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Por Raúl Kollmann Luis Kesseler, detenido e imputado por la profanación de tumbas en el cementerio israelita de Berazategui, en 1991, fue contratado por la Policía Bonaerense para investigar el atentado contra la AMIA. En diciembre del año pasado se conformó la Comisión de Asesoramiento Técnico (CAT), organismo de la Bonaerense al mando del comisario general retirado Carlos "El Oso" García --actualmente jefe de seguridad del Banco Provincia--, que prometió al juez Galeano esclarecer la forma en que se realizó el armado final de la Trafic que estalló frente a la AMIA. La CAT funcionó durante nueve meses hasta que Galeano se cansó de las maniobras, contradicciones y pistas falsas y ordenó su disolución, aunque hay indicios de que sus integrantes siguen trabajando y cobrando. Entre los efectivos incorporados a la comisión se encuentra Kesseler, quien fuera detenido por las profanaciones y que tenía en su casa -cuando la allanaron- dos picanas, literatura antisemita, armas de guerra y un proyectil anti-tanque. Además, Kesseler tiene un frondoso prontuario, principalmente por robos de distinto tipo. Una investigación del noticiero "24 Horas" de Canal 9 dejó en claro que Kesseler fue contratado por García para investigar la AMIA. "Sí, seguimos trabajando, seguimos cobrando", le contestó telefónicamente García a "24 Horas" cuando le consultaron por el profanador de tumbas. El propio Kesseler lo reconoció: "No sé cómo se enteraron, soy agente encubierto", argumentó en su casa de San Vicente. Por último, en la propia causa AMIA hay un indicio categórico: tras uno de los innumerables bloopers de la CAT, un testigo de apellido Ferroni declaró ante el juez su sorpresa porque "ese muchacho, que yo sé que tuvo que ver con las profanaciones, esté tan metido investigando la AMIA". Debe recordarse que el 28 de abril de 1991 aparecieron destruidas 111 tumbas del cementerio de Berazategui en homenaje a los 111 años del natalicio de Adolfo Hitler. Dos semanas más tarde, el 16 de mayo, Kesseler -ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército-- fue detenido e imputado por haber participado en las profanaciones. La causa sigue abierta a pesar de que transcurrieron siete años. La historia de la CAT se inició en diciembre pasado cuando El Oso García se acercó al abogado de la AMIA, Luis Dobnievsky, con una propuesta tentadora: "Yo sé cómo se hizo el armado final de la camioneta. La Trafic se preparó en la unidad de la Bonaerense de 1 y 60, en La Plata, en la División Inteligencia. Hasta ahí la llevó el propio Ribelli, se le pusieron los explosivos y salió hacia la Capital el viernes anterior al atentado". Ante semejante revelación, Dobnievsky fue al juzgado de Galeano y éste le pidió al entonces interventor de la Bonaerense, Luis Lugones, que se investigara esa pista. El siguiente paso fue la creación de la CAT mediante la resolución 10-3620, del 4 de diciembre de 1997. García quedó al frente de la comisión y en el acta se designan a otros dos funcionarios de apellidos Alcántara y Dáttoli. Además de estos nombramientos oficiales, otros efectivos fueron contratados por la CAT, entre ellos Kesseler. En sus nueve meses de vida, la Comisión protagonizó un blooper tras otro. El fiscal de la causa, José Barbaccia, señaló que "no se pudo comprobar nada de nada" de la versión original. Ya apurados por Galeano, García llevó a declarar a varios testigos que, o bien dijeron todo lo contrario de lo informado por la CAT, o manifestaron que en realidad lo sabían por otra persona que, por supuesto, no podían identificar. Según el juzgado, uno de los eslabones de la pista investigada era un negocio platense de comidas al que supuestamente concurría un iraní. Los dueños del establecimiento probaron, con el contrato de alquiler en mano, que iniciaron operaciones en marzo de 1995, es decir ocho meses después del atentado. Ya en julio Galeano se cansó de las dilaciones y la falta de pruebas, por lo que le exigió a García evidencias del trabajo de la CAT. El secretario de Seguridad bonaerense, Héctor Beraldi, mano derecha del ministro León Arslanian, también manifestó su preocupación al juez, quien dio la orden de disolver la comisión. El 31 de agosto pasado, Beraldi allanó de hecho las oficinas de la CAT para llevarse la documentación y los implementos que guardaban, con lo que dio sepultura oficial a la comisión. Cuando "24 Horas" intentó entrevistar a García en su bunker del Banco Provincia, dijo que no puede hablar sin autorización de Galeano. En realidad el juez está furioso por lo que considera fue otra maniobra de efectivos de la Bonaerense, que gastaron decenas de miles de pesos por mes, no hicieron más que vender humo y usaron el dinero, entre otras cosas, para pagarle a un imputado por profanar tumbas judías.
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