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Por Javier del Pino Desde Washington La mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos está a punto de propinar a Bill Clinton un golpe político que puede ser decisivo ante la opinión pública: quiere permitir que salga a la luz el video que recoge la declaración del presidente ante el Gran Jurado el día 17 de agosto. Las cuatro horas de grabación permitirán a los norteamericanos descubrir una cara inédita de su presidente. Los congresistas que han visto la cinta aseguran que Clinton se muestra enfadado, furioso, evasivo, altivo y poco colaborador. Clinton llegó a abandonar la sala en la que prestaba declaración, aunque regresó una hora después por consejo de sus abogados. El video con la declaración de Clinton es el primer elemento del "caso Lewinsky" que marca una división clara entre republicanos y demócratas. Hasta ahora, incluso el informe Starr había suscitado opiniones derivadas más desde la valoración personal que desde la adscripción política de congresistas y senadores. Los dos grandes partidos de EE.UU. habían hecho la promesa pública de no utilizar el caso Lewinsky como arma política hasta que no se cerrase un hipotético proceso de "impeachment" o destitución del presidente. Sin embargo, el enfrentamiento que mantienen republicanos y demócratas sobre la conveniencia de facilitar el video a la opinión pública puede romper esa paz cuando hoy se debata la cuestión en el Comité de Justicia. Si su condición mayoritaria permite a los republicanos que su tesis prevalezca, la declaración de Clinton puede empezar a verse hoy mismo en las televisiones de todo el mundo. Los congresistas demócratas consideran relevante el contenido de la grabación pero creen que la opinión pública americana se conformaría con la transcripción; saben que las imágenes de un presidente furioso que no colabora con la investigación pueden hacer un daño irreparable al partido. John Conyers, uno de los demócratas de mayor peso en el Comité de Justicia del Congreso, aseguró que la difusión del video sería "una violación del espíritu antipartidista" con el que los políticos deben enfrentarse a esta cuestión. "El texto sí, el video no", dijo Conyers. Su colega republicano en el Congreso, James Rogan, replicó a Conyers: sólo con la difusión del video, asegura Rogan, "puede la opinión pública juzgar el comportamiento y la credibilidad de Clinton". En una reunión a puerta cerrada con congresistas de su partido, el presidente del Congreso y "peso pesado" republicano, Newt Gingrich, escuchó cómo alguno de ellos se mostraba en contra de la difusión del video para evitar más detalles de contenido sexual. Gingrich cerró el debate con un aplauso cuando afirmó que el video debía difundirse sólo por una razón: porque Clinton sigue sosteniendo que nunca mintió sobre su relación con Lewinsky. Una encuesta realizada por la cadena de televisión CBS asegura que los norteamericanos no son partidarios de que el video sea publicado. Un 70 por ciento de los encuestados considera innecesaria la difusión de la grabación, frente a un 28 por ciento que cree que la opinión pública debe ver el video para formarse una opinión más sólida sobre las acusaciones del fiscal Kenneth Starr. La declaración de Bill Clinton ante el Gran Jurado fue grabada en video con el conocimiento del presidente y de sus abogados. El tribunal recibía en directo la declaración de Clinton por un circuito cerrado. La declaración fue un lunes, es decir, un día en el que el Gran Jurado habitualmente no se reúne. Este hecho permitió a Starr grabar el testimonio de Clinton ante la posibilidad de que alguno de los miembros del Gran Jurado no pudiera asistir a su declaración en directo. Varios políticos republicanos aseguran que una de las razones por la que el video puede y debe ser difundido es precisamente el hecho de que Clinton fuera consciente de que su declaración fuera grabada. Quienes han visto el video no comprenden cómo Clinton pudo comportarse de esa manera --especialmente en sus gestos y actitudes-- si sabía que todo estaba siendo registrado. A lo largo de las cuatro horas de grabación, Clinton se muestra airadamente enfadado en varias ocasiones, y acusa al fiscal --presente en la misma habitación-- de querer criminalizar su vida privada. También se niega a ofrecer datos sobre la naturaleza de sus relaciones con Monica Lewinsky, y en ocasiones parece "cazado" con algunas de las preguntas que se le formulan. Los congresistas demócratas que han tenido acceso a la grabación creen que su contenido desmorona la imagen arrepentida que Clinton ha querido mostrar en las últimas semanas. Por otra parte, fuentes de la oficina del fiscal Kenneth Starr no descartan que los cargos contra el presidente se amplíen en los próximos días en uno de los muchos capítulos abiertos: el "caso Whitewater". Fue ese supuesto fraude inmobiliario el que puso en marcha las investigaciones en las que el fiscal lleva gastados casi 45 millones de dólares. Starr trata de acusar a Clinton de nuevos cargos de perjurio en relación con otra declaración jurada: negó haber desempañado un papel como gobernador de Arkansas en la concesión de un préstamo de 300.000 dólares a sus amigos James y Susan McDougal en los años 80. James McDougal falleció en la cárcel hace unos meses cuando se disponía a colaborar con la Justicia. Su viuda fue liberada hace unas semanas después de pasar dos años en la cárcel por haberse negado a facilitar datos a la investigación.
ES GREGORY CRAIG, UN CONOCIDO DE LA ARGENTINA Por Mónica Flores Correa desde Nueva York En las aguas cada vez más revueltas del escándalo Clinton-Lewinsky, la Casa Blanca arrojó esta semana dos nuevas tablas de salvación para defender la presidencia en peligro del demócrata adúltero. Las tablas fueron las designaciones de los abogados Gregory Craig y Steve Richetti para integrar el equipo legal que maneja la repuesta al informe de Kenneth Starr. De las dos, la más importante es la de Craig, profesional que estaba trabajando para el Departamento de Estado, y quien ahora tendrá a su cargo la tarea de ser "puente" --entendiendo por esto limar las tensiones intensificadas--, entre el grupo legal que defiende al presidente y el sector político de la Casa Blanca y el Congreso. Craig, ex asesor del senador Ted Kennedy, tiene una antigua "conexión latinoamericana" y en la década del ochenta mantuvo encuentros con Raúl Alfonsín y Carlos Menem en la Argentina. La inclusión de los dos flamantes players se realizó después de la "actuación desastrosa", según los legisladores demócratas, de los consejeros legales presidenciales en los programas políticos del fin de semana pasado. En una serie de apariciones televisivas, los abogados de Clinton atacaron el informe de Starr y reiteraron la explicación de que el testimonio bajo juramento del presidente, en el que negó haber mantenido una relación sexual con Lewinsky, no constituía perjurio, si bien podía llevar a conclusiones erradas. Estas declaraciones aumentaron la irritación en el campo político demócrata, vapuleado y vulnerable ante la perspectiva de la cercana elección de noviembre. Los líderes de la minoría demócrata en ambas cámaras, el senador Thomas A. Daschle y el representante Richard Gephardt, criticaron públicamente la estrategia de defensa de la Casa Blanca, pidiendo a los asesores que abandonen lo que Daschle describió como "hilado fino" para sostener la veracidad del testimonio. Para serenar ánimos y calmar los enfrentamientos fue convocado Gregory Craig, un viejo amigo de Clinton de los tiempos en que ambos estudiaban en la Universidad de Yale. Definido como un hombre de "bajo perfil, muy firme, muy vivo, muy inteligente", Gregory tiene un currículum en el que figuran no sólo los trabajos para Kennedy y para el Departamento de Estado, sino la defensa de John W. Hinckley Jr., el hombre que intentó asesinar a Ronald Reagan. Craig logró que en el juicio se tuviese en cuenta la insania de Hinckley evitando así que se lo condenara a la pena de muerte. Este abogado nativo del estado de Virginia y por lo tanto sureño igual que Clinton, también defendió exitosamente a William Kennedy Smith en un juicio por violación. En febrero de 1988, Craig acompañó al senador Kennedy en una visita a la Argentina, en cuyo transcurso el dirigente demócrata se entrevistó con Raúl Alfonsín y con familiares de los desaparecidos. En dicha oportunidad, Kennedy y Craig también viajaron a La Rioja y se entrevistaron con el entonces gobernador Carlos Menem. Fueron Craig junto con Martin Andersen, ex corresponsal de Newsweek y actual funcionario del Ministerio de Justicia estadounidense, quienes convencieron a Menem para que prestara dos aviones de la gobernación para llevar a Kennedy a Santiago de Chile. Según trascendió, el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli se negó a facilitarle este medio de traslado al senador para no ofender al gobierno de Augusto Pinochet, al que Kennedy criticaba duramente. En la misma visita, el nuevo asesor de la Casa Blanca conoció a Alberto Kohan, quien posteriormente lo habría contactado asiduamente para recibir el apoyo del sector demócrata de Kennedy. "Craig es esencialmente un pragmático. Conoce como pocos cómo funciona el establishment, aunque guarda ciertos rasgos de idealismos", comentó Martin Andersen a Página/12. También opinó que "la situación de Clinton empeora día a día y quizá se vuelva insostenible, pero uno de los buenos signos vitales de esta administración ha sido este nombramiento." Craig es también conocido en el Capitolio por su asesoramiento de oposición al apartheid en Sudáfrica y por haber sido representante legal del gobierno panameño que sucedió al de Manuel Noriega.
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