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Unos pesitos que guarda el nene
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| Por Norberto Bermúdez Desde España
El intento de borrar sus rastros no surtiría efecto, ya que la fiscal Del Ponte accedió a la información bancaria completa del general que, según fuentes consultadas, tiene un importante trasiego de fondos. Este diario también ha podido saber que el saldo de la cuenta "es muy importante", aunque no trascendieron las cifras. Una vez que la documentación sea traducida del alemán, el juez Garzón deberá investigar el origen de los fondos. El magistrado español ha recibido información de cuatro de las seis cuentas detectadas en el país helvético a nombre de conocidos represores del último régimen militar. Restan aún por llegar a Madrid las que corresponden al sargento Carlos Alberto Vega y la del fallecido coronel Roberto Leopoldo Roualdés. Esta última, se presume que podría tener estrecha relación con el ocultamiento de los archivos sobre los desaparecidos. Roualdés sería uno de los cinco encargados de custodiar el "botín más preciado de la dictadura" en Suiza, junto a los coroneles Enrique Carlos Ferro, Luis Alberto Gatica y los ex agentes de inteligencia Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti. Desde el 13 de febrero, cuando se conoció la existencia de esta cuenta misteriosa, el general Bussi debió afrontar una crisis política en Tucumán. La siguiente es la cronología de los hechos: * 13 de febrero: Se conoció que, al igual que los represores Alfredo Astiz, Roberto Roualdés, el Tigre Acosta, el sargento Carlos Vega y el vicealmirante Adolfo Arduino, Antonio Domingo Bussi tenía una cuenta en Suiza. La información había sido dada por la fiscal suiza Carla del Ponte a pedido del juez español Baltasar Garzón. "No lo niego ni lo afirmo", dijo llorando el gobernador tucumano. Al otro día la Legislatura tucumana aprobó la formación de una comisión investigadora. * 18 de febrero: La Cámara de diputados de la Nación abrió la declaración que hizo Bussi al asumir a su banca en 1993. No figuraba la cuenta suiza. * 19 de febrero: Volvió a llorar ante la prensa. Reconoció la cuenta suiza y que evitó mencionarla. "Se trató de una omisión sin intencionalidad", aseguró. Dijo que el dinero era producto de "becas otorgadas por el Ejército y el gobierno de Estados Unidos" y lo mandó al exterior en los años de la hiperinfación "ante el caos económico imperante en el país". * 5 de marzo: La Legislatura tucumana aprobó poner en marcha el juicio político contra el gobernador. * 12 de marzo: Bussi presentó su descargo ante el tribunal de honor formado por orden del jefe del Ejército, general Martín Balza. Dijo que al mentir actuó "como un político y no como militar". * 16 de marzo: el Tribunal de Honor Militar lo sancionó con una amonestación grave. * 26 de marzo: El fiscal federal Paulo Starc denunció al general por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica por no incluir la cuenta suiza en su declaración de bienes. * 13 de abril: La Legislatura tucumana suspendió al gobernador por sesenta días e inició juicio político por incumplimiento de los deberes de su cargo y desórdenes de conducta. Todo el gabinete bussista presentó la renuncia. * 31 de mayo: Un semanario tucumano publicó la existencia de otra cuenta bancaria de Bussi en la Hollandsche Bank-Unie NV que está a nombre de Josefina Bigolio y su hija Fernanda Bussi y que consigna un depósito de 245.874 dólares, concretado el 11 de setiembre de 1997. * 6 de junio: Bussi reasumió como gobernador. Se necesitaban 19 votos para destituirlo, pero la oposición sólo pudo juntar 16.
EL HIJO MAYOR HACE NEGOCIOS; EL MENOR, POLITICA Bajo la sombra del general
Ricardito, como lo llaman cariñosamente los adulones y miembros del entorno del general, siguió a su padre por los diferentes destinos militares que tuvo. Cursó entre 1976 y 1977 el secundario en Tucumán y se destacó más como "el típico porteño canchero" que como estudiante. Todavía sus compañeros de aquella época recuerdan que el joven Bussi solía tener ataques de pánico cuando las autoridades llamaban a su padre al colegio donde cursaba sus estudios: "Le tenía terror", recuerdan. Luego estudió abogacía y se recibió. Se casó con una tucumana, Marcela Fabrizzi, con la que tuvo tres hijas: Lucía, Camila y Josefina. Hace diez años abrió su propio estudio jurídico en la Capital Federal junto a su cuñado, Héctor Fidel D'Amico, y su amigo Omar Alí Yabrán, sobrino del "suicidado" empresario telepostal Alfredo Yabrán. A pesar de ocupar una poltrona en el Parlamento nacional, Ricardito tiene una carrera política más bien nula. Trabajó unos años en el Bloque del Pacto Autonomista Federal de Corrientes junto al que luego sería el "Monje Negro" del general, Carlos Quijano. Este fue el hombre designado por Bussi para que formara a su hijo en la política grande. Quijano fue el ministro que intentó entregar a un pobre albañil la remodelación por tres millones de dólares del edificio donde se instalaría el hospital Angel C. Padilla. El "intento de estafa", como lo denominaron los legisladores de la oposición en el juicio político que se le siguió a Quijano, quedó en la nada cuando no pudieron condenarlo por el mismo motivo que cuatro meses más tarde favorecería al gobernador Bussi en su propio juicio político: no alcanzaron los votos para condenarlo. Integrantes de Fuerza Republicana reconocen que la candidatura a diputado nacional la obtuvo sólo porque Bussi lo decidió y no porque se tratara de un reclamo de las bases republicanas. De todas formas, nadie se atreve a hacer esta afirmación en público y frente a un grabador, saben que el anciano general no perdona esas infidencias. La dependencia de Ricardo con su padre es tan notoria que pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre de 1997 aparecieron en las calles de Tucumán afiches que decían: "Dice mi papá que me voten: Ricardito". Pero antes de acceder al Congreso de la Nación, Ricardo tuvo otras tareas en Tucumán. El 11 de diciembre de 1995 el intendente de la capital tucumana, el republicano Oscar Paz, firmó un decreto por el cual se le otorgaba un poder general para juicios a Ricardo Bussi, Omar Alí Yabrán y Héctor D'Amico. Este último fue contratado por Paz como representante administrativo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la Capital Federal, con un sueldo de 2000 pesos mensuales. La única actividad oficial conocida que realizó D'Amico, según denunció en su oportunidad el concejal radical José Ascárate, fue remitir una copia del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires. En la madrugada del 24 de julio de 1997, luego de que denunciara estos "llamativos nombramientos", Ascárate fue víctima de un atentado en su casa, que para el general fue simplemente un ataque con "olor a trucho". Ricardito está compenetrado con la idea de su padre. El apellido Bussi tiene que continuar gobernando Tucumán y hace y dice todo lo que sea necesario para ayudar al anciano general a cumplir con ese objetivo. Cuando surgió la cuenta en Suiza, afirmó que "en la cuenta nunca hubo más de 150.000 dólares". Días más tarde, en un acto frente al edificio de la Legislatura y ante la inminente suspensión de Bussi como gobernador, Ricardo llamó a los republicanos a resistir a la Gendarmería cuando se decía que esta fuerza venía a garantizar una probable intervención federal. Antonio Bussi tiene bien diferenciado el rol de cada uno de sus hijos
varones. Luis José, el primogénito, tuvo un papel protagónico en la compra y venta de
los inmuebles que tiene la familia Bussi y que superan el millón de dólares. También
fue el encargado de abrir las cuentas bancarias en Holanda y Alemania junto a su madre,
Josefina Bigolio de Bussi. |
Entre setiembre y octubre de 1997, el gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, pasó
la titularidad de su cuenta suiza a nombre de su hijo, actual diputado nacional por el
partido Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, según se desprende de la documentación que
requirió el juez español Baltasar Garzón a las autoridades bancarias helvéticas en el
marco de la causa que investiga la desaparición de ciudadanos españoles durante la
dictadura en Argentina. Los datos de dicha cuenta fueron enviados desde Berna a Madrid por
la fiscal Carla del Ponte, junto con el detalle de la cuenta de Alfredo Astiz. Según ha
podido saber Página/12, Bussi fue advertido por las autoridades del Credit Suisse
de Zurich de que era objeto de una investigación judicial, por lo que cambió la
titularidad de la cuenta, que hasta ese momento compartía con su esposa Josefa Bigoglio.
Las entidades financieras suizas tienen obligación de informar a sus clientes cuando
éstos son investigados por la Justicia.