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Más vale no encontrar petróleo en el campo

Los propietarios agrícolas cobran monedas por los pozos que las petroleras explotan en sus campos. Estas, en cambio, exprimen hasta el último dólar de los suelos. Polémica por la ley de Hidrocarburos.

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Cada año, las petroleras hacen mil nuevas perforaciones

Por Cledis Candelaresi

t.gif (67 bytes)  Cualquier propietario sureño que tenga en su campo una decena de pozos petroleros cobra por ello una indemnización aproximada de 500 pesos por mes. En ese mismo lapso, la empresa petrolera puede extraer crudo de esas perforaciones por un valor cercano al medio millón de pesos. Esta brecha enfrentó al clan de energéticas con la Sociedad Rural, que, vía sus delegaciones en el interior, protestó por lo magro de aquella paga. Muchos estancieros también se lamentan por la implacable contaminación de sus campos, algo de lo que ninguna legislación los protege adecuadamente hasta el momento. La discusión parlamentaria sobre la controvertida ley de Hidrocarburos reavivó el conflicto sobre esta y otras varias prerrogativas que goza la industria del oro negro en nuestro país.

Las indemnizaciones que mensualmente deben pagar los propietarios de las tierras a las empresas surge de una escala fijada por tres decretos: uno para la Patagonia, otro para Cuyo y otro para el Norte, estos últimos con tarifas levemente superiores al primero. Los pagos previstos para la zona sur van desde 53,89 pesos por mes para las extensiones en las que exista un solo pozo (muy poco probable) hasta los 13,87 pesos por cada perforación si en el campo caben 100 o más.

Después, los cálculos son sencillos. La producción promedio de un pozo es de unos 15 metros cúbicos por día, cuyo precio redondea los 75 dólares, después de las sucesivas bajas en el mercado internacional. En definitiva: cada una de las perforaciones argentinas --cada año se hacen alrededor de 1000 nuevas-- rinden como mínimo cerca de 1200 pesos por día, casi lo mismo que cobra un propietario cuyas tierras soportan un centenar de trepanaciones.

Es cierto que para muchos ganaderos al borde de la quiebra, por modesto que sea, el pago le sirve para zafar de la bancarrota. "Con la caída de la producción ovina, es preferible tener una renta segura a asumir el riesgo de probar con la crianza de camélidos", se lamentó un ruralista ante uno de los legisladores de la Comisión de Energía de Diputados. Pero la mayoría de los productores aspiran a que aquella renta sea más generosa, en gran medida, porque sus campos quedan inutilizados por los trépanos y piletones.

Ni lerdas ni perezosas, las petroleras justifican públicamente aquellas indemnizaciones convalidadas por el Gobierno, citando los lamentos lanzados por la Sociedad Rural sobre la baja productividad de aquellos campos. Y hasta blanden las declaraciones juradas que algunos endeudados estancieros presentan a los bancos para conseguir créditos.

La discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de Hidrocarburos desató el lobby de ambas partes para que el texto exprese sus intereses. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado habilita a cada productor a negociar con la petrolera su propia indemnización, pero siempre sobre la base de las tarifas fijadas por aquellos decretos nacionales. Entre las varias iniciativas que están en danza en Diputados, la de los frepasistas toma como referencia esas mismas tarifas pero propone cuadriplicarlas. Y el propio jefe de la bancada oficialista, Humberto Roggero, también se mostró en más de una ocasión proclive a subirlas.

El margen de maniobra que tienen los "superficiarios" es bastante acotado, ya que si bien pueden no autorizar tareas exploratorias no tienen ninguna chance de resistirse a la maquinaria hidrocarburífera cuando sus tierras integran áreas que el Estado adjudicó en concesión. En este caso, sólo les resta aceptar la indemnización.

También saben cuán implacables suelen ser las energéticas con el medio ambiente. Pocas contemplaciones tienen, por ejemplo, a la hora de envenenar con hidrocarburos las napas de agua, alentadas por el casi inexistente control estatal sobre este delito. Con distinto énfasis, los proyectos de ley que dan vueltas por el Congreso tratan de imponer cláusulas que obliguen a las empresas a no contaminar. Pero el poder de presión sobre el gobierno de compañías como YPF, Shell, Esso, pueden transformar ese esfuerzo en sólo una expresión de buenas intenciones.

 


Una ley muy cuestionada

Por C.C.

t.gif (862 bytes) La indemnización a los propietarios de la tierras es casi un aspecto anecdótico del proyecto de ley de Hidrocarburos estancado en el Congreso y que Jefatura de Gabinete definió como prioritario. El texto abrió batallas entre legisladores entre sí y entre éstos y las petroleras, que defienden con uñas y dientes sus privilegios.

Algunos parlamentarios pretenden evitar la integración vertical de la industria, es decir, que la empresa que produzca hidrocarburos no pueda también comercializarlos. Los senadores oficialistas Augusto Alasino y José Manuel De la Sota hicieron saber que, a lo sumo, podría tolerarse que "no más de un 15 por ciento" de las estaciones de servicios sean operadas por petroleras.

La embestida parlamentaria también apunta a regular los precios de venta de los subproductos petroleros, de modo tal que éstos reflejen las bajas que se dan en el mercado internacional. Con idéntica intención, oficialistas y opositores de la Comisión de Energía de Diputados ya consensuaron un proyecto para facilitar la importación de combustible, anticipándose a la decisión anunciada por Economía.

Tan controvertido como esos items puede resultar el método para calcular las regalías que las petroleras deben pagar al Estado (provincial, según la Constitución de 1994), tributo equivalente al 12 por ciento de su producción. El proyecto que giró el Poder Ejecutivo al Senado contempla que ese pago se haga sobre la base de las declaraciones juradas de las propias empresas, tal como se hace hasta el momento. Pero algunos aliancistas cuestionaron tanta confianza en la buena fe empresaria y proponen, en cambio, que el fisco busque el auxilio de la técnica para recaudar lo justo: un caudalímetro, sugieren, tal vez sería un buen recurso para conocer fehacientemente cuánto producen las poderosas compañías.

 

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