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Por Carlos Rodríguez  En un fallo que
complica la situación de Susana Giménez, la Sala I de la Cámara del Crimen le dio la
razón al fiscal Martín Niklison y revocó el sobreseimiento de la conductora y de los
directivos de Hard Communication en la denuncia formulada en mayo pasado por Raquel
Jaskelson, por la supuesta facturación errónea de llamados que la querellante dice no
haber realizado al teléfono del concurso “Su Llamado”. El tribunal calificó de
“prematuro” el sobreseimiento dispuesto en primera instancia por el juez Facundo
Cubas, consideró que existen “serias presunciones” de que las llamadas
facturadas hayan sido realizadas “desde otro número telefónico” –tal como
dijo Jaskelson– y que es necesario que “se profundice la pesquisa”. Esta
causa fue la que derivó en distintos planteos para que se investigue la presunta estafa
cometida por Hard Communication contra la fundación “Felices los Niños”, que
preside el padre Julio Grassi, la supuesta ilegalidad de los concursos telefónicos por TV
y hasta la posible evasión de impuestos por parte de los organizadores del concurso. Los investigados, además de Susana Giménez, son el empresario Jorge Born, el ex montonero Rodolfo Galimberti y Jorge Rodríguez, novio de la diva, todos directivos de Hard Communication. La Sala I, con la firma de los camaristas Carlos Tozzini y Edgardo Donna, solicitó a Cubas que cite a prestar declaración a Jaskelson para que amplíe su denuncia y que responda a una serie de cuestionamientos que fueron planteados por el fiscal Niklison al apelar el sobreseimiento. El fiscal, por su parte, señaló a Página/12 que es posible que la jueza María Angélica Crotto –que tiene otra causa en la que hay acumuladas 170 denuncias similares a las de Jaskelson– podría pedir la unificación de todos los casos en el expediente abierto con anterioridad en el juzgado de Cubas. Niklison, además de apelar el sobreseimiento, formuló distintas líneas de investigación e incluso cuestionó la forma en que Hard Communication hizo el reparto de las utilidades del concurso, que según admitió la firma el 20 de agosto pasado, superaron los 18 millones de pesos. Uno de los aspectos puestos en tela de juicio por el fiscal fue el monto de dos millones y medio de pesos que la empresa afirma haber pagado a Telefé en concepto de “publicidad”. La interpretación que hace Niklison es que el concurso “Su Llamado” sirve tanto para promocionar al programa de Susana Giménez como para publicitar al Canal 11 de televisión. De tal manera, sería impropio que Hard fuera la que les pagara a los productores del ciclo o a Telefé por una “publicidad” que, lejos de recibir, brinda. “Pido que se investigue el tema, porque es posible que ese monto responda a otros gastos y que un siete por ciento de esos dos millones y medio de pesos también le correspondieran a la fundación del padre Grassi”, explicó Niklison. Como se denunció en su momento, Grassi esperaba cobrar un millón y medio de pesos, equivalente al siete por ciento del total de los 18 millones de pesos recaudados. Sin embargo, la Fundación sólo recibió 400.000 pesos. La resolución de la Sala I de la Cámara del Crimen especifica que junto con el caso Jaskelson debe investigarse la supuesta estafa cometida contra la Fundación del padre Grassi. “No corresponde que se desprenda de la investigación de dicho episodio”, se asegura en el fallo, que ordena que el caso Grassi debe seguir en el juzgado del doctor Cubas. Por otra parte, el fiscal Niklison se refirió a la situación de centenares de personas que han denunciado la presunta sobrefacturación de sus boletas telefónicas, con la incorporación de llamadas a concursos telefónicos como el de Susana Giménez que los usuarios dicen no haber realizado. El fiscal recordó que tiene vigencia la resolución 2172 de la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que impide a las compañías telefónicas cortar el suministro en caso de existir alguna diferencia con el cliente. “Lo que hay que hacer es pagar todo aquello que no esté cuestionado por el usuario y dejar en vía judicial lo que ha sidorechazado por el cliente, pero en ningún momento debe cortarse el servicio”. Además de los 170 casos denunciados ante el juzgado de la doctora Crotto, en los últimos días se conocieron otros 100, que pronto serán remitidos al fiscal Niklison por el ingeniero Ariel Garbarz, experto en computación, que hizo la mayoría de las presentaciones que ahora están siendo investigadas. La revocación no fue el único baldazo sobre Susana ayer: en el mismo día se conoció que el juez federal Alfredo Rodríguez abrió en Buenos Aires una causa penal por la denuncia que hizo en Mendoza Catalina Caldentey de Constantini, quien recibió una factura de por 5625 pesos, en la que figuraban más de 1500 llamados al programa de Susana Giménez.
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