Cuando el 20 de agosto pasado, Enrique Pescarmona comunicó a la Bolsa de Comercio la intención de vender a empresas de Brasil su participación en los ferrocarriles cargueros Buenos Aires al Pacífico y Urquiza, no sospechó que la presión parlamentaria podría poner en riesgo la operación. Días pasados los diputados de la Comisión de Transporte reclamaron a Economía que no convalide esa venta hasta tanto quede en claro cómo y quién subsanará las millonarias faltas acumuladas por el empresario mendocino, que en ambas líneas tiene incumplimientos en inversiones y canon impago por un total aproximado de 130 millones de pesos. Roque Fernández quedó en una posición incómoda, ya que el pleito estalla en el medio de la renegociación de todas las licitaciones de trenes de carga. El caso, además, amaga con convertirse en modelo de privatización fracasada.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona comunicó su decisión de vender por un total de 53,5 millones de dólares el 73,5 por ciento del capital de BAP y el 70,5 del Ferrocarril Mesopotámico a los accionistas controlantes de Ferrovía Sul Atlántico (FSA), quienes, a su vez, participan en Ferrovía Centro Atlántica. El compromiso de estos grupos brasileños es integrar en dos meses los primeros 6,7 millones del total comprometido, siempre y cuando el gobierno argentino convalide la operación.

La Secretaría de Transporte insinúa que se trata de una transacción privada. Sin embargo, para concretarla resulta imprescindible el consentimiento oficial, tanto porque el Estado es socio de aquellos consorcios con un 16 por ciento como porque lo que está en juego es un servicio concesionado, que un día debería restituirse a la órbita pública. Paradójicamente, fue el propio jefe de Gabinete quien encendió la mecha en el Congreso, donde hay intención de bloquear aquel aval. En su último informe periódico Jorge Rodríguez afirmó que hasta abril de 1998 BAP registraba incumplimientos en sus planes de inversiones por 95,68 millones de dólares y tenía una mora en el pago del canon por otros 18,87 millones. En el caso de la línea mesopotámica las deudas por obras son de 13,89 millones --equivalentes al 64 por ciento del programa comprometido-- y el canon adeudado supera los 270 mil pesos.

Como hasta el momento no hay ningún indicio de que el comprador brasileño vaya a asumir estas obligaciones, la gran pregunta es si el gobierno las exigirá y a quién. "Hay que saber quién cobrará los 53 millones que va a pagar FSA: si Impsa o el Estado, a cuenta de aquellas deudas", razonaba el diputado frepasista Ricardo Vago. Idéntica inquietud asaltó a los oficialistas, quienes no dudaron en firmar una nota dirigida a Economía para reclamar que no convalide ninguna cesión de derechos a favor de los grupos de Brasil, hasta tanto este punto no esté aclarado. En la misma misiva, citaron al secretario de Transporte, Armando Canosa, para que aclare la situación.

Pero lejos de despejar alguna incógnita, la respuesta del secretario de Transporte generó nuevas dudas. "La secretaría no recibió ninguna comunicación oficial de esa transacción", se excusó el funcionario. Ante una consulta de Página/12, su vocero intentó una explicación más precisa. "Todo se está negociando. Pero no está en los planes del gobierno condonar deudas".

En Diputados, mientras, proliferan iniciativas adversas a Impsa. El justicialista Emilio Martínez Garbino fogoneó una para que el Estado rescate la concesión del Ferrocarril Mesopotámico por sus múltiples incumplimientos. Sus pares de la Alianza acaban de presentar otro reclamando al gobierno que paralice la venta hasta que se aclare quién pagará las deudas pendientes.

Pescarmona contactó a algunos legisladores en busca de apoyo, empezando por el conservador mendocino, Gustavo Gutiérrez. No es el único empresario operador de trenes cargueros con desvelos económicos. Los restantes grupos como Ferroexpreso Pampeano (de Techint), y Ferrosur (de Fortabat) también están negociando con el gobierno nuevas condiciones contractuales. La intención es fortalecer su magro negocio, postergando aún más sus incumplidos planes de obra y suprimiendo el pago del canon que deben pagar al Tesoro.

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