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Por Horacio Verbitsky  El gobierno
nacional posee investigaciones y estadísticas según las cuales los delitos contra la
propiedad se han duplicado desde la recesión de 1995 hasta ahora y nueve de cada diez
personas temen ser víctima de algún delito. Pero mantiene tales datos en secreto por
temor a que ese explosivo aumento sea asociado con su política económica y con el
simultáneo desmantelamiento de la Policía Federal que practicó en el último lustro,
especialmente ahora que el empleo vuelve a disminuir y nuevas nubes recesivas ennegrecen
el horizonte. En cambio, el presidente Carlos Menem procura convertir esos sentimientos de
desprotección y temor en combustible para la maquinaria electoral, desviando la atención
de sus verdaderas causas e inflamando la hostilidad en contra de los partidos de la
oposición. En especial, apunta hacia el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Código de Convivencia Urbana sancionado este año por su Legislatura, con la doble
intención de instigar la discordia entre los partidos que componen la Alianza para el
Trabajo la Justicia y la Educación y desacreditar a su hipotético candidato
presidencial, Fernando De la Rúa. La respuesta del jefe del gobierno de la Capital, que también cuestiona algunos aspectos del Código de Convivencia Urbana, termina de confundir los términos del debate y de propiciar respuestas no sólo ineficientes sino también peligrosas para el futuro de la institucionalidad democrática en la Argentina. Cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre la oferta pública de sexo, perseguir prostitutas y liberar de todo control a una policía tan mal paga (500 pesos mensuales de promedio) no tendría efecto alguno sobre la cantidad y furor de los delitos contra la propiedad, pero podría degradar la convivencia democrática con niveles crecientes de autoritarismo. A esto se suma la confrontación interna en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, desde que Eduardo Duhalde no oculta su simpatía por la candidatura a gobernador del actual vicepresidente Carlos Ruckauf. Al sentir que ya no es el delfín, Alberto Pierri asume el discurso del ex policía torturador Luis Patti. La derogación del 2x1 propiciada por Pierri no tendría mayor efecto en el sistema federal, donde a partir de la oralidad pocos juicios duran más de dos años, pero sí en Buenos Aires, cuya Suprema Corte es un cuello de botella que atora todo el sistema de enjuiciamiento. Si a esto se sumara la imposibilidad de excarcelar a los autores de pequeños hurtos (sin armas) que se desprende del proyecto del mismo Pierri sobre reincidencia, el sistema penal y penitenciario de la provincia quedaría al borde del colapso, según confesó el viernes el ministro de Justicia y Seguridad Carlos Arslanián durante un reportaje radial. Además, volvería a llenar las comisarías. El plan de Arslanián, de vaciarlas de presos para que sus efectivos presten seguridad y no servicio de hotelería, es una de las pocas medidas racionales en el actual contexto. Pero la forma en que anunció que lo haría, contiene una metáfora involuntaria e impactante. Si durante la aurora del capitalismo industrial, en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XIX, la cárcel adoptó principios organizativos similares a los de la fábrica (como modo de disciplinar en nuevos hábitos laborales a la incipiente clase trabajadora según una interpretación, o como expresión de un mismo universo valorativo, para otros) en su ocaso, en la Argentina del fin de siglo XX, la cárcel reemplaza a la fábrica, para alojar a quienes perdieron tanto el trabajo como la ilusión de conseguirlo. Desocupación y delito Una investigación del ministerio de Justicia detectó una correlación tan estricta entre las tasas de desocupación y la comisión de delitos contra la propiedad que las gráficas trazadas desde 1988 hasta 1993 parecían paralelas geométricas. Al año siguiente las curvas se separaron y el crecimiento del índice de desocupación no se reflejó en idéntico aumento de los delitos contra la propiedad, aquellos que sin mayor polémica pueden atribuirse al estado de necesidad. La fuerte discusión que sostuvieron en el gabinete nacional los ex ministros de Economía y de Justicia, Domingo Cavallo y Elías Jassan, parece hoy saldada en favor del último. Mientras Cavallo afirmaba que la divergencia entre ambas curvas desmentía la relación entre desempleo y delito, Jassan la atribuyó a la aparición de grandes contingentes de nuevos desocupados de clase media, que tenían un colchón de recursos familiares, sociales y culturales para sobrevivir antes de pasar a la acción directa. Pero, añadió, esos frenos no resistirán en forma indefinida. Hoy es ostensible que ya han cedido, como diques desbordados por el ímpetu de las aguas que durante un tiempo embalsaron. De nuevo, ambas curvas crecen, paralelas e impetuosas. El caso de los Estados Unidos confirma esta relación, pero a la baja: allí coinciden las menores tasas de criminalidad y de desocupación de las últimas tres décadas. Además de la desocupación también debe considerarse la insuficiencia de los ingresos de quienes sí tienen empleo. Durante un encuentro de reflexión sobre “Desarrollo, Etica, Violencia y Seguridad Ciudadana”, convocado en Washington en 1996 por el Banco Interamericano de Desarrollo, el economista colombiano Mauricio Rubio comparó los botines de un delito con el ingreso laboral, a lo largo de tres décadas. Al comenzar la serie, en la década del 60, “el fruto de un año de trabajo lícito era cuatro veces mayor que el de un delito. En 1991 ambas gráficas se cruzaron y desde entonces el resultado se invirtió. Su impresionante conclusión fue que “en la actualidad reporta más la comisión de un solo delito que trabajar durante un año en actividades legales” (pese a que Rubio no incluye en su cálculo los delitos más redituables, ligados con el comercio de estupefacientes). Como, además, la probabilidad de que un delito sea castigado “es del orden del 3 por ciento y las penas que finalmente se imponen son particularmente leves, no sorprende el auge que ha tomado el crimen en Colombia en los últimos años”. El párrafo, de perfecta aplicación en la Argentina, ayuda a entender qué grosera simplificación es limitar el análisis al incremento de las penas que, en el mejor de los casos, constituyen apenas un factor. Según las propias cifras del ministerio de Justicia argentino, las instituciones de prevención y enjuiciamiento son de una abrumadora ineficacia: sólo se denuncia el 30 por ciento de los delitos cometidos, llega a identificarse al 20 por ciento de sus autores, o sea un 6 por ciento del total, y apenas la mitad son condenados. Es decir, el mismo 3 por ciento de Colombia. Una policía que no atrapa a los delincuentes y una justicia que no los condena no se corrigen con proyectos de ley, sino mediante reformas de fondo, que implican, entre otras cosas, inversión de recursos. En el mismo seminario el asesor del BID Luis Rattinoff destacó que las tasas de homicidio en Estados Unidos permanecen estables desde 1850, a lo largo de casi un siglo y medio, con una sola excepción: el New Deal de Franklin D. Roosevelt, cuando se redujeron a nada menos que la mitad. Esos fueron años de “metas y esperanzas compartidas”, dijo. Actos y palabras Esta semana, Menem llegó a decir en un reportaje que “la delincuencia es una nueva modalidad en el campo de la subversión”. Setenta y dos horas después, efectivos de la Policía Federal lo interpretaron a su manera, luego de un escrache a un represor de la década del ’70. Mientras un centenar de uniformados de azul y con chaleco naranja fluorescente escuchaban la arenga de un oficial con megáfono (“¡Por favor, no seamos nosotros los que provoquemos!”) varias docenas de agentes de civil, con largos bastones ocultos entre la ropa, cayeron en forma concertada sobre un grupo de jóvenes que habían quemado basureros y roto vidrieras. Pero los golpes también aterrizaron sobre manifestantes y fotógrafos que no habían hecho otra cosa que manifestar en calma. Cuando ya todo había concluido, policías uniformados y de civil confraternizaron en la vereda de El Molino. Quedaban sólo un par de chalecos naranjas. Tres hombres de saco y corbata hablaban por handy mientras mascaban chicle. Uno de los hombres del bastón señaló su labio inferior roto. “Cuando vi la mano se me nubló todo”, dijo. Bajo costo de la victoria en otra guerra justa. ¿Cómo disociar los actos policiales de la palabra presidencial, si en conjunto transmiten un mensaje tan nítido? Su destinatario aparente son quienes empuñen las armas del delito para procurarse el sustento que no consigan de otro modo. Pero también se dirige a aquellos que elijan organizarse, políticamente y por medios no violentos, para cuestionar el estado de cosas vigente. El mes pasado, durante una reunión para analizar la crisis financiera internacional, un grupo de empingorotados hombres de negocios reclamó al gobierno nacional rígidas medidas de seguridad. Entre ellos estaban el presidente del Consejo Empresario Santiago Soldati, los también constructores Francisco Macri y Javier Tizado y los banqueros Eduardo Escasany, Guillermo Stanley y Carlos Fedrigotti. La experiencia de hace dos décadas, cuando esos mismos sectores económicos (y en muchos casos los mismos sujetos) incitaron a las Fuerzas Armadas a la desaparición forzada de miles de personas, debería señalar a los políticos el único camino vedado. En un libro reciente, uno de los principales asesores del ex presidente Raúl Alfonsín efectuó una autocrítica muy pertinente. La culpa, que los juicios de la década pasada formalizaron en un número relativamente pequeño y definido de violadores de los derechos humanos, “implicó la absolución para muchos civiles que habían apoyado a la dictadura militar: en vez de estar entre los acusados, estuvieron entre los acusadores”. Al no presentarse cargos contra ellos “miles de instigadores y cómplices” fueron considerados inocentes. Esto obstruyó la reflexión sobre las tendencias autoritarias que actúan en la sociedad argentina. Los casos del ingeniero [Horacio] Santos y el comisario Patti, el atractivo electoral del general [Domingo] Bussi y del coronel [David] Ruiz Palacios “sugieren que el deseo de una mano dura para reimplantar el orden social puede ser tan fuerte ahora como lo fue en la década del 70” e “invitan a una analogía entre los subversivos de entonces y los atacantes contra la propiedad de ahora”, escribió el ex Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia , Jaime Malamud Goti (Game Without End. State Terror and the Politics of Justice. University of Oklahoma Press, 1996). Tolerancia cero La idea de tolerancia cero y mano dura recoge también conceptos impuestos en los Estados Unidos. Si los políticos argentinos conocieran mejor aquella experiencia tal vez retrocederían espantados por el rostro que ese espejo devuelve. El ex defensor oficial de Washington DC, Steven Donziger, que preside la Comisión Nacional de Justicia Penal, y editor del libro The Real War on Crime (Harper Perennial, 1996) sostiene que “los políticos aman el delito, del mismo modo que amaban al comunismo: ambos simbolizan un mal sin impurezas y pueden ser enarbolados con propósitos electorales”. Como el complejo militar-industrial de la guerra fría, el nuevo complejo penitenciario-industrial, que ha creado el mayor sistema carcelario de la historia de la humanidad, responde a una implacable lógica interna, que le permite proliferar con independencia del éxito o el fracaso de sus políticas, dice Donziger. Estados Unidos ya agotó el camino al que hoy se asoma frívolamente la Argentina. Su población carcelaria es de 1,7 millones de personas y otros 4 millones están en libertad condicional o con un proceso en suspenso bajo el sistema de probation. Esto implica que 649 de cada cien mil estadounidenses están en la cárcel, proporción sólo superada por la Federación Rusa, donde la población carcelaria es de 780 por cada cien mil habitantes. De 1970 a 1980 la población carcelaria de los Estados Unidos se duplicó. De 1981 a 1995 volvió a duplicarse. Según el criminólogo Norval Morris (The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society, Oxford University Press, 1998) ese crecimiento descomunal no guarda relación con los delitos cometidos: en la primera de esas décadas hubo sustanciales aumentos en la tasa de criminalidad, pero en la segunda no se produjeron nuevos incrementos; de 1980 a 1985 los delitos graves declinaron marcadamente, de 1985 a 1990 volvieron a aumentar, aunque nunca hasta alcanzar las mayores marcas anteriores; de 1990 a 1995 se mantuvieron estables con tendencia declinante, y desde entonces vienen cayendo en forma sostenida. “La ironía es que cuanto menos efectiva es la cárcel para reducir el delito, mayor es la demanda pública por más encarcelamiento, amplificada por los políticos”, añade Morris. A su juicio, “las guerras contra el delito y contra la droga se declaran regularmente con poderosa retórica, prometiendo la rendición del enemigo. Pero el éxito nunca corona esos esfuerzos. No hay victoria ni armisticio. En cambio, se declara una nueva guerra, como si la anterior nunca hubiera tenido lugar, y ni siquiera la retórica cambia. No me animo a predecir cuándo reconocerán nuestros dirigentes políticos que juntar votos con esos métodos mendaces es pecar contra el futuro”. Pero es evidente que “el canceroso crecimiento de la encarcelación en el último cuarto de siglo ha sido generado por la irresponsabilidad política”. En el ranking de 32 naciones de las que se conocen estadísticas, los 43.174 presos de la Argentina equivalen a una tasa de 123 por cada cien mil habitantes, muy lejos del tope de la lista, pero de todos modos en el tramo superior y casi el doble que los países nórdicos: Dinamarca con 70 presos por cada cien mil habitantes, Noruega con 66, Suecia con 63 y Finlandia con 61. ¿Por qué procurar un ascenso en esa tabla de rabia y futilidad? En barra En 1995 la principal compañía privada que construye y administra cárceles en Estados Unidos, Correctional Corporation of America, fue la cuarta más lucrativa entre las que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Ese mismo año, el entonces ministro de Justicia argentino Rodolfo Barra ponderó en las Naciones Unidas el artículo 75 de la Constitución de Olivos, por incorporar a la legislación interna los tratados internacionales de derechos humanos. Pero en el mismo viaje, Barra y su viceministro de asuntos penitenciarios, Andrés Marutian (defensor del ex dictador Roberto Viola en el juicio de 1984) sostuvieron diversas reuniones con consorcios interesados en la construcción y administración de cárceles según el modelo estadounidense. Las opciones oscilaban entre la privatización total y la tercerización de algunos servicios. Si al Estado le cuesta 99 pesos diarios mantener a cada preso, mejor sería alojarlos en el Sheraton, era el argumento. La falacia consistía en dividir el presupuesto penitenciario total por el número de internos, sin considerar que sólo 3,60 pesos se gastaban en el preso y el resto correspondía a sueldos, jubilaciones y mantenimiento de edificios. La propia inconsistencia del proyecto privatizador lo frustró, de modo que sólo se licitó la construcción de las nuevas cárceles de Marcos Paz y Campana, para reemplazar a las de Caseros y Devoto. A la licitaciónconvocada por Barra sólo se presentó un consorcio, integrado por la francesa Buygues y las argentinas Benito Roggio e Hijos y Petersen, Thiele y Cruz SA, que la ganó con la atractiva condición de que el Estado recién comenzaría a pagar una vez recibidas las cárceles. Pero de acuerdo con las tradiciones de la Patria (Contratista), una vez adjudicados los trabajos, el consorcio intentó renegociar las condiciones. Adujo que no conseguía financiamiento y propuso entregas y pagos parciales. Al suceder a Barra, Jassan anuló esta licitación y volvió a convocarla con un nuevo pliego, que ya incluía las entregas y los pagos parciales. Se presentaron tres consorcios, encabezados por Techint, Dycasa y Gualtieri. Sólo los dos primeros precalificaron en la primera etapa, y se adjudicó una cárcel a cada uno. Una política criminal basada en el encarcelamiento masivo tiene un atractivo irresistible para quienes construyen o administran prisiones. Crimen y castigo Los votantes creen que quienes llenarán las celdas serán los delincuentes violentos que ven por televisión. En realidad, escribió Donziger en un ensayo titulado “Miedo, Crimen y Castigo” (Tikkun, November/December, 1997), la enorme mayoría de quienes ingresan al sistema carcelario lo hacen por delitos no violentos. “Sólo uno de cada diez arrestos ocurre por un delito violento”. El rasgo más perverso de esta pasión encarceladora es que muy pronto se autonomiza y se recrea a sí misma con prescindencia de cualquier dato de la realidad. La conclusión del experto es que no alcanzan los delincuentes violentos para ocupar todas las nuevas plazas, de modo que la cantidad de espacio carcelario disponible determina la política criminal. Se trata de justificar esas plazas, aunque para ello sea preciso atrapar cada vez a mayor cantidad de autores de hechos menores y no violentos. Esos pequeños infractores que saturan el sistema carcelario son los que producen mayores beneficios a las empresas privadas que administran las prisiones, porque se portan bien y requieren menos supervisión. En su libro “Search and destroy: African American Males in the Criminal Justice System” (mencionado en la edición citada de la revista “Tikkun”), James Miller sostiene que el ethos violento de la instalación correccional ha llegado a modelar el comportamiento en las calles y a erosionar el respeto por la ley. Lejos de disminuir la violencia, la cárcel la incrementa. Las habilidades que ayudan a sobrevivir en la cárcel, producen efectos devastadores cuando se trasladan a la calle, donde hay millones de armas disponibles. (Es el caso de la Argentina. Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete, en los últimos cinco años la Policía Federal no realizó ni un solo procedimiento contra el tráfico de armas. Hoy es posible comprar por 300 pesos una pistola 9mm. El documento sobre seguridad difundido esta semana por el Frepaso recuerda que en 1996 y 1997 el RENAR autorizó a civiles el uso de 200.000 armas y estimó que hay diez veces esa cantidad circulando en forma ilegal). Sólo quienes no conocen nada de la cultura carcelaria consideran incomprensible la violencia resultante, incluyendo arrebatos y ejecuciones para robar un par de zapatillas, añade Miller. Las prisiones han sido usadas en forma tan irracional que han perdido su efecto estigmatizador. En las comunidades de más bajos ingresos, que proveen la materia prima para la industria carcelaria, el paso por la cárcel ha dejado de ser infamante. La cárcel se ha convertido en un rito de pasaje, que hasta da status. Irracional es un término benévolo. Si todo siguiera igual, se lee en The Real War on Crime, dentro de dos décadas seis de cada diez afronorteamericanos de 18 a 34 años estarán tras de rejas. “Cuando invertimos en cárceles y no en colegios y universidades públicas, estamos enviando a los jóvenes un mensaje muy fuerte: esperamos que fracasen. Y al fracasar, sólo responden a las expectativas que pusimos en ellos”, sostiene Donziger. Desde que comenzó el frenesí carcelario, California construyó 21 cárceles y sólo una universidad. En las últimas dos décadas sólo los presupuestos carcelarios se salvaron del ajuste. Entre 1976 y 1989, el gasto de los estados en cárceles se incrementó un 95 por ciento, mientras la inversión social se reducía un 41 por ciento y en educación superior el 6 por ciento. Se establece así un temible círculo vicioso: las distintas ciudades compiten por la asignación de recursos para nuevas prisiones, que a su vez refuerzan la preparación para el delito. La guerra contra el delito, añade, produjo beneficios para los políticos y los medios de comunicación. Así como durante la guerra fría los políticos no podían ganar una elección cuestionando al complejo militar-industrial, tampoco se animan hoy a cuestionar la constante expansión carcelaria. “Las imágenes violentas que atraen a la mayoría de los espectadores incentivan de tal modo los temores del público, que la construcción de cárceles parece la única respuesta lógica al problema del delito. La necesidad de efectuar algunas distinciones básicas, por ejemplo entre delitos violentos y no violentos, es demasiado disonante como para justificar que se interrumpa la programación. No hay nada más visceralmente perturbador que el miedo de ser víctima de un delito violento. Pero más perturbador aún es que buena parte de nuestro miedo no se deba al delito, sino al cultivo de nuestras ansiedades más profundas, por parte de aquellas instituciones que se benefician económica y políticamente cuando se enciende el miedo”.
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