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 Tal como lo
viene haciendo en los últimos días, el gobierno español volvió a rechazar ayer las
presiones de los distintos partidos políticos para que responda de algún modo a la
tregua unilateral establecida por la organización separatista vasca ETA. “No tenemos
que demostrar nada”, dijo en el Parlamento el jefe de gobierno José María Aznar,
quien se reunió con el líder de la Izquierda Unida (IU), Julio Anguita, en el marco de
las rondas de consultas iniciadas el lunes. Representantes del Herri Batasuna (HB, brazo
político de la ETA), que iniciaron una gira por Europa para comunicar su posición,
pidieron a la comunidad internacional “que convenza al gobierno español” de la
necesidad de negociaciones inmediatas.Aznar había iniciado estas reuniones con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Joaquín Almunia, quien a pesar de compartir la desconfianza del gobierno con respecto de la tregua, señaló que podrían hacerse algunas concesiones como gestos de buena voluntad. En particular, Almunia se refirió a la reubicación de los presos etarras dentro del País Vasco, una de las reivindicaciones de la ETA, que también fue uno de los puntos reclamados por Anguita en la reunión de ayer. El candidato socialista a la presidencia del gobierno, Josep Borrell, solicitó a Aznar “tomar la iniciativa” en la búsqueda de la paz y a “no defraudar las legítimas expectativas de la sociedad española”. “El gobierno tomará sus decisiones cuando haya hablado con las fuerzas democráticas y, sobre todo, cuando esté seguro de algo que en este momento tenemos que saber, y es si estamos ante el final de la violencia”, dijo el vicepresidente segundo español, Rodrigo Rato. Aunque la tregua de la ETA haya sido declarada incondicional e ilimitada, en Madrid se espera a que abandone definitivamente las armas y a que la ETA se autodisuelva para iniciar algún tipo de conversaciones. El lunes pasado Almunia exhortó al gobierno a que responda antes de las elecciones regionales vascas, que se realizarán dentro de un mes. Pero “el Ejecutivo no hará ninguna modificación de su política hasta que los vascos determinen en esas elecciones lo que quieren en esta nueva situación”, respondió ayer el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. La tregua de la ETA, que comenzó el viernes pasado, estuvo precedida por la Declaración de Lizarra, un documento firmado por HB, los partidos nacionalistas vascos que están a cargo del gobierno autónomo y la IU. Tanto el oficialista Partido Popular (PP) como la oposición socialista rechazaron esta gestión porque implicaba el desconocimiento de la Mesa de Ajuria Enea. Este pacto se firmó en 1988 entre todos los partidos españoles menos el HB y señalaba que no se realizaría ninguna gestión con este partido ni con la ETA hasta tanto hubiera una entrega de las armas. En el marco de esta doble división –entre populares y socialistas y entre los partidos españoles y los vascos–, el HB está tratando de generar una corriente a favor de la iniciativa etarra. “No hay que cometer los mismos errores que en otros procesos, como por ejemplo en el proceso irlandés”, dijo desde Bruselas Xabier Zubizarreta, miembro de la Mesa Nacional del partido, y pidió al gobierno que manifieste “una voluntad política para que este proceso de paz comience lo antes posible”. Además de no referirse al fin de la lucha armada, la tregua etarra tampoco abandona su principal objetivo, la independencia del País Vasco de España y Francia, lo que incomoda a los nacionalistas vascos moderados y que molesta claramente al gobierno. “ETA no nos puede obligar a todos a replantearnos lo que puede significar un cambio del marco político en España”, dijo Mayor Oreja. El lehendakari (presidente del gobierno vasco) José Antonio Ardanza propuso posponer esta discusión hasta el año 2000, cuando finalicen los distintos comicios que se avecinan. “El actual proceso es más importante que el calendario electoral”, respondió tajantemente Zubizarreta.
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