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Por Horacio Verbitsky  El gobernador de
Buenos Aires, Eduardo Duhalde, el juez José Luis Macchi y los investigadores policiales
que comanda el comisario mayor Víctor Fogelman son sospechosos de encubrimiento del
asesinato de José Luis Cabezas, cuya investigación está detenida desde la muerte de
Alfredo Yabrán. Estas afirmaciones serán difundidas hoy, al cumplirse veinte meses del
crimen, por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). En
el más severo cuestionamiento hasta la fecha, dirán que “durante todo el proceso
judicial han existido notorias y públicas injerencias políticas, que llegaron a frenar o
distraer las investigaciones, o utilizarlas como moneda de cambio en negociaciones entre
el gobernador y el presidente [de la Nación, Carlos Menem]”. También afirmarán que el de Cabezas es un crimen paradigmático, porque en él “se cruzan la libertad de prensa con un esquema mafioso de acumulación de poder” y “la corrupción policial estructural con los ataques a los periodistas como medio de condicionar a la prensa independiente”. La durísima declaración añade que en este caso también coexisten “un sistema judicial abandonado a su suerte con el accionar delictivo protegido por el Estado” y considera que su impunidad sería la condena de la Argentina. Presunción de impunidad El informe fue realizado por el abogado de ARGRA Miguel Gaya luego de un minucioso estudio de las actuaciones y con el aporte de material periodístico. Sus conclusiones sostienen que para esclarecer el crimen es insoslayable “desenmascarar y castigar el encubrimiento y establecer el nexo con los mandantes”. Conceptos similares expresó la Cámara de Apelaciones de Dolores al revocar algunas decisiones de Macchi y ordenarle profundizar la investigación. Al legitimar a ARGRA como parte querellante, la Cámara sostuvo que tenía interés en la causa dado que el asesinato de Cabezas se había producido a raíz de su labor profesional y, por lo tanto. ARGRA recuerda que Cabezas fue secuestrado a 80 metros de la residencia de Duhalde y entre las condiciones que lo hicieron posible menciona la “presunción de impunidad” con que actuaron los asesinos, basada en lo que describen como “el colapso del sistema judicial y de seguridad de la provincia”. Al describir la corrupción policial, el documento señala una asociación ilícita consolidada durante los siete años de desempeño de Alberto Pedro Gómez al frente de la comisaría de Pinamar. Los otros miembros insistentemente nombrados de esta banda “acusada de brindar protección a narcotraficantes y ladrones a cambio de un diezmo” son los policías Juan Carlos Salvá, Jorge Cabezas, Aníbal Luna, Sergio Camaratta y Gustavo Prellezo. “Exactamente los mismos se habrían encargado, uno de liberar la zona el día del homicidio; otro de iniciar la instrucción y el primero en llegar a la cava, para garantizar el borrado de huellas y rastros; y los restantes actualmente están sindicados de haber participado de distintos modos en el asesinato”. Salvá tenía mando y fue uno de los responsables de “la tarea de demolición de pruebas” en la cava, a la que el juez recién llegó doce horas después. ARGRA pregunta por el resultado de los sumarios administrativos iniciados a ese personal, la dimensión de sus fortunas y sus movimientos de fondos en fechas cercanas al homicidio, la existencia de testaferros y la relación de los policías con Alfredo Yabrán y sus custodios. Los negocios de Yabrán A los “oscuros negocios” de Yabrán en Pinamar, “no serían ajenos políticos nacionales y locales”, señala ARGRA. Pero esos emprendimientos,inversiones y proyectos, no han sido investigados, ni su relación con la banda policial. El informe menciona las denuncias de la familia Bunge publicadas por la revista “Noticias” sobre supuestas maniobras “destinadas a obtener ventas forzadas o condiciones ventajosas en las compras de tierras” y pregunta si se han investigado antecedentes similares del grupo en otros negocios y si existía una relación funcional previa entre la custodia de Yabrán y todos los sospechados e inculpados del crimen. “¿Era el principal Jorge Gómez (Gomecito) el nexo operativo de la relación entre la custodia de Yabrán y el esquema delictivo policial?”, pregunta. El informe constata que las investigaciones se detuvieron con la muerte de Yabrán (frente a quien dice que Macchi se manejó con independencia pese a su poder). No se ha determinado el funcionamiento del aparato de seguridad que Gregorio Ríos integraba y su comportamiento “antes, durante y después del crimen”. Sus antecedentes como represores de la dictadura y “su evidente coordinación cuando acudieron a prestar declaraciones y/o presionar ante el juez” demostrarían un grado de organicidad que no podría estar al margen de “lo supuestamente tramado sólo por Ríos”. Para los reporteros gráficos es trascendente “profundizar la actuación del custodio Archuvi, quien era el encargado de la custodia personal de Yabrán en la segunda quincena de febrero de 1996, cuando José Luis Cabezas pudo obtener la famosa foto del empresario, hecho que le habría acarreado al custodio un serio problema con su empleador”. También aluden a las relaciones de Archuvi con la comisaría de Pinamar y a su “posible presencia en la cava en el momento del homicidio”. ARGRA sostiene que “no era posible montar un esquema de corrupción como el de la costa sin la anuencia y participación de la jefatura [de Policía]” y que la zona liberada hasta Madariaga “excede con mucho la jurisdicción del comisario Gómez”. También señala como parte del encubrimiento “la acción de distracción montada con los pepitos, decidida en órbita de la misma jefatura” y la entrega de los resultados de la primera autopsia “a un alto jefe policial” (a quien se identifica como el ex subjefe Domingo Lugos) antes que al mismo juez. Milagro de rabdomancia Al analizar las pruebas, ARGRA enumera las dudas que subsisten, fruto “de la sospecha de ocultamiento y tergiversación de evidencias que recae sobre la propia policía”. Pregunta cómo supo antes que nadie el ministro del Interior Carlos Corach que con el arma de Martínez Maidana se había disparado contra Cabezas; destaca las “notorias contradicciones” entre las tres autopsias realizadas y descree del hallazgo de la cámara “por milagro de rabdomancia”. Según ARGRA, mientras Salvá dijo que la cámara estaba junto al cuerpo de Cabezas, los horneros dijeron que la habían roto, pero luego apareció intacta y en su interior había agua de distintas procedencias y ni se habían deteriorado las calcomanías que tenía pegadas. “¿Qué fue de las municiones que se encontraron prolijamente embolsadas cerca de la cámara?” El informe también se refiere a los testigos falsos que alguien entrenó y envió a confundir, entre los cuales dedica un capítulo especial a Carlos Redruello. “¿Cuál fue el papel del comisario Lugos en todo el episodio, cuál era la relación previa de destacados funcionarios de la Bonaerense con Redruello, por qué no habla?” son algunas de las preguntas que formulan. El Excalibur Los reporteros gráficos destacan la utilidad para la causa del programa Excalibur pero afirman que también fue usado “al servicio de controversias políticas que desnaturalizaron la investigación, arrojando fuertes sospechas sobre el encubrimiento en que habrían incurrido losinvestigadores, el juez y el Poder Ejecutivo Provincial. Es público y notorio que luego de dar a publicidad los contactos telefónicos asiduos que existían entre el Ejecutivo Nacional y Yabrán, y provocar con ello una crisis que costó la renuncia del ministro de Justicia de la Nación, un presunto pacto político frenó la publicidad de las llamadas. ¿Cómo se incorporan estos contactos a la causa, en qué consistían los llamados descubiertos, cuál era el tema de los llamados, cuántos existieron, además e los que fueron publicados, quién los atendió, cuál era la gravedad que revestían que presuntamente frenaron la investigación, por qué no se profundizó en la relación entre Yabrán y el gobierno?”. ARGRA también hace referencia a la actuación del ex secretario de seguridad Eduardo De Lázzari. Un equipo policial que investigaba a sus órdenes, dirigido por el comisario Luis Vicat, obtuvo fotos de varios automóviles que huían hacia la zona de La Plata en la madrugada del crimen, y que “involucraban aún más a policías de la costa”. Pero esas fotos desaparecieron. De Lázzari también “descubrió a los horneros el 8 de febrero, a dos semanas del hecho” pero esas pistas recién se presentaron el 9 de abril, luego de una intervención no aclarada “del gobernador y de un senador justicialista”. Las confesiones de quienes llegaron a la causa de modo tan sugestivo “han resultado muy convenientes para instalar una verdad oficial sobre los hechos, donde las responsabilidades se cortan sospechosamente en lo más delgado”, cuando “no existe congruencia entre un seguimiento de alta profesionalidad y un final chapucero de marginales a los que la situación se les va de control. Los testimonios sugieren células con distintas tareas coordinadas entre sí, de las cuales la banda de Los Hornos era apenas una, encargada de ejecutar pero no de dirigir el operativo. La reconstrucción del crimen “orquestada por los horneros” sólo muestra “una parte de la verdad” y existen otras pruebas para completarla y corregirla. “No resulta coherente empeñar gran cantidad de vehículos en el relevamiento del terreno y seguimiento de la víctima y dejar librado el trayecto decisivo del secuestro y asesinato a unos pocos, justamente los menos experimentados. Determinando con precisión los vehículos presentes en la cava y sus ocupantes, se comenzará a develar el misterio de la ejecución, y de las armas utilizadas”. El relato de los horneros es “autoexculpatorio, mendaz, insuficiente, orquestado y tendencioso”. Ellos, “como los demás acusados, retienen información. No sólo la que los inculpa en forma directa sino sobre todo la que permitiría subir por los hilos del móvil y del autor intelectual”. El informe vincula esta actitud con el hecho de que “esos marginales, de nulo poder económico, cuentan con el asesoramiento de dos conocidos penalistas, los que no les han escatimado recursos ni tiempo. Todo el proceso de detención de esta banda estuvo signado por negociaciones con el Poder Ejecutivo provincial, en las que los abogados participaron de manera central otorgándole a la gobernación un protagonismo, grado de compromiso y decisión que no se puede alcanzar en una investigación judicial sin desmerecerla o condicionarla”. También es llamativa la coordinación entre las defensas de acusados que no tenían intereses comunes en la causa. Su objetivo “parecería ser mantener la investigación acotada en un campo restringido de responsabilidad”, concluye el documento, que se presentará hoy a las 11 en Alsina 779, 1º, sede de la Unión de Trabajadores de Prensa.
“¡No disparen! ¿No ven que somos periodistas?”
Por Susana Viau |
