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![]() La idea de privatizar el sistema de confección y provisión de los DNI se remonta a los primeros años del gobierno menemista. Entonces, el presidente Carlos Menem firmó un decreto que pasaba a manos privadas esa tarea, pero las sospechas de irregularidades en el procedimiento llevaron a la Justicia a declararlo nulo. El origen de los pliegos de la licitación ganada por el consorcio que lidera Siemens data de las semanas posteriores al atentado a la AMIA, cuando desde la Casa Rosada consideraron prioritario reforzar los controles fronterizos. El contrato firmado ayer entre representantes de Siemens y funcionarios del Ministerio del Interior en la sede de esa cartera obliga al consorcio encabezado por esa empresa a proveer los DNI, informatizar los puestos de frontera y también a confeccionar los padrones electorales. La adjudicación tendrá "un plazo de vigencia básico de seis años, que podrá ser renovado automáticamente en dos oportunidades por períodos iguales de tres años". El Ministerio del Interior informó que los precios que cobre la empresa adjudicataria para entregar los DNI "no podrán superar las tasas actualmente vigentes". Es decir que Siemens deberá respetar la cotización de 30 pesos por documento con IVA y distribución domiciliaria incluida. Pero sucede que hoy en día los documentos cuestan 15 pesos y sólo si uno opta porque se lo envíen a domicilio debe pagar 10 pesos más. También se aclaró que para el reemplazo de los DNI se estipuló "un mecanismo gradual y progresivo que tendrá inicio a partir del noveno mes" de la entrada en vigencia del contrato y que "en ningún caso se operará la caducidad" de los actuales documentos. El encarecimiento de los DNI fue siempre uno de los aspectos cuestionados por la oposición, que también criticó la decisión del Gobierno de adjudicar los documentos, el control fronterizo y los padrones electorales a una misma empresa, que así monopolizará toda la información referida a las personas. Interior aclaró que el contrato establece que "los datos e información de los ciudadanos deben permanecer bajo exclusivo control estatal" y que "cualquier violación será reprimida severamente a través de normas específicas del Código Penal". Las presentaciones judiciales promovidas por legisladores de la oposición llevaron a la dilación de la licitación, que volvió a tornarse polémica cuando Siemens contrató a Barra como su lobbista. La falta de acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa alemana sobre el modo de renovar los documentos y asegurar así un negocio redituable demoró después la firma del contrato.
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