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Por Cledis Candelaresi  Los más grandes
constructores del país pretenden que el Gobierno organice una “red de
seguridad” para proyectos de infraestructura, a semejanza de la que ampara al sistema
financiero. Ese reaseguro podría asumir la forma de un fondo anticrisis, similar al que
prevé el proyecto de convertibilidad fiscal. Pero, en este caso, el objetivo específico
sería garantizar que el Estado no deje de costear obra pública, aun durante crisis tan
virulentas como la actual. Los empresarios, que ayer clausuraron su convención anual,
saben que sólo un salvataje montado desde el sector público podría preservar su negocio
de los vaivenes bursátiles.El punto de partida para que pueda instrumentarse la idea de los empresarios es que haya un plan de obra pública a mediano o largo plazo. No hay un solo constructor que no esté clamando por un programa trienal o quinquenal que se sostenga, fundamentalmente, con fondos públicos. “Debe haber un stock de proyectos con rentabilidad económica y social”, sugirió ayer Aldo Roggio durante una conferencia de prensa. La recomendación no es desinteresada. El presidente de la CAC anhela que el Gobierno tome como propia la iniciativa presentada por esta entidad hace meses al Congreso como contracara del Plan Laura. En ella, los constructores no sólo proponían el desarrollo de caminos secundarios –por el método de contratación de obra pública convencional–, sino también la instrumentación de ambiciosos planes de viviendas y otra serie de obras públicas. Para el industrial cordobés, la única garantía de que se ejecutará según lo previsto este o cualquier otro plan que avale el gobierno es la constitución de algún tipo de “fondo anticíclico” que permita acumular en las épocas de crecimiento los recursos que escasean en las de recesión. Según confió a Página/12, vería con buenos ojos la creación de un fondo específico, que se alimente con un impuesto también específico. Pero sabe que ni los economistas de la city ni los técnicos oficiales ven con entusiasmo esta alternativa, ya que deja fuera del control presupuestario una masa importante de dinero. Eduardo Baglieto, de Techint, prefiere hablar de una “red de seguridad” para financiar programas de infraestructura trienales o quinquenales, sin especificar con qué recursos debería nutrirse esa malla protectora. “El fondo específico es una alternativa para financiar obra pública. Pero también hay que garantizar otras, como los aportes del Tesoro Nacional y de los usuarios (peaje)”, comentó a este diario. Lo que los empresarios pretenden evitar por cualquier medio es que, tal como advirtió Roggio al inaugurar la convención, “los gastos en infraestructura sigan siendo la variable de ajuste” a la que apela el Gobierno cuando tiene restricciones presupuestarias. El presupuesto de 1999 es una amenaza en este sentido, ya que reduce en alrededor de 200 millones la inversión pública directa. Durante su exposición matinal, el economista Ricardo López Murphy llevó agua al molino de la CAC y, aunque elípticamente, también argumentó a favor de algún mecanismo oficial para que los planes de obra sobrevivan. “Bajo ninguna circunstancia el gasto de infraestructura debe utilizarse como variable de ajuste”, sostuvo el técnico de FIEL, quien recomendó elaborar presupuestos plurianuales: éstos obligan al gobierno a ejecutar las obras proyectadas. “Si el gasto fluctúa violentamente, es imposible que un empresario pueda competir. Debe haber reglas para obras de infraestructura que den continuidad”. Los conceptos de López Murphy consiguieron arrancar por la mañana uno de los pocos aplausos entusiastas del auditorio. A la tarde, el gobernador misionero Ramón Puerta apuntó en similar sentido, relatando su propia experiencia: durante el Tequila, recortó los sueldos de todos los empleados públicos que ganaban más de 700 pesos mensuales (“empezando por el gobernador”, aclaró), y, gracias a este ahorro, pudo “impulsar la obrapública”. Los empresarios ruegan que ese ejemplo sea imitado en la administración nacional.
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