Denuncia por administración fraudulenta contra Montero Ruiz y el directorio del Banco Ciudad por los créditos a sola firma y sin respaldo a las empresas de la familia presidencial.
Fin de fiesta

El Banco Ciudad dispondrá mañana el inicio de acciones penales contra su ex presidente Saturnino Montero Ruiz y los miembros de su directorio entre 1989 y 1994, por el otorgamiento de créditos incobrables a las empresas de la familia presidencial. Un dictamen lapidario dice que los Yoma nunca pagaron ninguno de los préstamos recibidos a sola firma, que las garantías cubren apenas una quinta parte de la deuda y que Emir y Alfredo Yoma fueron aceptados como fiadores aunque no tenían bienes. Las operaciones se realizaron por orden superior, considerando "las vinculaciones empresarias" (sic) del cliente. Las evidencias del vaciamiento.

En el ocaso del menemismo, el ex presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Saturnino Montero Ruiz, y los miembros del directorio que lo acompañaron durante las intendencias de Carlos Grosso y Saúl Bouer, serán denunciados ante la Justicia por administración fraudulenta e infidelidad fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el otorgamiento de créditos sin respaldo a las empresas de la familia presidencial. Esto podría acarrearles una pena de hasta seis años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. Además, el Banco Ciudad estudia promover también acción civil contra sus ex directores para resarcirse de los quebrantos provocados por sus decisiones en favor del grupo Yoma. Un lapidario dictamen preparado por el penalista Norberto Spolansky sostiene que las empresas de la familia presidencial nunca pagaron ninguno de los créditos recibidos y nunca ingresaron dinero de su propio patrimonio. La investigación abarca hasta 1994, cuando se emitieron los Títulos a Mediano Plazo, un artificio para encubrir un nuevo refinanciamiento de la deuda incobrable del grupo Yoma, que en total ya supera los 150 millones de dólares. Los funcionarios de la línea del Banco que declararon en el sumario interno dijeron que las decisiones en favor de las empresas de la familia presidencial provenían de los niveles superiores de la institución. Si bien la denuncia penal abarcará por ahora sólo a los ex directores del Banco, si éstos a su vez declaran ante la Justicia que siguieron órdenes superiores, la investigación podría subir hacia los ex delegados presidenciales en la Intendencia y, según lo que ellos dijeran, acaso remontar hasta el origen del problema, en el despacho principal del edificio que alguna vez fue rosado, frente a la Plaza de Yoma. Carlos Grosso, que siempre se consideró a sí mismo un chivo expiatorio, tendrá una notable oportunidad de contribuir al Quién es Quién de la década menemista. Pero aunque todos siguieran las reglas de silencio de la omertá, igual podrían ser alcanzados como partícipes o encubridores. La resolución del actual directorio del Banco Ciudad, que preside Horacio Chighizola se firmará mañana. La decisión de promover el sumario que culminará con la denuncia penal fue adoptada cuando todavía Adalberto Rodríguez Giavarini era secretario de Hacienda y antes de que comenzaran las recriminaciones del Frepaso al gobierno de Fernando De la Rúa por cuestiones de corrupción.

Presidencia S.A.

Al 30 de abril de 1994, las empresas de la familia presidencial debían al Banco Ciudad 22,5 millones de dólares, y las posibilidades de recuperación se estimaban en caso de ejecución en apenas 22,41 por ciento, de donde aún habría que deducir los honorarios de abogados, tasa de justicia, martillero y gastos de remate, que tienen preferencia de cobro sobre las acreencias del Banco. El gobierno nacional está emitiendo señales contradictorias respecto de la situación del grupo Yoma. Por un lado, los expertos en Acción Psicológica de la Presidencia dejan trascender que el presidente Carlos Menem "está harto" de su cuñado Emir Fuad Yoma y que no hará nada por defenderlo. Pero al mismo tiempo, el gobernador de La Rioja Angel Mazza dijo que Menem le anunció que se encargará personalmente de conseguir un inversor que se haga cargo de la Curtiembre de Nonogasta. Esto fue presentado por los agentes de propaganda del gobierno como una toma de distancia presidencial. En realidad, la venta de la empresa es el camino idóneo para impedir juicios por quiebra fraudulenta o vaciamiento, que además de Yoma podrían alcanzar a Mazza, al propio Menem, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a los directorios de los bancos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, que también arrojaron recursos públicos al barril sin fondo de Chilecito. Un intento anterior se frustró, cuando los tres bancos acreedores se negaron a aceptar las condiciones de un decreto propiciando la capitalización de la deuda, firmado por Menem y Roque Fernández. La ex secretaria de Emir Yoma, Lourdes Di Natale extendió también a Menem una demanda contra su empleador, alegando que ambos eran socios.

El expediente 184/98 del Banco Ciudad se inició el 23 de marzo de este año, una vez vencido el último plazo para que las empresas de la familia presidencial presentaran una propuesta de refinanciación de su deuda, con un memorándum en el que Chighizola solicitó a la auditoría interna del banco un informe detallado sobre aquellos créditos. Rodríguez Giavarini renunció en mayo. Según el informe de la auditoría interna, al 13 de abril de 1994, Yoma SA. debía al Banco Ciudad 17,1 millones de dólares, de los cuales sólo el 26 por ciento estaban respaldados por garantías prendarias. Los acuerdos del Banco con las empresas de la familia presidencial "carecen del detalle patrimonial de los fiadores", Emir y Alfredo Yoma. El auditor también sostuvo que los préstamos se otorgaro "en su mayor parte a sola firma" y los estudios de sus balances "arrojaron quebrantos para la empresa, con la consiguiente disminución del patrimonio neto". Añadió que "la magnitud de los créditos otorgados en relación con el patrimonio de la empresa, teniendo en cuenta la situación económica negativa y el grado de endeudamiento que fue presentando la firma en el sistema financiero, demuestra una desacertada apreciación del riesgo que estaba asumiendo el Banco".

"Desmedida y abusiva"

Una vez producido el informe de la Auditoría Interna, el expediente fue girado a la Sindicatura, que detectó irregularidades y calificó como "desmedida y abusiva" la atención crediticia a las empresas de la familia presidencial. Para llegar a esa conclusión, la Sindicatura se basa en que en el corto periodo que va de abril de 1991 a diciembre de 1993 se otorgaron a Yoma SA (que no tenía instalaciones, no daba trabajo ni pagaba impuestos en la Ciudad) créditos por 16,8 millones de dólares, lo cual equivalía nada menos que al 8,27 por ciento del patrimonio del Banco. Esto ocurrió con "un constante incremento de la deuda" y sin que "nunca se cancelaran préstamos anteriores". Casi tres cuartas partes de esos créditos "fueron concedidos sin garantía alguna" y el resto con "garantías de segundo orden, de difícil ejecución y concreción, agravándose la situación por la ubicación de la mayoría de las máquinas prendadas en la provincia de La Rioja". Para la Sindicatura "la trayectoria de la firma y la relación entre su patrimonio y el nivel de endeudamiento con el sistema financiero, no justificaban la magnitud de la atención crediticia acordada".

Al analizar los balances de los años 1989 a 1992, la Sindicatura sostuvo que "no demuestran una debida capacidad de repago de los créditos otorgados, lo que quedó comprobado con la mora en que incurriera la empresa, aspecto que era previsible y que no debió soslayarse al momento del otorgamiento de los créditos". Ante los distintos cuestionamientos que se sucedieron durante años, Emir Yoma siempre respondió que además de los bienes de la Curtiembre, él y su hermano respondían con su patrimonio personal. Pero la Sindicatura del Banco Ciudad dejó en claro que "no acreditaron solvencia alguna, por lo que no debió de habérselos aceptado" como fiadores. Tampoco existió motivo para liberar de las fianzas a dos directores que estaban constituidos como tales". Sin embargo, el Banco Ciudad participó junto con los de la Nación y la provincia de Buenos Aires en la emisión de los denominados Títulos de Mediano Plazo, cuya emisión, dice la Sindicatura, disminuyó aún más "las posibilidades ciertas de recupero en caso de ejecución forzada". Estas comprobaciones deberán ser estudiadas en forma muy cuidadosa por los directorios de los otros bancos oficiales. En el caso del Banco Nación su actual presidente Roque Maccarone se preocupa por aclarar que todos los créditos fueron otorgados por el directorio que encabezaba su antecesor, Aldo Dadone, aunque un análisis minucioso debería contemplar también las refinanciaciones posteriores. En el del Banco Provincia la situación es más compleja, dado que existe una continuidad de gestión. El actual presidente, Carlos Sánchez se ha negado a arrojar más dinero por la ventana Yoma, pero tampoco se lo observa interesado en investigar la gestión de Rodolfo Frigeri, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Eduardo Duhalde, que pese a ser diputado nacional retiene la conducción del denominado Grupo Banco Provincia.

Ordenes superiores

El oficial de créditos Angel Luis Losalvo declaró en el sumario que las empresas de la familia presidencial recibían asistencia por prefinanciación de exportaciones, aval de letras y financiación de exportaciones. "Con relación al grado de cumplimiento de la firma con el Banco respecto de las distintas líneas de crédito, Losalvo señaló que las instrucciones eran de atenderla con independencia del grado de cumplimiento que tenía con las demás líneas". Es decir, como si se trataran de clientes distintos. El ex director de la Sucursal Avellaneda Raúl Sabbatini declaró que de los 9 millones de dólares prestados a Yoma SA, sólo medio millón estaba garantizado con prenda. El resto consistía en fianzas de los directores de la empresa. Añadió que nunca tuvo trato con los Yoma "por lo que desconocía si los directores-fiadores tenían bienes y lo cierto es que no manifestaron tenerlos, a la luz de los acuerdos, cuyos textos eran diseñados exclusivamente por la Superioridad". Una prueba de ello es que los proyectos de resolución venían confeccionados en computadoras personales, recurso que no existía por entonces en la Sucursal Avellaneda, pero sí en la Casa Matriz. Según Sabbatini también los balances eran estudiados por lo que llama la Superioridad, para determinar la capacidad de repago del cliente, "no teniendo él opinión alguna al respecto, toda vez que tenía expresas órdenes de firmar los acuerdos cuyos textos y detalles realizaba la Superioridad". La Sucursal "se transformó exclusivamente en un elemento operativo, sin la intervención normal que se utiliza para cualquier otra empresa. Respecto de la flexibilización del cumplimiento de requisitos, dijo que la orden era remitir la carpeta como estuviera, lo cual implicaba que al concederse el Acuerdo sin observaciones, se homologaba lo que faltare o no en el legajo. Con relación al otorgamiento de nuevos préstamos sin cancelar los créditos anteriores, dicha decisión era tomada por los niveles máximos del Banco y no por la Sucursal". Otro ex responsable de la Sucursal Avellaneda, Sergio Octavio Martín declaró que todos los créditos a las empresas de la familia presidencial fueron otorgados "por órdenes directas del entonces presidente del Banco, doctor Montero Ruiz", quien también autorizó por partes o memoranda giros en descubierto y débitos de la cuenta "para pagar deudas en el exterior".

Respecto de los créditos de comercio exterior, el ex gerente de Banca Internacional, Roberto Vicente Davenia declaró que los diversos préstamos otorgados a Yoma SA entre abril y septiembre de 1993, eran decididos por la Superioridad, igual que la exigencia, o no, de la "previa cancelación de deudas anteriores" y observación sobre su capacidad de repago. La Gerencia General informó que era "obvio que, por las vinculaciones empresarias (sic) el Directorio tuvo activa participación en las decisiones sobre la política crediticia aplicada a la firma y estuvo permanente informado sobre la relación comercial con el cliente". La Dirección de Sumarios añade que comparte "el criterio y las consideraciones de la Gerencia de Auditoría Interna y de la Sindicatura en cuanto a que la atención crediticia a la firma Yoma SA fue desmedida" y opina que dada la envergadura de esos créditos "y la trascendencia de los accionistas beneficiarios (sic) no pudo menos que ser impulsado y decidido por el máximo nivel del Banco, cuya responsabilidad en el tema no puede soslayarse". Pese a estar "debidamente informado de la evolución de la empresa" el Directorio "no ha tenido en cuenta el riesgo que se asumía al otorgar los préstamos, ni la disminución del patrimonio neto y el aumento progresivo de su endeudamiento declarado". Como "consecuencia lógica" de "no haberle exigido a la deudora la cancelación total antes de otorgarle nuevos préstamos" se llegó a la suscripción de los Títulos de Mediano Plazo. La instrucción sumarial concluyó que correspondía a los miembros del directorio de la época la responsabilidad exclusiva por el apoyo crediticio a las empresas de la familia presidencial, "a todas luces desmedido, sin contraprestación ni respaldo real, que ha colocado al Banco en una verdadera encrucijada al momento en que deba decidir el procedimiento a seguir para el recupero de sus acreencias", aconsejó sobreseer a los niveles inferiores que intervinieron y dar traslado a la Gerencia de Asuntos Legales para que evaluara la procedencia de una denuncia penal.

"Beneficio indebido"

El dictamen de Asuntos Legales, por su parte, detectó procedimientos "reñidos con comunes prácticas financieras" y que "podrían considerarse como incursos en figuras penales", que alcanzarían a los ex integrantes del Directorio. También recomendó contratar a un reconocido abogado penalista no vinculado a ninguna de las administraciones del Banco de modo que su dictamen "no pueda ser tachado de parcialidad o falto de fundamento". El estudio de Norberto Eduardo Spolansky constató que las empresas de la familia presidencial nunca pagaron crédito alguno salvo "con dinero que el Banco coetáneamente le entregó como préstamo en cantidad igual o superior a la que la firma debía, de modo tal que se dio un encadenamiento permanente por el cual el deudor nunca ingresó dinero de su propio patrimonio, suscitándose una multiplicidad de decisiones de otorgar beneficios financieros a Yoma SA, sin el menor cuidado para con los intereses del Banco, en violación del deber del buen hombre de negocios en el mundo financiero" y pese a conocer los antecedentes de la empresa. "El perjuicio al Banco tuvo como correlato un beneficio indebido para el deudor, ya que éste obtuvo ventajas que en condiciones de aplicación de normas de buena administración no hubiera obtenido". El dictamen sostiene que el Banco está obligado por el artículo 277 del Código Penal a formular la denuncia y recomienda que para participar en forma activa en la investigación judicial debería constituirse en querellante particular contra "todos los autores, partícipes y encubridores que resultaren identificados en el proceso penal". Añade que el Banco podría constituirse también en "actor civil" con lo cual podría reclamar el pago de los daños y perjuicios y también una reparación "de carácter moral".

PRINCIPAL