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Por Eduardo Videla  A partir del lunes,
la Policía Bonaerense dejará de tener a su cargo la instrucción de las causas penales,
que quedará en manos de civiles al mando de un fiscal. Los ciudadanos que sean víctimas
de delitos podrán hacer la denuncia en las fiscalías y los acusados por cualquier delito
penal –desde un homicidio hasta un hurto o una violación– serán procesados en
juicio oral y público. Ese día se pone en marcha en la provincia en nuevo Código de
Procedimiento Penal, cuya implementación fue postergada dos veces por problemas
presupuestarios. Según las previsiones, los procesos podrán resolverse en un plazo
breve, de entre dos y cuatro meses, contra el promedio de tres años que demanda el actual
procedimiento escrito. “A mediano plazo, en la cárcel habrá menos procesados y más
condenados”, vaticinó el procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense,
Eduardo De la Cruz. La provincia designó a 325 nuevos funcionarios e invirtió unos 18
millones de pesos, un presupuesto magro para poner en marcha una enorme maquinaria. Por lo
pronto, no fueron designados nuevos empleados y en algunos distritos, como San Isidro, los
fiscales ni siquiera cuentan con un edificio donde funcionar.La reforma judicial bonaerense debió implementarse en marzo pero fue postergada primero para julio y luego para el 28 de setiembre. El nuevo régimen, similar al que ya se aplica en las provincias de Córdoba y Tucumán, pero con un mayor protagonismo de los fiscales en la investigación de las causas, se parece más al modelo que se aplica en los Estados Unidos o Alemania. Como contrapartida del mayor protagonismo de los fiscales, perderán poder los actuales jueces de instrucción y la policía. Hasta ahora, los jueces concentraban la investigación del caso y el juzgamiento, y casi siempre delegaban la instrucción del caso en la policía. Ahora,la investigación estará a cargo de los fiscales, que se apoyarán en el cuerpo de policía judicial, que no serán uniformados sino abogados, con más de tres años de ejercicio en la profesión. Como auxiliares, tendrán a los efectivos de las direcciones de Investigaciones de la Policía Bonaerense. El fiscal será quien decida qué casos van a juicio y cuáles no. Y la sentencia estará a cargo de un Tribunal Oral, integrado por tres magistrados. “Calculamos que en 20 días o un mes tendremos los primeros juicios orales y públicos”, estimó el fiscal de Cámara de San Martín, Fernando Domínguez. Es que los fiscales tienen un plazo acotado para concluir sus investigaciones, que es de cuatro meses, prorrogable por otros dos, y que, en casos excepcionales, se puede estirar otros seis meses. El nuevo código se aplicará a los delitos cometidos a partir del lunes. Por eso, durante un tiempo que no será breve, el nuevo régimen convivirá con el antiguo. Los actuales jueces de instrucción se desdoblarán en dos funciones: unos serán jueces de transición, que tendrán a su cargo las viejas causas. El resto se convertirá en jueces de Garantías, quienes deberán supervisar el procedimiento penal. Su función será ordenar la prisión preventiva o sobreseimiento del imputado, ordenar allanamientos y detenciones. El nuevo código prevé un sistema más flexible de excarcelaciones: “Un acusado de homicidio, que actualmente queda detenido en forma casi automática, puede ser excarcelado si el fiscal o el juez consideran que la libertad no implica peligro para el proceso o para la sociedad”, dijo De la Cruz a Página/12. El procurador puso como ejemplo el caso de quien mata a un familiar o comete un homicidio ocasional, en defensa propia. “No se trata de un individuo peligroso. ¿Para qué tenerlo preso?”, se preguntó. En sentido opuesto, el autor de un hurto o de lesiones, que habitualmente es excarcelado, puede quedar detenido si cometió previamente delitos reiterados. “La excarcelación no será rígida como hasta ahora, quedará a criterio del juez”, explicó De la Cruz. Para poner en marcha el nuevo Código, la provincia designó –con acuerdo del Senado– un tribunal oral para cada uno de los 18 departamentos judiciales de la provincia, 51 fiscales, 35 jueces de garantías y 220 instructores. Se equiparon las fiscalías con una red de 700 computadoras, automóviles y teléfonos celulares, pero no se designó personal administrativo: sólo se distribuyeron los empleados existentes. El problema más grave se plantea en el departamento judicial de San Isidro, donde los fiscales no tienen lugar propio para trabajar y cumplirán su función el lunes en la sede del Tribunal Oral, donde además deben ventilarse juicios orales y públicos. “Nos han fracasado once licitaciones”, se justificó De la Cruz. “Se encontró una solución transitoria y, por ahora, van a trabajar todos amontonados”, admitió. Mientras tanto, la Corte provincial sigue reclamando fondos al Ejecutivo para designar empleados judiciales. Por ahora, lo único previsto es la incorporación de 180 nuevos instructores antes de fin de año.
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