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 Rezos, vigilias,
cartas, homilías, llamadas telefónicas: todo vale en el convulsionado debate en torno a
la ampliación del aborto en España. El gobernante Partido Popular --conservador-- y la
Iglesia se lanzaron furiosamente desde el fin de semana a movilizar a los creyentes a fin
de frenar la despenalización del aborto en caso de que la embarazada sufra un
"conflicto personal, familiar o social grave", tal como propone el proyecto de
la oposición. El duelo político se trasladará hoy al Parlamento, pero como ninguno de
los grupos reúne mayoría propia, los votos de conciencia de los 20 parlamentarios
nacionalistas inclinarán la balanza para uno u otro lado. A 24 horas del debate por la ampliación de la ley que permite el aborto, miles de españoles antiabortistas se movilizaron frente al Parlamento, en el centro de Madrid, para manifestar contra lo que la Iglesia consideró una "inmoralidad". Otros miles, en tanto, organizan vigilias nocturnas para rezar por el fracaso del proyecto legislativo. En lo que parece una versión moderna de las Cruzadas, la Iglesia intensificó al máximo en los últimos días su campaña para frenar la ampliación del aborto. El domingo repartió entre las parroquias de todo el país un duro documento que fue leído por los 20.000 curas durante la homilía, donde se utilizaba el lema de una de las películas de James Bond ("Licencia aún más amplia para matar a los hijos") para descalificar las propuestas del Partido Socialista Español, Izquierda Unida, Nueva Izquierda y el Bloque Nacionalista Gallego. Los socialistas y otros partidos de izquierda pretenden incorporar un "cuarto supuesto" a los tres que permiten interrumpir legalmente el embarazo. Hasta el momento la ley permite abortar en caso de violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre. En caso de prosperar el proyecto se pondría en primer plano el derecho de la propia embarazada a decidir sobre la interrupción de la gestación. El "cuarto supuesto" que incorpora el proyecto es por "conflicto personal, familiar o social de gravedad", lo que incluye la variable "socioeconómica" como factor que permite el aborto en las primeras doce semanas de gestación y con previo asesoramiento médico. Para la diputada socialista Teresa Fernández de la Vega, el objetivo de la ampliación de la ley es "propiciar que se deje de tratar como criminales a las mujeres que se encuentren ante ese drama". Su postura choca con la firme oposición del partido gobernante. "Es una situación que creemos está razonablemente resuelta en nuestro país y que, por lo tanto, no se debe cambiar", consideró, terminante, el ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría. Un dividido Congreso de los Diputados comenzará a sesionar hoy para debatir la ampliación de las situaciones en las que el aborto es legal. El gobernante Partido Popular no tiene mayoría en el Congreso (tiene asegurados 171 votos sobre un total de 350), tampoco la consiguen los socialistas y los partidos de izquierda, que recaudan 166 votos. Por eso la clave de la votación estará en manos de los diputados de los partidos nacionalistas del País Vasco, Cataluña e Islas Canarias. Estos partidos regionales, dos de ellos de orientación democristiana, dieron libertad a sus diputados para que voten a favor o en contra de la ley de acuerdo con su conciencia. Entretanto, reciben miles de cartas a favor y en contra de agrupaciones españolas. Entre ellas, 24.000 cartas de asociaciones antiabortistas y otras tantas de unas 30 organizaciones agrupadas en la "Plataforma de Asociaciones Feministas", que acercaron personalmente cartas a cada uno de los diputados pidiéndoles que voten por el "Sí". La proposición socialista ya fue debatida en febrero en el Parlamento y la votación terminó con un histórico triple empate debido a la división de opiniones y a la ausencia de varios diputados. Los portavoces de los grupos parlamentarios no quieren que la situación se repita. Por eso pidieron a sus legisladores que anulen cualquier compromiso que les impida ausentarse del debate.
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