Por Raúl Dellatorre
Hasta en las
mejores familias se cuecen habas. Un procedimiento realizado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos sobre 1200 grandes empresas determinó la existencia de
maniobras de evasión en varias, según informaron a Página/12 altas fuentes de dicha
repartición. Los que fueron encontrados en falta, sin embargo, podrán gozar de la
protección de la Ley de Secreto Fiscal, que evita que sus nombres y sus casos se hagan
público. Pero Carlos Silvani, titular de la AFIP, no quiere quedar atado a la
restricción: en los próximos días, le elevará al presidente de la Nación, Carlos
Menem, un proyecto de decreto de necesidad y urgencia para que se elimine el secreto
fiscal en aquellos casos de evasión comprobada.
La protección a la intimidad de los datos patrimoniales de las empresas funciona hoy como
un mecanismo desigual para los contribuyentes. Por la Ley de Secreto Fiscal, la DGI no
puede suministrar ningún dato del que pueda inferirse la situación patrimonial de la
empresa o contribuyente individual aludido. Esto es, cuánto pagan de impuestos, si de sus
declaraciones juradas surgen o no ganancias imponibles, o si de los resultados de una
inspección se determinó que hay evasión. Pero no le está prohibido dar a conocer la
lista de los inscriptos que no hayan presentado sus declaraciones juradas de impuestos o
aportes previsionales en fecha. Es decir, puede escrachar al que se atrasa en
el pago de sus obligaciones (moroso), pero no a los que realicen maniobras delictivas para
evadir la ley (evasor).
El decreto pretendido por Silvani autorizaría la divulgación de las empresas evasoras
una vez que éstas hayan hecho su descargo, en sede administrativa, y quede en pie la
denuncia fiscal. El objetivo es que, además de la pena económica, los evasores sufran
una sanción social por la difusión de sus conductas.
La expectativa de la AFIP es que, en el caso de grandes empresas evasoras que las
hay, según se comprobó en los recientes procedimientos, su difusión tenga gran
impacto a nivel nacional. Pero incluso en caso de firmas de menor dimensión, si son
conocidas, se confía en que su mala conducta fiscal repercuta en ámbitos locales o
regionales.
En las últimas dos semanas se sucedieron las reuniones del gabinete económico que
tuvieron como eje central el combate contra la evasión. Los pobres resultados logrados
hasta el momento, más las dificultades que se esperan en materia de recaudación
impositiva por efecto de la crisis, llevó a poner el ojo en la cuestión como nunca
antes.
ROQUE VS. ERMAN, PELEA REPETIDA
Economía no quiere rebaja
La tregua
estalló en pedazos. Los ministros de Economía, Roque Fernández, y de Trabajo, Antonio
Erman González, volvieron a cruzarse con dureza, como en los tiempos en los que se
discutía la reforma laboral. Esta vez fue por el proyecto de González de rebajar un 50
por ciento las cargas sociales de los trabajadores que tomen los empresarios de aquí en
más, a fin de facilitar la creación de empleos en medio de la crisis.
Así como yo no hablaba de la flexibilización laboral, cualquier tema que tiene que
ver con la recaudación debe pasar por Economía, y nosotros no estamos de acuerdo,
enfatizó Fernández. Cada uno tiene derecho a elevar su propuesta y
discutirla, retrucó el ministro de Trabajo. Su segundo, José Alberto Uriburu,
pidió a todos los que vayan a opinar sobre el tema que lo hagan cuando el decreto
esté redactado.
El titular de Economía, en tanto, consideró que no se pueden generar incentivos
artificiales para despedir a gente con más años de trabajo y tomar a otros por los que
se pagan menos cargas patronales. Esto no existe respondió
González, porque a los empresarios no les va a resultar tan barato echar a una
persona con 20 años de antigüedad.
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