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Por Maximiliano Montenegro  Hoy a las seis de la tarde, cuando
reciban el proyecto de ley del Presupuesto '99 enviado por el Poder Ejecutivo, los
diputados se enterarán de que las áreas sociales son las únicas que pagarán el costo
del ajuste exigido por el FMI y los inversores internacionales frente a la crisis
internacional. El recorte en servicios sociales alcanzará a los 500 millones de pesos.
Toda la baja en el gasto se explica por este rubro, que incluye partidas en seguridad
social, educación, salud y programas de empleo, entre otros. En cambio, aumentarán las
erogaciones en seguridad y defensa, que crecerán en unos 80 millones. Y el pago de
intereses de la deuda alcanzará un récord histórico: por cada peso de gasto público,
16 centavos irán a honrar compromisos con los mismos acreedores que demandan el ajuste.
Hace sólo tres años se destinaban 10 centavos. Contando todos los programas sociales
localizados en todos los ministerios, el Estado destina sólo 2 centavos a este ítem por
cada peso que desembolsa.
La primera planilla del Presupuesto que atinarán a leer hoy los legisladores describe las erogaciones previstas para 1999 de acuerdo a su finalidad. No hace falta ahondar mucho en el mamotreto de fotocopias porque ya ahí nomás queda claro por dónde pasará la tijera que le pidió Roque Fernández a Menem para responder a la crisis financiera. Las cifras, a las que accedió Página/12, son las siguientes: - Los gastos en "servicios sociales" se reducen en 491 millones de pesos, con relación al presupuesto '98. El total de gastos de esta partida alcanzará a los 30.527,5 millones de pesos, de los cuales el 67 por ciento corresponden al presupuesto de la seguridad social. Según afirman las fuentes oficiales no habrá ajustes en el pago de jubilaciones, pero lo cierto es que sufrirán alguna poda las partidas para la ANSeS, como también habrá desfleques en el presupuesto del seguro de desempleo y en las pensiones no contributivas. El resto de los "servicios sociales" corresponde a programas de diversos ministerios, como Educación (Universidades y programas para grupos menos favorecidos); Salud (Atención maternoinfantil, lucha contra el SIDA, programas nacionales de vacunación, etc.), y Trabajo (programas de empleo, capacitación, jóvenes). No sólo todos aportan su cuota al ajuste sino que, para colmo, dado el crecimiento poblacional, son gastos que para mantener un nivel mínimo de prestaciones deberían aumentar. - Los gastos en "servicios económicos" disminuyen en 31,6 millones de pesos. En este ítem se cuentan áreas tales como Transporte, Combustibles y Energía, los programas de la Secretaría de Industria y los de Agricultura, entre otros. - En cambio, aumentan las erogaciones en "seguridad y defensa" en 82,6 millones de pesos. No hay recortes en gastos reservados: ni en los 190 millones que se lleva la SIDE, ni en los 12 millones que maneja el Ministerio del Interior, ni en los de Cancillería y Defensa. Los gastos en "administración gubernamental", en tanto, crecen en 70,2 millones. - El pago de intereses de la deuda se incrementa en 994 millones de pesos, llegando al récord de 7769 millones de pesos. - Así, el gasto primario (es decir, sin incluir los intereses de la deuda) será de 41.530 millones de pesos, unos 370 millones menos que en el Presupuesto de este año. Y el gasto total (incluidos los intereses) ascenderá a los 49.299 millones, unos 624 millones más que en el actual Presupuesto. - Sin embargo, debido a que se supone un crecimiento del PBI del 4,8 por ciento y por ende de la recaudación, el déficit fiscal --después del pago de intereses-- se reduce, en línea con las metas fijadas por el FMI, de los 3500 millones de este año a unos 2650 millones el próximo. De la participación de cada uno de los rubros en el total del gasto es fácil inferir que todo el ajuste para compensar el dramático aumento de los intereses de la deuda recae en los servicios sociales (ver cuadro). Nunca antes los intereses de la deuda habían gravitado tanto en el presupuesto de la administración nacional. Hoy, por cada peso que eroga el gobierno de Menem, casi 16 centavos se los llevan los acreedores, ya sean organismos internacionales, bancos de inversión o grandes inversores institucionales. Este año los intereses insumen 13,7 centavos por cada peso de gasto público y el año pasado significaron unos 13 centavos. En 1996 acaparaban tan sólo 10 centavos. Los 7769 millones que abonará el gobierno el próximo año en concepto de intereses son casi siete veces más de lo que gastará en programas sociales focalizados en los grupos más pobres. Estos planes, distribuidos entre todos los ministerios y la Secretaría de Desarrollo Social, suman unos 1100 millones de pesos, es decir, 2,2 centavos por cada peso que gasta el Estado. Ante la disyuntiva de tener que reducir el déficit fiscal para ganar credibilidad frente a los mercados, y a la vez afrontar obligaciones crecientes con los mismos acreedores, Roque Fernández eligió el camino de recortar el gasto social. Justo en medio de una crisis que, sin duda, golpeará a los sectores más pobres, que son los que más lo necesitan.
DEBE BAJAR 35% SU DEFICIT Por M. M.
Los hombres de Roque Fernández estiman que el déficit fiscal consolidado de las provincias alcanzará este año a los 1700 millones de pesos. Sin embargo, en 1999 ese rojo deberá disminuir hasta 1150 millones, de acuerdo con lo conversado con el FMI. El peso del ajuste recaerá en las provincias más grandes: Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Por ejemplo, Buenos Aires accedería a disminuir su déficit en unos 300 millones, como un gesto de austeridad frente a la crisis. Pero también habrá apretón fiscal en el resto de las provincias, sobre todo si, de continuar la crisis, no consiguen refinanciar sus deudas con bancos locales e internacionales. Se sabe que es crítica la situación de Jujuy y que también está ahorcado por los bancos Antonio Bussi en Tucumán. A menos que reciban un salvataje extraordinario de la Nación, algo que Roque deniega, deberán recortar salarios y despedir empleados públicos en los próximos meses. Además, quedarán para después del 2000 las obras públicas previstas en las provincias con los fondos provenientes de la venta del Banco Hipotecario. El martes de la semana pasada, Página/12 adelantó que la crisis ya costará 5 mil millones de gasto público para el '99. Esa cifra surge del crecimiento necesario en las partidas de gastos para mantener un nivel mínimo de prestaciones. Los propios funcionarios de Hacienda habían confirmado esas pautas fijadas en el anexo del Presupuesto '98 para los años siguientes.
Con los bolsillos vacíos, el FMI no asume sus errores en la crisis
Pese a su penuria de recursos, Fischer aclaró que el Fondo está dispuesto a hacer lo que esté a su alcance (por lo visto, no mucho) para ayudar a América latina, mientras instó a Estados Unidos y otras potencias a capitalizar otra vez al organismo. De hecho, el Capitolio no encendió aún la luz verde para la entrega de 18.000 millones pendientes. "La situación de la economía global se está volviendo extremadamente difícil, y los limitados recursos ahora disponibles no ayudarán a aumentar la confianza en el sistema internacional", comentó. El segundo en la jerarquía ejecutiva, detrás de Michel Camdessus, se opuso, aun así, a vender parte de los 104 millones de onzas de oro que hay en las reservas del Fondo Monetario. "Esa no es la respuesta", manifestó. "No vamos a operar de una manera que arriesgue los recursos de nuestros accionistas", insistió. Ocurre que el Fondo debe retener sus reservas porque todo país miembro puede reclamar, en cualquier momento, su cuota en la institución, equivalente al dinero que depositaron en ella. El informe anual indica que el FMI prestó unos 25.600 millones de dólares en el año culminado el 30 de abril, cerca del cuádruple de lo prestado en el período 96/97, y es obvio que no consiguió detener la crisis. En realidad, muchos lo acusan de haberla agravado al imponer sus recetas ortodoxas. Sin embargo, Fischer no ensayó ninguna autocrítica. Por el contrario, sostuvo que el anterior éxito económico de Asia fue uno de los principales factores del actual fracaso, pues los gobiernos del área actuaron con lentitud a la hora de tomar medidas preventivas. También fustigó a los inversores internacionales, que "en su prisa por obtener mayores ganancias subestimaron los riesgos en algunos mercados emergentes". Aunque confiesa no tener certeza sobre cuándo terminará la crisis en el sudeste asiático, el Fondo cree "esencial" que continúen las reformas económicas en la región. La idea es que resulta fundamental la inyección de confianza y el fomento de un crecimiento sostenido en Japón para la recuperación económica de toda Asia y el resto del mundo. Lo notable es que considera que el relanzamiento de la economía nipona debe apoyarse en una actuación fiscal más expansiva a corto plazo. Pero para que los estímulos fiscales puedan tener un efecto duradero en Japón, deben estar acompañadas por reformas serias del sector financiero. El FMI sugiere que cualquier próxima asignación de fondos públicos a los bancos debe supeditarse a la cancelación de créditos irregulares. Durante el año culminado en abril (hay que considerar que, aun en los tiempos que corren, median más de cuatro meses entre el cierre del informe y el momento en que el Fondo lo da a conocer), el organismo multilateral creó nuevos sistemas para vigilar las economías de sus 182 países miembro. Pero el FMI indica, en tono de queja, que esta política de vigilancia sólo podría funcionar si los países estuviesen dispuestos a escuchar. Según el reporte, "la vigilancia efectiva depende fundamentalmente de la voluntad de los países para aceptar las recomendaciones del FMI". "Este año ha sido duro para el Fondo, ya que nos enfrentó con la economía global y los grandes cambios en su sistema", dijo Fischer. Los préstamos del organismo incluyeron el año pasado uno de 21.000 millones de dólares a Corea del Sur, país que antes del colapso del won ostentaba la undécima economía del mundo en tamaño. Esto significa que el FMI debió bombear recursos masivos hacia uno de los sistemas más poderosos, cuando se supone que su papel reside en auxiliar a las economías más débiles.
NO EXCLUYEN MAS PODAS DE GASTO Y SUBA DE TASAS
Esa drástica decisión del Banco Central, que llegó dos días después de que el gobierno anunciara un recorte de emergencia del gasto público en 3420 millones de dólares para atajar el creciente déficit fiscal, fue respaldada por el FMI. Pero, de hecho, la elevación de las tasas multiplica el costo de la enorme deuda pública a corto plazo, y por tanto empeora la situación presupuestaria. El déficit fiscal nominal brasileño se situó en 7,3 por ciento del Producto Bruto en el primer semestre. Pero ahora el gobierno debió agregar 14.300 millones al pago de intereses de la deuda pública hasta fin de año. Ayer la Folha de Sao Paulo especuló que mantener vivo el Plan Real habría un recorte adicional, de casi 6000 millones de dólares, en el gasto público, siempre y cuando la hemorragia de reservas no se detenga. Esta posibilidad fue insinuada por el propio Gustavo Franco, gobernador del Banco Central. Este "completará su misión. Nuestra labor es defender la moneda y haremos lo necesario para llevarla a cabo", le dijo Franco a O Globo cuando le preguntaron si había más espacio para un nuevo aumento de las tasas de interés. Las reservas cayeron la semana pasada hasta quedar en 52 mil millones de dólares, su nivel más bajo en nueve meses, después de haber superado los 70 mil millones a principios de agosto. Brasil apuesta también a tres privatizaciones que serán licitadas esta semana. El estadual Banco do Estado de Minas Gerais será subastado hoy, siguiendo el martes la compañía eléctrica Gerasul y la distribuidora eléctrica Bandeirante el jueves. Si todo va bien, los gobiernos estaduales añadirían un mínimo de 2000 millones de dólares a las reservas. Pero, obviamente, subsiste el peligro de que las divisas salgan tan pronto como entran, y que en el camino el sector público brasileño vaya quedándose con menos activos.
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