Por Raúl Kollmann y Laura Vales
 Dos equipos de
seguridad vigilan día y noche la tumba de Alfredo Yabrán en el cementerio privado Parque
Memorial. Uno cumple órdenes de la jueza de Gualeguaychú Graciela Pross Laporte, que
mantiene la custodia a pesar de que la investigación sobre la muerte del empresario fue
archivada hace dos meses. La familia de Yabrán contrató los servicios de un segundo
grupo de vigiladores privados, para que haga lo mismo que los policias: cuidar la tumba
del hombre que, en vida, negó una y otra vez tener guardaespaldas. Varias veces por día
un patrullero del Comando Regional de Pilar llega hasta el cementerio para constatar que
todo esté en orden. Un estrecho allegado a los Yabrán reveló a Página/12 los motivos
de las estrictas medidas de seguridad: “La familia tiene información de que existe
un plan para profanar el lugar y robar el cuerpo”, aseguró. La conjura fue atribuida
a hombres vinculados a la Policía Bonaerense, dispuestos a provocar una conmoción social
que golpee al gobernador Duhalde o a impulsar esta sórdida movida como parte de un
interna en la fuerza.
El tema se maneja en el más estricto de los secretos; ayer, la jueza Graciela Pross
Laporte, visiblemente nerviosa, negó tener información al respecto, pero admitió en
cambio que la custodia “se dispuso en su momento para evitar desórdenes o
ultrajes”.
–¿Cree que alguien puede intentar robar el cuerpo, o cambiarlo? –le preguntó
este diario.
–No. No tengo ese temor.
–¿Hubo amenazas?
–No tenemos información en ese sentido.
–¿Por qué mantiene la vigilancia, si la causa está archivada?
–Porque nadie me ha pedido que la retire.
–¿Se refiere a la familia de Yabrán?
–Sí. Simplemente esperamos un pedido de la familia para retirar la vigilancia.
–La familia paga un servicio de vigilancia privado.
–No tengo ninguna información sobre eso. En el expediente no está acreditado.
Página/12 estuvo en Parque Memorial el último domingo. En la entrada, un custodio
privado, con uniforme de la agencia de seguridad Osli, advirtió que para llegar a la
tumba de Alfredo Yabrán se necesita el permiso “de los que están para ese
tema”. ¿Vigilan exclusivamente el lugar donde Yabrán está enterrado? quiso saber
este diario. “Sí, están sólo por eso. Y tienen que avisar lo que pase al Comando
de Pilar”. Tras consultar en uno de los edificios de la administración, el custodio
volvió para informar que no podíamos entrar. Poco después, una camioneta del Comando de
Pilar llegó a la puerta del estacionamiento. Los uniformados confirmaron que la
vigilancia se mantiene las 24 horas del día y que cumplen estrictas órdenes de la jueza
de Gualeguaychú.
La policía comenzó a vigilar la tumba de Alfredo Yabrán el mismo día del entierro. En
aquel momento, Pross Laporte advirtió que no permitiría que el cuerpo del empresario
telepostal fuera cremado, y lo entregó a los familiares sólo cuando estuvo en claro que
cumplirían con esta decisión judicial. Los familiares del empresario sostienen que la
promesa no era necesaria, porque nunca se les habría ocurrido cremarlo.
La jueza ordenó el archivo de la causa en julio, luego de recibir los resultados de una
serie de exámenes que confirmaron que el cadáver encontrado en la estancia entrerriana
de San Ignacio era el del empresario telepostal. El estudio más importante fue un
análisis genético realizado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, donde se compararon muestras del cadáver con la sangre de los hijos
varones y la esposa de Yabrán. Por todo esto no se conocen motivos legales que
justifiquen una futura exhumación; tampoco tiene sentido la hipótesis de que alguien
intente cambiar el cuerpo para hacer desaparecer pruebas.Poco antes de cerrarse el caso,
el forense de Gualeguaychú Oscar Chiappetti recordó que “además de sangre, se
tomaron muestras de cabello, músculos y un montón de vísceras, que quedaron en reserva
para quien quiera hacer otras pruebas y contrapruebas”.
El servicio de vigilancia privada fue contratado por María Cristina Pérez, viuda del
empresario, y sus hijos a través de los administradores del cementerio privado. La
familia de Yabrán lleva flores varias veces por semana a Parque Memorial, adonde llega
siempre con dos autos, en uno de los cuales se traslada su propia custodia personal. No
tienen horarios fijos de visita, pero eligen siempre aquellos en los que el lugar está
menos concurrido, y no se acercan si sospechan que el periodismo puede estar
esperándolos.
Parque Memorial está ubicado en el kilómetro 47 de la ruta Panamericana (acceso Pilar),
en una zona poco poblada. Sus 25 hectáreas, en las cuales descansan otros nombres famosos
como el de Daniel Tinayre, María Luisa Bemberg y la madre de Susana Giménez, están
rodeadas de barrios privados todavía en construcción. “Es un lugar de fácil
acceso, y los informes que tenemos son muy concretos –asegura el allegado a los
Yabrán–. Si le hicieron lo que le hicieron a Perón, también se lo pueden hacer a
Alfredo. Los argentinos tenemos una tara necrofílica.”
| La necrofilia Los
que adjudican a los argentinos una pasión necrofílica –casi una señal de
identidad, dicen– tienen ejemplos de sobra para argumentarlo. La profanación de
cementerios, el robo de cadáveres, la celebración de entierros seguidos por multitudes
cruzan cada década de la historia del país.
En el siglo pasado fue la fuga del ejército diezmado de Juan Lavalle, que cruzó el Norte
llevando consigo los restos de su jefe muerto para que no lo tocara el enemigo.
El cadáver de Eva Perón fue robado durante la Revolución Libertadora y sólo restituido
a Juan Domingo Perón en 1972. La organización Montoneros, de la izquierda peronista,
secuestró a su vez el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu a quien había ejecutado en
1970.
En junio de 1987 robaron las manos de Juan Domingo Perón. La bóveda del cementerio de la
Chacarita fue violada por una docena de personas, y las manos cortadas tras romper el
vidrio blindado que protegía el ataúd. Nunca se supo por qué. |
LA FAMILIA DEL SUPERCARTERO SOSPECHA DE LA
POLICIA
“Quieren jugar sus internas”
Por R.K.
“Siempre vimos que
existía el peligro de que alguien intentara algo con el cuerpo de Alfredo. El objetivo
sería crear un golpe institucional y teníamos datos concretos de que policías
bonaerenses preparaban una operación. Tal vez quieren usar una profanación a la tumba
como ya la usaron en los cementerios judíos, es decir para jugar en las internas de la
Bonaerense.” Con estas frases, un allegado a la familia Yabrán explicó ayer a este
diario por qué hay doble custodia en el cementerio donde está enterrado el supercartero.
Inicialmente, la familia Yabrán le negó a Página/12 que se hubieran tomado medidas
especiales de seguridad en la tumba.
–No sabemos nada, no hemos pedido nada –dijo uno de los allegados.
Tras la confirmación de que hay una orden de la jueza Pross de Laport, el hombre
reconoció las preocupaciones:
–Mire, desde el primer día se vio el peligro. Está la necrofilia tradicional de la
Argentina, pero lo importante es que teníamos información de que podrían atentar contra
la tumba.
–¿Por qué lo iban a hacer?
–La información precisaba que había integrantes de la Bonaerense que harían la
operación. Tal vez era una forma de intimidarnos para que no sigamos con la defensa de
Alfredo en la causa Cabezas y que no insistamos en la llamada pista policial. Pero lo más
probable es que todo fuera una interna de la Bonaerense: ex policías contra los actuales,
o algo así, con el gran objetivo de producir una conmoción institucional.
–¿Hubo llamadas con amenazas?
–Yo prefiero no contestar cosas que después terminan en interrogatorios a la
familia. Lo único cierto es que se tomaron medidas de seguridad.
La realidad es que los Yabrán no saben bien de dónde vienen los peligros, pero sugieren
que cualquier interna nacional o bonaerense puede terminar en una profanación de la
tumba. Según sostienen, alguien vinculado al Gobierno o a los servicios de inteligencia
podría querer armar un escándalo en territorio de Duhalde para perjudicar la candidatura
presidencial del gobernador. También piensan que hombres de la provincia pueden armar una
provocación, con repercusiones internacionales, contra la Casa Rosada. Por supuesto, los
mayores peligros los ven en las luchas internas de la Bonaerense: de las últimas cuatro
profanaciones de tumbas en cementerios judíos, tres fueron perpetradas o pagadas por
efectivos policiales de esa provincia y el objetivo fue desestabilizar a la conducción de
la fuerza o a los comisarios de la zona. Se trató de internas en las que estaba en juego
el poder y el dinero de la recaudación ilegal. El único problema es que, esta vez, la
jueza de Entre Ríos le encargó la custodia a la propia Bonaerense (ver nota principal)
por lo que la familia también ordenó una custodia privada. Se ve que, por las dudas,
unos vigilan a los otros.
Vitelli no se enteró de que se pasaba
la gorra
El ex jefe de la Policía
Bonaerense negó su responsabilidad en el pago de horas extras que la Policía Adicional
nunca cumplió. Por esta vía se recaudan 10 millones de pesos anuales. La Justicia
citará a otros jefes.
El ex jefe de la Bonaerense comisario
Adolfo Vitelli.
“Durante mi gestión separamos de la fuerza a 2000 efectivos.” |
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Las
horas extras representan una verdadera tentación para miembros de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires. Pero no siempre para trabajarlas. El ex comisario Adolfo
Vitelli declaró ayer como testigo en una causa en que se investiga el cobro de servicios
adicionales (en reparticiones públicas) que nadie brindaba. El total de la facturación
de adicionales de la Policía provincial es de 100 millones de pesos anuales y el cálculo
que se hizo durante la intervención de Luis Lugones es que cada año se roban, en este
rubro, nada menos que 10 millones de pesos. Aunque Vitelli negó su responsabilidad
–igual que ya lo hiciera Pedro Klodczyk–, el gran interrogante sigue siendo si
entre los beneficiarios de la recaudación figuran los altos mandos. La Justicia planea
citar a otros jefes, entre ellos a Alberto Piotti, ex secretario de Seguridad bonaerense.
“Mi única responsabilidad con respecto a lo que investiga la Justicia fue haber
adoptado las medidas disciplinarias y penales que corresponden”, sostuvo ayer
Vitelli. Igual que Klodczyc, dijo “no tener conocimiento” de la estafa y negó
responsabilidad de su parte, aunque fuera cometida durante su gestión en la entonces
Policía Bonaerense. Para reforzar su postura, recordó la purga que tuvo lugar durante su
mandato (que duró desde setiembre de 1996 hasta febrero de 1997), que coincide con el
inicio de la causa en cuestión. “Llegamos a separar de la fuerza a más de dos mil
efectivos y 200 de ellos fueron detenidos”, se jactó.
Lo que el juez Emir Caputo Tártara estudia son las irregularidades en la liquidación de
los servicios de la Policía Adicional (Polad). Al parecer, la maniobra consistió en la
falsificación de datos sobre la prestación de servicios adicionales en organismos
públicos. Según relataron a Página/12 fuentes policiales allegadas al caso, se
reportaron y liquidaron horas extras que nunca nadie cumplió en, por ejemplo, bancos y
hospitales. Esta situación requirió, claro, la complicidad de miembros de las
reparticiones que contratan estos servicios de la Policía provincial, quienes daban el
visto bueno para que se pagara de más. También se falsificaron firmas de recibos de
sueldos que ahora están en manos de la Justicia. Ya varios policías confirmaron al juez
que la firma no les pertenecía.
Otra fuente policial informó a este diario que la facturación total anual en concepto de
servicios adicionales alcanza los 100 millones de pesos. Durante la gestión del
interventor civil Luis Lugones (que sucedió Vitelli a fines de noviembre del año
pasado), la división de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
llegó a la conclusión de que el monto cobrado por servicios inexistentes totaliza la
asombrosa cifra de 10 millones de pesos al año.
La causa está caratulada como “defraudaciones reiteradas a la administración
pública y falsificación de instrumento público” y a raíz de su apertura, en
febrero, fueron detenidos y procesados el mes pasado los ex oficiales Carlos Piazza,
Gladys Dorado, Oscar Desiderio, Susana Bruno y Ricardo Trotta. También fueron arrestados
al menos cinco funcionarios públicos de la provincia que facilitaron la confección de
planillas truchas.
Este no es el único caso en que se denuncian irregularidades en el manejo del Polad. Por
un fraude similar en la liquidación de servicios adicionales, la semana pasada el juez
Ricardo Szelagowski ordenó la detención de tres comisarios (Osvaldo Bianchi, José Luis
Nápoli y Jorge Barcia) y de Fernando Núñez Monasterio, funcionario de la Municipalidad
de La Plata.
En el caso que sigue Caputo Tártara, además de Vitelli y el ex comisario Klodczyk ya
declaró también, aunque por escrito, Eduardo Pettiggiani, secretario de Seguridad
bonaerense durante el período investigado. La pesquisa judicial debe, indefectiblemente,
apuntar a las jefaturas. Por eso se citará a la mayoría de los altos jefes policiales.
| Bicameral Los
legisladores bonaerenses integrantes de la Comisión Bicameral creada para el seguimiento
y el control de la investigación del crimen del fotógrafo de la revista Noticias, José
Luis Cabezas, se reunirán hoy para analizar los resultados obtenidos de las pericias que
realizó la policía inglesa, Scotland Yard. El titular de la comisión Miguel Aselle
señaló que el objetivo de la reunión es informar de los resultados de la visita de
algunos legisladores a los miembros de ese cuerpo legislativo que no viajaron.
En Londres, Scotland Yard realizó una serie de pericias a la bala que se extrajo del
cráneo de Cabezas y que fue llevada por el juez de Dolores, José Luis Macchi y concluyó
que ese fue el proyectil que mató al reportero gráfico, aunque no pudo establecer si fue
disparado por el arma encontrada en la casa de uno de los integrantes de la “banda de
los pepitos”, Luis Martínez Maidana. |
LA CAUSA DE ENTRE RIOS DEJO MAS DUDAS QUE
CERTEZAS
Una muerte enigmática como su vida
La jueza
Graciela Pross Laporte pone hoy mucho celo en custodiar la tumba de Alfredo Yabrán. No
hizo lo mismo cuando se trató de investigar qué es lo que llevó al empresario al
suicidio y, sobre todo, con quién habló y quién lo visitó en sus últimos días de
vida.
Hasta el día de hoy sigue sin aparecer el teléfono satelital que el supercartero tenía
consigo en la estancia San Ignacio. El aparato fue visto por varios policías que incluso
dejaron su testimonio en sede judicial. Es más, hay una versión de que el teléfono
satelital fue inicialmente secuestrado por la jueza, pero que después desapareció, lo
que provocó un fuerte choque con los investigadores del caso Cabezas que desde Dolores
reclamaron por la evaporación del aparato. La magistrada sostiene que fue un error
involuntario: entre las pertenencias de Yabrán había un teléfono celular marca Sony y
ella pensó que era satelital, lo que –según dijo– creó confusión. Entre los
colaboradores del empresario era un secreto a voces la existencia de una valija en la que
estaba el aparato.
Hubiera sido de extraordinaria importancia saber con quién habló Yabrán durante los
cinco días que se mantuvo en la clandestinidad. Esto podría indicar si estuvo en
contacto con el Gobierno, con otros sectores del poder, con elementos mafiosos de la
Argentina o de otros lugares del mundo. La desaparición del teléfono satelital dejó
todo en la oscuridad.
No se hizo ningún esfuerzo por identificar las camionetas 4x4 que según varios testigos
llegaron a San Ignacio en los días previos a la muerte. Es decir, que el supercartero
estuvo en la clandestinidad, lo visitaron y nadie se preocupó por averiguar quién lo
hizo.
Inicialmente se dijo que hubo cuatro cartas de despedida del supercartero. Hoy se sabe que
hay otras, pero nunca fueron agregadas a la causa judicial y se ignora su contenido.
Una de las hipótesis es que a Yabrán lo indujeron al suicidio, algo que la jueza Pross
de Laporte siempre se negó a investigar. Justamente la reconstrucción de sus últimos
días –las llamadas, cartas y visitas– son una clave para saber a ciencia cierta
qué ocurrió en la estancia San Ignacio, pero con el cierre de la causa, a todo eso
simplemente se le bajó la cortina.
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