Página/12

JUZGAN A OYARBIDE PERO EVITAN INVESTIGAR A LA POLICIA FEDERAL
Hacete amigo del comisario

Los diputados del PJ siguen adelante con el juicio político contra el magistrado por seis causales, casi todas vinculadas a su vida privada, pero frenaron el estudio de su relación con la Policía.

El juez federal Norberto Oyarbide sigue en uso de licencia.
Pero está en problemas que no comparte con sus ex aliados policiales.

Por Fernando Almirón

El justicialismo entregó a Norberto Oyarbide pero dejó a salvo de una investigación parlamentaria a la Policía Federal. Ayer el oficialismo de la Cámara de Diputados presentó cargos contra el juez federal –ahora de licencia–, aunque se ocupó prolijamente de desestimar entre los hechos que se le imputaban su presunta participación en la red de protección a prostíbulos que manejaba el comisario y ex represor Roberto Rosa (ver aparte), suspendido preventivamente de su cargo por el jefe de la Federal. “No está suficientemente acreditado el cohecho ni su eventual protección a una red de prostíbulos”, aseguró el presidente de la Comisión de Juicio Político, César Arias. Desde la Alianza, que no asiste desde hace tres semanas a las sesiones de la comisión, aseguran que elaborarán su propio dictamen de minoría en el que harán figurar la complicidad que existía entre el juez y el comisario.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de diputados, que sesionó con mayoría justicialista y contó con el voto favorable de Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, aprobó oficializar seis acusaciones contra el juez federal Norberto Oyarbide, a quien le dio un plazo de cinco días para que ejerza su defensa.
Según Arias, los cargos que se imputan al juez son por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos “e incluyen las causas por las amenazas al argelino Zinnedine Raschen, enriquecimiento ilícito y conducta irregular evidenciada en su asidua concurrencia a prostíbulos”. “¿Y sobre su participación en la red de protección policial a burdeles?”, le preguntó Página/12 a Arias. “En la Justicia no está acreditada la existencia de tal red”, respondió el legislador esquivando la responsabilidad de los diputados en la investigación.
De este modo, Oyarbide será juzgado en gran medida por sus actos privados, a la vez que se desestimó investigar la existencia de una organización de que el magistrado habría formado parte junto al comisario Roberto Rosa, quien fue suspendido preventivamente de su cargo al frente de la División Seguridad de la Personas que se encargaba, justamente, de reprimir el negocio de la prostitución. Ante el escándalo, Carlos Corach, el secretario de Seguridad Miguel Angel Toma y el jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, se trasladaron hasta el departamento de policía para brindar su apoyo a la fuerza y desestimar todo foco de corrupción en su seno.
“Primero impidieron que el comisario Rosa viniera a declarar a la comisión –aseguró la frepasista Nilda Garré– argumentando que no podían encontrarlo. Después Rosa directamente desairó a la Cámara cuando nos ocupamos de hacerle llegar la citación.” El nuevo enojo de los aliancistas se suma a los anteriores, cuando los diputados del PJ comenzaron a bajar uno tras otro los pedidos de juicio político que pesaban sobre los magistrados cercanos a la Casa de Gobierno. Entre ellos el del juez Jorge Urso, quien lleva adelante la investigación por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Desde ese día, hace ya tres semanas, los diputados de la coalición UCR-Frepaso decidieron dejar de asistir a las sesiones de la comisión.
Según la diputada, “es indudable que hay un pacto de silencio y de protección a sectores de la Policía Federal, además de bajarle el grado de gravedad de los delitos que se le adjudican a Oyarbide”. Para Garré, “evidentemente no quieren que la investigación sobre las actividades del juez se extiendan a la Federal”. La legisladora no descartó que la Alianza elabore un dictamen de minoría en el que harán mención a las 300 llamadas que se cruzaron entre febrero y abril de este año Roberto Rosa y Luciano Garbellano, uno de los propietarios del prostíbulo masculino Spartacus. Y otras setenta que en esos meses también se hicieron Rosa y Oyarbide, las que se intensificaron los días previos al atentado a tiros que sufrió Garbellano en las cercanías de Zárate.
“No hay que olvidar las denuncias que mencionan el vínculo que existía entre Rosa y Bettina de la Guarda, una de las asistentes de Carlos Corachen el Ministerio del Interior”, señaló por su parte Horacio Viqueira da la Alianza. Según el legislador: “Era previsible que el oficialismo buscaría acusar al juez por hechos menos graves, y que no estaban dispuestos a avanzar en el tema policial”.
Oyarbide ya pidió dos licencias consecutivas desde el 21 de marzo, y desde el Gobierno apuestan a su renuncia para cerrar el estado público que tomo el caso cuando se conoció la existencia de un video que registraría un encuentro sexual entre el juez y un taxi boy en las instalaciones de Spartacus. Después llegaron las denuncias por amenazas de muerte que realizó contra el magistrado el argelino Zinnedine Raschen; las declaraciones de Garbellano en las que sugirió que Oyarbide había mandado a los policías de Rosa para que lo maten y terminar así con las extorsiones a las que lo tenía sometido el proxeneta, y otras acusaciones formuladas ante el juez Fernando Rodríguez Lubary entre las que también figura el cobro de dinero por parte del magistrado a cambio de brindar protección a una cadena de prostíbulos. Para los justicialistas esto último no es cierto. Ni merece ser indagado.

LA VINCULACION DE ROSA CON EL JUEZ Y GARBELLANO
Un policía con muchas relaciones

Por Susana Viau

“El tema del cohecho ni siquiera lo considera muy fundado el juez Fernando Rodríguez Lubary”, dijo a este diario el justicialista César Arias, presidente de la Comisión de Juicio Político, aludiendo a las denuncias que pesan sobre el juez federal Norberto Oyarbide por supuestas coimas y connivencia con la policía para dar protección a los capos de la prostitución. La decisión de obviar ese punto no sólo desliga (en el plano legislativo) a Oyarbide de uno de los cargos más duros: también saca del foco de atención a la policía, tema que preocupa al ministro Carlos Corach y a la propia cúpula de la Federal, temerosa de cualquier comparación con su gemela bonaerense. Sin embargo, ya en mayo y a consecuencia del “affaire” Spartacus, había renunciado a su puesto de jefe de Seguridad Personal de la Policía Federal el comisario Roberto Rosa, amigo de Oyarbide y protagonista de un abundante tráfico telefónico con el taxi boy Luciano Garbellano.
La explicación de Arias, no obstante, no tomó en cuenta que el juez Rodríguez Lubary, miembro de la Justicia ordinaria, se había limitado a escuchar las declaraciones de los testigos y remitir el tema al fuero federal. Allí, puesto que la acusación involucra al magistrado en su función, quizá sea el titular del Juzgado Federal Nº 3, Carlos Liporaci, quien deba investigar la supuesta entente.
Lo cierto es que, en julio y una vez cesado en su condición de jefe de Seguridad, Rosa declaró como indagado ante Rodríguez Lubary y admitió la existencia de más de 70 comunicaciones telefónicas con Garbellano. Es que, según aseguró en sede judicial, al leer en los diarios la noticia del escándalo se puso “loco de bronca” y llamó al taxi boy unas diez veces en 24 horas. En las cuatro horas de indagatoria, quien había sido el funcionario de la Federal encargado de controlar la prostitución negó con énfasis las acusaciones formuladas por los taxi boys Maximiliano Paz y Luciano Garbellano, que declararon que Rosa recibía dinero para permitir el funcionamiento de Spartacus. Paz, por su lado, relató ante Rodríguez Lubary que él en persona llevaba sobres a la comisaría 19. Antonio Soldano, regente de Spartacus, se reclamó este lunes, en una entrevista de Página/12, como la única persona que manejaba el dinero del burdel y agregó que nunca había enviado sobres a la 19 ni conocía al comisario Rosa. Con esa asunción de responsabilidades, Soldano procuraba limpiar, en una única jugada, a sí mismo, al juez, al comisario y a la comisaría.
El comisario Rosa debió admitir en cambio que, tal como contó el argelino Zinnedine Rachem en su denuncia, Oyarbide le pidió ayuda para que Garbellano no hiciera público el video filmado en Spartacus. En palabras de Rosa, Oyarbide le habría solicitado “que hiciera una averiguación personal de un rumor que circulaba en la noche sobre su persona y sobre aspectos de su vida íntima”. Asimismo informó que había conocido a Oyarbide en calidad de alumno de sus cursos en la Escuela Superior de Policía”. Respecto de Garbellano, Rosa adujo haberlo conocido en el restaurante El Mirasol de la Recova (escenario de buena parte de los episodios de esta historia), en una ocasión en la que Oyarbide y Garbellano se encontraban comiendo y él entró al local persiguiendo a un delincuente. Las presentaciones pertinentes se hicieron en medio de aquella accidentada persecución y a partir de ese momento Garbellano pasó a ser su “informante”, “confidente” o “buchón”. Fue a Garbellano –dijo Rosa para justificar las numerosas llamadas– a quien recurrió cuando Oyarbide le pidió ayuda para hacer averiguaciones en el ambiente de “la noche”.
Por una extraña casualidad, el defensor de Rosa es el abogado Hernández Agramonte, socio del ex juez correccional Norberto Calandra, junto a quien trabajó como secretario Norberto Oyarbide. Calandra es hoy un abogado al que suelen recurrir muchas personas vinculadas al mundo de la prostitución. Y fue en su juzgado donde Oyarbide conoció, como procesado por violación de la ley de profilaxis, a Carlos Perciavale (simplehomónimo del actor), propietario de prostíbulos femeninos y padre del niño apadrinado a fin del año pasado por Oyarbide.

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