Página/12 en España
Por Norberto Bermúdez desde Madrid
 El juez Baltasar
Garzón ha decidido emitir una orden para confiscar los fondos depositados en el Credit
Suisse de Zurich a nombre de la familia del gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez Garzón optó por la intervención de los
fondos tras recibir el análisis del dossier enviado por la procuradora suiza Carla del
Ponte, en la que aparecen dos cuentas a nombre de Antonio Domingo Bussi, una de las cuales
compartió con su esposa.
Una vez que el magistrado español concrete la medida, ésta será urgentemente
transmitida a las autoridades helvéticas, para que la fiscal Carla del Ponte pueda
ejecutar el pedido y remita el dinero a España, donde quedará consignado en una cuenta
especial a disposición del Juzgado de Instrucción número 5. Los depósitos de los Bussi
se encuentran bloqueados desde junio del año pasado, es decir que los titulares de las
cuentas no pueden disponer de los fondos allí depositados.
En realidad, la medida confiscatoria que tomará Garzón tendrá efectos sobre la cuenta
893.287-4, cuya clave secreta es “Luna Llena”, y que mantiene abierta el hijo
del gobernador tucumano y diputado nacional Ricardo Bussi Bigoglio, y la 250.817,
“Red”, en la que aparece como apoderado el hijo mayor del gobernador, Luis José
Bussi Bigoglio. Ambas cuentas fueron abiertas en el Credit Suisse.
El legislador nacional ya ha admitido haber recibido el dinero a principios de 1996,
aunque mencionó que se trató de un préstamo que recibió de sus padres. Dicha
afirmación no se compadece con el contenido de una carta manuscrita de Josefina Bigoglio,
que el 16 de enero de 1996 no habla de préstamo alguno y en cambio sí ordena la
transferencia de los fondos de su cuenta a la de su hijo.
El origen de los fondos que actualmente están a nombre de “Ricardito” hay que
encontrarlo en la cuenta 151.618, “Destreza”, abierta por el general Bussi y su
esposa Josefa Bigoglio el 29 de noviembre de 1990. Seis años después, el 16 de enero de
1996, la mujer de Bussi, desde Punta del Este, ordenó cerrar “Destreza” y
transferir los fondos a “Luna Llena”, propiedad del actual diputado de Fuerza
Republicana.
Contrariamente a lo manifestado en los últimos días por Ricardo Bussi, fuentes
judiciales españolas sostienen que la cifra final que le fue transferida a su cuenta
“Luna Llena” superaría los 150 mil dólares, teniendo en cuenta que el
gobernador tucumano registró inversiones por unos 400 mil dólares, que habrían generado
importantes dividendos.
La segunda cuenta abierta por Antonio Bussi en el Credit Suisse, que lleva el número
250.817 y la clave “Red”, registra movimientos menores, que oscilan entre los
tres mil y treinta mil dólares. El 17 de enero del año pasado, el gobernador tucumano
designó a su hijo Luis José como apoderado de dicha cuenta. Finalmente los Bussi
ordenaron el cierre de “Red” el 12 de junio de 1997, el mismo día que se
anunció en Suiza que habían aparecido cuentas bancarias abiertas a nombre de conspicuos
miembros de la dictadura.
Según informaciones periodísticas publicadas en Tucumán, las cuentas suizas no serían
las únicas que tuvo el gobernador y su familia en el exterior, ya que habría también
cuentas en Alemania y Holanda. Por otra parte Ricardo Bussi aseguró a este diario (ver
aparte) que las cuentas suizas ya estarían vacías.
EL HIJO DE BUSSI YA CONOCE LA DECISION DE
GARZON
“Para mí, eso ya es historia”
Por Felipe Yapur desde Tucumán
“No me
preocupa que el juez (Baltasar) Garzón investigue nuestras cuentas en Suiza porque
ninguna tiene dinero en este momento”, aseguró muy tranquilo Ricardo Bussi a
Página/12 mientras recorría el interior de Tucumán “haciendo política”. El
hijo del general Bussi ya está enterado de que el juez español dispuso el congelamiento
de las cuentas bancarias de la familia para analizar si hubo enriquecimiento ilícito.
–¿No le preocupa que el juez tome tal determinación?
–No veo por qué. En ninguna de las cuentas hay un solo dólar. Están
prácticamente cerradas.
–¿Las cuentas de Holanda y Alemania también?
–Esas realmente no sé.
–Claro, porque están a nombre de su madre y su hermano mayor.
–Sí, así es.
–¿Usted qué cree que dirá su padre cuando se entere?
–Mire, no sé porque hace días que no lo veo.
–Usted dijo que la historia de la cuenta suiza ya estaba terminada pero parece que
para España no es así.
–Para mí eso ya es historia. Nada encontrarán porque, le repito, no tienen un peso,
están congeladas.
–Sí, pero el juez investigará además el movimiento de la cuenta y allí se
determinará el monto real que hubo en ella.
–No le escucho bien, el celular hace mucha descarga –cortó.
Más allá de los problemas técnicos en las comunicaciones móviles de Ricardito y de su
tranquilidad (al menos en las palabras), el hecho es que en España es inminente el
descubrimiento del movimiento real de esas cuentas y en Tucumán también. El caso es que
el juez federal Ricardo Maturana aseguró a la prensa local que está a punto de recibir
la información solicitada a la república helvética y espera lo mismo de las autoridades
holandesas.
En cuanto complete la investigación preliminar, Maturana estará en condiciones de
solicitarle al gobernador Antonio Bussi la justificación de su patrimonio. En caso de que
el gobernador no la realice o no justifique su patrimonio, Ricardo Maturana tendrá que
enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito.
Esta no es la única causa que el juez tucumano tiene contra el anciano general. Además
de la causa antes mencionada, Maturana tiene en su despacho la denuncia por la
desaparición de la menor Mónica Alarcón, otra por falsedad ideológica y una cuarta por
presunta evasión impositiva.
| Una provincia sin fondos La
crisis económica que vive el gobierno de Antonio Domingo Bussi es la peor de los últimos
tiempos. Todavía no logró obtener los fondos necesarios para pagar los sueldos de la
administración pública correspondientes a agosto y los gremios estatales ya anunciaron
movilizaciones y paro para hoy. La idea es protestar ruidosamente contra la intención del
general de abonar los sueldos con cheques posdatados.
La idea del gobernador surgió hace unos días y consiste en entregar a cada empleado
público sólo 100 pesos en efectivo y el resto en cheques que vencerán en treinta,
sesenta y noventa días. Todo Tucumán lo rechaza. Desde el martes pasado en toda la
provincia se realizaron las jornadas de protesta que consistieron en marchas, quema de
cubiertas y cortes de ruta.
El problema es serio. Bussi no cuenta con los 34 millones de pesos que significa la
plantilla salarial y por ello mandó a todos sus ministros a Buenos Aires en busca de
ayuda del poder central. Mientras tanto, el anciano general voló a Chile para reunirse,
según se informó en la casa de gobierno local, con empresarios de ese país tal vez con
la intención de que los trasandinos dieran una mano al desesperado gobernante.
Por lo pronto, Bussi ordenó guardar los cheques diferidos hasta tanto los ministros
consigan dinero. La idea es que el Estado nacional le otorgue un préstamo a la provincia
y que será garantizado con el crédito que Bussi espera (y que no fue aprobado todavía)
del Banco Mundial. |
EL MALEVO EN LA CALLE
“El gatillo de la ley”
“Yo
siempre he apretado el gatillo de la ley”, dijo ayer el ex comisario Mario Oscar
Ferreyra, más conocido como “El Malevo”, quien no quiso profundizar sobre los
tres crímenes que cometió en octubre de 1991. Ferreyra estaba condenado a prisión
perpetua, pero a fines de 1996 el gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, le fijó la pena
en veinte años. Por eso, el miércoles, el Malevo comenzó a gozar de los permisos del
extramuro, un beneficio que le corresponde por haber cumplido la mitad de su condena.
Ahora puede salir de la cárcel desde las 8 hasta las 23. Para eso sólo debe conseguir un
trabajo. Uno de los rumores señalaba que había recibido un ofrecimiento para trabajar
como empleado en una empresa de seguridad privada, pero ayer el Malevo se encargó de
desmentirlo. “No soy hombre al que le gusta que lo conduzcan”, dijo, aunque
dejó abierta la posibilidad de abrir su propia agencia. “El proyecto de ‘Los
llaneros’ es algo que todavía tengo en la mente, todavía está con la llama piloto
encendida, pero hay que esperar un poco”, explicó.
En el caso de que su sueño empresarial no se concrete, Ferreyra tiene una sola cosa
clara: no piensa trabajar en una oficina. “Voy a trabajar deambulando, pero no ir a
una oficina porque me gusta la actividad”, comentó. Luego explicó que todavía no
tiene claro el panorama: “Actualmente no se sabe, porque nada es seguro y los
contratos laborales no son para siempre”. Finalmente, Ferreyra dijo que el miércoles
se sintió “acosado” por la prensa de todo el país. También confesó que se
siente “agradecido” con la gente, porque “desde que pasé el muro de la
cárcel recibí adhesiones de toda índole”.
| Claves u El juez
Baltasar Garzón decidió confiscar las cuentas suizas que pertenecían al gobernador
Bussi.
u Una de esas cuentas había sido transferida a nombre del hijo del gobernador y su
posible sucesor político, el diputado nacional Ricardo Bussi.
u Si la banca suiza concreta el pedido, los fondos quedarán a disposición del juez y no
podrán ser tocados por sus titulares.
u La medida llega en un momento de grave crisis económica en Tucumán donde mañana
habrá una protesta de los trabajadores estatales a quienes el estado les paga sus sueldos
en cuotas y con cheques que ningún comercio acepta como pago. |
Un fallo que vistió a un santo,
desvistiendo a otro
El rechazo por parte de la Corte
Suprema del recurso presentado por Carmen Aguiar de Lapacó para conocer la suerte de su
hija compromete la situación del Gobierno ante la inminente reunión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
Solicitaron a Romero su presentación
contra la “mayoría automática”.
Buscan neutralizar el dolor de cabeza que el caso producirá. |
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Por Susana Viau
El rechazo por parte de
Corte Suprema del recurso presentado por Carmen Aguiar de Lapacó para conocer la suerte
de su hija, secuestrada en “El Atlético”, compromete la situación del Gobierno
ante la inminente reunión, en Washington, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, donde se tratarán los mecanismos tendientes a determinar el destino de los
desaparecidos. Para neutralizar el más que probable dolor de cabeza que el caso amenaza
producir a la administración menemista, la Cancillería solicitó al defensor general,
Miguel Angel Romero, una copia de su presentación contraria al fallo de la “mayoría
automática”. Romero envió el escrito advirtiendo que si su recurso de aclaratoria
no es tomado en cuenta por el tribunal, hará uso de su facultad de patrocinar y asistir a
quienes lo soliciten ante los organismos internacionales que corresponda.
El 15 de setiembre, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Cancillería, May Lorenzo
Alcalá de Martinsen, envió a la Defensoría la nota 618/98. En ella recordó que la CIDH
invitó a la Argentina a las audiencias en las que, entre el 5 y el 8 de octubre, se
debatirá qué mecanismos se han puesto en marcha para dilucidar cuál fue el destino
final de los detenidos-desaparecidos. “Sería importante –advierte la nota–
que los funcionarios de esta Cancillería que representarán al Estado Argentino pudiesen
contar con el escrito de interposición de dicho recurso”.
Al día siguiente, Romero respondió que “no escapará al conocimiento de la señora
Embajadora, este Ministerio Público de la Defensa (...) comparte junto a las demás
autoridades de la Nación el compromiso constitucional de bregar por la aplicación de los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos (...) a fin de evitar que la responsabilidad
internacional de la República quede comprometida por su incumplimiento”. Y agregó
que si, no obstante, ese incumplimiento se concreta, “nace el deber legal, exclusivo
y excluyente del suscripto de patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o
delegada, ante los organismos que corresponda, a las personas que lo soliciten”.
En sintonía con su par, el procurador general Nicolás Becerra, la otra cabeza del
Ministerio Público, Romero había presentado el 10 de diciembre ante la secretaría
judicial 3 de la Corte el recurso de aclaratoria en el que reivindicaba su derecho a
ejercer la defensa de los “ausentes” y el de Lapacó a “conocer en sede
judicial el destino final de su hija “y, en general, el derecho que en ese mismo
sentido les asiste a los familiares de todos los desaparecidos (...), sin que se olvide el
interés difuso de la sociedad de saber lo ocurrido entre los años 1976 y 1983 en materia
de violación de derechos humanos”.
A mediados de agosto, con las firmas del presidente del tribunal, Julio Nazareno, y de
Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez, el
máximo tribunal dictaminó que no resultaba “admisible” el pedido de Carmen
Aguiar puesto que “implicaría la reapertura del proceso (...) contra quienes han
sido sobreseídos definitivamente” por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La Corte, con el voto en minoría de Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, a quienes, para
sorpresa general, se sumó la disidencia de Antonio Boggiano, respondía así
positivamente a las presiones que llegaban del gobierno y de los cuarteles para suspender
el desfile de la oficialidad ante los estrados judiciales. Pero el fallo vistió a un
santo desvistiendo a otro y ahora se deberá estudiar cómo se sale del entuerto creado
por una sentencia que coloca al Estado y al gobierno en flagrante violación de sus
compromisos internacionales.
HOMENAJE A CHICOS DESAPARECIDOS
“Eran nuestros amigos”
“A
veces queremos pensar que nuestros compañeros eran los chicos más valientes, pero eran
seres con sus más y sus menos, tan capaces de quedarse a guitarrear hasta el amanecer
como de ir a ayudar a una villa. Eran futboleros, mejores promedios, atorrantes, amantes
de Los Beatles. Eran muchas cosas, pero sobre todo eran nuestros compañeros, nuestros
amigos, nuestros novios y novias. Y tenemos la certeza de que con su presencia el mundo
estaría más iluminado.” Las palabras las dijo ayer José Luis Calvo, un egresado de
la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en el acto que ayer dejó inaugurada en
el patio del colegio una placa recordatoria de los alumnos, ex alumnos y docentes de esa
institución desaparecidos por el terrorismo de estado.
En el Pellegrini, durante la última dictadura, los militares desaparecieron a 36
personas. Por eso 36 fotos presidían ayer el patio del colegio, donde se inauguró
formalmente la placa que lleva sus nombres. El lugar estaba lleno de chicos, de
estudiantes del Pellegrini de hoy que recordaron a esos chicos que hace más de veinte
años pisaron las mismas aulas. “Cuando entramos al secundario nos enteramos de que
en el país había desaparecidos. ‘Che, viejo, vos qué hacías entonces?, ¿conocés
a un desaparecido?, ¿puede volver a pasar?’, nos empezamos a preguntar”, dijo
en el acto Santiago Antonioli, presidente del centro de estudiantes del colegio. Y
siguió: “Cuánta bronca nos dio cuando nos enteramos lo que había pasado, cuánta
impotencia. Hoy queremos recordar a aquellos lápices que quedaron en la historia”.
Víctor Heredia cerró el encuentro entonando su célebre “Todavía cantamos” y
todos fueron al primer piso del colegio, donde los alumnos habían organizado una
exposición con fotos y recuerdos de los desaparecidos. El que pasara por ahí podía
enterarse de que a Abel Srejilevich su mamá le escribió una carta en la que se pregunta
quién habrá escuchado su último suspiro. O ver un dibujo de Rodolfo Minsburg. O saber
que Liliana Cibeira, otra desaparecida, “era un ejemplo de compañera” y que sus
compañeros la extrañan.
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