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Por Raúl Dellatorre Hasta en las mejores familias se cuecen habas. Un procedimiento realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre 1200 grandes empresas determinó la existencia de maniobras de evasión en varias, según informaron a Página/12 altas fuentes de dicha repartición. Los que fueron encontrados en falta, sin embargo, podrán gozar de la protección de la Ley de Secreto Fiscal, que evita que sus nombres y sus casos se hagan público. Pero Carlos Silvani, titular de la AFIP, no quiere quedar atado a la restricción: en los próximos días, le elevará al presidente de la Nación, Carlos Menem, un proyecto de decreto de necesidad y urgencia para que se elimine el secreto fiscal en aquellos casos de evasión comprobada. La protección a la intimidad de los datos patrimoniales de las empresas funciona hoy como un mecanismo desigual para los contribuyentes. Por la Ley de Secreto Fiscal, la DGI no puede suministrar ningún dato del que pueda inferirse la situación patrimonial de la empresa o contribuyente individual aludido. Esto es, cuánto pagan de impuestos, si de sus declaraciones juradas surgen o no ganancias imponibles, o si de los resultados de una inspección se determinó que hay evasión. Pero no le está prohibido dar a conocer la lista de los inscriptos que no hayan presentado sus declaraciones juradas de impuestos o aportes previsionales en fecha. Es decir, puede escrachar al que se atrasa en el pago de sus obligaciones (moroso), pero no a los que realicen maniobras delictivas para evadir la ley (evasor). El decreto pretendido por Silvani autorizaría la divulgación de las empresas evasoras una vez que éstas hayan hecho su descargo, en sede administrativa, y quede en pie la denuncia fiscal. El objetivo es que, además de la pena económica, los evasores sufran una sanción social por la difusión de sus conductas. La expectativa de la AFIP es que, en el caso de grandes empresas evasoras que las hay, según se comprobó en los recientes procedimientos, su difusión tenga gran impacto a nivel nacional. Pero incluso en caso de firmas de menor dimensión, si son conocidas, se confía en que su mala conducta fiscal repercuta en ámbitos locales o regionales. En las últimas dos semanas se sucedieron las reuniones del gabinete económico que tuvieron como eje central el combate contra la evasión. Los pobres resultados logrados hasta el momento, más las dificultades que se esperan en materia de recaudación impositiva por efecto de la crisis, llevó a poner el ojo en la cuestión como nunca antes.
ROQUE VS. ERMAN, PELEA REPETIDA La tregua
estalló en pedazos. Los ministros de Economía, Roque Fernández, y de Trabajo, Antonio
Erman González, volvieron a cruzarse con dureza, como en los tiempos en los que se
discutía la reforma laboral. Esta vez fue por el proyecto de González de rebajar un 50
por ciento las cargas sociales de los trabajadores que tomen los empresarios de aquí en
más, a fin de facilitar la creación de empleos en medio de la crisis.
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