía Blanca, en el que habrían sido abatidas tres personas, cuya identidad no se reveló, según el general Vilas porque se trató de una "operación sicológica", que sólo habría estado en conocimiento suyo y de Burlando. Esa casa pertenecía al matrimonio formado por Luis Alberto Sotuyo y Dora Mercero de Sotuyo, con quienes vivía un amigo, Roberto Lorenzo. Los Sotuyo nunca reaparecieron y varios testimonios indican que estuvieron en La Escuelita de Bahía Blanca. Lorenzo fue dado por muerto al mes siguiente en otro supuesto enfrentamiento, junto con Cristina Coussement, cuyo secuestro se había denunciado en Mar del Plata. Burlando se encargó de la devolución de la casa a la familia Sotuyo y ante un recurso de habeas corpus respondió que no había orden de detención de Dora Mercero de Sotuyo. El 11 de marzo de 1987 al declarar ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, Vilas retribuyó las atenciones de Burlando y asumió la exclusiva responsabilidad por haberle ordenado la respuesta al recurso de hábeas corpus y la devolución de la casa a los familiares de los Sotuyo.
Listas El bloque radical hizo saber que no votará el acuerdo de Burlando. La misma posición dejaron trascender los senadores justicialistas Remo Constanzo, de Río Negro, y Carlos Verna de La Pampa. En su discurso del Día del Ejército, hace tres meses, Balza hizo referencia a "la frustración de jóvenes oficiales que no habiendo sido ni imputados ni procesados ven cercenadas sus aspiraciones profesionales por sólo figurar en listas. ¿Acaso alguien quiere volver a épocas pasadas de listas negras que todos repudiamos?" Desde entonces, la Comisión de Acuerdos dejó pasar a tres tenientes coroneles mencionados por la Conadep: Daniel Eduardo Carthy, Luis Ignacio Gómez Centurión y Bartolomé Enrique Durán, pero retuvo los pliegos de Parszyk, Frecha y Burlando y rechazó definitivamente el de Villanueva. Durante el gobierno radical la oposición justicialista objetaba los ascensos de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, pero la presión del ex presidente Raúl Alfonsín forzaba su aprobación. Desde que dejaron el gobierno, los radicales cumplen con su rol opositor pero el bloque justicialista resiste la presión del presidente Carlos Menem, como ya se había visto en los casos de los marinos torturadores Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías. En la Armada, los responsables de impulsar esos pliegos lo pagaron con el retiro. ¿Qué será de Bossi en el Ejército?
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Luego del rechazo del pliego para el ascenso del teniente coronel Carlos Enrique
Villanueva el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Martín Balza, volverá a empeñar toda
su influencia en favor de otros tres oficiales impugnados por su actuación durante la
dictadura militar. Dos de ellos, los tenientes coroneles Luciano Teodoro Parszyk y Ricardo
Manuel Frecha serán interrogados este miércoles por la comisión de acuerdos del Senado
sobre las denuncias en su contra recogidas por la Conadep; el tercero, el teniente coronel
auditor Jorge Alberto Burlando, que se presentará una semana más tarde, tuvo activa
participación en el golpe del 24 de marzo de 1976 y luego como juez de instrucción
militar cerró todas las causas por las violaciones a los derechos humanos producidas en
consecuencia. 
de vacantes en su especialidad leguleya. Al
solicitar la revisión, el propio Burlando describió su actividad en términos cuya
sinceridad el Senado debería apreciar. Dijo que en 1984 pidió ser designado juez de
instrucción militar por entender que, como abogado, estaba en condiciones de efectuar
"una mejor defensa de los intereses de la institución" en la "revisión de
las responsabilidades en la lucha antisubversiva". Añadió que durante 27 años en
el Comando del Cuerpo de Ejército V realizó un "acercamiento directo con
magistrados federales y provinciales", lo cual habría beneficiado al Ejército
"durante los procesamientos de los generales Catuzzi, Vilas, Sexton y demás
camaradas, facilitando un trato digno y evitando condiciones perjudiciales mayores".
Es decir, que la preocupación del supuesto juez era mejorar la situación de los
oficiales acusados de gravísimos delitos. Lo hizo a conciencia, por razones fáciles de
comprender: en esas causas se analizaba la conducta de quienes habían sido sus
superiores. Pasó de asesor a juez de los ex comandantes del Cuerpo V, generales Adel
Vilas y Aníbal Catuzzi. Catuzzi dijo bajo juramento que para decidir el destino de las
personas detenidas lo asistían el oficial de registro y enlace, el jefe del destacamento
de inteligencia y los auditores. Agregó que "la División Jurídica" también
se encargaba de los menores que estuvieran a cargo de personas detenidas, de la entrega de
cadáveres y de la prevención sumaria de los procedimientos.