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Por Victoria Ginzberg "Se está
armando un expediente sin precedentes en el país", afirmó Jaime Glüzmann, abogado
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. La frase hace alusión a
la causa que la Cámara Federal de esa ciudad abrió para investigar cuál fue el destino
de los desaparecidos en su jurisdicción. Luego de cinco meses de recolección de datos,
este miércoles empezarán las audiencias del juicio, que serán orales y públicas. Los
primeros en presentarse serán los familiares de las víctimas, pero ya está previsto que
declaren el ex suboficial del ejército Víctor Ibáñez, Eduardo Galíndez, quien prestó
servicios en el Batallón de Infantería Nº 3 y el ex marino Adolfo Scilingo. Antes de
empezar a escuchar los testimonios, los jueces deberán definir la competencia de la
Cámara, cuestionada por el fiscal Julio Piaggio.El 21 de abril la Cámara Federal de La Plata resolvió, por unanimidad, que se debían iniciar las investigaciones para conocer la verdad sobre lo ocurrido con los desaparecidos. Por mayoría, se decidió que la Cámara en pleno iba a ser la encargada de llevar adelante la causa. Hace veinte días, el fiscal Piaggio se presentó espontáneamente y demandó que la causa pasara a los juzgados de primera instancia. Funcionarios de la Cámara aseguraron que esto provocó una discusión entre los jueces, que se reunieron el jueves y el viernes sin ponerse de acuerdo. Mañana se encontrarán para tomar una resolución y, según trascendió, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, enviará un fiscal general adjunto para que induzca a Piaggio a cambiar de idea. El fiscal platense no tuvo en cuenta una resolución de Becerra en la que se instruye a los fiscales de todos los fueros para que "realicen todas las medidas procesales a su alcance a efectos de colaborar con aquellos familiares de personas desaparecidas que pretendan obtener información sobre el destino de las víctimas" y para que "eviten la realización de planteos que cuestionen las competencias jurisdiccionales que se han ejercido hasta la actualidad y puedan provocar obstaculización de las tareas de investigación o una indebida dilación". De cualquier manera, las audiencias empezarán el miércoles, ya que si la Cámara se declara incompetente, los abogados de la APDH de La Plata, impulsores del juicio, presentarán un recurso ante la Corte Suprema. "En ocasión del juicio a las Juntas se declaró la competencia de las cámaras federales de todo el país para investigar estos hechos", afirmó Glüzmann. El miércoles se empezarán a escuchar los testimonios, pero la tarea de recolección de datos se inició en abril. La Cámara de La Plata, a través de una secretaría creada especialmente para esta causa, ya recibió más de 1800 expedientes y hábeas corpus que están siendo clasificados. También pidió a la Cámara Federal porteña la causa Camps, en la que se investigó el accionar represivo coordinado por el jefe de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Para recaudar más datos, los jueces se dirigieron a las actuales autoridades de todas las Fuerzas de Seguridad para pedirles los nombres de quienes tuvieron cargos en los 20 lugares de su jurisdicción -–que abarca 38 partidos de la provincia de Buenos Aires-- donde funcionaron centros clandestinos de detención. Esta información todavía no fue remitida a la Cámara y el único que manifestó voluntad de colaborar fue León Arslanian, ministro de Seguridad y Justicia bonaerense. A raíz de la información recolectada se decidió citar a Ibáñez, Scilingo, Galíndez y Julio Simón, porque, de la declaración de estos militares y policías en otras causas, se desprende que pueden aportar datos valiosos. En un juicio iniciado en 1995 en Mar del Plata, Ibáñez, que se desempeñaba en el Comando de Institutos Militares, en la Capital Federal dijo que allí se trasladaba gente de La Plata y que podría reconocerla si le mostraran fotos. "Hay rostros de los que uno no se olvida", afirmó. Este juicio fue iniciado con el objetivo de conocer la verdad sobre lo que pasó con los desaparecidos, quién, cómo y cuándo los mataron y dónde están sus cuerpos, pero no se podrá encarcelar a los culpables. Sin embargo, los abogados no se sienten con las manos atadas. "Hay resquicios --aseguró Roberto Bugallo--. Si en el transcurso de la causa surgieran hechos o personas no amparados por las leyes de obediencia debida y punto final, se iniciarán causas penales para que los culpables vayan a prisión." "Y a nada de eso se podría llegar sin esta investigación", agregó Glüzmann.
La placa que recuerda lo que ocurrió en ese centro de detención
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