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EXCLUSIVO: LA DECLARACION DEL ARGELINO QUE DENUNCIO A OYARBIDE
“Tengo miedo de que me pase algo”

Zinnedine Rachem aseguró que Oyarbide  “es muy amigo de Corach” y que tiene miedo   “que lo mate como intentó con Garbellano”.

El argelino Zinnedine Rachem, que puso en marcha la investigación sobre el juez Oyarbide.
“Tenía terror porque todos dicen que me metí en algo grosso”, dijo en su declaración de ayer.

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Por Susana Viau

t.gif (67 bytes) Al finalizar la audiencia el recepcionista argelino del Mirasol de la Recova, Zinnedine Rachem, quiso dejar constancia de una preocupación: “Tengo mucho miedo de que me pase algo”, dijo al juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary. El miedo, confesó, había sido también el consejero de su declaración anterior, la segunda, cuando fingió desconocer todo lo que había denunciado a fines de abril: las amenazas de muerte que profirió Norberto Oyarbide, sus vínculos con los prostíbulos, la existencia de un video comprometedor. Ayer Zinnedine Rachem se sobrepuso al “mucho terror” de sospechar que el juez federal “quería matarlo como intentó matar a Garbellano” y ratificó aquella primera declaración. Zinnedine Rachem habló, además, de la relación entre el magistrado en dificultades y el ministro del Interior Carlos Corach. El argelino no vio ninguna servilleta pero sí el cordial encuentro entre ambos en el restaurante y recordó que Oyarbide le dijo en varias oportunidades que el ministro “era muy amigo y lo llevaría a camarista”.
La amenaza
El 27 de abril de este año, igualmente asustado, Zinnedine Rachem, Zino, como ya lo llaman en Tribunales, se presentó ante el fiscal José María Campagnoli. Pero él no sabía nada de nada, apenas que el juez Oyarbide le había advertido “Zino: te quedan 48 horas de vida”. Es más, Campagnoli le preguntó : “¿Usted sabe dónde está?” y él respondió que no. Campagnoli tuvo que explicarle: “Esto es una fiscalía”. Esa noche, el ingeniero árabe de 39 años, lo suficientemente políglota para conseguir el puesto de recepcionista en un restaurante frecuentado por ricos y poderosos, contó que el juez federal solía concurrir a “un comercio sexual para hombres que regenteaba un amigo del comparente y del magistrado, de nombre Luciano”. Zinnedine agregó que en los primeros días de marzo estuvo en la casa de Luciano Garbellano donde el taxi boy le hizo ver un video en el que aparecía el juez; que ese video podía ser la razón del distanciamiento entre Luciano Garbellano y Oyarbide, pero no tenía idea de si Garbellano lo había extorsionado. Sí estaba enterado, en cambio, de los dos tiros que le habían descerrajado a Luciano Garbellano durante un viaje a Zárate y que suponía que las amenazas obedecían a que Oyarbide sabía que él conocía la existencia del video. Zino no firmó la declaración, tenía el pavor en el cuerpo, “no sabía dónde estaba parado”.
La rectificación
El 8 de mayo el argelino volvió a presentarse en la causa para prestar declaración testimonial. Esta vez su versión fue bien distinta: Zinnedine Rachem sostuvo que conocía a Luciano Garbellano por ser cliente del restaurante y que no mantenía relación con él fuera del local. Amnésico, el argelino agregó que no recordaba haber afirmado que el juez Norberto Oyarbide iba a El Mirasol y tampoco recordaba haber asegurado que había visto el video. Que jamás había tenido acceso a él y nunca nadie le había hablado de su existencia.
En su largo listado de olvidos, el argelino incluyó no haber afirmado que sospechaba que Norberto Oyarbide hubiera tenido pinchaduras de sus conversaciones telefónicas con Garbellano y mucho menos haber hablado sobre prostíbulos o que Oyarbide recibiera dinero de esos lugares. En la misma línea, prosiguió, de ningún modo era cierto que Luciano Garbellano le hubiera confiado que había sido el comisario Roberto Rosa quien le había advertido que tenía la línea intervenida. Cuando leyó la breve declaración en la que el recepcionista Rachem optaba por jugar al mentiroso compulsivo, el ex camarista Juan Pedro Cortelezzi, defensor de Norberto Oyarbide, respiró aliviado: su cliente quedaba mejor posicionado en la causa 36.285/98.
La ratificación
Ayer Rachem, quizá convencido de que sus desmentidas sólo beneficiaban a Oyarbide pero no aventaban los riesgos que corría, prefirió volver a la versión que, muerto de miedo, había desplegado en la calle Cerrito ante el fiscal Campagnoli y le dijo al juez Rodríguez Lubary “que la declaración primera es absolutamente real”. Ese fue otro principio. Preguntado por los magistrados por qué tenía temor, Zinnedine Rachem contestó sin vueltas que “por las amenazas telefónicas recibidas y por lo que le había sucedido a Garbellano en Zárate”. Tenía miedo, en definitiva, “de que le pasara algo igual”, que le daba terror haber sido amenazado por un juez federal a quien, creía, le había molestado sobremanera que él le rechazara una oferta sexual.
El argelino hizo saber –ahora a Rodríguez Lubary y con la firma al pie de la declaración– que Luciano Garbellano le fue presentado por Oyarbide como “un empresario de la bolsa” y que este año fue por primera vez al pequeño departamento de Garbellano en Plaza San Martín porque éste le explicó que quería que conociera su nuevo domicilio. Allí Garbellano le sugirió que se sentara porque le iba a dar una sorpresa y le hizo ver el famoso video, apenas los primeros tramos, los que se difundieron por televisión. Zinnedine continuó contando que quiso saber por qué Garbellano tenía esa filmación en su poder y éste le explicó que era para protegerse y porque al juez Oyarbide le gustaba que lo grabaran. Tres días más tarde, por teléfono, Garbellano le contaría algo más: que Oyarbide era su socio en Spartacus y otros dos locales similares. De acuerdo al testimonio del argelino, Garbellano le había informado que Oyarbide se llevaba mucha plata de Spartacus o que no quería pagar y por eso el taxi boy lo había echado del lugar.
Poco tiempo después Garbellano fue a buscar a Zinnedine a El Mirasol y le advirtió que las conversaciones habían sido escuchadas por Oyarbide puesto que el magistrado había ordenado “chuparle” el teléfono a su ex amigo de Spartacus, según le había revelado el comisario Rosa. A esa altura, Rodríguez Lubary quiso saber por qué razón Rachem había negado todos estos hechos en su segunda declaración. “Porque tenía miedo de que me mataran –replicó el declarante–. Todos decían que me había metido en algo grosso”. En su curioso español, Zinnedine Rachem pormenorizó sus desgracias: había tenido que dejar su trabajo, creía que también sus dos hermanos corrían riesgo y uno de ellos había preferido regresar a Argelia. También pensaba que todos estaban contra él porque Oyarbide “era un juez federal muy amigo del ministro del Interior, cosa que sabe porque los vio saludarse en El Mirasol y Oyarbide le dijo varias veces que eran muy amigos” y que el ministro “lo llevaría a camarista”. Zinnedine Rachem pidió que no lo hicieran hablar de la policía porque tenía miedo y suponía que “Oyarbide lo quería matar como intentó matar a Garbellano”. El tembloroso ex recepcionista de El Mirasol de la Recova hizo un segundo pedido: dejar constancia de que tiene “muchísimo terror de que algo le ocurra”.

 

BERGESIO PIDIO JUICIO POLITICO PARA MARQUEVICH
Por mantener preso a Videla

Por A. M.

t.gif (862 bytes) El juez federal Nº 2 de San Isidro, Conrado Bergesio, pidió el juicio político de su colega Roberto Marquevich por negarse a permitir que el ex dictador Jorge Videla pudiera cumplir prisión preventiva en su domicilio. Una fuente del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro –a cargo de Marquevich– consultada por este diario calificó la medida como una “payasada” por la cual el magistrado no debería preocuparse, pero calificó como grave que los medios se hayan enterado primero que el juez acusado.
El juicio político de Marquevich había sido solicitado por el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Pablo Quiroga, y la investigación fue asumida por el juez Conrado Bergesio. Quiroga había denunciado la posible existencia del delito de prevaricato –dictar una resolución contraria a la ley– cuando Marquevich le había denegado al dictador Jorge Rafael Videla la posibilidad de cumplir en su casa el arresto por la prisión preventiva que le había dictado al considerarlo presuntamente responsable de cinco casos de sustracción de menores. En aquella ocasión el juez había sostenido que el beneficio previsto para las personas mayores de 70 años sólo puede ser aplicado a los condenados y no a los procesados, como es el caso de Videla.
La sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó aquella medida y Videla pudo ser trasladado a su domicilio. El juez Bergesio tiene un “grado de sospecha” suficiente como para citar a declaración indagatoria a Marquevich, para lo cual pidió su juicio político, única vía que le quitaría los fueros de los que goza por su condición de magistrado. Contrariamente a la interpretación de Marquevich, Bergesio considera que “el artículo 11 de la ley en cuestión dispone que es aplicable a los procesados”.
Tal como lo sostuvo el fiscal Quiroga en su presentación, Bergesio destacó que en esta misma causa Marquevich le concedió el arresto domiciliario a María del Carmen Eduartes. Un colaborador muy cercano al juez acusado argumentó ante Página/12 que “lo hizo en esa oportunidad como un acto humanitario porque Eduartes es cuadripléjica, mientras que Videla está sanísimo”. “Esto tiene como única intencionalidad hacer ruido, porque es imposible que prospere el juicio político por esa cuestión”, aseguró la fuente, al tiempo que vinculó a Bergesio con el grupo de magistrados que integró el tribunal que juzgaba a presuntos subversivos durante la dictadura.
Roberto Marquevich y Conrado Bergesio son los dos jueces federales del departamento de San Isidro que ya se han enfrentado en el pasado. El segundo investigaba las agresiones sufridas por el fiscal Pablo Lanusse en la causa sobre la “mafia del oro”, y recibió pruebas aportadas por Domingo Cavallo que podrían llegar a vincular el hecho con los ataques atribuidos al empresario Alfredo Yabrán. Este se presentó ante Marquevich con su abogado Pablo Argibay Molina, logró apartar de la causa a Bergesio y que su colega anulara todas las pruebas aportadas por Cavallo. Esta medida fue rectificada posteriormente por la Cámara Federal de San Martín.

 

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