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LA QUINIELA ILEGAL RECAUDA MAS DEL DOBLE QUE LA OFICIAL
La clandestina a la cabeza

La Justicia investiga a unas 600 agencias de loterías provinciales que levantan quiniela sin autorización. Se estima que el juego ilegal recauda 1000 millones de pesos anuales.

Los agencieros de Lotería Nacional calculan que la evasión asciende a más de 300 millones de pesos.
El juez Tiscornia clausuró decenas de agencias donde se levantaban apuestas clandestinas.

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Por Carlos Rodríguez

t.gif (67 bytes) Mientras la quiniela oficial recauda por año 405 millones de pesos, la versión clandestina del más popular de los juegos de azar en la Argentina obtiene una recaudación anual que ronda los 1000 millones de pesos, según estima la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional (CAOLN). El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, que investiga una denuncia presentada por la cámara sobre la existencia de 600 agencias de loterías provinciales que reciben apuestas de la quiniela sin estar autorizadas para hacerlo, calcula que habría una evasión de impuestos y de aportes superior a los 300 millones de pesos anuales. Periodistas acreditados en la Casa de Gobierno confirmaron a Página/12 una anécdota que pinta de cuerpo entero la impunidad que goza una actividad ilegal multimillonaria que forma parte del folklore: “El juego ilegal está tan arraigado que hasta en la Casa Rosada hay un ‘pasador’ clandestino y nadie dice nada”.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay 1100 agencias oficiales de Lotería Nacional y unos 5000 agentes de loterías provinciales. “Estas loterías sólo están autorizadas para vender billetes de las distintas provincias, pero sin embargo allí también se puede jugar a la quiniela, que es un producto exclusivo de Lotería Nacional.” La explicación corre por cuenta de Oscar Leone, abogado de la CAOLN, quien recordó que el juez Tiscornia, sobre 600 denuncias recibidas, realizó 300 allanamientos en locales de la Capital que pertenecen a las loterías provinciales. “Cerca de 150 procedimientos tuvieron resultado positivo y se secuestró documentación probatoria, pero todavía no hay ninguna persona procesada.”
En la entrevista, Leone estuvo acompañado por María Martorello, secretaria de la cámara, y por Rodolfo Bacciadonne, vocal de la entidad. Todos coincidieron en que los capitalistas del juego clandestino “se amparan en el hecho de que la actividad está legislada como contravención y no como un delito”. En consecuencia “la falta de una legislación más severa o de multas para castigar la contravención ha convertido a la ciudad de Buenos Aires en una suerte de garito, donde el dinero negro se lava de alguna manera en el circuito legal, con la mayor impunidad”.
Los directivos de la cámara destacan lo realizado, en la provincia de Buenos Aires, por el juez penal de La Plata Ricardo César Melazo. Hace un año, en un escrito que causó revuelo, el magistrado se dirigió en duros términos al entonces jefe de la Policía Bonaerense comisario Adolfo Vitelli: “O se compromete seriamente toda la institución en la lucha contra el juego clandestino, o el Estado seguirá navegando sobre una corrupción pública que daña la imagen de sus responsables y a la economía de la provincia”. Poco antes, Vitelli había llevado al juez una lista con los nombres de 38 capitalistas del juego ilegal y un informe sobre otras 526 personas que manejarían la actividad en otros partidos bonaerenses.
El expediente llevado adelante por Melazo reúne más de 7000 fojas, involucra a más de 150 personas –muchos de ellos policías–, pero no tiene detenidos por tratarse de una causa excarcelable, a pesar de que Melazo logró en algún momento de la investigación que el juego clandestino fuera caratulado como “delito de defraudación a la administración pública” en lugar de “infracción a la Ley de Faltas”.
Leone destacó que desde que comenzó a actuar Melazo “se produjo un constante incremento de la recaudación en la quiniela oficial”. El juez abrió el expediente en los primeros meses de 1997. Mientras que en febrero el monto total había llegado a los 29 millones de pesos, en marzo trepó a 31 millones, en abril a 33 y en mayo a 35 millones, hasta llegar al pico, de 37 millones, en julio.
La causa que lleva el juez Tiscornia, en la Capital Federal, tiene 12 cuerpos y se hicieron 300 allanamientos. La mayoría de los locales, donde funcionaban agencias de las loterías provinciales, fueron clausurados al comprobarse que allí se podía jugar ilegalmente a la quiniela. “El que levanta juego ilegal dejó de ser el vecino del barrio; estos locales tienen computadoras y entregan recibos por las jugadas”, explicó Leone, pero los tickets carecen del membrete oficial que dice “Lotería Nacional”. La proliferación de lugares clandestinos fue demostrada con un ejemplo concreto por un agenciero oficial del barrio de Flores. En las 30 manzanas comprendidas por las avenidas San Pedrito, Nazca, Avellaneda, Fray Cayetano Rodríguez, Rivera Indarte y Juan Bautista Alberdi, había hasta hace poco 15 agencias truchas y sólo cinco legales.

 

El Estado siempre banca
Por C.R.

Los jugadores de quiniela son “cabuleros” y tienen sus números favoritos. Cuando salen a la cabeza (primer premio) números como el 13 (“La Yeta”), el 15 (“Niña Bonita”), el 18 (“La Sangre”), el 22 (“El Loco”), el 48 (“Muerto que habla”) o el 56 (“La Caída”), la banca tambalea. Cuando los capos de la quiniela clandestina acumulan muchas apuestas a cualquiera de esos números, toman sus recaudos para no perder plata y en esos casos usan a Lotería Nacional como cable a tierra.
“Esto pasa también cuando ocurren algunos acontecimientos de repercusión popular, como la celebración de San Cayetano, el 7 de agosto, cuando las apuestas al número siete hacen temblar la banca”, dice María Martorello, secretaria de la Cámara y dueña de una agencia. El 7 de agosto del año pasado recibió una apuesta de varios miles de pesos por parte de un solo apostador, que con ello se reveló como un capitalista del juego clandestino. “En estos casos, los clandestinos se cubren usando como respaldo al Estado, que termina pagando los platos rotos.”

 



RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA
Ultima para Luque y Tula

t.gif (862 bytes) Los abogados de Guillermo Luque y Luis Tula presentarán hoy un “recurso de queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el tribunal analice la sentencia que condenó a sus defendidos por el crimen de María Soledad Morales, ocurrido el 8 de setiembre de 1990. Víctor Pinto, defensor de Luque, y Carlos Avellaneda, patrocinante de Tula, viajaron ayer a Buenos Aires para presentar el recurso que definirá si el máximo tribunal del país va a revisar o no la sentencia.
En Catamarca ya se agotaron todas las instancias judiciales para resolver la causa: el 15 de setiembre último, la Corte de Justicia de esa provincia rechazó ambos “recursos extraordinarios” para acceder a la justicia nacional, razón por el cual la última vía que les queda a los defensores para revertir la situación es recurrir en queja.
Pinto y Avellaneda sostienen que todo el proceso de enjuiciamiento y sentencia fue “arbitrario y violatorio de las normas constitucionales que hacen a las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio”. Entre otros puntos, los letrados defensores plantean la “nulidad” de la condena por el delito de “violación seguida de muerte, agravada por el uso de estupefacientes”, porque consideran que debía “respetarse la acusación originaria del homicidio preterintencional”.
El 27 de febrero último, luego de un debate oral y público que se extendió por seis meses, los jueces de la Cámara Penal II –Santiago Olmedo de Arzuaga, Jorge Alvarez Morales y Rubén Alvarez– condenaron a Luque a 21 años de prisión por el delito de “violación seguida de muerte agravada por uso de estupefacientes”. En lo que respecta a Tula se lo condenó a 9 años de prisión por su participación secundaria en la violación.

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