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| Por Adriana Meyer
"El departamento de Justicia sostiene que las evidencias en contra de IBM aún son insuficientes como para enviar a los directivos involucrados a declarar a la Argentina", dijo a Página/12 el consejero de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rick Filkins, en su oficina del Rayburn Building, frente al Capitolio. "Ahora estoy estudiando la documentación que me han entregado los diputados argentinos (Horacio Viqueira y Eduardo Santín). Si mi jefe, Henry Hyde, lo aprueba, podríamos pedir información específica al Departamento de Justicia sobre el tema, dado que ésa es nuestra función de supervisión", dijo Filkins, y agregó que "el FBI debe investigar cualquier acusación en contra de una corporación norteamericana y, si hay una ley federal que pena el soborno cometido en el exterior por una empresa de nuestro país, debe ser juzgada aquí. Pero es difícil que el FBI pueda hacer algo sin una asistencia importante del gobierno argentino. Si hasta ahora dicen que no tiene pruebas sobre IBM, ellos pueden ir allá a buscarlas y --eventualmente-- hacer una acusación concreta o desechar el asunto". En abril de este año el presidente de esta comisión, Henry Hyde, le respondió una carta al ex diputado Jesús Rodríguez en la cual le manifestaba su deseo de que "el gobierno de los Estados Unidos investigue las acusaciones en contra de IBM lo más pronto posible y que le envíe al juez argentino la información que ha requerido, porque es nuestra obligación en el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua". David Bybee es uno de los principales funcionarios de la sección fraudes de la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y jamás había oído hablar del caso IBM. Quien sí lo conoce es su jefe, Peter Clark, que participó de las reuniones mantenidas con los argentinos. "No podemos hablar sobre asuntos que están pendientes de resolución", afirmaron a este diario los pocos funcionarios que saben del tema en ese organismo. John Moscow, fiscal de Nueva York, había dicho en un reportaje del diario Clarín que "la Justicia norteamericana debe intervenir en el caso IBM, si se comprueba que hubo soborno, aplicando la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior". Consultado en forma telefónica por este diario, aseguró que ya se ha iniciado una investigación formal, pero desconoce a qué nivel. En opinión de este especialista, en casos de fraudes bancarios y delitos financieros el secreto bancario es "inadmisible para una sociedad civilizada y debería estar prohibido". En Estados Unidos no existe y por eso Moscow no entiende por qué el al juez argentino le cuesta tanto llegar a esa información. Pero cuando se le menciona al Departamento de Justicia, se excusa por no poder responder al respecto. En los Estados Unidos no existe aún una causa abierta en la Justicia que investigue los casos de presunta corrupción en los que está involucrada la multinacional informática, como las que se siguen en nuestro país por las contrataciones con el Banco Nación y la DGI a nivel nacional, y en Santa Fe, Mendoza y Avellaneda. El fiscal Kerry Lawrence --con quien se entrevistó esta semana el juez Adolfo Bagnasco, el fiscal Cearras y un grupo de diputados-- conduce la investigación preliminar cuyo resultado decidirá si se llega a juicio o no. Mientras tanto en el Departamento de Justicia consideran que las pruebas que les ofrece la Justicia argentina no son suficientes, y que --en definitiva-- es un asunto en el cual puede haber habido soborno, pero por parte de uno o dos directivos de IBM Argentina. "Acá no podemos hacer mucho porque son hechos ocurridos en Argentina y hasta
ahora no vemos ningún elemento que vincule lo que pasó allí con la empresa acá en
Estados Unidos. Si lo hubiera, se abriría la investigación." Esto es lo que
escucharon los diputados Horacio Viqueira y Eduardo Santín de los funcionarios del
Departamento de Justicia, durante las dos reuniones que mantuvieron en Washington y en
Nueva York esta semana. "Nosotros tampoco queríamos insistir en este punto porque
nos interesan más las responsabilidades de los funcionarios argentinos. IBM tiene mucho
poder, genera exportaciones, es prestigiosa acá y suponemos que no habrá ninguna
sanción", fue la reflexión final del radical Santín. |
El caso IBM podría avanzar por un camino diferente del que
está recorriendo hasta ahora. El juez Adolfo Bagnasco quiere indagar en Buenos Aires a
los directivos de la casa matriz, pero en los Estados Unidos no existe aún una causa
abierta en la Justicia que investigue los casos de presunta corrupción en los que está
involucrada la multinacional informática, como las que se siguen en nuestro país. El
fiscal Kerry Lawrence conduce la investigación preliminar cuyo resultado decidirá si se
llega a juicio o no. Mientras tanto, en el Departamento de Justicia consideran que las
pruebas que les ofrece la Justicia argentina no son suficientes, y que --en definitiva--
es un asunto en el cual puede haber habido soborno, pero por parte de uno o dos directivos
de IBM Argentina. Un asesor parlamentario, un fiscal y el director de una ONG coincidieron
en la responsabilidad que tiene el gobierno norteamericano en casos similares, aplicando
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero sancionada en 1977. La única
investigación en marcha es la que impulsa la Comisión Nacional de Valores.