Por Carlos Rodríguez
Mientras la
quiniela oficial recauda por año 405 millones de pesos, la versión clandestina del más
popular de los juegos de azar en la Argentina obtiene una recaudación anual que ronda los
1000 millones de pesos, según estima la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería
Nacional (CAOLN). El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, que investiga una
denuncia presentada por la cámara sobre la existencia de 600 agencias de loterías
provinciales que reciben apuestas de la quiniela sin estar autorizadas para hacerlo,
calcula que habría una evasión de impuestos y de aportes superior a los 300 millones de
pesos anuales. Periodistas acreditados en la Casa de Gobierno confirmaron a Página/12 una
anécdota que pinta de cuerpo entero la impunidad que goza una actividad ilegal
multimillonaria que forma parte del folklore: El juego ilegal está tan arraigado
que hasta en la Casa Rosada hay un pasador clandestino y nadie dice
nada.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay 1100 agencias oficiales de Lotería
Nacional y unos 5000 agentes de loterías provinciales. Estas loterías sólo están
autorizadas para vender billetes de las distintas provincias, pero sin embargo allí
también se puede jugar a la quiniela, que es un producto exclusivo de Lotería
Nacional. La explicación corre por cuenta de Oscar Leone, abogado de la CAOLN,
quien recordó que el juez Tiscornia, sobre 600 denuncias recibidas, realizó 300
allanamientos en locales de la Capital que pertenecen a las loterías provinciales.
Cerca de 150 procedimientos tuvieron resultado positivo y se secuestró
documentación probatoria, pero todavía no hay ninguna persona procesada.
En la entrevista, Leone estuvo acompañado por María Martorello, secretaria de la
cámara, y por Rodolfo Bacciadonne, vocal de la entidad. Todos coincidieron en que los
capitalistas del juego clandestino se amparan en el hecho de que la actividad está
legislada como contravención y no como un delito. En consecuencia la falta de
una legislación más severa o de multas para castigar la contravención ha convertido a
la ciudad de Buenos Aires en una suerte de garito, donde el dinero negro se lava de alguna
manera en el circuito legal, con la mayor impunidad.
Los directivos de la cámara destacan lo realizado, en la provincia de Buenos Aires, por
el juez penal de La Plata Ricardo César Melazo. Hace un año, en un escrito que causó
revuelo, el magistrado se dirigió en duros términos al entonces jefe de la Policía
Bonaerense comisario Adolfo Vitelli: O se compromete seriamente toda la institución
en la lucha contra el juego clandestino, o el Estado seguirá navegando sobre una
corrupción pública que daña la imagen de sus responsables y a la economía de la
provincia. Poco antes, Vitelli había llevado al juez una lista con los nombres de
38 capitalistas del juego ilegal y un informe sobre otras 526 personas que manejarían la
actividad en otros partidos bonaerenses.
El expediente llevado adelante por Melazo reúne más de 7000 fojas, involucra a más de
150 personas muchos de ellos policías, pero no tiene detenidos por tratarse
de una causa excarcelable, a pesar de que Melazo logró en algún momento de la
investigación que el juego clandestino fuera caratulado como delito de
defraudación a la administración pública en lugar de infracción a la Ley
de Faltas.
Leone destacó que desde que comenzó a actuar Melazo se produjo un constante
incremento de la recaudación en la quiniela oficial. El juez abrió el expediente
en los primeros meses de 1997. Mientras que en febrero el monto total había llegado a los
29 millones de pesos, en marzo trepó a 31 millones, en abril a 33 y en mayo a 35
millones, hasta llegar al pico, de 37 millones, en julio.
La causa que lleva el juez Tiscornia, en la Capital Federal, tiene 12 cuerpos y se
hicieron 300 allanamientos. La mayoría de los locales, donde funcionaban agencias de las
loterías provinciales, fueron clausurados al comprobarse que allí se podía jugar
ilegalmente a la quiniela. El que levanta juego ilegal dejó de ser el vecino del
barrio; estos locales tienen computadoras y entregan recibos por las jugadas,
explicó Leone, pero los tickets carecen del membrete oficial que dice Lotería
Nacional. La proliferación de lugares clandestinos fue demostrada con un ejemplo
concreto por un agenciero oficial del barrio de Flores. En las 30 manzanas comprendidas
por las avenidas San Pedrito, Nazca, Avellaneda, Fray Cayetano Rodríguez, Rivera Indarte
y Juan Bautista Alberdi, había hasta hace poco 15 agencias truchas y sólo cinco legales.
El Estado siempre banca
Por C.R.
Los jugadores de quiniela son cabuleros y tienen sus números
favoritos. Cuando salen a la cabeza (primer premio) números como el 13 (La
Yeta), el 15 (Niña Bonita), el 18 (La Sangre), el 22
(El Loco), el 48 (Muerto que habla) o el 56 (La
Caída), la banca tambalea. Cuando los capos de la quiniela clandestina acumulan
muchas apuestas a cualquiera de esos números, toman sus recaudos para no perder plata y
en esos casos usan a Lotería Nacional como cable a tierra.
Esto pasa también cuando ocurren algunos acontecimientos de repercusión popular,
como la celebración de San Cayetano, el 7 de agosto, cuando las apuestas al número siete
hacen temblar la banca, dice María Martorello, secretaria de la Cámara y dueña de
una agencia. El 7 de agosto del año pasado recibió una apuesta de varios miles de pesos
por parte de un solo apostador, que con ello se reveló como un capitalista del juego
clandestino. En estos casos, los clandestinos se cubren usando como respaldo al
Estado, que termina pagando los platos rotos. |
RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA
Ultima para Luque y Tula
Los
abogados de Guillermo Luque y Luis Tula presentarán hoy un recurso de queja
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el tribunal analice la sentencia
que condenó a sus defendidos por el crimen de María Soledad Morales, ocurrido el 8 de
setiembre de 1990. Víctor Pinto, defensor de Luque, y Carlos Avellaneda, patrocinante de
Tula, viajaron ayer a Buenos Aires para presentar el recurso que definirá si el máximo
tribunal del país va a revisar o no la sentencia.
En Catamarca ya se agotaron todas las instancias judiciales para resolver la causa: el 15
de setiembre último, la Corte de Justicia de esa provincia rechazó ambos recursos
extraordinarios para acceder a la justicia nacional, razón por el cual la última
vía que les queda a los defensores para revertir la situación es recurrir en queja.
Pinto y Avellaneda sostienen que todo el proceso de enjuiciamiento y sentencia fue
arbitrario y violatorio de las normas constitucionales que hacen a las garantías
del debido proceso legal y de la defensa en juicio. Entre otros puntos, los letrados
defensores plantean la nulidad de la condena por el delito de violación
seguida de muerte, agravada por el uso de estupefacientes, porque consideran que
debía respetarse la acusación originaria del homicidio preterintencional.
El 27 de febrero último, luego de un debate oral y público que se extendió por seis
meses, los jueces de la Cámara Penal II Santiago Olmedo de Arzuaga, Jorge Alvarez
Morales y Rubén Alvarez condenaron a Luque a 21 años de prisión por el delito de
violación seguida de muerte agravada por uso de estupefacientes. En lo que
respecta a Tula se lo condenó a 9 años de prisión por su participación secundaria en
la violación.
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