 Tal como hace
tres años ocurrió con las justificaciones que se le dieron al desempleo, ahora los
extranjeros empiezan a ser blanco de la avanzada oficial hacia la “mano dura”
propuesta por el presidente Carlos Menem. Ayer, el jefe de la Policía Federal, Pablo
Baltazar García, dijo que los extranjeros acusados de un delito deberían ser deportados
a sus países, aun si aquí tienen un proceso judicial abierto. “Vienen a delinquir a
nuestro país”, acusó el jefe policial en apoyo al paquete de medidas que prepara el
Gobierno. Mientras tanto, el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, aprovechó ayer
su programada visita a la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de defensa
interior para dar impulso a los proyectos del Ejecutivo. “Necesitamos que no los
dilaten, que esto sea rápido”, pidió Toma a los legisladores. El ministro de
Justicia, Raúl Granillo Ocampo, anunció que las reformas ingresarán en el Congreso en
“15 o 20 días”.
En un crecimiento ininterrumpido de la idea lanzada por el presidente Menem hace dos
semanas, cuando pidió “tolerancia cero” y “mano dura”, ahora el
Gobierno tiene casi cerrado un paquete de modificaciones al Código Penal y la Ley de
Inmigración. Ayer, el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, dio precisiones y
abrió el paraguas: “De ninguna manera el endurecimiento puede traducirse como
gatillo fácil”. En el mismo tono, Toma se ocupó de aclarar, en lenguaje castrense,
que no adhiere “a una neodoctrina de la seguridad nacional”, en referencia a
“algunos que querrían instalar a las Fuerzas Armadas como elementos destinados a
reprimir las nuevas formas de amenazas”.
La visita de Toma, acompañado por el viceministro del Interior, Jorge Matzkin, tuvo como
motivo preacordado la explicación sobre la actuación de la Federal en la represión
durante el escrache organizado por la organización HIJOS de desaparecidos al ex
torturador Miguel Etchecolatz. Por eso llevó bajo el brazo los videos, tomados de las
coberturas televisivas, donde señalaron a “grupos a la retaguardia de la
manifestación sin vinculaciones a la protesta”, como originadores de los disturbios.
Sin embargo, la importancia de la reunión era dejar planteado a nivel legislativo la
velocidad con que deben hacerse los próximos cambios, y seguir a la delantera a las
propuestas aliancistas para resolver el problema fetiche del momento.
A partir de la reforma al Código Penal, se endurecerán las penas a los reincidentes, se
reducirá el beneficio de la excarcelación y se creará la figura de la
“conspiración delictiva”. Un delito será excarcelable sólo cuando la pena sea
menor a dos años, y no tres como en la actualidad. La conspiración sería una vuelta a
los edictos que le daban a la policía atribuciones para detener a cualquiera que tilde de
sospechoso. También pretenden convertir la contravención que sanciona la portación de
armas civiles –calibre 22 o 32– en un delito.
Los extranjeros llevan la peor parte. Podrán ser deportados aun si tienen una causa
abierta en la Argentina. Según explicó ayer Baltazar García, la deportación “es
una medida que se toma en todo el mundo”. A pesar de que la fuerza insiste en que no
dispone de estadísticas, Toma exageró ayer ante senadores y diputados que el 65 por
ciento de los delitos los cometen extranjeros ilegales.
En cuanto a los plazos, el radical Mario Losada pidió que se realice una audiencia
pública antes de la sanción de cualquier reforma. “Ellos dijeron enseguida que no,
quieren que esto salga cuanto antes”, le dijo ayer a este diario.
FALLO POR EL CODIGO DE CONVIVENCIA
Sexo callejero sin delito
La jueza
en lo civil Silvia Díaz rechazó un pedido para que sea declarado inconstitucional el
Código de Convivencia porteño, en especial el artículo que se refiere a la oferta de
sexo callejero. En el fallo, la jueza reiteró que el ejercicio de la prostitución en la
vía pública no se encuentra penado en tanto no se realicen las conductas sancionadas por
la normativa contravencional.
Díaz se pronunció a raíz de una presentación realizada por dirigentes del liberalismo
porteño, quienes habían presentado un amparo a la Justicia en su condición de
“habitantes de la ciudad de Buenos Aires”.
El artículo del cual pretendían ampararse los liberales era el 71, que establece una
serie de restricciones relacionadas con la conducta de las prostitutas y travestis en la
calle.
En ese sentido, el presidente de la Junta de Seguridad de la Legislatura porteña, Roque
Bellomo, opinó que “el amparo era absolutamente improcedente porque el artículo no
contradecía ninguna disposición de la Constitución de la Ciudad”. “Son
recursos que se plantean con una intencionalidad política y revisten una total carencia
de sustento jurídico”, expresó el legislador.
SE HICIERON EXTRACCIONES CON SU TARJETA
BANCARIA
Versiones cruzadas sobre Concepción
Sigue
creciendo el misterio en torno a la desaparición de Ricardo Concepción, el hijo del
economista radical que se esfumó hace ocho días. Fuentes cercanas a la investigación
señalaron a Página/12 que detrás de su misteriosa desaparición “habría un
problema de dinero con los fondos que administraba en la Federación Universitaria de
Buenos Aires (FUBA)”. Pero su titular, Rodrigo Mazzini, desmintió esa versión y
aseguró que “no falta plata de la FUBA”. En tanto, la policía sigue la pista
de dos extracciones de dinero del cajero de un banco de Tucumán, una de ellas desde un
supermercado, de donde fueron retirados 700 pesos con una tarjeta Banelco a su nombre, el
domingo pasado. En las últimas 48 horas se habrían recibido cuatro llamadas anónimas
pidiendo dinero por un rescate.
“En 45 minutos estoy allá”, le dijo Concepción a un compañero de la FUBA por
el teléfono celular de su coche mientras se dirigía a esa oficina, a la que nunca
llegó. Desde que desapareció, setenta y cinco hombres de la Policía Federal intentan
reconstruir los últimos movimientos que realizó y por qué no llegó a la FUBA, después
de almorzar en la casa de su madre y pasar por el Banco de Galicia de Caballito.
Ayer por la tarde, una fuente cercana a la investigación mencionó a Página/12 un
faltante de dinero en los fondos que Concepción administra de la Federación, aunque su
presidente, Rodrigo Mazzini, aseguró que ya no tienen dinero en ese banco y que no les
falta nada de la caja fuerte. “Contamos lo que había y estamos haciendo un stock,
pero no hay ningún problema en las cuentas”, dijo a este diario. En la FUBA, sin
embargo, hay quienes señalan que Concepción había retirado 40.000 pesos para pagar a la
editorial Eudeba y que tenía la plata encima cuando desapareció. Mazzini, por su parte,
negó tal posibilidad: “En esos días teníamos que pagarle esa suma a Eudeba, pero
él no me avisó que lo haría esa tarde”.
En las últimas 48 horas la policía está siguiendo nuevas pistas. A pesar del hermetismo
que mantienen, la misma fuente confió a este diario que se recibieron cuatro llamadas
anónimas pidiendo dinero por un rescate y otras tantas avisando que lo habían visto por
distintas localidades del norte del país. La policía no descarta que esas comunicaciones
hayan sido realizadas por oportunistas que aprovechan la oportunidad para perjudicar a
otra persona. Por otra parte, de las declaraciones de sus amigos y compañeros
“tampoco surge que estuviera siendo amenazado”, afirmó el subcomisario Juan
José Schettino. Por ahora, la policía sigue el rastro de dos extracciones de dinero
realizadas el domingo desde Tucumán con la tarjeta Banelco de Concepción por unos 700
pesos. Una de ellas desde un supermercado cercano a la terminal de ómnibus. En este
sentido, el juez Jorge Rimondi está investigando si el último fin de semana hubo
movimientos bancarios en esa provincia con una tarjeta a su nombre y ayer ordenó que se
difunda la fotografía de Concepción para que cualquier persona que lo haya visto aporte
datos sobre su paradero.
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