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Por Diego Schurman  El afiche
sorprendió una mañana fría del ‘93. “Que no se apoderen del pan nuestro de
cada día con la importación de mano de obra clandestina”, decía en letras de
molde. El gremio de la construcción había pergeñado la campaña publicitaria ante la
estampida de los índices de desocupación. Muchos creyeron ver allí una de las primeras
manifestaciones sociales de xenofobia, y sin embargo Eduardo Duhalde apeló ayer al mismo
argumento. El gobernador de Buenos Aires dijo que, de llegar a la presidencia de la
Nación, no va a permitir que los extranjeros ilegales “les saquen” el trabajo a
los argentinos. Nada más alejado para disminuir la tasa del 13,4 por ciento de
desocupación: la incidencia de los inmigrantes en ese índice es ínfima y apenas llega
al 0,2 por ciento del total de afectados que detectó el último registro oficial del
Indec.Duhalde solía responsabilizar de los problemas de empleo al avance de la tecnología. Y tuvo repercusión su propuesta de “mano de obra intensiva”, que en su provincia se tradujo en tareas de pavimentación de calles. El gobernador apeló ahora a un nuevo discurso de campaña, efectista, pero con cierto tufillo xenófobo. “Las personas de otros países que viven ilegalmente en la Argentina no pueden tener trabajo. Esos extranjeros no les pueden venir a sacar el trabajo a los argentinos”, dijo durante la celebración del Día de la Industria bonaerense. El gobernador consideró que el continuo flujo de inmigrantes indocumentados de los países limítrofes (“la frontera es un queso gruyère”, dicen sus voceros) los termina afectando a ellos mismos por los magros salarios, y también a los demás, ya que les quitan empleo a los trabajadores vernáculos y además no pagan impuestos. El economista especializado en temas laborales y ex consultor de la OIT Alfredo Monza aseguró a Página/12 que “la influencia de la migración sobre la crisis del mercado del trabajo nacional es mínima”. Los últimos trabajos del Indec lo confirman. Si todos los extranjeros llegados al país en los últimos cinco años volvieran a su tierra de origen, la tasa de desempleo sólo bajaría 0,2 de punto. “La migración puede tener efectos mayores en algunas regiones del país, como las zonas fronterizas, y en algunas actividades específicas, como la construcción para los hombres y el servicio doméstico para las mujeres. Pero a nivel global prácticamente no tiene influencia en la desocupación”, dijo Monza. Duhalde no fue original al lanzar su propuesta. Además del gremio de la construcción, el ex subsecretario de la Presidencia, el fallecido Luis Prol, ya se había pronunciado contra los inmigrantes ilegales. “Argentina no está dispuesta a bajar el nivel de vida para resolver los problemas de otras comunidades”, dijo en una arenga que le valió el mote de xenófobo de parte de la Iglesia Católica. Poco tiempo después, se conoció la solicitud que el gobernador de Tucumán, Domingo Bussi, realizó a los empresarios para que privilegien la mano de obra local en desmedro de los ciudadanos bolivianos que anualmente realizan la cosecha de la frutilla. “Es que no concibo que el fruto de nuestra tierra sea arrancado por extranjeros”, se quejó. La presión se hizo fuerte en el Congreso y tres legisladores justicialistas de extracción sindical lograron que sus pares transformaran en ley un proyecto que establece un cupo de 20 por ciento de extranjeros en las empresas. La excusa, entonces, fue el proceso de integración regional del Mercosur. La convertibilidad sedujo a miles de inmigrantes de países limítrofes, que se beneficiaron con el tipo de cambio. Paraguayos, bolivianos y brasileños, y en menor medida chilenos y uruguayos, lograron una diferencia salarial respecto a sus países que muchas veces superaba el ciento por ciento. Pero con el correr de los años la paridad dejó de estar tan atrasada y, además, la desocupación se mantuvo en una curva ascendente, por lo que seredujo el ingreso de extranjeros. Aún así, diputados del riñón del duhaldismo estuvieron fogoneando en el último año propuestas aún más duras que las del gobernador. Una de ellas ofrecía a quien delate a un trabajador extranjero ilegal una recompensa consistente en el 15 por ciento de la multa a pagar por la empresa que lo empleaba.
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