 Donde hubo
fábricas, ahora funcionarán prisiones. Lo que parece un símbolo de estos tiempos de
desempleo, marginalidad y delito, se convertirá en una realidad merced a una idea del
gobierno bonaerense, que piensa alojar a unas 3700 personas detenidas en comisarías en
galpones en desuso, que serán reciclados como cárceles. El proyecto fue anunciado por su
propio autor, el ministro de Justicia y Seguridad, León Arslanian. “No hay dónde
poner a los presos, las cárceles están llenas y las comisarías, también”, fue la
justificación, el mensaje casi desesperado del ministro que ya no sabe qué hacer con
tantos detenidos. Arslanian admitió un crecimiento en el número de personas que
delinquen y atribuyó esta situación a “factores socioeconómicos”.
Arslanian definió la situación carcelaria de la provincia como “gravísima”.
Anunció entonces que el gobierno bonaerense se propone alquilar “galpones de
fábricas desactivadas”, que necesitarán un “mínimo de adecuación” para
alojar a las personas. Se trata, según el ministro, de una solución provisoria,
coyuntural, mientras se construyen las 18 alcaidías que están programadas, una en cada
jefatura departamental de la policía provincial. La construcción de esas alcaidías,
según Arslanian, demandará un tiempo no menor a 180 días. Según el senador bonaerense
Eduardo Sigal, la construcción de las alcaidías fue aprobada por la Legislatura en
diciembre último, pero hasta ayer, nueve meses después, no se había colocado una sola
piedra para su edificación (ver nota aparte).
Mientras se construyen las nuevas unidades, dijo Arslanian, los presos que hoy están en
comisarías serán alojados “en locales amplios, tipo galpones”, que serán
alquilados por la gobernación. Como se trata de depósitos abandonados, se supone que
habrá que hacer alguna inversión en acondicionamiento y reformas, sobre todo para
garantizar la seguridad del lugar y un mínimo de comodidad. No se dijo qué inversión
demandarán estas reformas ni cuánto tiempo se demorará en realizarlas.
Arslanian sostuvo que desde el comienzo de su gestión, en abril último, se ocupó de
derivar los presos alojados en las comisarías hacia las unidades penitenciarias, donde
hay alojados unos 12.500 reclusos. “Cuando llegamos, sacamos a unos mil
detenidos”, estimó. Pero los calabozos de las seccionales volvieron a llenarse
enseguida, a partir de las razzias organizadas por el propio ministro, que produjeron
centenares de detenciones. Se estima que un 25 por ciento del personal de las comisarías
está afectado al cuidado de los reclusos.
“Tenemos que proceder rápidamente y en eso estamos”, dijo el ministro. Sin
embargo, aún no fueron elegidos los lugares donde funcionarán los “galpones
penitenciarios”, aunque se sabe que en su mayoría estarán ubicados en el Gran
Buenos Aires. El precio de los alquileres será fijado por la Fiscalía de Estado
bonaerense, se informó en forma oficial.
Lo que sí precisó el ministro son las dimensiones que tendrán las futuras alcaidías,
cuya construcción demandará una inversión de 80 millones de dólares. Habrá unidades
con capacidad para unas 500 personas en los distritos más poblados, como Lomas de Zamora,
Quilmes, San Martín, San Isidro, Morón y La Plata. “Son los lugares donde se
producen más cantidad de detenciones y donde los índices de delitos son mayores”,
explicó Arslanian. También habrá unidades medianas, con capacidad para 185 detenidos,
en distritos como Mercedes, Zárate, Campana y Mar del Plata.
Y, por último, están previstas alcaidías para unas 100 personas, en departamentos
rurales como Azul, Trenque Lauquen, Pergamino, San Nicolás, Junín y Dolores.
El insólito anuncio de abrir las fábricas cerradas pero para llenarlas de detenidos
–muchos de ellos excluidos del sistema productivo– generó el rechazo de la
oposición (ver aparte). Por lo pronto, el diputado Miguel Bazze, de la Comisión de
Justicia de la Legislatura, calificó la iniciativa como “una barbaridad sin
precedentes”. “No creo que sea demasiado eficiente y seguro utilizar galpones
como cárceles”, afirmóBazze, pensando tal vez en la reacción de los vecinos de los
futuros “galpones penitenciarios”.
Al margen de sus anuncios, Arslanian no eludió una referencia a los conceptos de
“mano dura” y “tolerancia cero” al delito, expresados el fin de semana
por el presidente Carlos Menem. Como lo hizo el gobernador Eduardo Duhalde, se manifestó
en contra de la “mano dura”, porque tiene “una connotación en el sentido
de una policía sin límites, de gatillo fácil”. En cambio, se mostró de acuerdo
con la “tolerancia cero”. “Es lo que estamos aplicando”, enfatizó.
“Según la doctrina elaborada por (el alcalde de Nueva York, Rudolph) Giuliani,
significa que los pequeños hechos deben ser combatidos con la misma preocupación y con
la misma energía que los grandes hechos”.
QUE HACER CON LA CARCEL |
| “Elaborar
políticas” Elías Neuman, especialista en Criminología,
docente y escritor: “Las medidas que propone Arslanian de utilizar galpones para
descomprimir las cárceles y las comisarías son sólo parches, un paliativo. Pero
prefiero mil veces reciclar, expropiar o alquilar edificios antes que seguir acumulando
presos en las comisarías. En toda Europa y en algunos países latinoamericanos, el tema
de reciclar edificios para destinarlos a establecimientos carcelarios es bastante común.
Ya cuando fue ministro de Justicia, Arslanian quiso crear medidas alternativas a la
prisión tradicional y, en ese sentido, me parece acertado su intento, aunque son sólo
parches. El problema de la criminalidad y la violencia no se resuelve construyendo
cárceles, que son grandes negocios inmobiliarios. El problema de fondo sólo se resuelve
elaborando una política criminalística, con un trabajo multidisciplinario que comprenda
a los chicos de la calle, a los reformatorios, a una policía para la democracia y no
meramente represiva, una Justicia autónoma, y sustitutos de la prisión. Es decir, un
programa de prevención del delito que acá no existe desde hace décadas. Se ha creado
una tremenda violencia. La gente quiere mano dura y se habla de los peligros de la droga,
pero las armerías están abiertas de par en par. Se habla de readaptar a los presos.
¿Readaptarlos a qué?, si no van a tener casa, trabajo, salud o alimentos”.
“Agilizar la Justicia”
Alicia Oliveira, abogada penalista, miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales,
y asesora del Frepaso.
“En lugar de llenar las cárceles, lo que debería hacerse es vaciarlas. Porque la
cárcel es un lugar donde se fomenta el delito, donde los delincuentes primarios salen
mejor preparados para delinquir. Lo que debería hacer el gobierno bonaerense es impulsar
una reforma penal en serio, para que el proceso penal sea más rápido. Un proceso no
puede demorar más de un año. Las cárceles deberían ser para condenados, no para
encausados, que en realidad constituyen la gran mayoría de la población penal. Hay que
tener en cuenta de que muchos de los que hoy están procesados pueden terminar absueltos
después de haber pasado años en la cárcel.
”Conocí el caso de una persona que por robar un auto estuvo cuatro años preso sin
siquiera tener acusación del fiscal. Y no es un caso aislado en la provincia de Buenos
Aires. La superpoblación carcelaria demuestra que lo que se ha hecho hasta ahora no
sirve. No creo que el problema de la seguridad se resuelva aumentando la cantidad de
detenidos sino agilizando la Justicia y dotando a la policía de mayor eficiencia, para
que investigue y esclarezca los casos. Es necesaria una reforma para apurar los procesos,
además de una buena ley de excarcelación, que en este contexto de paranoia social por la
inseguridad sería imposible de aplicar.” |
Cárceles superpobladas de presos sin
condena
El 90 por ciento de los detenidos
en Buenos Aires no tiene condena firme, según datos oficiales. Según la oposición, el
colapso del sistema obedece a la parálisis de la reforma.
Los detenidos sin condena son la amplia
mayoría en los penales bonaerenses.
En los 30 establecimientos del Servicio Penitenciario hay 12.500 presos, 2000 por
encima de su capacidad. |
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Por Carlos Rodríguez
En los 30
establecimientos que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense están alojados 12.500
presos, cuando la capacidad real es de apenas 10.500 plazas, precisaron a Página/12
fuentes del Ministerio de Seguridad provincial. El cuadro de superpoblación se completa
con la presencia en comisarías de 3700 detenidos, 500 de los cuales esperan ser remitidos
a unidades penitenciarias. El senador del Frepaso Eduardo Sigal criticó los anuncios de
León Arslanian y aseguró que “el colapso del sistema” obedece “a la
parálisis de la reforma policial anunciada en diciembre, que prometió construir en seis
meses las 18 alcaidías” a las que deberían ser trasladados los detenidos que están
en comisarías.
Otro dato alarmante admitido por las fuentes oficiales es que, sobre el total de
detenidos, “el 90 por ciento está procesado y sin condena firme”. En su informe
anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) –siempre sobre datos gubernamentales– estableció en
diciembre la cifra de 9191 detenidos en las cárceles bonaerenses. El 80,2 por ciento eran
procesados, lo que indica que el hacinamiento y la demora en la administración de
justicia siguió creciendo. Del mismo modo, a fines de 1997 en las comisarías había 2346
presos, 114 de ellos menores de edad.
El senador Sigal se declaró “sorprendido” por la propuesta de Arslanian de
alquilar galpones para sacar a los presos de las comisarías, porque “la reforma
policial y el plazo de seis meses para la construcción de las alcaidías, previsto por el
propio Arslanian mediante un proyecto que trajo de los Estados Unidos, indicarían que
tendríamos que estar en la etapa de finalización de los trabajos”, dado que el
ministro asumió hace más de cinco meses. “Esto indica que hay inoperancia”,
interpretó Sigal.
El senador del Frepaso agregó que en diciembre se había aprobado, en la Legislatura
bonaerense, la creación de una cuenta especial que sería administrada por la
“Unidad Ejecutora” del proyecto para la construcción, refacción o adquisición
de inmuebles para alojar a encausados. “Hasta hoy ni siquiera ha sido creado el ente,
que también debía decidir otro tipo de inversiones en materia de seguridad, con el
conocimiento y la aprobación previos de la Legislatura”. Sigal aseguró que, en
cambio, “se han comprado 1800 patrulleros y el tema ni siquiera pasó por la
Legislatura”.
Gerardo Codina, asesor del bloque del Frepaso, comentó a este diario que en las
comisaría están alojados, en la actualidad, 170 menores. Esos chicos pasan en las
dependencias policiales, en contacto con adultos, “un período de hasta 75
días” en los cuales lo único que debe resolverse es “a qué tipo de instituto
de menores deben ser derivados, ya que ninguno de ellos puede ser sometido a juicio penal
alguno”.
Codina hizo hincapié en los menores porque “ellos son los que llevan la peor parte,
dado que los adultos tienen mejores condiciones de vida en la cárcel”. Como ejemplo,
dijo que “en algunos institutos de menores como el Almafuerte, que es de máxima
seguridad, está prohibido ingresar libros, mientras que los adultos que están en Olmos
pueden leer y estudiar”.
La situación de hacinamiento en las cárceles provinciales es similar a la que se vive en
las unidades de la Capital Federal, dependientes del Servicio Penitenciario Federal. En
Caseros hay 1400 detenidos y en Devoto 1700. Una fuente de la Procuración Penitenciaria
dijo a este diario que en esos establecimientos “la capacidad original pudo estar por
encima de esas cifras, pero el deterioro actual hace que con sólo 500 presos las
condiciones de vida serían igualmente deplorables”. Lo mismo ocurre en penales
bonaerenses como los de Olmos o Sierra Chica.
El diputado nacional Juan Pablo Cafiero también cuestionó el anuncio de Arslanian,
porque “hablar de galpones, aunque los mismos vayan a ser acondicionados, no hace
más que reconocer el colapso del sistema y abre mayor inseguridad en la gente”.
Recalcó que esto es “muy grave, sobre todo porque se esperan medidas para frenar la
sensación de inseguridad”.
LAS NEGOCIACIONES PARA EL TRASPASO DE LA
POLICIA
Cómo sacarle rédito a una disputa
El
gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires retomaron los contactos para lograr un
acuerdo que concluya con el traspaso de la Policía Federal a la órbita del Ejecutivo
porteño. En estas negociaciones el menemismo juega a entregarle a Fernando de la Rúa una
porción limitada de esa fuerza. También busca colocar una cuña entre De la Rúa y sus
aliados frepasistas ya que consideran que el jefe de gobierno porteño se va a sentar en
la mesa de negociaciones con o sin el visto bueno del resto de la dirigencia de la
Alianza.
El precandidato presidencial por la Alianza puso ayer en evidencia la existencia de estos
contactos al anunciar que un equipo de sus colaboradores ya tiene listo el proyecto de ley
para concretar la transferencia de parte de la Federal. Mientras que un funcionario del
Ministerio del Interior confirmó a Página/12 que se retomaron los contactos telefónicos
con De la Rúa y con el secretario de Gobierno porteño, Enrique Mathov, para resolver la
transferencia.
El funcionario nacional aseguró que “nosotros estamos dispuestos a dialogar, siempre
y cuando los reclamos de De la Rúa tengan un marco de cordura. El tema de la seguridad ya
va más allá de los réditos políticos que se pueden obtener. Hoy asaltan a cualquiera,
no te piden el carnet para saber si sos peronista, radical o frepasista”. Por su
parte, De la Rúa argumentó que desde su gestión “se podrían implementar
políticas más eficaces, pero para ello la policía tiene que tener la dotación adecuada
para darle más seguridad a la ciudad”. Al conocer esta afirmación en Interior
contestaron: “De la Rúa dice que quiere la policía pero hace todo lo posible para
que no se la demos”.
Hace cinco meses, en un serie de encuentros entre De la Rúa, Corach, Mathov y el
secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, el jefe de Gobierno porteño reclamó
la Superintendencia Metropolitana que incluye a las 52 comisarías y a las siguientes
divisiones: Montada, Tránsito, Motorizada, la Policía Científica, Delitos Económicos y
los Bomberos de la Federal, de una fuerza cuyo presupuesto total es de 700 millones de
dólares. Pero el gobierno nacional se negó argumentando que “pretende llevarse el
90 por ciento de la policía y nos quedaría sólo un 10 por ciento para controlar las
provincias. Nosotros estamos dispuestos a cederle la Superintendencia Metropolitana con
las partidas presupuestarias necesarias para sustentarla”.
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