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Por Miguel Bonasso  La visita del diputado oficialista César Arias a Enrique
Gorriarán Merlo fue un sondeo ordenado directamente por el presidente Carlos Menem, como
paso previo para decidir un indulto presidencial o una conmutación de penas que abarque
tanto a los guerrilleros que asaltaron el cuartel de La Tablada en 1989, como a los
militares "carapintadas" que, comandados por el ex coronel Alí Mohamed
Seineldín, se amotinaron contra el Gobierno en diciembre de 1990. A Menem le interesaba
saber, fundamentalmente, si las próximas definiciones públicas de Gorriarán, condenado
a cadena perpetua por el asalto a La Tablada, serán lo suficientemente cautas como para
no generar una corriente política en contra de un eventual perdón presidencial.
La crucial entrevista se dio en un contexto muy especial: en vísperas de la audiencia convocada para el 6 de octubre próximo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la que deben concurrir representantes del Gobierno y la abogada de Gorriarán, Martha Fernández. Al Presidente no le hace ninguna gracia esa audiencia y menos le gusta aún la discreta presión ejercida por la CIDH para que libere a los guerrilleros de La Tablada. Por eso trata de mostrar que actúa por iniciativa propia para concluir "la era Menem" sin presos políticos. Pero quiere medir la reacción que la medida puede generar, especialmente en los radicales que gobernaban cuando se produjo el cruento episodio. Y que, además, no ven con buenos ojos el perdón que más le interesa al primer mandatario: el del coronel Seineldín y sus carapintadas. La visita del diputado ultramenemista César Arias al ex líder del ERP se trató de manejar con extrema discreción, al punto de que Martha Fernández, la abogada de Gorriarán, se enteró después que el diálogo se había producido. Sin embargo, la presencia del emisario presidencial fue detectada por una cronista y un fotógrafo del diario La Nación. Arias, dicen, se molestó mucho por la presencia inesperada de los periodistas. El encuentro del sábado a la mañana en la cárcel de Villa Devoto fue corto y tuvo un objetivo muy preciso: el dirigente ultramenemista quería sondear a Gorriarán acerca de las próximas manifestaciones públicas del veterano dirigente guerrillero que esta semana concederá una entrevista televisiva a Mariano Grondona. Más que lo que pueda decir en Hora Clave, al Gobierno le preocupa saber qué dirán Gorriarán y los otros presos de La Tablada en una declaración orgánica que habrá de conocerse oficialmente en los próximos días. El tono y el contenido de este manifiesto fueron tema central de conversación entre dirigentes liberados del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y los máximos directivos de la CIDH que visitaron la Argentina hace algunos días. Los visitantes Robert Goldman y Jorge Taiana (h) debieron moverse con delicadeza para no herir suceptibilidades y alcanzar alguna suerte de compromiso que permitiera liberar a presos que llevan ya nueve años de prisión. Tenían buenas credenciales para la negociación, porque el organismo continental que conducen produjo (en diciembre último) un informe serio y objetivo sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en la represión del ataque a La Tablada. A los hombres del MTP, por su parte, les cabía una tarea no menos delicada: producir un documento que eluda la indignidad del "arrepentimiento" pero implique al mismo tiempo un compromiso a futuro de luchar por sus ideas sociales y políticas en el marco de las instituciones democráticas. La declaración presentaría los hechos protagonizados por el MTP en enero de 1989 como una suerte de coletazo final de la Argentina autoritaria y militarizada que la generación del '70 combatió con las armas en la mano. Y que no pueden ni deben reproducirse en las circunstancias políticas actuales. El tema volvió a reflotarse el sábado en la prisión de Bermúdez y Nogoyá, en el diálogo por momentos trabado que mantuvo el enviado presidencial con el hombre que protagonizó tantos hechos espectaculares como la fuga del penal de Rawson en 1972 o la temeraria ejecución del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en una calle de Asunción, cuando comenzaba la década del '80. Ni Arias ni Gorriarán hicieron declaraciones hasta el momento. Y algunos voceros oficiales, como el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, buscaron restarle trascendencia a los rumores de un posible indulto, recordando que eran habituales en esta época del año. Algunos observadores especularon también con la posibilidad de que "la misión Arias" fuera solamente una operación destinada a distraer a la opinión pública de temas tan desagradables para el Gobierno como el de las armas. Pero esta vez, a diferencia de otras primaveras, hay un diálogo hasta ahora inédito entre la Casa Rosada y Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Y esa próxima audiencia de la CIDH en Washington que es otra novedad de esta primavera.
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