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Por Carlos Rodríguez Mientras la quiniela oficial recauda por año 405 millones de pesos, la versión clandestina del más popular de los juegos de azar en la Argentina obtiene una recaudación anual que ronda los 1000 millones de pesos, según estima la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional (CAOLN). El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, que investiga una denuncia presentada por la cámara sobre la existencia de 600 agencias de loterías provinciales que reciben apuestas de la quiniela sin estar autorizadas para hacerlo, calcula que habría una evasión de impuestos y de aportes superior a los 300 millones de pesos anuales. Periodistas acreditados en la Casa de Gobierno confirmaron a Página/12 una anécdota que pinta de cuerpo entero la impunidad que goza una actividad ilegal multimillonaria que forma parte del folklore: El juego ilegal está tan arraigado que hasta en la Casa Rosada hay un pasador clandestino y nadie dice nada. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay 1100 agencias oficiales de Lotería Nacional y unos 5000 agentes de loterías provinciales. Estas loterías sólo están autorizadas para vender billetes de las distintas provincias, pero sin embargo allí también se puede jugar a la quiniela, que es un producto exclusivo de Lotería Nacional. La explicación corre por cuenta de Oscar Leone, abogado de la CAOLN, quien recordó que el juez Tiscornia, sobre 600 denuncias recibidas, realizó 300 allanamientos en locales de la Capital que pertenecen a las loterías provinciales. Cerca de 150 procedimientos tuvieron resultado positivo y se secuestró documentación probatoria, pero todavía no hay ninguna persona procesada. En la entrevista, Leone estuvo acompañado por María Martorello, secretaria de la cámara, y por Rodolfo Bacciadonne, vocal de la entidad. Todos coincidieron en que los capitalistas del juego clandestino se amparan en el hecho de que la actividad está legislada como contravención y no como un delito. En consecuencia la falta de una legislación más severa o de multas para castigar la contravención ha convertido a la ciudad de Buenos Aires en una suerte de garito, donde el dinero negro se lava de alguna manera en el circuito legal, con la mayor impunidad. Los directivos de la cámara destacan lo realizado, en la provincia de Buenos Aires, por el juez penal de La Plata Ricardo César Melazo. Hace un año, en un escrito que causó revuelo, el magistrado se dirigió en duros términos al entonces jefe de la Policía Bonaerense comisario Adolfo Vitelli: O se compromete seriamente toda la institución en la lucha contra el juego clandestino, o el Estado seguirá navegando sobre una corrupción pública que daña la imagen de sus responsables y a la economía de la provincia. Poco antes, Vitelli había llevado al juez una lista con los nombres de 38 capitalistas del juego ilegal y un informe sobre otras 526 personas que manejarían la actividad en otros partidos bonaerenses. El expediente llevado adelante por Melazo reúne más de 7000 fojas, involucra a más de 150 personas muchos de ellos policías, pero no tiene detenidos por tratarse de una causa excarcelable, a pesar de que Melazo logró en algún momento de la investigación que el juego clandestino fuera caratulado como delito de defraudación a la administración pública en lugar de infracción a la Ley de Faltas. Leone destacó que desde que comenzó a actuar Melazo se produjo un constante incremento de la recaudación en la quiniela oficial. El juez abrió el expediente en los primeros meses de 1997. Mientras que en febrero el monto total había llegado a los 29 millones de pesos, en marzo trepó a 31 millones, en abril a 33 y en mayo a 35 millones, hasta llegar al pico, de 37 millones, en julio. La causa que lleva el juez Tiscornia, en la Capital Federal, tiene 12 cuerpos y se hicieron 300 allanamientos. La mayoría de los locales, donde funcionaban agencias de las loterías provinciales, fueron clausurados al comprobarse que allí se podía jugar ilegalmente a la quiniela. El que levanta juego ilegal dejó de ser el vecino del barrio; estos locales tienen computadoras y entregan recibos por las jugadas, explicó Leone, pero los tickets carecen del membrete oficial que dice Lotería Nacional. La proliferación de lugares clandestinos fue demostrada con un ejemplo concreto por un agenciero oficial del barrio de Flores. En las 30 manzanas comprendidas por las avenidas San Pedrito, Nazca, Avellaneda, Fray Cayetano Rodríguez, Rivera Indarte y Juan Bautista Alberdi, había hasta hace poco 15 agencias truchas y sólo cinco legales.
Los
abogados de Guillermo Luque y Luis Tula presentarán hoy un recurso de queja
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el tribunal analice la sentencia
que condenó a sus defendidos por el crimen de María Soledad Morales, ocurrido el 8 de
setiembre de 1990. Víctor Pinto, defensor de Luque, y Carlos Avellaneda, patrocinante de
Tula, viajaron ayer a Buenos Aires para presentar el recurso que definirá si el máximo
tribunal del país va a revisar o no la sentencia. |