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Aznar comenzó a regar lo que la oposición plantó

Luego de los pedidos de socialistas y  nacionalistas vascos, el presidente  español responderá a la tregua de la ETA.

 

Aznar se negaba, pero ahora accedió a los pedidos opositores.
Los socialistas llegaron a pedir hasta indultos para los etarras.

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t.gif (67 bytes)  Tras el anuncio de la tregua de ETA, las conversaciones que mantiene el presidente del gobierno español José María Aznar con los partidos democráticos tienen ya un resultado concreto: el gobierno corregirá su política penitenciaria tras las elecciones vascas del 25 de octubre e incluso antes de esa fecha adoptará muy probablemente algún gesto humanitario con los presos de la banda terrorista. La ETA pide que los presos de la organización sean reubicados en cárceles del País Vasco.
Luego del encuentro del jueves con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Joaquín Almunia, Aznar hizo en la mañana de ayer una declaración oficial en la que anuncia que tras las elecciones vascas se aplicará una nueva política penitenciaria y, sobre la base del cese total de la violencia, se abrirá un proceso negociador. La noticia se dejó entrever luego de que Almunia, que ya se había reunido con Aznar hace dos semanas, apareciera optimista anteayer y señalara que su partido y el gobierno “habían avanzado en la concreción de algunas actuaciones y sus calendarios”.
Aznar y Almunia dedicaron buena parte de la conversación del jueves a analizar las posibilidades de que la tregua de la ETA, que ya lleva tres semanas, se transforme en una paz definitiva. Ambos coincidieron en la conveniencia de realizar algún gesto humanitario en lo inmediato que sirva para “conseguir el objetivo de que el terrorismo desaparezca para siempre”. El líder socialista presentó a Aznar un calendario de actuaciones que incluye el traslado de presos a cárceles vascas, la libertad para reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de las penas e incluso indultos. Sin embargo, el gobierno está esperando que pasen las elecciones vascas del 25 de octubre para que ETA ofrezca nuevas muestras de afianzar la tregua, lo que lo animaría a adoptar medidas más amplias y generosas. El propio Almunia dijo: “ETA es el destinatario de nuestros mensajes. Es ETA quien tiene que declarar la paz”.
Lo que aún no queda claro es la forma que tendrán las negociaciones futuras. La organización separatista vasca declaró la tregua unilateral luego de la Declaración de Lizarra, firmada por los partidos nacionalistas vascos, la Izquierda Unida (IU) y el Herri Batasuna (HB), brazo político de la ETA. Pero tanto los socialistas como el gobierno se niegan a legitimar este documento porque desconoce la Mesa de Ajuria Enea, un pacto que todos los partidos políticos menos el HB firmaron en 1988, estableciendo que no habría ninguna negociación con ETA hasta que entregue las armas. Pero los separatistas vascos aún reivindican la lucha armada y la independencia del País Vasco, aspectos irritantes para Aznar, que tradicionalmente ha sido inflexible con los etarras.

 

A 30 años de la masacre de Tlatelolco Dos de octubre

La versión oficial hablaba de 37 muertos, pero en México todos saben que la represión a miles de estudiantes reunidos en la plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, a pocos días de la iniciación de las Olimpíadas, provocó más de 300. Pablo Gómez, uno de los líderes del movimiento y actual diputado por el PRD, es uno de los principales impulsores de una investigación de lo ocurrido, incluyendo la apertura de los archivos oficiales sobre el tema. Ayer miles de manifestantes volvieron a concentrarse en esa plaza en homenaje a las víctimas de la masacre.


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Un altar popular se levanta en el lugar donde se produjo la masacre.
Los mexicanos se movilizaron hacia la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

t.gif (862 bytes) El Batallón Olimpia se movió exactamente al mismo tiempo que la tropa uniformada, lo cual evidencia un mando conjunto. Pero los militares armados y vestidos de civil –en contravención de las más elementales normas castrenses de paz y de guerra– llegaron primero por la escalera sur del tercer piso del edificio Chihuahua, donde se encontraba la presidencia del mitin. Con sus armas amenazantes, los soldados empezaron a someter a los estudiantes y periodistas. Un hombre alto, rubio, vestido de traje azul, se acercó al barandal y disparó una pistola automática varias veces. Llegaron entonces a la terraza los del Batallón Olimpia que venían subiendo por la escalera norte. Corrí hacia arriba dos pisos y entré a un departamento unos segundos antes de que una ráfaga de ametralladora penetrara por el ventanal que daba a la plaza y se llenara la estancia de polvo y esquirlas. Nunca hubo balas de salva. Al suelo todos y, arrastrándose, hacia las habitaciones que daban al otro lado del edificio para protegerse del fuego ininterrumpido que, durante horas, se lanzó contra el edificio.
El único estudiante que fue acusado formal y personalmente de haber disparado desde el tercer piso del edificio Chihuahua fue Carlos Andrade Ruiz, quien nunca estuvo en el inmueble, sino en la plaza donde la tropa lo detuvo. Desde el Chihuahua no hubo más tiros que los provenientes de las armas de los militares vestidos de civil y que portaban un guante blanco. La versión oficial fue que el ejército había sido recibido con fuego graneado de francotiradores y que los soldados se habían defendido. La prensa dio cuenta con el parte oficial y el nombre del Batallón Olimpia recién apareció tiempo después.
¿Por qué el gobierno recurrió a la matanza como instrumento de terrorismo de Estado? La explicación se encuentra en que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz no podía usar a los sindicatos oficiales ni a la estructura clientelística clásica del PRI como instrumentos políticos ofensivos contra el movimiento, tal como había quedado demostrado en el fracaso de concentraciones previas donde se había intentado utilizarlos contra los estudiantes. El gobierno solamente contaba con la violencia, que venía usando reiteradamente, gracias al apoyo incondicional de los jefes militares, pues la policía no era suficiente para disolver a los estudiantes cuando éstos se encontraban en gran número y la prensa –la otra arma– se mostraba incapaz de engañar a todos.
Entre el 2 de octubre y el 12 del mismo mes no habría más que un soplo de tiempo. Pero esta última fecha no sería solamente “el día de la raza”, sino la inauguración de la gran fiesta mundial de la juventud deportista, acto que debería tener lugar en el estadio olímpico de la Ciudad Universitaria, recién desalojada por el Ejército.
El presidente tenía que negociar un arreglo con los estudiantes o intensificar el terror. Evidentemente, Díaz Ordaz y su gabinete optaron por lo segundo, con todo el apoyo del aparato del Estado. Las Olimpíadas fueron vergonzosamente brillantes y ningún gobierno siquiera se planteó boicotearlas.
Entre el 27 de agosto y el 2 de octubre no hubo más que dos procesos: las nuevas y brillantes acciones del movimiento estudiantil, entre ellas la gran manifestación silenciosa del 13 de setiembre, por un lado; por el otro, la escalada represiva del gobierno, desde la ocupación militar de la Ciudad Universitaria hasta la matanza de Tlatelolco.
Por la mañana del día de la matanza se produjeron dos reuniones: en la casa del rector, entre los recién nombrados emisarios presidenciales y tres miembros del Consejo Nacional de Huelga, sin que se llegara a ningún acuerdo; y en el Palacio Presidencial de Los Pinos, entre Díaz Ordaz y Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación y después presidente de México –según consta en los papeles de esa dependencia, recientementerecuperados por una comisión especial de la Cámara de Diputados–, sin que se conozca el contenido de la conversación.
Las conspiraciones internacionales denunciadas por el gobierno, así como las supuestas pugnas en el gobierno y otras fantasías justificadoras del crimen, jamás existieron. Los estudiantes y muchos de sus profesores, así como una creciente cantidad de mexicanos carentes de instrumentos propios de organización y acción política, buscaban las libertades democráticas, tal como lo mencionaba el lema del movimiento.
El 2 de octubre fue un crimen de Estado y, como tal, debe ser juzgado con los instrumentos del derecho y con los de la historia.

 

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