|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Cledis Candelaresi La Unión
Industrial Argentina presentó ayer al presidente Carlos Menem y a su ministro de
Economía un programa denominado "anticrisis" que, entre otras medidas, propone
al Gobierno menor presión fiscal, restringir las importaciones y mayor flexibilización
laboral. Al término del encuentro, Roque Fernández alentó a los empresarios con la
promesa de que intentará instrumentar la prometida rebaja de aportes patronales antes de
enero. Alberto Alvarez Gaiani, titular de la UIA, aprovechó las mismas cámaras de
televisión para aclarar que la entidad "respalda totalmente" la
Convertibilidad, desechando con ello la sospechas de que entre sus exigencias para mejorar
la competitividad de la industria se incluyera la de una devaluación.El encuentro tuvo lugar en el propio despacho presidencial, lo que le confirió tanto peso político como buscaban sus protagonistas. En el medio de la crisis, el Gobierno necesita demostrarle al empresariado que domina el impacto de los sacudones bursátiles y que está atento a sus reclamos y es capaz de complacerlos. La UIA, por su parte, está buscando un perfil más componedor, después de que su ex titular, el diputado Claudio Sebastiani, insinuara que en poco tiempo debería abrirse la discusión sobre el tipo de cambio, si el Gobierno no amparaba a la industria del aluvión de productos asiáticos. El plan de la UIA --diseñado por el Instituto para el Desarrollo Industrial de la cámara fabril, departamento académico financiado por el grupo Techint, con el asesoramiento del ex subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Mayoral-- también exige protección contra la competencia importada, algo que Roque amagó conceder. El ministro ayer aseguró que está dispuesto a estudiar "casos puntuales" de productos que provienen de países que "aplican devaluaciones competitivas", en alusión a la temida avalancha asiática (ver nota aparte). Según consintió Fernández públicamente, para frenar esa competencia se podrían utilizar algunos mecanismos previstos por la Organización Mundial de Comercio. Con el mismo afán de proteger a la industria local, Menem instruyó a los juristas locales para que encuentren una forma de destrabar rápido la medida cautelar que bloqueó la aplicación de salvaguardas (impuesto especial sobre las importaciones) sobre los calzados deportivos. Esta fue una de las pocas medidas concretas adoptadas por el Gobierno para evitar que los productores locales sucumbieran a la invasión de productos importados a bajo precio. Los industriales no tuvieron tanto eco en su pretensión de que se suba el arancel externo común del Mercosur, ya que cualquier decisión sobre las tarifas que los socios aplican a las importaciones desde fuera de la zona deben ser adoptadas con la anuencia de todos."Seguramente no va haber unanimidad" de criterio, advirtió el ministro. El otro gran aliento a los industriales fue la promesa oficial de anticipar la rebaja de aportes patronales que, según pretenden los empresarios, debería beneficiar en primer término a la industria de bienes transables, es decir, a las compañías sometidas a la competencia externa. El proyecto de reforma tributaria con media sanción de Diputados habilita al Poder Ejecutivo a rebajar esas contribuciones hasta 10 puntos a partir del 1º de enero. "Mantenemos nuestra propuesta y trataremos de anticipar la rebaja", se arriesgó Roque, a pesar de que hay varias definiciones legislativas aún pendientes: además de este proyecto, el Senado debe aprobar otro que permita destinar a la Seguridad Social la mayor recaudación que permitan conseguir los cambios impositivos. En el terreno laboral, los industriales fueron mucho más allá y reclamaron prerrogativas que contrarían la reforma impulsada por Erman González. Por un lado, pidieron que se mantuviera la vigencia de los contratos promovidos, no ya durante la crisis sino mientras persistan sus "efectos" (es decir, por tiempo indeterminado). También aspiran a que se habilite el procedimiento de crisis para cualquier situación y no sólo cuando esté en juego la supervivencia de la empresa. Este mecanismo permite expulsar mano de obra con un 50 por ciento de indemnización. Pero lo que más puede incomodar a Economía son los reclamos respecto de Brasil. "Con ellos siempre hay problemas", sentenció Alvarez Gaiani. Entre otros pedidos, la UIA plantea el de "evitar medidas unilaterales que afecten nuestras exportaciones", pretendiendo que Buenos Aires influya sobre las decisiones de Brasilia de poner trabas a sus compras externas.
AUMENTARAN DERECHOS A LA IMPORTACION DE TEXTILES Antes que la avalancha los tape
Horas antes de que la Unión Industrial Argentina presentara a Carlos Menem su programa para contrarrestar los efectos de la crisis (ver aparte), Guadagni informaba también que Economía elevó a la firma del Presidente un decreto que reglamenta la instrumentación de aranceles antidumping y cláusulas de salvaguarda. El objetivo de la norma es "acelerar al máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio los plazos para aplicar medidas de protección", indicó el funcionario. Además, dijo que a las importaciones provenientes de países que no sean miembros de la OMC se les aplicará el Código Aduanero, lo cual "hace el trámite para fijar antidumpings, salvaguardas y medidas antisubsidios mucho más expeditivo". Entre ellos figuran China, Taiwan y Rusia. La reacción del Gobierno llega cuando varios sectores industriales ya se vieron afectados por el aumento de las importaciones. En especial, textiles, juguetes, calzados y metalurgia. Hasta ahora, Roque Fernández ignoró los reclamos empresarios, a quienes aconsejó responder a la mayor competencia externa con un aumento de la productividad. Pero la evidencia de que los productos ingresan a precios cada vez más bajos, por efecto de las devaluaciones competitivas en el sudeste asiático, y que la industria local no tiene margen para equipararlos, llevó al Gobierno a utilizar las herramientas que tiene a su alcance. En el caso de los textiles, se elevarán los derechos específicos (impuesto de valor fijo sobre la cantidad de productos importados) hasta el máximo autorizado por la OMC: 30 por ciento sobre el valor de importación en indumentaria y 35 por ciento en hilados y tejidos. Actualmente, en muchos casos el derecho específico que se aplica es inferior a esos niveles. Las importaciones, en dichos rubros, vienen creciendo a ritmo acelerado. En junio, julio y agosto, en comparación con igual período del año anterior, las compras de prendas de punto subieron 87 por ciento, las de tejidos planos 35 por ciento, las de alfombras 21 por ciento, y las de sábanas y toallas 19 por ciento. "Ante la coyuntura internacional, tenemos que actuar con máxima celeridad", reconoció Guadagni, ante la queja de los empresarios textiles por la demora del Gobierno en subir los derechos específicos. "Es una buena noticia, pero esperemos que el anuncio de Guadagni se concrete", dijeron a este diario en la Federación de la Industria Textil Argentina. En tanto, frente a las últimas resoluciones para restringir a las
importaciones tomadas por el gobierno brasileño, Guadagni advirtió que "la
respuesta a esta situación es un fortalecimiento de las medidas de control sobre el
comercio y no una suba generalizada de los aranceles", temiendo que el país vecino
siga ese camino. |
